el páramo reformista, Resúmenes de Literatura Española

¡Descarga el páramo reformista y más Resúmenes en PDF de Literatura Española solo en Docsity! Eduardo Dargent ista form áramo re Un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar al Perú El p Introducción El barril y las manzanas El 15 de diciembre de 2016 el Congreso de la República censuró al ministro de Educación Jaime Saavedra. La excusa fue una supuesta compra ¡legal de compu- tadoras en una dependencia de su ministerio. La razón de fondo fue dar una ima- gen de poder por parte del partido Fuerza Popular y echar al único ministro que había logrado pasar al nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el go- bierno de Ollanta Humala (2011-2016). Curiosamente, en campaña, Keiko Fuji- mori, la lideresa de dicho partido, había prometido la continuidad de Saavedra y de la reforma educativa que el ministro dirigía de ser elegida presidenta. No obstante, en pocos meses, ella y su bancada le cortaron la cabeza. Esta censura ¡lustra lo vulnerables que son los procesos de reforma en nuestro país. Pocas veces la educación ha estado tan presente en la agenda nacional como con la reciente reforma educativa. La educación era, desde hace décadas, un tema secundario, una referencia retórica en un ministerio más relevante en el pasado por las huelgas del sector que por su prioridad en la política pública. En el dis- curso público se mencionaba a la educación como la base del desarrollo, la clave para construir capital humano, pero los gobiernos no acompañaban la perorata ni con dinero ni con profesionales para que condujeran una mejora integral. La re- forma iniciada con Saavedra unos años antes amplió presupuestos, reforzó equi- pos y lanzó modificaciones de fondo en el ministerio. Era una reforma que no se basaba en la promesa de cambio espectacular, sino en la construcción de capadi- dades y el fortalecimiento gradual del ministerio para hacerla sostenible. Con buen trabajo de comunicación lograron atraer la atención del público y darle al tema cierta atención noticiosa. Todo ello muy difícil en un país donde los relevos de ministros, y especialmente los de educación, suelen detener procesos de cambio y modificar la agenda radicalmente. Además, los principios que guiaban el cambio de política debilitaban ese mantra noventero que nos repite que las soluciones pri- vadas son siempre mejores que las públicas. Se recuperaba, así, la idea de que sin una educación pública de calidad difícilmente podrían atacarse los problemas de nuestro sistema educativo. El aplauso en varias conferencias y diversos reportajes celebratorios en medios de comunicación mostraban un consenso amplio sobre la reforma entre las élites. No pretendo minimizar los problemas que subsistían o posibles errores de los reformadores, solo quiero recordar cómo incluso los críticos de buena fe ese objetivo y creo conocer esas recetas de consenso que discutiré, pero no soy un técnico que pueda darles una ruta completa y detallada. Considero, además, que esta idea de recetas claras es una forma inadecuada de ver el desarrollo en nues- tros días. Los estudios sobre desarrollo muestran que cambios positivos y soste- nibles tienen mucho más de pragmatismo, humildad y ensayo-error que de mode- los dogmáticos; antes que por recetas milagrosas, el proceso pasa más por cono- cer los límites y oportunidades que enfrenta cada país para construir capacidad estatal, humana y promover esas potencialidades?. Sin negar, entonces, que hay algunas «buenas» instituciones básicas para países de ingreso medio como el nuestro y mucho que aprender de nuestros ensayos fallidos, le pongo más atención al fortalecimiento de un Estado que pueda imple- mentar leyes y políticas, muchas de las cuales ya existen en nuestro país (es decir, fortalecer instituciones antes que «adoptar» nuevas). Me interesa, más que dar una lista precisa, mostrarles que incluso estas reformas básicas, que tienen harto consenso local e internacional, consideradas necesarias para un mejor país y que estarán en la base de todo cambio sustantivo, serán resistidas y muy difíciles de implementar. Nuestras últimas décadas muestran bien que estamos en una trayectoria insuficiente, el piloto automático y su fe en el mercado no alcanzan sin otros ajus- tes. El reciente boom de recursos minerales, el mejor momento para el modelo económico adoptado en la década de 1990, y el contrasuelazo que nos ha dado la pandemia de la COVID-19 nos enseñan los límites de esta trayectoria iniciada para lograr un salto cualitativo para nuestro bienestar y para mejorar sustantivamente la calidad de nuestro Estado. SÍ, las reformas cuestan, y el crecimiento económico, el control del déficit fiscal y la estabilidad macroeconómica son una condición nece- saria para impulsarlas. Y, en general, un país pequeño como el nuestro hace bien en mirar al mercado internacional como un motor crucial para el desarrollo, cosa que se promovió con este modelo. Sin esa base material no podemos sostener y construir un Estado más efectivo, autónomo y presente en el territorio. No hay que ningunear lo que hoy consideramos normal pues mañana podríamos extrañarlo. Sin embargo, debería ser igual de claro que el modelo peruano requiere reformas para que produzca un bienestar más general y mejoras sustantivas). Por un lado, porque el crecimiento es con frecuencia ciego ante procesos de debilitamiento ins- titucional y del Estado. El fortalecimiento institucional y estatal no va neces- ariamente de la mano con el crecimiento económico. Basta ver el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), en el que un crecimiento muy alto empujado por los precios de los minerales en el mercado mundial no promovió el desarrollo institucional, sino, por el contrario, una involución en algunos ámbitos: debili- tamiento de la capacidad reguladora del Estado, aumento del peso de actores pri- vados por encima de la ley, retroceso en la legitimidad de las burocracias. Las bonanzas también traen maldiciones, como nos enseña una larga literatura sobre la maldición de los recursos. Pero además, como ya habían alertado varios autores locales, porque sin mejoras en otras dimensiones, este crecimiento no tendrá un impacto más amplios, El modelo como está ahora no desarrolla actividades y sectores que puedan ge- neralizar el bienestar y la riqueza de manera más extendida. Como se discute más adelante, al señalar los límites de las recetas libertarias criollas para el desarrollo, sin un Estado autónomo, burocracias capaces de regular efectivamente al sector privado, pero también de dialogar y cooperar con él, una mejor oferta educativa que incremente las capacidades de la ciudadanía, inversión en tecnología, promo- ción de productos que tengan valor en mercados internacionales y den empleo, estas oportunidades serán limitadas. Si no se invierte en educación y salud, en in- fraestructura sanitaria, electricidad, tendremos una población incapaz de asumir trabajos más complejos, de innovar, de reaccionar con flexibilidad a entornos mundiales cambiantes. ¿Cómo explicar que no se haya logrado construir en estos años una infraestructura funcional a este modelo exportador a pesar de tener recursos? La respuesta es paradójica: por miradas ideológicas limitadas, o desin- terés, no se hicieron suficientes esfuerzos por construir un Estado capaz de impul- sar el modelo de desarrollo adoptado en la década de 1990. Estos límites deberían haber quedado claros, pero los defensores más vociferantes del modelo no los reconocen. Los liberales que en la década de 1990 proponían un mayor bienestar general con sus recetas en una serie de ámbitos se han convertido en conservadores que se refugian en el miedo: es lo mejor que tenemos y los cambios pueden ser peores. La actual crisis del régimen agroexportador debería hacer obvio lo errado de este enfoque. Una enorme oportunidad de desarrollo real, que produjo cambios impor- tantes en materia de empleo y diversificación productiva, se puso en riesgo por una visión chata de élites estatales y privadas. Sus propios defensores y benefi- ciarios no contemplaron la presión política y social que crecía a su interior ni sus serias limitaciones para ganar legitimidad. Las reformas, entonces, son urgentes, porque lo que hay no alcanza. Un primer paso para avanzar hacia estas reformas, y de allí el propósito central de este ensayo, es entender mejor qué nos hace resistentes al cambio. Tomar con- ciencia de esta dificultad permitirá entender la importancia de que estos procesos sean sostenidos y estén en permanente evaluación. Antes que creer en un cambio súbito y radical o pensar que solo se trata de cambiar a quienes gobiernan, este tra- bajo busca convencerlos de que estamos en un camino cuesta arriba, donde es mucho más fácil fracasar en sacar adelante reformas que tener éxitoó. Mucho más problema que posibilidad. Este diagnóstico pesimista no es un llamado al cinismo o al quietismo, sino todo lo contrario. Este realismo crítico busca contribuir a la construcción de una de- manda ciudadana por reformas, darle urgencia y realismo al reto. Implica aprender a valorar procesos que —a pocos y con dificultades, el ensayo y error es funda- mental— pueden avanzar para lograr cambios positivos. Lo hemos visto en dis- tintos países, como Chile, Brasil, Costa Rica o Uruguay, todos con sectores bu- rocráticos y actividades comerciales con cosas que enseñarnos en lo que respecta a la construcción de capacidad estatal y desarrollo; o en procesos domésticos que llevaron a la construcción de agencias estatales más capaces y mejores servicios públicos”. El cambio es posible, pero es difícil, complejo y lleno de resistencia. Y valorarlo es una forma de reconocer el reto. El epígrafe del poeta y crítico literario Mario Montalbetti recoge esta imagen sobre la enorme dificultad de hacer reformas y nos acompañará al presentar los argu- mentos de las próximas páginas. Dice Montalbetti que en nuestro país tendemos a presentar la corrupción como un barril de manzanas, donde algunas están podri- das y contaminan al resto. Así, la solución que dan muchos al problema pasaría por extraer las manzanas podridas para «restablecer lo que juzgamos es el orden natural del barril: un conjunto de manzanas rojas, saludables, nutritivas». Esta forma de entender el problema, nos dice, oculta la profundidad del mismo. Hay toda una estructura social e institucional que limita los esfuerzos de cambio. Por ello, sacar manzanas del barril arregla muy poco o nada. La madera seguirá pu- driendo manzanas. Como él, propondré que el barril es una metáfora de la resis- tencia al cambio en el Perú, pero señalaré que el problema va más allá de la corrup- ción o de fuerzas «malas». Hay muchas otras fuerzas que se oponen a cambiar este sistema que pudre manzanas y no son necesariamente fuerzas corruptas. In- dluso personas de buena fe pueden ser enemigas del cambio. La ruta del ensayo es la siguiente. En el primer capítulo profundizo las razones por las que es muy difícil cambiar el statu quo, la madera del barril que pudre manzanas y los retos que enfrenta el Perú para lograrlo. Discuto los límites de dos Ojalá, entonces, este ensayo interese a quienes nos pretenden gobernar. Mi prin- cipal objetivo al escribir, sin embargo, no es hablarles a los políticos, sino dialogar con quienes desde la ciudadanía encuentren estas ideas interesantes, Esa demanda social es clave para que los procesos de reforma desde el Estado encuentren eco y sostenibilidad. Sembrar este pesimismo contribuye a que se apoyen cambios cuando, a pesar de diferencias, se vaya en la dirección correcta. Esta mirada crítica puede ayudar a distinguir problemas reales de escándalos sembrados; a que se identifique a ministros y burócratas comprometidos de aquellos que hacen cam- bios superficiales o prometen cosas sin sentido. Puede servir para evitar el entu- siasmo ingenuo y la arrogancia de quien promete cambio pero sin contenido. Y promueve una comprensión más compleja de la política sin maniqueísmos. Sí, hay buenos y malos en el Perú, como hemos visto de sobra en escándalos de corrup- ción, posiciones intolerantes y enormes abusos de poder. Pero también hay dife- rencias políticas que deben ser reconocidas y debatidas para buscar ciertos espa- cios de consenso que lleven a cambios sostenibles. Curar al barril pasa, en parte, por construir esta demanda. Este es un esfuerzo en esa dirección. 