Estandares Historia de España, Apuntes de Historia de España

¡Descarga Estandares Historia de España y más Apuntes en PDF de Historia de España solo en Docsity! 1 BLOQUES 9 Y 10 (20%) ESTÁNDARES RELACIONADOS CON EL BLOQUE 9 DEFINE EN QUÉ CONSISTIÓ EL “REVISIONISMO POLÍTICO” INCIAL DEL REINADO DE ALFONSO XIII Y LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS. La primera etapa del reinado de Alfonso XIII estuvo marcada por el espíritu regeneracionista y de cambio que, tanto dentro como fuera del sistema, se había extendido por España tras 1a crisis del 98. A esta nueva línea de actuación seguida desde el poder se la denominó revisionismo, ya que los gobiernos, tanto liberales como conservadores, se propusieron realizar una completa «revisión» del sis- tema político, modificando lo necesario para corregir sus defectos y adaptarlo para dar respuesta a alguna de nuevas las demandas de la sociedad española. El revisionismo conservador: la “renovación desde arriba” de Antonio Maura Dentro de este contexto el primer programa amplio de reformas lo impulsó Maura, nuevo líder del Partido Conservador, durante el llamado «gobierno largo» (1907-1909), considerado como tal si se tiene en cuenta que entre 1902 y 1907 fue el mas largo de los trece gobiernos que se habían sucedido hasta entonces. La intención de Maura era hacer la «revolución desde arriba» para evitar la revolución desde abajo; es decir, reformar lo estrictamente necesario, sin alterar las bases fundamentales del sistema, siendo estas sus principales actuaciones: - Medidas de carácter social y laboral: la conjunción del espíritu de cambio regeneracionista con la presión cada vez mas fuerte de las organizaciones obreras se había traducido, tras la creación de la Comisión de Reformas Sociales (1883) y desde los inicios del siglo, en una tímida y lenta reforma de la legislación laboral, obra en su mayor parte de gobiernos conservadores, como: la Ley de Accidentes de Trabajo (1900), la Ley sobre Condiciones de Trabajo de Mujeres y Niños (1900), o la Ley de Descanso Dominical (1904). También durante el «gobierno largo», en 1908, se creó el Instituto Nacional de Previsión, embrión de un futuro, sistema de Seguridad Social. Su cometido era promover y facilitar los seguros sociales colectivos; con el objetivo prioritario de resolver la lamentable situación de los trabajadores que, obli- gados por la vejez, tenían que dejar de trabajar y carecían de medios de subsistencia. En lo sucesivo, mediante el seguro conocido como «retiro obrero», el trabajador, a cambio de una cotización durante su vida laboral activa, podía jubilarse con derecho a una pequeña pensión. No obstante, su verdadera eficacia no se alcanzo hasta 1919, cuando este seguro de vejez se hizo obligatorio y a las cuotas de los obreros se añadieron las de sus patronos más un suplemento estatal. También en 1909, tras una larga tramitación de ocho años, se promulgó la Ley de Huelga, que pretendía regular el ejercicio de este derecho para reducir los perjuicios que de él podían derivarse: se fijaba la antelación con la que se debían anunciar las huelgas a la autoridad, se garantizaba la libertad de elección de los trabajadores para seguirlas o acudir al trabajo y se establecían sanciones para quienes no respetasen el procedimiento establecido. No obstante, era una ley mas orientada a controlar las huelgas que a garantizar el derecho a ejercerlas, razón por la cual su incumplimiento fue frecuente. - La Ley de Reforma Electoral (1907). Aparte de la legislación laboral, la medida que quizá mejor ilustra el espíritu y la realidad de esa «revolución desde arriba» conservadora fue la Ley de Reforma 2 Electoral de 1907. Su intención declarada, dentro de los propósitos regeneracionistas del momento, era eliminar el fraude y garantizar la limpieza de las elecciones. La realidad era muy distinta. Se introdujo el voto obligatorio, cuyo verdadero propósito era movilizar a los indiferentes y potenciales votantes moderados, y poder así contrarrestar el voto de republicanos y socialistas. Sin embargo, la novedad de mayor trascendencia fue la introducida en el artículo 29, según el cual en aquellas circunscripciones donde el número de candidatos fuese igual al número de escaños en disputa, estos se adjudicarían directamente sin proceso electoral. De este modo, en las circunscripciones pequeñas (las mas fáciles de controlar) ya no sería necesario recurrir a prácticas fraudulentas en el día de las elecciones, bastaría con asegurarse de que sólo se presentasen los candidatos que “debían salir”. El revisionismo liberal: la “regeneración democrática de Canalejas” (1910-12) Tras la caída de Maura, comenzó una nueva etapa de gobiernos del Partido Liberal. El primero de ellos, de algo más de tres meses, estuvo presidido por Moret, que había encabezado el enfrentamiento contra Maura. Pero desde 1910 la presidencia del gobierno la asumió Canalejas, hasta su asesinato en 1912. Canalejas, como nuevo líder del Partido Liberal, pretendió emprender una política de regeneración democrática equivalente desde las filas liberales, a la «revolución desde arriba» postulada por el conservador Maura. Las reformas propuestas abarcaban un amplio abanico de cuestiones, desde los intentos de revisar las relaciones Iglesia - Estado y limitar el numero de órdenes religiosas (reducidos a una inoperante «ley del