2Ver, por ejemplo, las propuestas de Hausmann, Rodrik y Velasco, 2006, sobre la necesidad de conocer el contexto en cada país y enfocarse en romper las barreras principales que enfrenta para su desarrollo económico antes que seguir una lista de lavandería. Asimismo, ver las propuestas de Hausmann que se centran en el desarrollo de capacidades que permitan a los Estados aprovechar oportunidades en los mercados, lo cual implica tomar medidas que, en el Perú, el consenso de Lima llamaría «estatistas»: «La acumulación de capacidades debe estar en el cen- tro de cualquier agenda de crecimiento y desarrollo, y los gobiernos deben estar dispuestos a participar en discusiones nacionales y regionales de objetivos apro- piados y estrategias efectivas. Hay muchos instrumentos que se podrían utilizar para desarrollar capacidades. Estos incluyen la protección comercial de las indus- trias incipientes; garantías de demanda (como los contratos para comprar vacunas contra la COvin-19 antes de que se haya demostrado que funcionan); empresas estatales (como en el sistema postal y los servicios públicos); políticas que instan a los conglomerados nacionales a diversificarse; corporaciones nacionales de desarrollo (como Temasek de Singapur y Khazanah de Malasia), sueños lunares (como propuso Mariana Mazzucato) y sistemas de innovación regionales y nacionales» (2020). Finalmente, un libro de Piero Ghezzi (2021) aparecido hace poco refuerza la idea de que se necesita un Estado pragmático, capaz de ver el desarrollo como un tema de ensayo y error donde son importantes el profesio- nalismo y la capacidad de corregir políticas. 3 Se suele decir que tenemos instituciones débiles y esto, entendido de una ma- nera más formal, es cierto: como veremos, las reglas formales con frecuencia no se aplican, son tigres de papel. Pero en realidad, como se discute más adelante, sí hay algunas instituciones fuertes que se resisten al cambio, entre ellas este con- senso liberal, que ha mostrado sorprendente resistencia desde la década de 1990. Al respecto pueden verse Arce, 2001; Orihuela, 2020; Vergara y Encinas, 2016. 4 Puede encontrarse una interesante discusión sobre los límites del crecimiento para la mejora institucional en la introducción a la segunda edición del libro Ciuda- danos sin república, de Alberto Vergara, 2018. 5 Entre ellos, Ghezzi y Gallardo, 2013, en un libro publicado en pleno boom y que, creo, mereció mucha más atención de la recibida. También puede consultarse Orihuela, 2020. Los textos de Gonzales de Olarte, 1993 y 1998, son buenos ejem- plos de que algunas de estas alarmas también se dieron al inicio de las reformas. En la introducción de un texto editado junto a algunos colegas (Dargent, Orihuela, Paredes 8, Ulfe, 2018) también se indican los problemas de un modelo de desa- rrollo como el peruano, vistos incluso en el mejor escenario posible de un boom de precios de recursos minerales. Y, aunque con algunas discrepancias con ciertas recetas de solución, otro interesante texto que identifica estas debilidades es Ga- noza y Stiglich, 2016. £ Sobre ese camino de construcción de coaliciones reformistas, de aprendizaje y ensayo-error, puede verse Bersch, 2016 y Grindle, 2004. 7 Francisco Durand, 2002, por ejemplo, detalla un proceso de este tipo en Sunat, y muestra cómo un cambio de personal y un liderazgo que otorgó capacidades a la organización fue clave para que se le respetara y se comenzaran a aplicar reglas tributarias. Y en forma más general para América Latina, Carol Graham y sus coau- tores, 1999, tocan una serie de ejemplos de reformas que lograron avanzar en América Latina, aunque es necesario revisar sus casos veinte años después para evaluar cuán exitosos realmente fueron. 1 EL RETO DE REFORMAR UN ESTADO DÉBIL Dos recetas reformistas muy comunes en la discusión pública en el país son la que propone el cambio constitucional o legal y la que resalta la necesidad de una educación en valores. Ambas recetas nos dan aportes importantes para un es- fuerzo reformista, pero tienen serios límites y discutirlos me sirve para explicar mejor la magnitud del reto de hacer reformas profundas. En particular, estas ver- siones no reconocen la enorme resistencia al cambio ni ponderan por qué el Es- tado es central para vincular los objetivos que promueven ambas recetas: tener mejores leyes y una ciudadanía que demanda un mejor gobierno. Estas recetas no solo son imprecisas, sino que construyen una imagen del cambio como algo más sencillo de lo que en realidad es. Dejan la idea de que, si hicié- ramos ciertos cambios relativamente sensatos, las cosas comenzarían a ir bastante mejor. No avanzar en esa dirección termina siendo un tema de ceguera, inma- durez, corrupción u otras razones similares. Cuestión de voluntad, «buenas» per- sonas y medidas correctas. Algo de eso hay, obvio. Pero no es, ni de lejos, el meollo del asunto. La primera receta es casi como sacar manzanas del barril para meter nuevas creyendo que no se pudrirán. Sin reformar al Estado para imple- mentar leyes y políticas estos cambios serán insuficientes. La segunda receta se presenta como la manera efectiva, real, de curar la madera del barril, pero sin cam- bios en el Estado y en otras dimensiones estos valores seguirán siendo simbó- licos, ajenos a la realidad. Lo que hay, más bien, son enormes obstáculos que hacen muy difícil reformar y construir mejores instituciones para el desarrollo. Reformar es un tema de poder, se requieren procesos de cambio profundos y sostenidos que puedan afectar inte- reses de los beneficiados por el statu quo. Para resaltar la necesidad de ver las reformas corno algo más profundo y lo que implicaría realmente conseguir una madera distinta, discuto algunas de las políticas y reformas que un país de ingreso medio deberá adoptar para mejorar su bienestar, así como las herramientas limi- tadas que tiene para lograrlo. El reformador peruano tendrá un reto doble al mo- mento de realizar dichas reformas: mejorar al Estado y, a la par, conducir políticas. Esta comprensión de la dificultad de una reforma efectiva ayudará a resaltar en el siguiente capítulo los límites de tres actores insuficientes para enfrentar el reto. libro de Jaime De Althaus aterriza la idea: la policía ha intentado de diversas mane- ras controlar el robo de combustible por parte de sus oficiales: control en el dis- pendio, control de kilometraje, tarjetas de pago personalizadas, mejores sistemas administrativos. Pero siempre hay una forma de darle vuelta al sistema, como muestran las sucesivas estrategias de los fiscalizados para saltar los nuevos con- troles y seguir robando!?, Un cambio real implica todo un sistema efectivo de con- trol, capaz de regular en forma constante y cotidiana hasta que la situación sea controlada; luego debe seguir vigilando. Y aquí no estoy mencionando procesos más profundos de formación y bienestar del personal. El barril, entonces, resiste bien a los cambios de reglas y a los intentos de reforma. Cambios de fondo, como veremos, requieren procesos continuos y sostenidos de actores estatales que los implementen y actores sociales que los vigilen. Sin organizaciones que puedan balancear ese poder, romper esas resistencias y reaccionar con flexibilidad ante las nuevas formas de incumplir la norma, la situación difícilmente cambiará. Tampoco será suficiente una segunda receta que suele ser presentada en la discu- sión pública como una cura profunda de la madera del barril: la educación en valo- res. La educación, informar sobre lo que es correcto e incorrecto, suele presentarse como el cambio de fondo que se necesita para superar nuestros problemas «desde la raíz». Solo un cambio educativo profundo, que produzca un cambio cultural, lle- vará a contar con ciudadanos que «entiendan» los costos reales de la corrupción y otros males. Poco a poco esa educación detendrá la putrefacción del barril y sal- vará a las manzanas. Por supuesto que la educación tiene enorme valor. En la introducción he hablado sobre la importancia de una demanda ciudadana por mejores políticas y la centra- lidad de la educación para el país. No pretendo minimizar la importancia de una buena educación cuando me dedico precisamente a educar. De hecho, una educa- ción crítica es fundamental para entender qué está mal con la forma como fun- cionan las cosas; sin esa mirada crítica otras alternativas no serán digeribles ni deseables. Pero lo real es que no cambiarán los valores en la sociedad solo si nos repiten y enseñan que algo está mal, como suele presentarse esta receta. Si nos educan en valores, pero el entorno sigue siendo el mismo, es decir, un entorno en el que se premia una y otra vez al que rompe esas reglas, será muy difícil lograr un cambio!, Evidencia de ello es que las personas saben bien que una serie de conductas son corruptas y, sin embargo, las siguen realizando. Hay todo un contexto social que hace funcional la corrupción, adecuada para cumplir con nuestros objetivos aun si contradice el sistema de valores que nos inculcan en la escuela o en casa. Lo mismo sucede en organismos estatales que tienen códigos de ética, reglamentos y declaraciones de principio y buena conducta, pero cuya realidad es de trans- gresión. Las organizaciones estatales atravesadas por la corrupción, por ejemplo, «educan» a sus miembros para que, más allá de lo que digan sus reglamentos o mensajes éticos, sigan esas reglas reales que valoran y premian las conductas co- rruptas. Esa «educación» implica aprender que los favores se pagan: hacerse de la vista gorda o ceder a pedidos ilegales a cambio de un ascenso. Son, pues, valores que se vuelven generales, aunque sean negados enfáticamente o nos digan que los problemas son de unos cuantos «malos elementos». Por ello es difícil que los reformadores que provienen del interior de una insti- tución estatal tengan éxito: son parte del problema. La mirada de actores internos es clave para entender lo que sucede, pero no puede ser la única. El barril con fre- cuencia ya los ha contagiado. Es más, es común que quien nos habla de valores desde el Estado como ruta al cambio esté desarrollando una estrategia perversa para desviar la atención de su inacción frente a temas de fondo. Sabe que queda bien y no hace nada. Así, los que juegan en el sistema conocen sus verdaderas reglas más allá de lo que se nos enseñe. Saben bien que sus conductas son ilegales, no es que el descono- cimiento o la falta de educación los lleve a actuar de esa manera. Todos los cursos de ética y manuales de honestidad no serán suficientes si no hay cambios en la forma en que funcionan las cosas, si la realidad no deja de ser la antítesis de lo que dicen las leyes o nuestra educación. Si no se comienza a cumplir las leyes, si las conductas funcionales a la corrupción o las prebendas siguen siendo premiadas socialmente, los peruanos actuaremos en función de ellas, desde el más rico hasta el más pobre. Desde el chofer informal, que sabe que no tiene brevete pero que esa falta difícilmente será sancionada, hasta el gran empresario, que navega col- meando por procesos de licitación para lograr un gran contrato de infraestructura con el Estado. El impacto de observar a corruptos de alto nivel entrar a la cárcel, la posibilidad de ver en la vida cotidiana que la ley se aplica efectivamente, es funda- mental para aprender sobre los efectos negativos de la corrupción. La educación ayuda, se engarza con estos procesos, pero debe estar de la mano con cambios en la implementación de las normas para que se observe que sus moralejas son rea- les, Entonces, podemos adoptar reformas legales y educar en valores, pero nuestra sociedad tiene un enorme poder para resistir al cambio que trasciende estas medidas. Si entendemos nuestro sistema institucional como un espacio con enor- me resiliencia al cambio, por su funcionalidad y conveniencia para una serie de actores formales e informales poderosos que sostienen esas instituciones, es más fácil comprender por qué, a pesar de todos los cambios de reglas, constituciones y modelos económicos a través de la historia, encontramos fuertes continuidades en nuestros problemas. Mucho cambio, pero también consistente continuidad en una serie de aspectos: altos niveles de corrupción, debilidad en la llegada territorial del Estado, burocracias precarias y con frecuencia discriminadoras, inefectividad de reglas democráticas, dificultad de regular intereses privados, problemas de coordi- nación entre niveles de gobierno, limitaciones para construir infraestructura, gran- des sectores en la informalidad o amplia tolerancia a la ilegalidad, entre otros. Con los cambios de modelo económico algunos actores ganan poder y otros lo pier- den, le damos más atención a algunas actividades que a otras. Y las reformas polf- ticas se suceden, algunas con cierto éxito. Pero la continuidad de muchos males es apabullante. Reconocer los límites de ambas recetas, cambio legal y educación, nos debería llevar a atacar de otra manera estos males más profundos. Y aquí es donde el Estado tiene un papel central. El que puede vincular ambas recetas, la ley que no se cumple y la educación que no tiene correlato con lo que sucede en la sociedad, es el Estado. Vincularlas pasa por tener un Estado capaz de aplicar la ley y de desarrollar políticas que muestren al ciudadano que hay una rela- ción entre estos objetivos y los valores que se promueven. El Estado tiene que limi- tar el poder de los actores que se resisten al cambio y a su vez ejecutar, como vere- mos en un momento, otros procesos centrales para el desarrollo. El ejemplo de que las políticas se aplican y las leyes se cumplen es en sí mismo un proceso educativo que cambia la relación del ciudadano con el Estado y la ley. Lamentablemente decir esto no es más que dar un primer paso para volver a tomar conciencia de los retos que enfrentamos. De inmediato el lector reconocerá que el problema es que no contamos con un Estado capaz, invocándolo no va a aparecer. Un buen Estado cuesta, se necesitan recursos para contar con burocracias profe- sionales y honestas, capaces de tomar distancia de intereses privados, ilegales. Y eso pasa por tener sociedades con mayores recursos para pagar por mejores servi- cios, sociedades que incrementan sus fuentes de riqueza. Para ello se necesita pro- mover ciertas actividades económicas competitivas en el mercado internacional y capaces de generar empleo de calidad. Centraré esta discusión más adelante en la diversificación productiva, los mercados internacionales y la necesidad de promover empleo. Economistas que ven el tema del desarrollo como Carlota además, requiere de más apoyo a la ciencia y a la innovación, a la educación supe- rior y técnica, de lo que se asigna ahora. Sin embargo, también resultará funda- mental tener en cuenta que no todo es cambio: dada nuestra situación actual se depende de esas rentas mineras, por ejemplo, para empujar nuevas oportu- nidades. ¿Cuál será la relación con la minería de quienes demandan, con justicia, mayor control y evaluación de su impacto? ¿La desecharán en todos los casos o en qué casos sí la apoyarán? Incluso quienes señalan los límites de la minería deben considerar su potencial para un cambio de modelo productivo. Todo lo señalado como necesario cuesta. Esta dimensión de diversificación productiva e innovación y su relación con el em- pleo es crucial, y la discutimos mucho menos que en otros países donde hay más conciencia de su importancia para el desarrollo. Siempre ha sido difícil crear em- pleo masivo de calidad y bien remunerado, lo cual es la clave para desarrollar rela- ciones virtuosas que refuercen mercados internos, mejoras en la productividad y se eleven los ingresos estatales por medio de impuestos. Hace décadas la receta era industrializar como una manera de crear empleo masivo y de calidad, con lo que se copiaba a países ricos donde este proceso se dio en los siglos XVII! y XIX. Pero el entorno global hace hoy más complicado implementar políticas exitosas de desarrollo industrial. Esa receta para lograr empleo masivo y mejor remunerado es para muchos países insuficiente, irreal y mucho menos efectiva que en el pasado. Los tigres asiáticos todavía lograron en la década de 1970 una industrialización exi- tosa centrada en la promoción de exportaciones de bienes tecnológicos. Un país como el nuestro tiene costos de entrada muy altos para producir este tipo de bienes complejos, en parte también por la competencia y posicionamiento de estos nuevos productores. Y, además, el premio ya no es el mismo que hace déca- das: en estos días la tecnología limita el impacto de la industria para aumentar el empleo; se requieren menos trabajadores para producir bienes. Puede haber más industria, pero no necesariamente traerá tanto empleo como antes. Por ello, porque ya es muy costoso, puede ser ineficiente, o porque ya no brinda los mismos beneficios, hoy se recomienda promover actividades en las que pue- dan emplearse a más personas y en las que los bienes producidos sean valorados en mercados internacionales. No es igual a la industrialización, pero se aproxima a ella al atacar el problema del empleo. Y ello no es nada fácil. Un Estado débil tiene que ser extremadamente prudente al momento de ponerse a promover actividades estratégicas. Puede errar el burócrata o darse casos de corrupción para subsidiar productos sin ninguna competitividad. De hecho, ya lo vimos claramente en el Estado peruano de fines de la década de 1960 hasta la década de 1990, cuando una política de promoción de la industria por sustitución de importaciones mostró los costos y las corruptelas de realizar políticas complejas con un Estado débil. Por este motivo decía antes que nos jugamos mucho en la actual crisis de la agro- exportación. Nuestra agroexportación da empleo masivo por las características de productos que han ganado mercados en estos años. No es posible mecanizarla como se hace con otros productos para los que se emplea muy poca mano de obra. Muestra, además, una relación positiva entre inversión estatal en irrigación e iniciativa privada, un balance importante entre Estado y mercado que ejemplifica lo absurdo de verlos como fuerzas opuestas o enemigas. Grandes proyectos de irri- gación y una serie de incentivos permitieron desarrollar una industria con muchas oportunidades. Sin embargo, esta actividad está en riesgo por diversos problemas, desde la ausencia de una mirada responsable sobre el uso del agua, hasta los pro- blemas de distribución y legitimidad que se incubaron al interior del sector sin que se reaccionara a tiempo. El experimento se quedó corto y hoy está en duda. También resulta importante contar con servicios educativos y de salud, así como con infraestructura básica de agua, saneamiento y electrificación, que den a los ciudadanos una base mínima de capacidades. Esto no solo es un tema de justicia social, calidad democrática o legitimidad política, todos relevantes en sí mismos, sino también un tema vinculado al aumento de productividad. La literatura reciente sobre el desarrollo sostiene que sin esa base de capacidades entre la población será mucho más difícil escapar de la trampa del ingreso medio. El crecimiento por sí solo no dirige recursos hacia la capacitación y la educación de una población, a la cual, a su vez, sin esas capacidades, le será muy difícil aprovechar las oportu- nidades que puedan abrir los cambios”. El lector que comparta la visión libertaria peruana, que discutimos en la siguiente sección, seguro piensa que estas recetas son un retroceso estatista; a él le reco- miendo leer el Informe sobre el crecimiento. Estrategias para el crecimiento sostenido y el desarrollo incluyente, preparado por una serie de economistas y expertos en desa- rrollo por encargo del Banco Mundial (2008), en el que se discuten medidas que han servido a algunos países para impulsar el crecimiento económico con bases para que este sea sostenido. Esto es, que no se agote el crecimiento por no desa- rrollar cambios que le den sostenibilidad. Las recetas presentadas, siempre atadas al contexto de cada país, contienen algunas de las prioridades discutidas para ase- gurar que ese crecimiento se construya sobre bases sólidas: aprovechar la demanda mundial; mantener la estabilidad macroeconómica; tener una orientación al futuro que promueva el ahorro y la inversión; establecer un gobierno con lide- razgo, inclusivo y con una burocracia capaz; y permitir que el mercado sea el prin- cipal mecanismo para asignar recursos, Este reporte, además, trae una importante lección sobre las tensiones del crecimiento económico y la importancia de la polí- tica en este proceso: La Comisión está firmemente convencida de que las estrategias de crecimiento solo tienen éxito cuando encierran la promesa de igualdad de oportunidades y ofrecen a todos los habitantes las mismas posibilidades de gozar de los frutos del crecimiento. Con todo, la igualdad de oportunidades no garantiza que los resultados serán equitativos. Ciertamente, en las etapas iniciales del creci- miento, existe una tendencia natural a que la brecha de ingresos se profundice. La Comisión considera que los gobiernos deben esforzarse por contener esta desigualdad tanto en el nivel de ingresos inferior como en el superior. Caso contrario, pueden surgir divisiones políticas, protestas e inclusive conflictos violentos que ponen en peligro el progreso de la economía. Una vez más, si el fundamento ético no basta para persuadir, el pragmático debería hacerlo (2008, p. 78). La lista de reformas básicas propuestas es fácil de consensuar en el papel. De hecho, lean los planes de gobierno de distintos grupos políticos que hoy circulan o el Acuerdo Nacional y encontrarán muchos de estos temas. Tengo otras recetas más específicas en mi lista personal que también califico como urgentes: formali- zación, inclusión financiera, sistema previsional. Pero quedémonos con esas refor- mas básicas de fortalecimiento estatal, diversificación productiva, innovación tecnológica y servicios de educación y salud, infraestructura básica, como un ejemplo de lo que podría ayudar a avanzar en una mejor dirección con la promo- ción del desarrollo y una mejor institucionalidad. Pocos se opondrán a estas medi- das. Pues bien, por las resistencias antes señaladas y otras razones que se discuten en lo que sigue del ensayo, solo unos pocos países de ingreso medio han logrado dar este salto hacia reformas sustantivas. Y por lo general ha sido cuando han tenido poderosas urgencias que han obligado a que las élites alineen una reforma y el bienestar de la población. Los tigres asiáticos, antes mencionados, suelen seña- larse como el ejemplo de que es posible dar un salto rápido al desarrollo industrial y comercial desde países agrarios. Lo que se menciona menos es que dichos paí- ses estaban presionados para lograrlo por su difícil situación geopolítica y por carecer de recursos naturales que les permitieran responder a demandas sociales 16 Andrews, Pritchett y Woolcock, 2015, hacen un buen análisis de lo limitado y problemático de los cambios para desarrollar la capacidad estatal y presentan un enfoque de ensayo-error y aprendizaje crítico para avanzar. 1 Ver, por ejemplo, Evans, Huber y Stevens, 2017. 1 Doner, Ritchie y Slater, 2005, resaltan la importancia de esta vulnerabilidad sisté- mica para el desarrollo. Andrews y otros, 2015, muestran la enorme dificultad que han tenido los Estados en desarrollo para fortalecer sus aparatos burocráticos y la excepcionalidad de quienes lo han logrado. 