candado»), hasta ciertas concesiones al regionalismo mediante una ley de mancomunidades, pasando por nuevas medidas de contenido social y una modificación del servicio militar. - Las medidas de contenido social: Durante los gobiernos de Canalejas el movimiento obrero desarrolló una gran actividad (la anarquista CNT se fundó en 1910) y se produjo un recrudecimiento de la agitación social y laboral. En este ámbito la política de Canalejas fue ambivalente: por un lado, respondió con contundencia a las alteraciones del orden público; y por otro, buscó el apoyo popular mediante algunas medidas de contenido social, como el establecimiento de la jornada laboral de nueve horas en las minas o la regulación del trabajo de las mujeres. Otra medida de gran trascendencia fue la supresión del impuesto de consumos, impopular tributo sobre determinados artículos, algunos de primera necesidad, que suponía una carga añadida a la precaria situación económica de las clases trabajadoras. - El servicio militar obligatorio: Sí la medida más ilustrativa de la revolución conservadora de Maura fue la Ley de Reforma Electoral, la que mejor refleja el carácter de la revolución liberal de Canalejas fue la Ley de Reclutamiento (1912) que establecía el servicio militar obligatorio y acababa parcialmente con la practica clasista de la cuota (pago de una elevada cantidad dinero para quedar exento del servicio militar). Si bien la cuota no desapareció, en lo sucesivo solo serviría para reducir el periodo del servicio militar a cinco o diez meses, según la cuantía de la cuota pagada, en vez de los tres años que debían cumplir quienes no la pagaban. Sin embargo, en caso de guerra la incorporación a filas era obligatoria para todos. Por tanto, el revisionismo de los liberales tenía una proyección más social y popular que el de los conservadores, pero sin llegar tampoco demasiado lejos. El asesinato de Canalejas en 1912 en la Puerta del Sol de Madrid, a manos de un anarquista, interrumpió el proceso de reformas en curso y marcó el final de los intentos de regeneración interna del sistema 5 todos ellos de tradicionalmente productores y exportadores, en países importadores. Por este motivo,la neutralidad le supuso a España un crecimiento espectacular en la demanda exterior de sus productos, pero el aumento de las exportaciones provocó un proceso inflacionista e incluso la escasez de algunos productos en el interior, muchos de ellos básicos, con graves efectos sociales. Sin embargo, estos grandes beneficios de las empresas no tradujeron en aumentos salariales equivalentes. De hecho el fuerte crecimiento de la economía nacional solo se vio reflejado en un espectacular enriquecimiento empresarial, que por el contrario fue acompañado de un empobrecimiento general de los trabajadores, cuyos salarios perdieron gran parte de su poder adquisitivo debido a la subida de los precios, en particular los de artículos de primera necesidad. Este contrasentido resultaba especialmente difícil de aceptar para las clases trabajadores, y más aun, cuando se producía en un momento de euforia de la economía española . La agitación social y los efectos de la Revolución Rusa Durante la Primera Guerra Mundial, la necesidad de satisfacer la demanda exterior exigía mantener una producción ininterrumpida evitando las huelgas, situación que predispuso a los patronos más hacia la negociación con los obreros que hacia el enfrentamiento. Pero la crisis económica de la posguerra invirtió la situación, lo que produjo un crecimiento espectacular de la afiliación a los sindicatos pasando los patronos de la negociación al enfrentamiento, contra lo que consideraban una dictadura sindical. Por otra parte, el triunfo en 1917 de la Revolución bolchevique en Rusia insufló un notable entusiasmo en las organizaciones obreras, que imaginaron inicialmente a la Unión Soviética como un paraíso para los trabajadores y hacia el que había que orientarse. En este contexto de presión de un movimiento obrero cada vez más fuerte, el gobierno se vio obligado a adoptar algunas medidas de carácter social, como por ejemplo atender a la tradicional reivindicación de la jornada de ocho horas en la industria (1919) o la creación del Ministerio de Trabajo (1920). El “trienio bolchevique” en Andalucía En Andalucía la agitación social se había mantenido a muy bajos niveles desde principios de siglo hasta 1917, en cuya huelga general apenas hubo participación del campo. Sin embargo, entre 1918 y 1920 en el denominado «trienio bolchevique», se vivió una fase de actividad revolucionaria, provocada por la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la carestía de la vida y la influencia de la Revolución Rusa. En este periodo, bajo la dirección de los dos grandes sindicatos (UGT y CNT), se sucedieron huelgas y ocupación de campos, se repartieron tierras y se tomaron ayuntamientos. Pero la declaración del estado de guerra y una dura represión pusieron fin al a revuelta social en 1920. La creciente violencia en Cataluña En Cataluña, a pesar del fracaso de la huelga general de 1917, el continuo crecimiento de la CNT y la imposición, como corriente mayoritaria la anarcosindicalista -mas violenta y partidaria de la acción directa-, frente a la corriente sindicalista, de carácter más moderado y pragmático, generó como consecuencia que las huelgas, sabotajes y atentados se sucediesen continuamente. La respuesta por parte de la patronal catalana fue muy dura: frente a la huelga obrera, el “lock-out” o cierre temporal de la empresa por decisión del dueño; y frente a la acción directa o «terrorismo rojo», el «terrorismo blanco» con la contratación de pistoleros y bandas armadas para asesinar a los dirigentes obreros y sindicales. 