2 TRES ACTORES INSUFICIENTES Llamaré «insuficientes» a estos tres actores políticos de los que trata el capítulo porque no son conscientes de sus propios límites como agentes de reforma. O si son conscientes, no les importa. Primero «los conservadores populares», repre- sentados en la política reciente por el fujimorismo, pero que han adoptado muy distintas formas en nuestra historia. Los llamo conservadores no necesariamente (o no solo) por su ideología en temas morales, sino por su comodidad con el statu quo y por su cercanía a grupos que se oponen a reformarlo. No se trata tan solo de partidos de este tipo, también puede tratarse de propuestas personalistas que bus- quen explotar el voto de una derecha popular. El problema del conservador popu- lar con la reforma es que minimiza la relevancia de la misma, no reconoce la mag: nitud de los cambios que son necesarios para pelear por una mejor sociedad. Si profundizamos en las raíces de esta actitud, encontramos razones electorales, pero, más importante, creo, la dependencia y cercanía de grupos con interés en mantener el statu quo. Luego están «los libertarios criollos». Su representación política más clara y reciente se dio en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero no fue la única. Desde hace décadas, y con más claridad desde la década de 1990, los libertarios criollos son actores influyentes en el Perú. Son criollos porque representan, en mayor medida que los libertarios de países desarrollados, un actor incapaz de apreciar cuánto influyen sus recursos y privilegios en determinar el tipo de polf- ticas que favorecen. Tienen dos grandes problemas para realizar reformas: su con- fianza en el mercado y políticas privatizadoras como fuente de bienestar y su in- capacidad de distinguir, por interés o ingenuidad, que a lo que llaman «reformas por el bien común» son, en realidad, reglas que benefician a quienes ya tienen Una posición privilegiada y ventajas económicas. Así, se creen reformadores, pero en realidad se han vuelto conservadores. Finalmente, «los izquierdistas dogmáticos». En este grupo coloco a muchos de quienes se identifican con esta postura ideológica en el país, desde socialistas de- mocráticos hasta los más radicales. A más radicalismo, más pertinente lo que aquí discuto. También caben en este grupo opciones más personalistas, caudillos que explotan los temas redistributivos que la izquierda suele levantar en elecciones y los mezclan con temas como la mano dura o la xenofobia. Esta izquierda sí entiende que reformar es un asunto de poder y que el statu quo requiere cambios profundos. Sus principales problemas para realizar reformas son, sin embargo, su ideologización, que los lleva a sobreestimar cuán positivo será el cambio si logran que el poder se distribuya de otra manera y, en relación con esto, una confianza exagerada en las virtudes de sus recetas y grupos de apoyo. Son rápidos para cri- ticar lo existente, especialmente la importancia del mercado, pero incapaces de reconocer que sus objetivos políticos, recetas y aliados pueden dar lugar a malas e ineficientes políticas públicas y relaciones clientelares o corporativistas que afec- tarán las reformas. Al hacerlo, minimizan aquello que puede no ser lo ideal, pero que es bueno frente a otras alternativas, y que ellos mismos, de gobernar, probablemente harían. Las carencias de estos tres actores políticos incrementan las de por sí ya difíciles posibilidades para lograr reformas de fondo y adecuadas para el desarrollo. No es mi objetivo presentar una historia completa de estos actores!?. Me centro fun- damentalmente en explicar sus carencias como reformadores. Para discutir esta in- capacidad tendré que tocar otros temas vinculados a sus familias partidistas e ideológicas, pero no esperen una radiografía completa de nuestras derechas, el libertarismo criollo o la izquierda en el Perú. Tampoco discutiré en detalle la corrupción que puede esconder cada grupo, y no porque crea que no la haya o porque ingenuamente piense que todos estos actores digan la verdad cuando hablan de ideas sobre desarrollo y bienestar. Todo lo con- trario, es muy común que se usen las ideas como convenientes coartadas para avanzar intereses corruptos, hasta hay los que se presentan como luchadores contra la corrupción y son grandes ladrones. Todo el capítulo anterior y el próximo resaltan este costo de la corrupción y su profundidad. Veremos cómo el mundo público de los discursos y actos políticos convive con un mundo de corrupción y mafias que explica los actos de los políticos. Lo que busco resaltar en esta sección es que la incapacidad de reforma es incluso atribuible a los honestos entre estos actores, aquellos quienes creen que sus propuestas y recetas nos traerán un mejor país. Pretendo invitar a un diálogo a la mejor versión de los actores criticados. Por supuesto que hay corrupción en la base de nuestros problemas y se vincula con estos actores. Quizás la izquierda menos que los otros dos en términos de escán- dalos, pero no perdamos de vista que ha gobernado menos que ellos. Y cuando lo hizo también tuvo su cuota de corrupción, como muestran las investigaciones del caso Lava Jato. Mi objetivo, entonces, es mostrar que incluso los sectores limpios de estos actores tienen taras serias como reformistas. Si a estas taras le sumamos la corrupción, pues mucho peor. Comencemos por los conservadores. Pobrísimo. Su conducta en el Congreso pasado distó de ser la de un partido preo- cupado por el cambio y el desarrollo. No apoyó las pocas reformas que estaban en curso y las escasas que inició el gobierno de Kuczynski. Si bien puede ser mucho pedir que haga suyas las reformas del Ejecutivo o las que tienen continuidad de go- biernos anteriores, pudo dialogar con ellas, sea para vigilarlas o reclamar atención sobre sus deficiencias. El fujimorismo no fue un guardián ni un crítico coms- tructivo de dichas reformas. ¿Vieron acaso una preocupación en el fortalecimiento del servicio civil o de reformas como la educativa o policial? Lo que se recuerda es la vocería permanente de actores opuestos a las reformas. Asimismo, es claro que pudo hacer mucho más, incluso en aspectos que, si bien no los beneficiarían directamente, ayudarían a controlar al gobierno o a presionar para que diversas instituciones mejoren su desempeño. Por ejemplo, pudieron empujar una reforma para hacer más autónomos los organismos de control o los medios de comunicación del Estado. Lo más cercano a ello fue apoyar el nombra- miento de un contralor técnico, pero el tema del fortalecimiento y autonomía de órganos estatales en general no estuvo en su agenda. Y si bien era muy difícil que tuvieran credibilidad en temas de justicia, pudieron demandar mejoras en el Poder Judicial y el Ministerio Público, o promover en el Ejecutivo mayor apoyo a esos sectores. Nada de eso se observó, o peor, se vio una relación cercana, hasta de protección, con personas cuestionadas. Pero, como mencionaba antes, el fujimorismo fue más que un actor poco entu- siasta: fue también un obstructor. Sus propuestas de reformas con frecuencia bus- caron hacer retroceder una política en curso. La censura a Saavedra es un claro ejemplo de esta vocación de demolición sin propuesta. No fue, como se señala, el ejercicio normal del control político. Lo que se observó fue una crítica despiadada a acciones que se sabe bien son difíciles de controlar para un ministro. Su aproxi- mación a la reforma policial también ha sido conflictiva, pues ha dado voz a acto- res que defienden el sistema policial. Fue más fácil encontrar al fujimorismo acep- tando los argumentos de actores opuestos a las reformas que promoviendo agen- das de cambio.  Heduardicidios: «Vivan los niños». Caricatura de Heduardo, publicada en El Comercio, el 9 de diciembre de 2016. Más importante, también hay abundante evidencia de cómo habrían gobernado. La campaña presidencial de 2016 fue muy ilustrativa de estas pulsiones antirreformistas. El plan de gobierno que presentó Keiko Fujimori al inicio de cam- paña dio paso a una serie de negociaciones con actores que precisamente se opo- nen al tipo de reformas de las que hablábamos y que ella misma proponía. Dejó en claro que revertirían los avances en reformas de la policía, con promesas popu- listas que favorecen al inmovilismo en dicha institución. Un ejemplo adicional es la cercanía de la minería ilegal a Fuerza Popular, sector con el que se dialogó en campaña. Otro aspecto de este ánimo pro statu quo se observa en la resistencia a las propuestas para prevenir el financiamiento ilegal de candidatos, un aspecto que afecta el financiamiento de campañas, pero sin el cual es difícil detectar la ilega- lidad en la política. El fujimorismo argumenta que sus opositores los juzgan muy duramente por su pasado, pero hay que imputarles un terrible presente que no rompió con los legados del pasado. No tienen una agenda de reformas ni parecen tener interés en desarrollarla. Un problema con estos grupos conservadores populares es que no problematizan lo que implica realizar reformas. Por distintas razones, que van desde arrogancia o desinterés, sus soluciones a los problemas son fáciles, cuestión de poner a las personas adecuadas, «hacer bien las cosas». Suelen lanzar promesas de cambio en planes de gobierno, pero caen en generalidades, pues no vinculan el cambio a procesos en los que se tocarán poderes asentados ni reconocen que dichas pro- mesas serán disruptivas. Si los cambios son en serio, afectarán una serie de for- mas de hacer las cosas de las que ellos son parte. Este es un rasgo de los partidos de derecha popular, un rasgo esencial, que cualquiera de sus líderes que quiera gobernar de otra manera debe reconocer si desea reformar. ¿Cómo se llega a esta mirada simplista de las reformas? En parte porque sus votantes no les demandan estas precisiones. Los valores que promueven estos partidos atraen un tipo de votante que difícilmente tendrá en las reformas institu- cionales una de sus preocupaciones. Los partidos prometen una supuesta «ef- ciencia» frente a la politiquería. Mano dura frente a los problemas. Esta forma de pensar en el Perú y América Latina no ha llevado a reformas efectivas y útiles para el mediano plazo, sino más bien a ser altisonante frente a los problemas, a plan- tear cambios formales y que se presentan como draconianos, pero sin iniciar pro- cesos que vayan al fondo del asunto. El populismo de derecha se nutre de ese es- tilo. En el caso del fujimorismo buena parte de su base electoral tampoco tiene las reformas como sus prioridades. Pero hay que cavar más profundo, no creo que los electores sean lo principal. Si bien lo que piensen o demanden los votantes es importante para las prioridades de los líderes de los partidos, sería muy simplista creer que solo esta demanda social es lo que los lleva al quietismo reformista. Más que culpar a los votantes hay que ver otro mecanismo que también ayuda a entender el poco interés en reformar y que con frecuencia se saboteen procesos de cambio. Los líderes que se acercan al partido provienen de sectores que se identifican con el statu quo o están buscando acercarse al poder. Ven a los partidos como vehículos de defensa del statu quo, un sitio donde pueden proteger y avanzar sus intereses. A pesar de declaraciones altisonantes, estos líderes preferirán lo existente al cam- bio. Refuerzan con ello el carácter antirreformista de sus organizaciones. Los par- tidos como estos se relacionan y atraen candidatos y financistas vinculados a los beneficios de la continuidad. Se acercan a actores formales e informales que ganan con la ausencia de regulación, actores que se mueven bien en el sistema político. Esos actores hasta hace poco vieron al fujimorismo como su mejor representante, pero buscarán nuevos partidos ante su debilidad. Estos grupos políticos, o los candidatos personalistas que representan este espa- cio, son con frecuencia también allegados a actores vinculados al Estado que intentan ejercer influencia. Por ejemplo, policías o militares en retiro o autoridades universitarias. Si usted ha visto de cerca procesos de reforma del Estado aprenderá Los libertarios criollos: prohibido regalar pescado El segundo grupo con graves carencias reformistas es el que llamo los libertarios criollos. Desde hace décadas ejercen gran influencia sobre la política y el Estado. No se trata de un partido que suela organizarse políticamente, tal vez su Única y más clara participación de este tipo fue el Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Participan como socios en partidos de derecha o alianzas de derecha más tradicional y generalmente atraen votantes de clases medias y altas: Partido Popu- lar Cristiano, Unidad Nacional, el ala derecha de Acción Popular en la década de 1980. Este actor estuvo ampliamente representado en el pasado gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quiénes son los padres ideológicos de estos jóvenes turcos que llegaron al Perú a la política de masas con el Movimiento Libertad (sin negar ese gran precursor de sus ideas que fue Pedro Beltrán)? Los libertarios criollos comparten recetas econó- micas y de reforma estatal que estuvieron en boga en la década de 1980, durante los gobiernos de Margarte Thatcher y Ronald Reagan, y que se difundieron en América Latina bajo la ola de reformas neoliberales a fines de la década de 1980 e inicios de la década de 1990. ¿Quiénes son estos libertarios en el mundo de las ideologías? Son una familia del liberalismo, aunque ellos suelan incluir como liberales solamente a quienes piensan en sus términos. Son los hijos tercos y radi- cales del liberalismo, pero ni por mucho todo lo que representa dicha ideología. Libertario es el que cree en límites muy estrictos a la intervención estatal, ya que por lo general asumen que estos actos son intromisiones inaceptables a la liber- tad. Se oponen, por lo general, a políticas redistributivas pues las consideran una vulneración a la libertad y a la propiedad, que es su extensión y la garantiza. Liber- tario es el que denuncia que la acción estatal niveladora con frecuencia lleva a regí- menes que asfixian la creatividad de sus ciudadanos o los convierte en ociosos, dependientes del Estado. En términos de política pública, libertario es el que confía en las soluciones de mercado para una serie de temas en los que otras familias ideológicas asumen como necesaria la coordinación y vigilancia del Estado??. Su creencia es que el mercado puede hacer mejor las cosas que el Estado en la provi- sión de casi todo bien y servicio. El problema, como veremos, es que con fre- cuencia minimizan la relevancia del Estado, Es interesante que muchos de estos valores principistas suelan justificarse en forma utilitaria cuando se discute de política y política pública: no solo es injusto que el Estado intervenga en ciertos temas sino que, además, lo mejor para el bienestar de la sociedad es que no lo haga. Así, supuestamente la inacción estatal dará por resultado los mayores beneficios para el bien común. Uno podría ser un libertario reconociendo que los resultados de sus recetas pueden ser negativos, que la libertad debe tener preminencia, pues las otras opciones de intervención son injustas. Pero lo que tenemos es este combo que hace tan peligrosa a esta ideología cuando se vuelve dogmática: lo justo y lo bueno, lo que promueve el bienestar, coinciden. ¿Qué más perfecto? Los libertarios criollos, entonces, son personajes que comparten una forma de pensar muy poderosa en el Perú y que tienen presencia en medios de comuni- cación, organismos estatales, think tanks, consultoras, asociaciones de empre- sarios y universidades. Con frecuencia los medios asumen sus posturas, sin sin- cerar el peso de intereses empresariales que pueden estar detrás de estas ideas. Son tan fuertes que casi provoca llamarlos liberales a secas, pues otras vertientes del liberalismo en el Perú han quedado eclipsadas por estas miradas libertarias. Son hasta ahora muy influyentes como constructores de opinión entre las élites e incluso la ciudadanía, algo evidente cuando uno sale del Perú y observa que nues- tros argumentos libertarios, tan frecuentes en toda discusión de política pública, son vistos en otros países como una caricatura. Hoy en campaña hartos candidatos repiten estos mantras sin mayor discusión a pesar del tiempo transcurrido. Seguimos atrapados en la década de 1990, alejados de debates em- píricos sobre la efectividad de las políticas públicas que privilegian estos actores, sin mirar en el terreno sus virtudes y defectos. Mi interés al discutir sobre los libertarios criollos es vincularlos con la ausencia de reformas, no profundizar en todo aquello relacionado al libertarismo peruano, que sería interesante explorar. Pero sí quiero dejarles la inquietud sobre el tema. Así como puede decirse que Gramsci es el filósofo de Bolivia, por la forma en que el debate político en ese país se suele situar en términos de hegemonía y contrahe- gemonía, a veces en forma ya absurda, el Perú, desde la década de 1990, está mar- cado por este pensamiento libertario, por el apego de ciertas élites a esta forma de pensar. No tan extendido como Gramsci en Bolivia, pues en ese país la discusión teórica trasciende a las élites y se engarza con movimientos sociales y sus diri- gentes, pero igual muy presente. Aunque en el resto de América Latina sus recetas más extremas han perdido influencia (quizás no en El Salvador), o se han revisado sus propuestas y se ha reconocido que sin un Estado capaz de regular a los acto- res privados que iban a solucionar los problemas del Estado-parásito se produ- cirán otras patologías y corruptelas, aquí todavía esos postulados son fuertes. No se reconocen los múltiples casos de corrupción provocados por la cercanía de esos privados con actores estatales y cómo se vinculan con la forma en que se tuercen las políticas públicas. Se mantiene vivo lo que Steven Levitsky denominó «el consenso de Lima», la prolongación peruana del consenso de Washington23. Un consenso que merece más atención de la que le hemos dado en términos académicos?. ¿Por qué considero a los libertarios criollos mal equipados para realizar reformas estatales además de convertirse en opositores a las mismas? Por dos razones. Pri- mero, son bastante incapaces de reconocer que sus recetas y su particular forma de entender el papel del Estado no han dado lugar a un salto cualitativo en la provi- sión de servicios públicos, bienestar general de la población en diversos ámbitos y el fortalecimiento del Estado. Por convicción, o conveniencia, no reconocen que sin un Estado más capaz en una serie de ámbitos y sin fortalecer reguladores y servicios públicos estatales no se avanzará en aspectos clave. Las reformas en educación, salud y regulación de servicios públicos que parecen necesarias para escapar de la trampa de ingreso medio no han sido su prioridad. Y con frecuencia, como veremos en el Perú, esta confianza derrota cualquier evidencia: eventual- mente, este mundo mejor llegará si construimos los incentivos necesarios. El segundo punto, más breve, es mostrar cómo, a pesar de presentarse como reformadores, terminan defendiendo al statu quo y, por tanto, son funcionales a intereses privados y a los ya ganadores del sistema. Primer punto, entonces. Para entender su resistencia a revisar sus concepciones sobre el Estado y servicios públicos hay que dar un breve rodeo sobre la adopción e institucionalización de las reformas de mercado en el Perú. Las ideas libertarias llegaron con mucha fuerza a América Latina, en parte por la crisis económica que vivió la región en la década de 1980 y en parte porque el modelo desarrollista en crisis era un perfecto enemigo para doctrinas que achacaban al Estado diversos males de la sociedad. La combinación de la crisis con un Estado percibido como ineficiente, clientelista y corrupto (y que, sin duda, lo era en diversos niveles) faci- litó que se realicen reformas de mercado en varios países30, En el Perú estas refor- mas fueron más profundas que en otros de la región, en parte por los niveles de crisis que nos tocaba vivir y en parte, también, porque los partidos políticos que en otros países se opusieron a estas reformas, sean socialdemócratas o socialistas, habían sido diezmados por la crisis política y económica de la década de 1980 y su colapso en las elecciones de 1990. El autogolpe de 1992, dado por un presidente muy popular, terminó de añatar las reformas. Estas reformas cambiaron el paisaje empresarial y estatal en el Perú, favorecieron a unos sectores que se convirtieron de las universidades. Ni una gota de duda sobre los efectos y costos de no regular universidades empresa y la «creatividad» del empresario estafador en la educa- ción. En otro editorial, de mayo de ese mismo año, señala el diario que el resultado sería «una casi general estandarización de la mediocridad de la enseñanza y enor- mes barreras burocráticas para el desarrollo de esta actividad por parte del sector privado». En suma, para el diario más importante del país, la única forma de regular era dotar de información a alumnos y padres de familia para que ellos puedan decidir a qué universidad ir, pues la Sunedu era vista como una injerencia indebida en la autonomía universitaria. El tiempo ha mostrado que más debería preocuparnos la fragilidad de la Sunedu frente a quienes no quieren ser regulados. Además, ya se ven los efectos positivos en la calidad universitaria al exigir estándares y sacar del mercado a las malas universidades. El propio diario tiene hoy una mirada más amistosa con la reguladora. Asimismo, El Comercio indicó, en mayo de 2013, que era contrario a la adopción de la Ley de Alimentación Saludable?. A criterio del editorial del diario, la norma incu- ría en un error al limitar la publicidad de productos con alto grado de grasas saturadas. Indicó el editorial que: La publicidad, en buena cuenta, es como una carretera por la que viaja infor- mación del vendedor al consumidor. y lo que debería hacer el Estado con ella es crear mecanismos para que dicha información sea verdadera y no mentirosa. Por ejemplo, sancionando a las empresas que engañan u obligándolas a con- signar información en sus empaques de la que claramente pueda depender la decisión de compra del consumidor (como se hace con los medicamentos que deben adjuntar una lista de posibles efectos adversos). Pero, en este caso, el Congreso ha ido más allá: prácticamente ha bloqueado la carretera impidiendo que viaje la información, tanto la mala como la buena. Y, con ello, les ha qui- tado a las personas elementos para tomar mejores decisiones que los lleven a disfrutar más o cuidar mejor su bolsillo y, por qué no, su salud. De nuevo, se trata de informar para decidir mejor. No se discuten las asimetrías que hacen difícil que la información sea un remedio adecuado en estos temas. Aunque debería ser evidente por todo lo dicho, hay que reiterarlo: muchas refor- mas, sean en la educación o de aspectos clave en la regulación alimenticia, no se harán solas. «No regular» y privatizar, o solo informar en mercados donde la infor- mación es fuertemente asimétrica y en un país con serios problemas educativos no dará incentivos mágicos para alinear una serie de cambios en otras dimensiones. Quienes ven al mercado como una solución a estos temas pierden de vista que sin Estados fuertes, capaces de garantizar derechos y contratos, con presencia territorial y eficiencia para castigar la corrupción, y sin un sistema educa- tivo que forme ciudadanos informados, difícilmente surgirán esos mercados sanos que produzcan consecuencias saludables que sus defensores prometen“, Y clara- mente el Estado no se construye solo, hay que vencer resistencias de todo tipo. El libertario tiene razón al temer a la sobrerregulación, incluso al resaltar las conse- cuencias imprevistas y negativas que una regulación exagerada puede tener. Tam- bién, como he discutido antes, en desconfiar de lo que realmente puede hacer un Estado débil. Pero insistir en que la regulación es mala en temas en los que existen amplios consensos sobre su necesidad es impresionante. El problema es que estos libertarios suelen perderse en debates de ideas antes que en mirar la realidad o aprender un poco de política comparada. Pareciera que las sociedades como Alemania o Suecia, interventoras y libres, con impuestos altos y servicios de calidad, no existen. Que Hayek haya concluido, tras la Segunda Guerra Mundial, que el Estado social podía llevar al autoritarismo, vaya y venga; pero ¿ses- enta años después puede seguir haciéndose ese tipo de asociaciones sin calificarlas, sin revisar su certitud? ¿No hay un balance más saludable para la libertad en los países mencionados que en otros países ricos, donde la pobreza y desigualdad tolerada por el sistema marca claros ganadores y perdedores? Más importante, para no llevar la comparación a países con recursos y niveles de desa- rrollo muy distintos al nuestro, ¿no hay sociedades similares a la nuestra en las que se regula mejor a los privados, en las que el Estado funciona mejor y se pres- tan mejores servicios sociales? No se trata, obviamente, de ser Suecia —o Estados Unidos para mencionar al otro lado—, sino de aprender cómo puede alcanzarse un mejor balance de Estado y mercado en sociedades como la nuestra. Podemos discutir en abstracto cuánto mercado o cuánto Estado es necesario para promover el desarrollo. Pero lo que es claro es que estos cambios no se darán por generación espontánea. Estos cambios requieren líderes comprometidos, buro- cracias más fuertes, seguimiento, presión, urgencia, balance de intereses. En una palabra, política. Treinta años de reformas de mercado no lo han producido y no lo producirán. Si los defensores de este modelo fueran igual de severos al juzgarlo como lo son con el viejo Estado desarrollista de las décadas de 1970 y 1980 reconocerían los límites de sus teorías y recetas. Segundo punto. Este grupo termina siendo conservador, defensor del statu quo, pues minimiza la