6 En este clima de enfrentamiento, las autoridades civiles y militares de Barcelona practicaron también un autentico terrorismo de Estado, al servicio de la patronal, con la aplicación de la conocida como «ley de fugas» que autorizaba a los cuerpos armados a disparar contra todo detenido que intentara fugarse. De este modo se asesinó a numerosos sindicalistas y activistas obreros con el pretexto legal de que habían pretendido huir tras ser detenidos. En definitiva, la violencia sufrida en Cataluña adquirió una intensidad alarmante, que parecía ir en aumento con el paso del tiempo. La Internacional Comunista y la división del socialismo El triunfo de la Revolución rusa supuso, por un lado un estímulo para el movimiento obrero, pero también una nueva división ideológica dentro de las filas del socialismo. En 1919 se fundó en Moscú la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que pretendía agrupar a todas las organizaciones obreras para extender por todo el mundo: la experiencia revolucionaria rusa. Al año siguiente, un grupo de las Juventudes Socialistas decidió transformarse en Partido Comunista de España (PCE) según las directrices de Moscú, mientras que el PSOE y la CNT optaron por enviar representantes a la Unión Soviética para informarse de lo que allí estaba ocurriendo. La Internacional Comunista imponía una estricta serie de condiciones para poder adherirse a ella, exigiendo: ser una organización disciplinada del partido, rechazo al socialismo reformista y parlamentario y la subordinación de los partidos obreros de cada país a los intereses prioritarios de la Revolución rusa, para permitir su consolidación como primera potencia dentro del proletariado. En estas condiciones la CNT optó por no adherirse. Asimismo, el PSOE, tras analizar en un congreso los informes de sus enviados -uno a favor de la adhesión y otro en contra-, también renuncio por mayoría a la adhesión, pero un grupo minoritario se escindió y fundo el Partido Comunista Obrero Español, que a su vez se unifico con el Partido Comunista de España. El carácter minoritario de esta nueva formación política en el momento de la escisión (1921), quedaba reflejado en su número de afiliados: 1.200 frente a los 58.000 del PSOE. ANALIZA LAS CAUSAS Y PRINCIPALES HECHOS Y CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN DE ESPAÑA EN MARRUECOS ENTRE 1904 Y 1927 La cuestión de Marruecos y la Semana trágica de Barcelona (1909) Perdido el imperio ultramarino y cada vez más aislada de Europa, España trató de participar en el reparto de África del que se estaban beneficiando otras grandes potencias europeas como: Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica. Por tanto, Marruecos se convirtió en el nuevo objetivo colonial de España, lo que obligaba a llegar a acuerdos con Francia, al estar en su la zona de influencia. En 1904 una Declaración franco-británica reconoció los intereses españoles en la costa mediterránea de Marruecos y un Convenio hispano-francés los ratificó y posteriormente, en la Conferencia Internacional de Algeciras (1906), celebrada para resolver los conflictos sobre Marruecos planteados entre Francia y Alemania, España obtuvo el reconocimiento definitivo de sus derechos sobre el norte del territorio. La ocupación militar de la zona asignada comenzó en febrero de 1909, durante el «gobierno largo» de Maura, firme partidario de la presencia española en Marruecos. Presencia que provocó el descontento popular a causa de los reclutamientos forzosos de tropas, para una guerra que solo interesaba a dos grupos sociales minoritarios: 7 a) Un sector del ejército, que veía en ella la oportunidad de recuperar el prestigio profesional perdido tras el desastre de 1898, además de un medio de ascenso en el escalafón y de protagonismo político. b) Los capitalistas interesados en la explotación de las minas de hierro del Rif. El 9 de julio los rifeños atacaron una línea de ferrocarril próxima a Melilla y mataron a cuatro trabajadores españoles, por lo que Maura mandó reforzar militarmente la zona y decidió enviar a un cuerpo de ejército que incluía también a muchos reservistas. La movilización de estos últimos agudizó el clima de tensión social: socialistas y anarquistas convocaron la huelga general y el gobierno respondió deteniendo a los cabecillas socialistas y prohibiendo su prensa. En este asunto debe tenerse en cuenta que, hasta el establecimiento del servicio militar obligatorio en 1912, quienes tenían dinero se podían librar de la incorporación a filas mediante el pago de una cuota demasiado elevada para las posibilidades económicas de las clases bajas. Siendo por tanto estas las que sufrían los estragos de las guerras, de ahí el antimilitarismo popular. En esta situación, en Barcelona, puerto desde donde debían embarcar las tropas, comenzaron las huelgas y las manifestaciones, que se extendieron a otras localidades catalanas. La autoridad militar proclamó el estado de guerra y se desató una oleada de violencia callejera: durante casi una semana (del 26 al 31 de julio