importancia de la intervención estatal para romper una serie de injusticias y ausencia de oportunidades por diferencias económicas, de género o étnicas. Y esto no solo es un tema de justicia, asunto de caviares, sino que es tam- bién una necesidad para aprovechar oportunidades de desarrollo como discu- tíamos antes. Usted escuchará en nuestro país con más frecuencia que en otros la frase «No regales pescado, enseña a pescar». Esta frase se usa como justificación para oponerse a reformas redistributivas que, supuestamente, entregan migajas sin atacar el fondo de los problemas y «educan» a las personas para que sean depen- dientes del Estado. Y es una copia de la forma en que el libertario presenta y critica la política social en Estados Unidos. Ese discurso, por ejemplo, se utilizó para cuestionar las transferencias condicionadas hacia sectores más pobres durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el consenso de Lima decidió que no eran adecuadas mientras en otros países se adoptaban. El asunto es que el libertario peruano se queda con frecuencia en la primera parte de la frase. Si entendemos la frase en su real profundidad, es una invitación al desarrollo de capacidades y la creación de condiciones más justas para que cada uno pueda buscar su bienestar. Enseñar a pescar no es poca cosa, implica una inversión enorme en educación, capacitación, sistemas que permitan superar las enormes barreras que tenemos al nacer en la pobreza. No alimentes por el día, construye todo un andamiaje institucional necesario para que el ciudadano no tenga dependencia del Estado. Pero en la frase «a la peruana» las condiciones para lograr una base mínima de justicia no están en la agenda o se darán solas. Esa forma de pensar no conduce a una masiva inversión en la educación de pesca- dores, sino a justificar que no hay que invertir en programas sociales, a minimizar que las diferencias de cuna son estructuralmente brutales en un país como el nuestro, a un romanticismo sobre los «emprendedores» y a la celebración de casos excepcionales que minimizan las barreras estructurales al desarrollo individual. Se justifica así la desigualdad con la idea de que intervenir es ineficiente. El liber- tario, con su privilegio a cuestas y hablando desde un café de «Lima moderna», se convierte en un capítulo más de la distancia que nos separa en el Perú. Un sector de privilegios que predican sus ideas sobre individualismo, decisión, autonomía, y dan por sentado una serie de condiciones que la realidad cuestiona. No se per- catan de cuánto se diferencian del resto y en qué medida renuevan mitos que mini- mizan el peso de la desigualdad. En este caso, no se reconoce esa enorme ficción que es la igualdad jurídica en un país de amplia desigualdad. Así, el mensaje de los que defienden «la libertad» para criticar las intervenciones que busquen equiparar ocasiones y con frecuencia selecciona ganadores por intereses políticos que nos afectan a todos. Pero en otras ocasiones no. O sí se justifica, por una serie de razo- nes, seleccionar actividades económicas que tendrán un impacto en el resto de la sociedad al desarrollar capacidades que permitirán explotar dichas oportunidades. Los mercados de agroexportación, por ejemplo, se consolidan por políticas de irri- gación y buenas burocracias sanitarias. El turismo se desarrolla cuando se invierte en infraestructura y se subvencionan algunas actividades privadas que permitan, luego, el crecimiento de mercados que difícilmente se podrían desarrollar solos y que jalan más inversión privada en el sector. La pobreza no se resuelve sin accio- nes que rompan enormes brechas históricas, sociales y culturales. La diversi- ficación productiva con cierta dirección estatal es más una urgencia sensata que un compromiso mercantilista. Pensemos en límites y salvaguardas, no en negar, por creencias teóricas, actividades que pueden servir para ampliar oportunidades de desarrollo y construir una mejor institucionalidad. Y la actividad privada no regulada puede aprovechar un espacio institucional débil para controlar los pro- cesos y beneficiarse indebidamente. La desconfianza del libertario por el Estado parásito debería llevarlo a tener similar atención en el actor privado. No basta con señalar que son unos cuantos mercantilistas, como si eso solucionara el tema, cuando el sistema es el que permite estos abusos, incluso en actividades que su- puestamente no tendrían las malas artes del viejo empresariado. No entender todo esto es seguir atrapados en un mantra de la década de 1990 que hace agua por todos lados. En el Estado ya muchos lo entendieron, pero entre libertarios mediá- ticos todavía hay dogma. Antes de concluir, retrocedo unos pasos y reitero lo dicho antes: este libertarismo noventero trajo impulsos saludables a otras formas de pensar asentadas en el Perú, como el marxismo de manual, que con sus propios dogmas hacía imposible una visión constructiva del papel del Estado o la importancia del mercado y los mercados internacionales para el desarrollo. Esas recetas de política tuvieron un realismo saludable. La desconfianza en el Estado como único o principal pro- veedor de recursos y beneficios ayudó a desnudar una serie de ineficiencias y prác- ticas clientelistas. Y también dejó una serie de propuestas de política pública que, más que borrarse, tienen que discutirse al plantear alternativas distintas. Eso no hay que perderlo de vista, pues es muy común atacar al «neoliberalismo» como si fuera responsable de una serie de debilidades históricas del Estado peruano o para evitar reconocer los problemas que pueden traer otras recetas que no toman en cuenta lo que puede hacer un Estado y un país pequeño como el nuestro. En resumen, está bien tener a este libertarismo como un freno al entusiasmo del dispendio, confiar demasiado en lo que puede hacer el Estado o evitar el gasto en actividades económicas en las que no somos competi-tivos y tenemos un limitado impacto. Pero confiar en que ese crecimiento, esas recetas, cambiarán aspectos centrales del Estado y promoverán el desarrollo es iluso. Una ideología anti-Estado tan infantil no puede construir un buen Estado ni una buena sociedad. Los izquierdistas dogmáticos: la confianza es peligrosa Llegamos al tercer actor. Los izquierdistas dogmáticos, a diferencia de los otros dos, entienden bien que el poder es un tema central para la reforma institucional y el desarrollo. Constantemente sus voceros nos recuerdan que la aplicación de las reglas depende de quien tiene poder. Esta certeza de la izquierda es relevante para una visión reformista, pues pone en su verdadera dimensión la dificultad del cam- bio y entiende la enorme resistencia al mismo. Para ellos, además, las institu- ciones están más cerca de ser consecuencia del poder económico en la sociedad que factores independientes. Esta es una visión que, aunque con matices especial- mente en lo que respecta al Estado, se aproxima a lo defendido en el primer capí- tulo para resaltar por qué hay resistencias a las reformas. Sin embargo, una cosa es estar de acuerdo en que el cambio es difícil y que el poder es muy relevante para determinar cómo se aplicarán las reglas, y otra muy diferente que este conoci- miento los lleve a ser actores reformistas aptos. Dos razones hacen al actor izquierdista dogmático un reformista insuficiente. La primera es que su visión del poder le hace pensar que el cambio central para que las cosas vayan mejor en la sociedad pasa por modificar el poder hacia lo que ellos creen adecuado. Se ven las cosas en términos dogmáticos. Es decir, si se cambia el balance de poder de acuerdo a su visión de quiénes deberían tener más poder, las instituciones y políticas comenzarán a funcionar mejor. Y ello cons- tituirá una mejor comunidad, asociada a un mejor nivel de vida para los que no han sido el centro de las preocupaciones del sistema. Es probable que esta forma de pensar sea un legado de una conhanza optimista en la revolución como un evento que al quitar el poder a los actores económicos poderosos (incluida la pérdida de propiedad) y darlo a actores políticos y sociales vinculados a los revolucionarios llevará a políticas más cercanas a sus creencias, que resultarán adecuadas para superar las taras de una sociedad desigual. El Es- tado burgués sería reemplazado por un Estado que, al estar controlado por quie- nes tienen en su interés promover la justicia, beneficiaría a la mayoría y no a unos pocos. El siglo XX mostró las distintas formas en que esta creencia era muy simplista, desde casos en que los revolucionarios triunfadores adoptaron decisiones catas- tróficas para la población hasta casos donde el poder quedó en manos de un grupo pequeño que controlaba el Estado y los recursos en la sociedad. Es decir, una nueva «clase» dirigente que sobre la base de su control del poder tomó medidas distantes del interés de los ciudadanos. Los abusos totalitarios del Morales logró mantener un buen crecimiento económico, una relación distinta con sectores mayoritarios indígenas y desarrolló políticas favorables para la población más pobre, Pretender igualar este caso, más pragmático y responsable, al fracaso venezolano sería exagerado y cuestión de termocéfalos. Y, sin embargo, también ese caso nos muestra los límites de reformar pensando que el cambio de poder lle- vará a cambios sustanciales positivos en una serie de dimensiones. Esta mirada re- duce la relevancia de procesos más profundos de construcción estatal, que requie- ren reconocer un Estado que tome distancia del poder, incluido el tipo de poder que uno apoya. Sin esa construcción no será posible profundizar procesos de desarrollo productivo, regulación, control de la corrupción, limitar el clientelismo, entre otros. No basta cambiar el balance de poder; importará mucho cómo se haga, tener claro el tipo de Estado que se quiere construir y reconocer pragmáti- camente los límites de nuestras recetas en un contexto global complicado. Y de aquí es fácil pasar a un segundo punto que limita la capacidad de reforma de la izquierda: la confianza que tienen estos grupos en que sus remedios y aliados promueven intereses generales y no particulares. Son muy duros en evaluar la cer- canía de actores privados al poder, al señalar las múltiples formas en que las políticas se desvirtúan por la cercanía entre actores poderosos y el Estado. Ello, como se ha discutido en el caso de los libertarios criollos y sus recetas, es clave para contar con un Estado que realmente pueda regular a esos actores poderosos y desarrollar políticas que busquen intereses generales. Pero similar ejercicio no se hace con sus propios aliados ni con posibles remedios a los problemas detectados. Y esto es muy grave. Porque los grupos de interés pueden venir desde distintos espacios. De hecho, más de una vez se ha visto a la izquierda apoyando acríti- camente a sindicatos que se oponen a reformas que permitirían el cambio en servi- cios sociales de baja calidad. El caso del Sutep es uno de los más complejos, pues la defensa gremial, razonable y necesaria en una democracia, puede criticarse por su apoyo a una serie de barreras en mejoras en la carrera docente, Gremios de la salud, sindicatos, asociaciones agrarias, pueden tener muchas virtudes para defen- der intereses comunes; no es esa mi crítica. Mi crítica es que la izquierda se rela- cione a ellos con frecuencia en forma acrítica. Esta situación también se vincula a la poca importancia que se da a técnicos de iz- quierda en los postulados de estos grupos. Estos técnicos existen, los hay en todo país donde la izquierda gobierna y aquí han colaborado con algunos grupos que han competido en elecciones. Pero con frecuencia no toman el primer plano y están subordinados al gran cambio antes que a la discusión razonable. Esta debi- lidad técnica debe replantearse, pues será clave si en algún momento llegan a ser gobierno. El crítico proveniente de la izquierda dura dirá que la mía es una posición que busca quitarle los dientes a la izquierda; que las medidas propuestas y esta mirada más autónoma del Estado nos lleva más a una socialdemocracia que a una ¡z- quierda real al no reconocer el conflicto que está en la base del cambio; que más que ingenuidad frente a lo posible, estoy negando la necesidad de construir un poder alternativo que sostenga cambios reales y de fondo, más allá de algunas exa- geraciones que algunos militantes puedan hacer. No es mi intención convencerlos, de hecho, creo que a los países de ingreso medio que les va mejor en términos de servicios sociales, como Uruguay o Costa Rica, son los que han encontrado ese balance socialdemócrata entre Estado y mercado. Pero mi punto es que incluso si quieren mantener postulados duros harán bien en reconocer los límites que en- frentarán y los problemas con sus recetas de desarrollo. Si no, incluso si logran consolidar su poder, quedarán muy lejos del buen gobierno que pretenden realizar. Esos radicalismos parecen no conocer los dilemas del gobierno. Algunos dicen que la izquierda debe moderarse para poder llegar al gobierno. No creo eso sea así en el Perú, donde la grandilocuencia paga y la política está muy fragmentada, lo que permite que alguien con poco más de 20% llegue a segunda vuelta. Pero sí creo que solo en el gobierno algunos moderarán sus miradas dogmáticas sobre el poder y la naturaleza de las barreras para el cambio.  