de 1909), conocida históricamente como Semana trágica, la población reaccionó levantando barricadas en las calles e incendiando iglesias y conventos. El 31 de julio la insurrección estaba prácticamente liquidada y se emprendió una dura represión (más de mil detenciones, casi doscientas penas de destierro, más de cincuenta cadenas perpetuas y diecisiete penas de muerte, de las cuales se ejecutaron cinco, entre ellas la del libertario, anarquista y pedagogo Francisco Ferrer Guardia) Estos hechos de la Semana trágica no obedecieron a un movimiento organizado ni con un objetivo definido, sino que fue la explosión de unas masas exasperadas por sus duras condiciones de vida y por ser manejadas en beneficio de unos pocos. Si bien el desencadenante de la insurrección fue la protesta contra el reclutamiento por la guerra de Marruecos, llama la atención en cambio, que los ataques se dirigieron prioritariamente contra iglesias, conventos y símbolos religiosos, no contra los establecimientos militares o institucionales. Esto se explica, en primer lugar por el anticlericalismo de amplios sectores populares, que identificaban a la Iglesia con el poder político y económico, y en segundo lugar, por la mayor vulnerabilidad de los edificios religiosos, en comparación con los bien defendidos centros militares y edificios institucionales. Por otra parte, la experiencia de la Semana trágica hizo ver a los anarquistas la necesidad de disponer de una organización sindical propia si pretendían combatir con mayor eficacia al poder del Estado y a la patronal. Por ello en 1910 se fundó el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que, a diferencia de la socialista Unión General de Trabajadores (UGT), propugnaba un sindicalismo apolítico, partidario de la acción directa y la huelga general como principales instrumentos de lucha. La caída de Maura y la ruptura del pacto de turno tras la “semana trágica” de 1909 en Barcelona Uno de los cinco ejecutados tras los acontecimientos de la Semana trágica fue Francisco Ferrer Guardia, anarquista y fundador de la Escuela Moderna, tras un proceso judicial plagado de irregularidades y de falsas acusaciones sin pruebas. Condena y ejecución que levantó una ola de protesta internacional y la unión del Partido Liberal con republicanos y socialistas, en una campaña de desprestigio contra el gobierno de Maura, para provocar su caída. Finalmente Maura presentó su dimisión, convencido de que sería rechazada, pero el rey la acepto y mandó formar nuevo gobierno al Partido Liberal. Pero más importante que la caída del gobierno de Maura, fue la ruptura del pacto de turno pacifico en 10 Al mismo tiempo y en previsión de que el gobierno no atendiera esta petición, se invitaba a todos los parlamentarios españoles a una nueva reunión, también en Barcelona, para unos días después (e119 de julio). En esta segunda convocatoria, conocida como Asamblea de Parlamentarios, se ratificaron los acuerdos de la reunión anterior en una proposición firmada por catalanistas, republicanos y socialistas. Sin embargo, en este caso, el gobierno se limitó a declarar inconstitucionales a la Asamblea y a sus pretensiones y el movimiento se fue disolviendo en los meses siguientes, debido a tres circunstancias: a) La falta de apoyo de las Juntas Militares de Defensa, que se negaron a colaborar con catalanistas, republicanos y socialistas, con los que el ejército simpatizaba poco. b) Las divergencias entre los propios asambleístas. Los catalanistas aspiraban principalmente a la autonomía y su carácter conservador no era incompatible con la monarquía de Alfonso XIII, pero si con cualquier pretensión de revolución social. En cambio, los republicanos y los socialistas aspiraban a transformaciones de mayor calado social. c) La retirada de los catalanistas de Cambó, que aceptaron ocupar dos carteras ministeriales en el nuevo gobierno de coalición constituido el 1 de noviembre. A partir de entonces, la Asamblea, que bajo el liderazgo de la Lliga había mantenido un carácter moderado, quedo reducida a la expresión del radicalismo republicano y socialista, lo que supuso su extinción. El estallido de la huelga general En los primeros meses de 1917 el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y el anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) habían mantenido contactos para preparar una huelga general contra el régimen político y contra el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. La huelga general se tuvo que convocar para el 13 de agosto -antes de lo previsto y sin estar suficientemente preparada-, ya que una huelga de ferroviarios de Valencia precipitó los acontecimientos. El seguimiento fue total en Madrid, Barcelona, Asturias, Vizcaya, Zaragoza y otras provincias; en cambio, en Andalucía se limito a los trabajadores urbanos, pues los campesinos no la secundaron. La respuesta del gobierno fue muy enérgica: se detuvo al comité de huelga y se sacó las tropas a la calle. A finales de agosto la huelga estaba acabada, con un saldo de más de setenta muertos y en torno a dos mil detenidos. Los miembros del comité de huelga fueron sometidos a consejo de guerra y varios resultaron condenados a cadena perpetua. El último intento de salvar el sistema: los gobiernos de concentración (1917-18) El gobierno del conservador Eduardo Dato había conseguido desmantelar los diferentes movimientos del verano de 1917, y aunque el régimen seguía vivo no había salido ileso. El último experimento político impulsado por Alfonso XIII a finales de 1917 fue la formación de dos gobiernos de concentración consecutivos; es decir, gobiernos' presididos por un miembro de los partidos del sistema -Liberal, en el primer gobierno; Conservador, en el segundo-, pero también con ministros de las otras tendencias políticas, excepto republicanos y socialistas. Sin embargo, esta solución tampoco funcionó y al cabo de un año se retorno a la vieja práctica del turno. 11 DESCRIBE LA EVOLUCIÓN DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA DESDE EL DIRECTORIO MILITAR AL CIVIL Y SU FINAL El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, mandó ocupar los servicios telefónicos de Barcelona y leyó un comunicado ante los periodistas, dando un golpe de Estado. Dos días después, Alfonso XIII, que estaba de vacaciones en San Sebastián, regresó a Madrid. EI gobierno le propuso destituir a los sublevados, pero el rey pidió tiempo para pensarlo. Finalmente mandó formar gobierno a Primo de Rivera, que decidió convertirse en dictador militar único, equivalente a presidente de gobierno y ministro universal, aunque contaría con la asistencia de un directorio militar integrado por generales. Se ha planteado por parte de los historiadores, cuál fue el grado de complicidad del rey en el golpe militar. Aunque no se conocen pruebas de una implicación directa, sorprende al menos su pasividad inicial y su escaso apoyo al gobierno legitimo. De cualquier forma, se trataría de un caso más de la propensi6n de Alfonso XIII a inclinarse a favor de los militares en su enfrentamiento con el poder civil. La dictadura fue la solución autoritaria a una situación ya insostenible, cuyas principales causas eran dos: a) La crisis del sistema político, incapaz de renovarse desde dentro y cada vez más minado por la agitación social, en especial desde 1917. b) El fracaso de la política en Marruecos, que había llegado a su punto más critico con el desastre de Annual de 1921. Pero si triunfó el golpe de Primo de Rivera fue porque desde el comienzo contó con importantes apoyos, como: a) Alfonso XIII, que veía amenazada la propia monarquía. b) Un amplio sector del ejército, partidario del restablecimiento del orden, cada vez más alterado por la creciente conflictividad social. c) El empresariado catalán, que aspiraba a restaurar el orden publico y acabar con la amenaza anarquista. También fue importante la pasividad de socialistas y anarquistas, indiferentes ante la caída del viejo régimen. Solo los minoritarios comunistas, fuertes en Bilbao, se opusieron abiertamente. El directorio militar (1923-25): los éxitos iniciales Aunque la dictadura coincidió en el tiempo con el fascismo italiano, la figura del dictador español sin embargo apenas guarda similitud alguna con la de Mussolini: Primo de Rivera no encabezaba ningún partido político, carecía de carisma popular y su régimen no se basaba en ninguna ideología; si acaso, se servía de un vago discurso regeneracionista, que justificaba la dictadura como medida excepcional, pero necesaria, para acabar con el caciquismo y los males del viejo régimen. La dictadura suspendió la Constitución -no la derogó- y fue por tanto, una solución transitoria al desmoronamiento del sistema político de la Restauración. Sus objetivos se resumían en un lema simple: «menos política y mas administración». Y la actuación gubernamental fue más resultado de la improvisación que de la puesta en práctica de un verdadero programa político. No obstante, si la dictadura duró algo más de seis años, fue debido en gran medida a sus éxitos iniciales, principalmente el restablecimiento del orden público y la resolución del problema de Marruecos, sin subestimar tampoco la favorable coyuntura económica internacional de la que España se benefició indirectamente. 12 El restablecimiento del orden público La crítica situación de conflictividad social que se vivía en el país, sobre todo en Barcelona, justificó la implantación del estado de guerra durante casi dos años. La política de represión se concretó en la limitación de las libertades públicas, la constante prohibición de reuniones y asociaciones, la censura a la prensa, etc. Pero la medida más contundente fue la persecución a los anarquistas, cuyos locales y órganos de prensa fueron clausurados en 1924 tras el asesinato del verdugo de Barcelona en un atentado. Los anarquistas -no por ley, pero si en la práctica- fueron condenados a la clandestinidad y su organización quedó desarticulada. El directorio civil y el final de la dictadura (1925-30) Una vez resueltos los dos grandes problemas que podían justificar la situación excepcional de la dictadura ante la opinión pública -la conflictividad social y la situación en Marruecos-, Primo de Rivera tuvo la oportunidad de retirarse y permitir así el retorno a la normalidad constitucional. Pero no lo hizo, sino que por el contrario, a finales de 1925 se propuso renovar su régimen mediante la sustitución del directorio militar por un nuevo directorio civil, de carácter más técnico. Esta renovación del equipo de gobierno demostraba la intención de Primo de Rivera de perpetuarse en el poder. Para ello necesitaba transformar la dictadura -fórmula política transitoria- en un nuevo régimen a su medida, cuyas bases principales fue estableciendo de forma escalonada en el tiempo mediante: 1) La creación de un partido propio, la Unión Patriótica que creado en 1924, pretendía “unir y organizar a todos los españoles de buena voluntad” en torno a un sencillo lema: «religión, patria y monarquía». 