Heduardicidios: «Ni un sol menor, ni un millón menos». Caricatura de Heduardo publicada en El Comercio, el 24 de setiembre de 2016. Esos son los tres actores insuficientes que no problematizan lo suficiente los retos y los límites de las herramientas con las que contamos para el desarrollo. Seguro mientras leían le han puesto rostro en alguno de los partidos en campaña. Y los que no entran en la tipología seguro también compartirán algunos de los pro- blemas señalados. O peor, no dirán nada sobre el desarrollo y qué hacer de ganar el poder. No solo enfrentamos un reto enorme si queremos hacer reformas y más con los débiles actores políticos que tendrían que empujarlas. También hay visio- nes asentadas que hacen más difícil avanzar en el cambio. Antes de concluir toca discutir un aspecto adicional sobre la dificultad de hacer reformas: la forma en que se resiste al cambio. 12 Antonio Zapata, 2016, por ejemplo, ya ha hecho un muy informado y sugerente estudio sobre las derechas en el Perú, y ha resaltado la diferencia entre derechas populares y libertarias, que también recojo. También Vergara y Encinas, 2019, y Meléndez, 2019, han escrito sobre las derechas peruanas tras la caída del fujimo- rismo. Sobre la izquierda y sus vertientes radicales hay buenos textos de Iván pudren la madera sana cuando comienza a curarse. La corrupción se defiende y al hacerlo destruye procesos embrionarios de fortalecimiento estatal. Veamos en detalle dos de esos procesos que buscaron atacar la corrupción. Da vergilenza, Una vergúenza grande, dolorosa, desesperanzadora, para quienes crecimos en la década de 1990. El principal mandato de los políticos en la tran- sición del año 2000, eso en que todos decían estar de acuerdo, era enfrentar la co- rrupción. Los procesos contra quienes aprovecharon su poder para enriquecerse durante el gobierno de Alberto Fujimori debían representar un punto de quiebre en la historia. Era el momento para la construcción de una institucionalidad capaz de enfrentar efectivamente este flagelo hacia el futuro. De hecho, Valentín Paniagua creó una comisión especial para diagnosticar las causas de la corrupción sistémica y proponer medidas profundas contra ella. Y el informe de esa comisión, la Inicia- tiva Nacional Anticorrupción (INA), iba en línea con algunos cambios iniciales realizados en esos años para fortalecer la justicia e incrementar la transparencia en el Estado. Una mirada más cínica hubiese esperado lo que sucedió: que poco iba a cambiar, que la corrupción se acomodaría a los nuevos tiempos, de otras formas, pero logrando continuidad. Pero, tal vez, ni los cínicos esperaban que en medio de las promesas de cambio los políticos ya se estuvieran organizando para robar. Hoy sabemos, gracias a las investigaciones y delaciones en el caso Lava Jato, que bastaron apenas pocos meses para que las élites políticas, en contubernio con actores económicos, se aprovecharan de sus cargos. El primer presidente después de la transición, Alejandro Toledo, está siendo juzgado por el pago de coimas en proyectos de infraestructura. Y esto continuó en los siguientes gobiernos. El go- bierno aprista, a pesar de las declaraciones de Alan García sobre su responsa- bilidad histórica de limpiarse de la sombra corrupta de su primer gobierno (1980-1985), también se llenó de denuncias de corrupción. Ollanta Humala, quien venía desde la izquierda para barrer a la clase política corrupta, también tuvo escándalos. Finalmente, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski mostró el costo para el país y el descaro de negar los grandes conflictos de interés que se darían si servidores públicos transitaban de ida y vuelta hacia el mundo privado. Se dice que las reformas pueden darse cuando hay un shock nacional, un gran trauma que permite a las élites y a los ciudadanos comprender la magnitud de un problema. Aquí, a los políticos que reemplazaron a los corruptos se les olvidó el problema en unos meses. Tal vez por eso la rabia que produjo el caso Lava Jato en la ciudadanía al ver lo rápido y la manera tan escandalosa con que los políticos vol- vieron a robar. La sensación compartida es que el principal mandato de la tran- sición fue traicionado por élites que cambiaron las formas de la corrupción, pero no la prevalencia de la alta corrupción. Es interesante ver estas continuidades en la alta corrupción para comprender cómo se moldea el fenómeno. Algunos políticos retornaban al Estado después de haber dejado el poder desde la década de 1980, cuando la corrupción tuvo un ros- tro más centrado en permisos y repartijas, en un Estado con características des- arrollistas y con partidos más fuertes que demandaban clientelismo. En la década de 1990, el robo, estructurado desde el poder oculto y el control político, tuvo personajes que accedían a salarios paralelos, grandes obras y adquisiciones esta- tales. A partir del año 2000, en tiempo de grandes presupuestos por el alto creci- miento económico, el robo se centró en la obra pública y las compras estatales. Esta vez eran políticos sin partidos y con un Estado más acotado en sus funciones. Los gobiernos regionales y locales también se llenaron en estos años de escándalos de todo calibre, con algunos gobernadores regionales que parecían los villanos de un mal western. Si bien, como vemos, los tipos de corrupción se rela- cionan con el tipo de régimen político y el modelo económico existente, también hay enormes continuidades: obras, compras, licitaciones, contrataciones; cambio y continuidad de la miasma. Quien dude de la magnitud y profundidad del fenómeno, de la sospecha de Mon- talbetti, puede apreciar, tanto con los videos de la caída del Fujimorismo como con los recientes audios y delaciones de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto, un mundo oculto de corruptelas. Un mundo distinto al mundo público de políticos y funcionarios que nos hablan de probidad y razones supuestamente téc- nicas para justificar sus acciones. Gracias a estos videos, audios y delaciones conocimos de actos corruptos que nos mostraron lo normal y generalizado de estas conductas y en qué medida determinan el mundo público. El mundo político «real» era un mundo de opereta, seguía un guion determinado por esos intereses corruptos. En su momento, con los vladivideos conocimos lo que realmente motivaba a una serie de actores políticos que parecían fanáticos al defender al régimen. En público defendían al gobierno sobre la base de supuestos principios, pero por lo bajo cobraban por esos «principios» o recibían otros beneficios como nombramientos o ascensos. Las delaciones e investigaciones del caso Lava Jato también mostraron este mundo de coimas y componendas que determina las decisiones sobre cons- trucción de infraestructura en el país. Presentados como decisiones de Estado, va- rios proyectos fueron facilitados por una alta suma de dinero. A ello se sumó un escándalo con cientos de audios de grabaciones telefónicas de los llamados Cue- llos Blancos del Puerto, grupo de jueces y fiscales cuyo poder se concentraba en el puerto del Callao, de allí el nombre, pero que llegaba a la Corte Suprema, otras cor- tes y fiscalías, y al Consejo Nacional de la Magistratura. Los Cuellos Blancos usa- ban su poder para arreglar procesos, infiltrar la judicatura y promover los intereses de sus aliados. El Consejo, el órgano que en teoría debía despolitizar la elección de jueces en el Perú y seguir criterios técnicos para sus ascensos, se convirtió en un espacio de reproducción de la corrupción. Esta organización no tenía relación con la corrupción original del caso Lava Jato, pero se conectaban, pues actores polí- ticos pretendieron usarlos para detener las investigaciones en curso. De no haber sido detenidos, quién sabe hasta dónde habrían llegado. Y quiero resaltar que no era ya un poder tan oculto; quienes trabajaban en esos espacios conocían bien a quienes determinaban ascensos, nombramientos, resoluciones y contrataciones. No eran ni siquiera discretos. Como decía, en el mundo visible de opereta se dan justificaciones altruistas o téc- nicas para realizar ciertas acciones. Pero los videos, audios y delaciones nos per- miten reconstruir los hechos y descubrir en qué increíble medida esos actos tenían por objetivo promover o proteger la corrupción. Un informe técnico para aprobar una carretera era en realidad un papel comprado que exageraba las virtudes de la misma. La rotación de un juez o fiscal por razones de carga procesal era, en rea- lidad, un castigo para sacarse de encima a un personaje independiente. El mundo perverso determina lo que sucede en nuestra realidad formal. Esa constatación nos deja el mundo corrupto al que nos dieron acceso videos y audios. Pero vamos al punto principal. Estos casos fueron descubiertos por, o dieron lugar a, esfuerzos anticorrupción. Es en el desarrollo de estos esfuerzos que se puede apreciar con claridad las diversas maneras en que políticos o incluso los propios miembros de las instituciones judiciales se oponen al avance de las investi- gaciones y al fortalecimiento de áreas estatales. Esto, por supuesto, no es nuevo. El libro de Alfonso Quiroz está lleno de estos ejemplos en nuestra historia, de allí la conclusión recogida en el epígrafe. De hecho, la corrupción y sus sicarios termi- naron debilitando los desarrollos institucionales del año 2000 y hoy la moneda está en el aire sobre su impacto sobre los casos en curso en el Ministerio Público y instituciones. Mi punto aquí no es realzar a los fiscales, sino mostrar que procesos que pueden dar lugar a órganos judiciales más profesionales y efectivos son ata- cados rápidamente por los que se ven afectados, y que estos últimos usarán diver- sas armas para lograr sus objetivos. La capacidad estatal embrionaria produce resistencia masiva. Y es que en la categoría de «posibles afectados por los procesos» entra mucha gente. Es, en realidad, impresionante como evidencia de lo podrido del barril. Cuando se abre la caja de los favores judiciales, sea para resolver procesos en curso, buscar nombramientos o lograr exculpaciones, los casos tocan a más y más personas. Amistades con políticos, periodistas con auspicios, empresarios, abo- gados. Aparecen jueces y fiscales supremos en conversaciones sospechosas. Se conocen contactos con el narcotráfico y se abre toda una dimensión mucho más grande de alianzas delictivas. A esto me refería al inicio, al señalar que es muy difí- cil encausar reformas solo con actores internos a las instituciones: demasiados puntos de contacto a través de sus carreras con los corruptos. Y todos estos acto- res estarán conspirando para detener las investigaciones. Cada paso que se avanza es un riesgo para los corruptos y sus satélites. La corrupción descubierta en el año 2000 y estos casos recientes nos muestran claramente la dinámica señalada: un Estado débil no solo es vulnerable ante la co- rrupción, también la corrupción termina debilitando el esfuerzo de hacer más efec- tivo al Estado. Cuando se intenta controlar el fenómeno, el fenómeno te muerde, te rodea, te asfixia. Estas dinámicas son comunes, las investigaciones sobre corrup- ción muestran estos patrones de ataque a los procesos de reforma hasta «normalizarlas», Y no solo se da esta dinámica en instituciones judiciales, es común en otros espa- cios del Estado. Veamos un ejemplo similar en un área distinta entre muchos posi- bles. A raíz de un escándalo de