2) La constitución de una Asamblea Nacional Consultiva, creada en 1927 con el cometido de preparar y presentar, en un plazo de tres años (antes de julio de 1930) una legislación general y completa que había de ser sometida a aprobación. No era por tanto, un Parlamento representativo de la nación, ni tenía función legislativa, sino que se limitaba a elaborar los anteproyectos de ley del nuevo régimen y a asesorar al gobierno. 3) La presentación de un anteproyecto de Constitución en 1929 por la Asamblea Nacional Consultiva, que no llego a promulgarse. Tampoco era propiamente una Constitución, sino en todo caso una especie de Carta otorgada. Sin embargo, estos intentos de erigir un nuevo régimen no obtuvieron apenas apoyos políticos. Además por otra parte, la dictadura debió afrontar desde sus mismos inicios, pero con más intensidad según se prolongaba en el tiempo, numerosas críticas y manifestaciones de la oposición e incluso pronunciamientos militares. En este sentido, son destacables las descalificaciones de intelectuales como Unamuno, la huelga de universitarios de 1929 o los pronunciamientos militares de inspiración republicana de 1924 y 1929, etc. Cada vez más aislado políticamente, Primo de Rivera decidió hacer una consulta a los capitanes generales para saber si contaba con su respaldo. Sus tibias respuestas le demostraron que estaba completamente solo, por lo que el 28 de enero de 1930 presentó su dimisión al rey. El final de la monarquía (1930-31) Alfonso XIII decidió entonces, restablecer el viejo sistema parlamentario, pero los dos gobiernos que se sucedieron en poco menos de· un año -el del general Berenguer y el del almirante Aznar- ni restablecieron la Constitución de 1876, ni convocaron nuevas elecciones. Eran incapaces de resucitar lo que ya era un cadáver político. Incluso algunos destacados monárquicos rechazaban la conducta 15 - La modificación de los flujos migratorios entre España y el exterior. La tradicional emigración de España hacia Francia y, sobre todo, hacia América se interrumpió ante la crisis de los países de destino; además aumentaron los retornos, lo que supuso un considerable incremento del desempleo en España. Sin embargo, aunque la economía de la Segunda República se desenvolvió en un escenario de crisis internacional, sus principales problemas no vinieron planteados tanto de la situación exterior, como por el comportamiento de los agentes internos. La desconfianza y el boicot de terratenientes y capitalistas, por un lado, y la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros, por otro, se reforzaron mutuamente y generaron un clima de incertidumbre poco propicio para el desarrollo de la economía. DIFERENCIA LAS FUERZAS DE APOYO Y OPOSICIÓN A LA REPÚBLICA EN SUS COMIENZOS, Y DESCRIBE SUS RAZONES Y PRINCIPALES ACTUACIONES En principio las fuerzas político-sociales que apoyan a la República son, obviamente, los republicanos. También cuenta con el apoyo de socialistas y comunistas, de todas las fuerzas sindicales de izquierda y de la mayor parte de los nacionalistas. Cada uno de ellos concibe la República de manera diferente y con miras diversas: para los republicanos significa la oportunidad reponer el régimen republicano, para socialistas y comunistas iniciar los pasos hacia la dictadura del proletariado, para los anarquistas la anhelada revolución social y para los nacionalistas la consecución de la autonomía territorial o incluso la independencia política. En definitiva, demasiadas discrepancias internas. Una de las claves para entender las dificultades con que se encontró la coalición republicano-socialista en sus intentos de reformar profundamente las estructuras de la sociedad española, fue la resistencia y abierta oposición de poderosas fuerzas políticas y sociales, no solo desde la oposición conservadora -la derecha, la Iglesia y un sector del ejercito-, sino también desde los sectores populares más radicales -los anarquistas principalmente, a veces secundados también por los comunistas- contribuyendo ambos por separado y desde diferentes ámbitos a obstaculizar de manera sistemática la labor del gobierno republicano. • En los partidos de derecha, según su actitud frente a la república, se pueden distinguir tres posiciones: - La derecha posibilita que quiere conseguir el poder a través de las urnas para transformar la República de izquierdas en una República conservadora de derechas. El partido más importante es la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles, que cuenta con el apoyo de la Iglesia agrupando a amplios sectores católicos de clases medias, la alta burguesía y los terratenientes y a pequeños y medianos campesinos. Otros partidos eran la Derecha Liberal Republicana, el Partido Radical,…. - La derecha monárquica y antirrepublicana que pretende acabar con la República y restaurar la monarquía mediante la conspiración militar. Estaba representada principalmente por dos partidos: el Partido Carlista o Tradicionalista, de Fal Conde, que mantenía la tradición del carlismo decimonónico; y Renovación Española, fundado en 1933, con Calvo Sotelo como máximo representante, que agrupaba a un cierto número de militares. - La derecha totalitaria inspirada en el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, formada por pequeños partidos como: Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, las 16 JONS,(Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista)…. En 1934, ambas organizaciones se unen formando Falange Española de las JONS, que fue la organización más activa de la extrema derecha y utilizó el terrorismo de sus pistoleros contra miembros de sindicatos y partidos de izquierda. No obstante, en esta primera fase de la República su papel fue aún poco significativo. • En el ejército había una gran división entre los enemigos y los partidarios de la República. Pero incluso entre estos, muchos recelaban de las políticas territoriales autonómicas no estando clara su lealtad. Por ello son frecuentes las conspiraciones militares a las que la República responde con tibieza por miedo a un golpe militar, buscando siempre el entendimiento. De entre todas ellas destaca la sublevación del general monárquico Sanjurjo (Sevilla agosto 1932), director general de la Guardia Civil, que si bien fue condenado a pena de muerte en un gesto de benevolencia se le conmutó por la de cadena perpetua. Otras reacciones del gobierno fueron la suspensión de algunos periódicos de derechas -como el ABC-, la supresión de ciertos altos cargos -como la Dirección General de la Guardia Civil-, la disolución del tercio de la Guardia Civil que se había sublevado o la expropiaci6n de tierras a miembros implicados de la aristocracia terrateniente. • En la Iglesia la actitud es de frontal oposición a la República por su política laicista y por el anticlericalismo exhibido por parte de los partidos y sectores populares de izquierdas que la apoyan. Incluso el cardenal Segura manifestó públicamente su adhesión al desaparecido régimen monárquico. No obstante conviene recordar que no todos los católicos eran antirrepublicanos ni todos los republicanos era anticlericales, un ejemplo de ello era el propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora • En los sectores más radicales de la izquierda, los anarquistas consideran que la República, como a cualquier otra forma de Estado, es decir, enemiga de la clase obrera. En 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera, se había creado la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que reclutaba a sus afiliados entre los cuadros más duros de la CNT. Al considerar excesiva la lentitud de las reformas, sobre todo las referidas al campo, la FAl y la CNT impulsaron la iniciativa obrera y campesina al margen del Estado organizando continuas campañas de agitación tanto rurales como urbanas, a las que la República responde con dureza quedando por ello su gobierno, que se proclamaba de izquierdas, muy desacreditado entre los sectores populares, lo que contribuyo a su crisis y caída en noviembre de 1933. Entre las revueltas armadas de los anarquistas, que se produjeron en distintos puntos de España entre 1931 a 1933 (Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas), la que más resonancia alcanzó fue la ocurrida en enero de 1933 en la localidad gaditana de Casas Viejas (actual Benalup). Allí los campesinos se sublevaron y atacaron a la Guardia Civil, lo que justificó el envío de la Guardia de Asalto para restablecer el orden. Cuando todo había acabado, un viejo anarquista se atrincheró en su casa con sus hijos, sus nietos y algunos vecinos, ante lo cual el capitán de la Guardia de Asalto desencadenó una brutal y desproporcionada represión; incendió la casa y ordenó ametrallar a sus ocupantes (murieron todos menos dos); después inició una verdadera cacería por el pueblo siendo asesinados a doce hombres maniatados. Esta desafortunada intervención de las fuerzas de la República desacreditó notablemente al gobierno que se proclamaba de izquierdas entre los sectores populares; lo contribuyó a su crisis y caída en noviembre de 1933. 17 ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Tras largos debates en las Cortes, con amplio apoyo parlamentario pero sin consenso, la Constitución se aprueba el 9 de diciembre de 1931, resultando especialmente polémicos los artículos referidos a la cuestión religiosa y la estructura del Estado. Obviamente la nueva Constitución, de acuerdo con la composición del Congreso, refleja los valores y principios laicos e izquierdistas de la mayoría, como: soberanía popular, cortes unicamerales, aconfesionalidad y anticlericalismo, amplios derechos individuales y la posibilidad de autonomía para las regiones que lo soliciten. Sus principales puntos son: - El reconocimiento de un amplio catalogo de derechos y libertades (de culto, de reunión, asociación, expresión, domicilio, correspondencia inviolable, matrimonio civil, divorcio,…) - Limitación a la propiedad privada especialmente de los medios de producción, que podían ser expropiados por motivos de utilidad social, pero con indemnización. - El laicismo del Estado que supone la separación iglesia-estado (“el Estado no tiene religión oficial”), la supresión de la subvención a la Iglesia, la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas y la disolución de los jesuitas. - La obligación del Estado de atender y extender la enseñanza y la cultura. - La proclamación de que la soberanía es popular y reside en el pueblo