corrupción de 2016, causado por un asesor presi- dencial que utilizó el Seguro Integral de Salud (SIS), dirigido a los más pobres, en beneficio de empresas privadas, se habría realizado una auditoría al sistema. Los resultados fueron terribles, pues mostraron que los gastos eran enormes y con cla- ros indicios de corrupción. El nuevo jefe del SIS, nombrado con el mandato de solucionar el problema, inició una reforma amplia del sistema. Al hacerlo chocó con una serie de intereses de privados y de servidores públicos beneficiados por el statu quo: doctores del sistema público, actores privados que brindaban servicios sobrevalorados, mañas que usaban a los beneficiarios para lucrar. El resultado de este choque fue el esperado desde una perspectiva que resalta la enorme resiliencia de la corrupción: una serie de congresistas que hablaron en nombre de estos actores y otros afectados por las reformas en curso pidieron la cabeza del nuevo director. Y el gobierno la concedió“. Y, así, podemos seguir por varias páginas con otros casos en que buenos funcio- narios son retirados de sus cargos cuando chocan con intereses poderosos. Difícil construir reguladoras fuertes si actores influyentes usan su poder para entorpecer su trabajo y desbaratar su autonomía. Nos pasó también en estos años. Difícil regular la explotación de madera ¡legal si cuando la burocracia se pone firme se la saltan. También nos pasó. Quienes investigaron mañas enormes en registros públicos, mañas que, cual proceso de Kafka, le quitaban la casa a ciudadanos a vista de todo el mundo, recibieron ataques infames desde las áreas corruptas en publicaciones de sicariato mediático. Imposible regular el daño ambiental si se maniobra para reducir las capacidades de fiscalización del órgano a cargo de la vigilancia. También eso pasó”, Estamos frente a patrones, no excepciones. Es el mecanismo por el que el barril re- siste, Un constante desbaratamiento de esfuerzos de construir mayor capacidad estatal. Parafraseando a Jonathan Swift, el signo ineludible de que una oficina honesta y con dientes ha aparecido en el Estado es que los corruptos se unen y conspiran contra ella, Y con frecuencia destruyen a los que se comprometen con el cambio. Todo ello nos muestra la magnitud del reto de un esfuerzo reformista; la enorme dificultad de reformar el barril. Conclusión Coaliciones de reforma y demanda ciudadana Mientras llego a esta conclusión el país cae al sótano del sótano. Un Congreso irresponsable vacó al presidente Martín Vizcarra en medio de una pandemia que ha destruido la economía y que tiene la moral nacional por los suelos. Nombró en el cargo a quien será recordado como uno de nuestros políticos más mediocres y dañinos, felizmente reemplazado gracias a una masiva protesta por un nuevo go- bierno que intenta llegar a las elecciones del próximo año. Como les decía, cuando comencé a escribir el ensayo mi preocupación era motivar una discusión para un país que llegaba a su bicentenario sin ideas, con políticos débiles y sin plantea- mientos concretos de un horizonte de reforma, más bien con líderes insuficientes como los descritos en el segundo capítulo. Veía cómo Vizcarra ganaba popula- ridad, pero era incapaz de usarla para empujar reformas como las que se han discutido aquí. Escribía entonces con la urgencia de, cuando menos, alertar sobre lo difícil que es reformar en el país y a la vez la urgencia de hacerlo. Hoy la situa- ción es peor con la pandemia y el desprestigio de Vizcarra, atrapado en sus propios escándalos de corrupción, hemos caído varios peldaños de nuestro punto de inicio, y por ello esta discusión es más necesaria. En vez de apreciar esa urgencia, lo que observamos en el Congreso son políticos que en su mayoría no hablan de reformas para responder a las debilidades que nos deja la crisis, sino de distribuir dinero. En campaña la cosa no va mucho mejor. Pareciera que la preocupación de algunos candidatos es no perder su oportunidad de llegar al poder, por ello el silencio y la ausencia de debate sobre temas difíciles y poco electoreros. Y harían bien en considerar lo que les espera de ganar por su debilidad política. La dimensión política de un proyecto de reforma es funda- mental; sin el liderazgo de un grupo político en el Ejecutivo y en el Congreso no habrá avances por más técnicos que se tengan (y tampoco es que sobren). Refor- mar pasa por llegar al poder, sin duda. Y hoy todos parecen estar centrados en ello, El problema es que las reglas informales de la política peruana hacen que sea altamente probable que quien llegue al poder, aun teniendo buenas intenciones, no tenga capacidad para reformar nada. ¿Por qué? En el Perú es relativamente fácil, en términos comparados, ganar la presidencia. La debilidad partidaria favorece la fragmentación y reduce los votos necesarios para llegar a una segunda vuelta. Hoy ganar significa conseguir un de 20% a 24% de puede terminar condenando la reforma. La prensa televisiva merece un párrafo aparte al discutir esta debilidad de los go- biernos y la ausencia de dernanda ciudadana por cambios. Una prensa que no reconoció el reto y la responsabilidad que tenía después de una década infame en la que se le compró para despolitizarla y usarla como arma contra la oposición, pero que, en general, se ha despolitizado voluntariamente en estos años. Una prensa que toca más escándalos políticos y noticias policiales, pero sin espacios largos para debatir, presentar políticas, explicarlas. Esa prensa no contri- buye con la construcción de una demanda ciudadana por mejoras. Se critica, se piden cam- bios, hay indig-nación ante el nivel de los políticos, pero no se estructuran estos pedidos ni se ofrece el espacio necesario para discutir políticas. Hasta en la dé- cada de 1990 había programas de conversación política, hoy los espacios son limi- tados, básicamente dominicales. Las excepciones están casi todas en el cable, que llega a muchos menos ciudadanos. Sin medios que debatan sobre política es más difícil construir demanda para reformas entre la ciudadanía que apoye la conti- nuidad de aquellas que inicie el gobierno. Esta conclusión sobre lo que nos puede dejar la próxima elección y lo que se nos viene estos cinco años parecerá una nueva razón para el pesimismo en un ensayo en que los he machacado con malas noticias: dificultad del cambio, insuficiencia de los actores, resistencia del statu quo y, ahora, reglas informales que facilitan el triunfo de gobiernos débiles que difícilmente podrán articular un esfuerzo refor- mista. Pero no es mi intención. Este texto ha sido pensado para informar sobre la dificultad de las reformas como una forma de motivar la acción informada y crítica. En este caso, mostrar a los políticos interesados en reformar que deben buscar otra manera de llegar al poder y de relacionarse con la población. Y si llegan esta vez, pensar mejor cómo ejercerlo y fortalecer alianzas amplias para no fracasar. También, espero que sirva para construir un poco de demanda ciudadana por los cambios. Una demanda realista, que no se deje embaucar con promesas fáciles y vigile los avances. Sin esta mirada crítica desde la ciudadanía todo cambio será más vulnerable. Si se toma en serio lo escrito, y se coincide con su diagnóstico, debería ser claro por qué hay que romper estas dinámicas individualistas de los candidatos. Estas reglas informales que hacen de la política en el Perú un asunto de supervivencia y de corto plazo*?, Si no se hace, no habrá reformas o incluso se puede involucionar hacia algo peor. La posibilidad del fracaso debería ser un incentivo para intentar romper estas dinámicas por parte de quienes quieran llegar al poder para hacer un cambio. Si las condiciones para gobernar son tan difíciles, tal vez deberían ver todo el proceso al revés. Más que ganar hay que pensar en construir coaliciones, conseguir el apoyo de actores políticos y técnicos clave para lanzar candidaturas solventes. Hay que tener músculo político, capacidad técnica para implementar políticas y responder críticas de quienes tienen posiciones diferentes, desde antes de llegar al gobierno. Implica construir consensos mínimos y apoyos sociales que den continuidad al esfuerzo. Y, en torno a ello, construir alianzas. Alianzas en las que algunos que se creen presidenciables se subordinen a quienes puedan tener mejores posibilidades. Una unión que lleve a que se sumen técnicos prestigiosos, no los que andan buscando partido en forma desesperada y que luego traerán escándalos de corrupción. Poner los bueyes delante de la carreta: ideas, programa, consensos, convocatoria. Armar un proyecto y convocar a quienes puedan pelear elecciones congresales bajo esas ideas. Creo que ya estamos tarde para lograr algo así este año, con candidaturas que parecen débiles en estos aspectos, además de los problemas ya mencionados en el segundo capítulo. Eso no se logra en tiempo electoral sino antes. Ahora solo queda esperar que quienes son sensatos y están en campaña puedan llegar a ciertos acuerdos de mutua responsabilidad entre sus bancadas en el Congreso. Y de ganar, saber convocar, reconociendo el enorme antivoto que cargarán. Sin dejar de ser rivales y fiscalizadores, ojalá eviten sumarse a la gritería de la derecha dura si gana la izquierda y no sean maximalistas zurdos sin propuestas, en caso gane el centro o la derecha. Pero, para ello, quien gane también tiene que tener gestos importantes, ser humilde y reconocer la magnitud de lo que deberá enfrentar. Sin esas coaliciones el camino es o más confrontación o gobiernos mediocres, Por otro lado, considero que sí hay una ruta reformista para quien quiera tomarla, que puede ser más atractiva y segura que gobernar en esta mediocre continuidad. Si los gobernantes no logran vender ciertos horizontes de reforma y cambio, probablemente su destino sea la pobre aprobación de los últimos años. Y la des- aparición de sus partidos, agolpados al lado de otros muertos o casi muertos, como Perú Posible, el APRA, el Partido Nacionalista o Peruanos por el Kambio (PK). Una ruta reformista, por convicción o necesidad, puede resaltar que hay cambios profundos que son urgentes y, al mostrar la voluntad de realizarlos, cons- truir apoyo ciudadano. Dado el estado actual de la política en el Perú, estoy con- vencido de que apostar por iniciar cambios ambiciosos y armar coaliciones de reforma paga. Hacer política con la convicción de que esta comunidad no se arregla con el individualismo teórico del libertarismo criollo ni con el mesianismo de muchos otros líderes personalistas. Se comienza a arreglar construyendo cierto futuro compartido, promoviendo formas de solidaridad básica que aglutinen una comu- nidad que sostenga las reformas en el tiempo y que lleve a un equipo de gobierno que refleje y atienda esas urgencias. Un gobierno de este tipo tiene que ser astuto para lidiar con rivales que jugarán sucio. Debe buscar representar a quienes hoy no creen en la política. Debe ser capaz de construir una bancada parlamentaria que aleje al gobierno de la vacancia. Tiene que aproximarse y dar confianza a sus riva- les de buena fe que tienen algo que ofrecer, aun si tienen ideas distintas. El refor- mismo requiere mucho talento político; un talento hoy escaso. Pero quizás por eso más fácil de resaltar ante la abundante mediocridad e intereses subalternos que lle- nan la política. Nada garantiza, por supuesto, que todos los que construyan coaliciones serán reformadores. Podemos imaginar coaliciones fortalecidas, articuladas, pero sin interés en, o capacidad de, reformar, sea por anteojeras ideológicas, ambición o arrogancia. Pero lograr una buena coalición es el primer paso para tener cierta es- tabilidad y poder gobernar con una mirada de mediano plazo. Si se quieren hacer reformas es imprescindible. En paralelo, es preciso establecer de a pocos una base social que vea en los cambios una mejora que vale la pena defender. Politizar, en el buen sentido de la palabra, a una sociedad muy despolitizada. Vuelvo al inicio: construir esta demanda desde la ciudadanía es clave para reducir la discrecionalidad, el abuso y la corrupción de quienes nos gobiernan. Este en- sayo ha sido un esfuerzo por construir esa mayor conciencia sobre la necesidad y urgencia de cambio. Disculparán el pesimismo, pero el propósito no ha sido des- animarlos, sino todo lo contrario: brindar algunas armas para pelear la batalla por un mejor país.