definiendo a España como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo” - El establecimiento de Cortes unicamerales (una sola cámara –Congreso-) con miembros elegidos cada 4 años por sufragio universal total, reconociendo por primera vez el voto femenino. - La configuración de España como un estado único pero descentralizado, que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones. “La República constituye un estado integral compatible con las autonomías de los municipios y regiones…”. Como ya se ha señalado, uno de los debates parlamentarios más intenso fue sobre la inclusión del sufragio femenino en la nueva Constitución, siendo una de sus defensoras más firme la diputada Clara Campoamor (del Partido Radical), pero entre quienes manifestaron una mayor oposición estaba curiosamente una diputada de izquierdas, Victoria Kent (del Partido Radical Socialista), no porque rechazara por principios el sufragio femenino, sino porque consideraba que las mujeres españolas estaban aun demasiado influenciadas por el clero y que, por tanto, en ese momento el voto femenino se dirigiría mayoritariamente hacia la derecha antirrepublicana. RESUME LAS REFORMAS IMPULSADAS DURANTE EL GOBIERNO REFORMISTA DE LA REPÚBLICA Días después de aprobada la nueva Constitución republicana, el gobierno provisional cesa en sus funciones y se forma un nuevo gobierno ordinario, el primero constitucional. Lo presidia Manuel Azaña -de Acción Republicana- y lo componían principalmente republicanos de izquierdas y socialistas. Este nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales en él depositadas. Parte de la labor reformadora había sido ya iniciada por el gobierno provisional, desde los primeros días de vida de la República. Entre sus actuaciones destacamos las siguientes: 20 La reforma de Azaña, en general, fue bien valorada por muy diversos sectores sociales, pero no consiguió ganarse la simpatía de los oficiales del ejército, causando gran malestar en algunos medios castrenses (intento de golpe de estado del general Sanjurjo en Sevilla en 1932, creación de la UME y otras conspiraciones) La reforma agraria La reforma agraria era sin duda el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República, y además con urgencia, por varias razones: España seguía siendo un país eminentemente agrario, en el que casi el 50% de la población activa era campesina, en su mayoría jornaleros agrícolas (sin tierra) y con una estructura latifundista, sobre todo al sur del Tajo, lo que colocaba en una dramática situación de miseria y paro a amplios sectores sociales, cuya hambre de tierras los empujaba periódicamente a ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. Para paliar la situación, el gobierno provisional había adoptado ya algunas medidas urgentes encaminadas a proteger a arrendatarios y jornaleros, hasta que se emprendiera una reforma en profundidad, así: a) Se prohibió a los propietarios de tierras arrendadas que cancelaran los contratos de arrendamiento y expulsaran de ellas a los campesinos. b) Se extendió a los jornaleros agrícolas la jornada de ocho horas, de la que ya disfrutaban los obreros industriales. c) Para el trabajo de las tierras, se obligó a contratar prioritariamente a los jornaleros del término municipal al que pertenecían tales tierras. d) Se exigió a los propietarios de tierras que las cultivaran según los usos y costumbres de la zona, bajo amenaza de confiscación. Se pretendía con ello evitar que los terratenientes hostiles a la República la boicotearan mediante el abandono de los cultivos. Por otra parte, se encargo un informe sobre la reforma agraria a una comisión técnica, que lo elaboró con rapidez (fue presentado a las Cortes para su discusión en julio de 1931). Pero, si todos coincidían en la necesidad de acabar con la gran propiedad latifundista de bajo rendimiento, no ocurría lo mismo con el procedimiento que debía seguirse para conseguirlo. Las discusiones parlamentarias se prolongaron durante más de un año, hasta la aprobación de la definitiva Ley de Reforma Agraria en septiembre de 1932. Sin embargo, la tan anhelada reforma agraria, sin resultar un fracaso absoluto, si supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado en ella la esperanza de un futuro mejor. Varias fueron las razones de este relativo fracaso: a) Se tardó demasiado en elaborar y aprobar la Ley de Reforma Agraria, casi año y medio después de la proclamación del a República. b) Para su aplicación se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de confeccionar un inventario de las tierras expropiables que se emprendió de forma demasiado lenta y burocrática. . c) Las expropiaciones requerían la indemnización previa a los propietarios, por lo que se retrasaba el procedimiento al condicionarle a la limitada capacidad de pago del Estado. En consecuencia, los resultados fueron escasos e insatisfactorios: a finales de 1933 las tierras expropiadas y repartidas eran muy pocas, lo que decepcionó profundamente las aspiraciones populares, campesinas e incrementó el recelo de los terratenientes. Los campesinos, impulsados par el movimiento anarquista recurrieron en muchos casos a la bastante habitual práctica de la ocupación ilegal de tierras, al margen del calendario de la reforma, lo que provocó, en ocasiones, graves incidentes. 21 La reforma laboral: Fue promovida sobre todo por Largo-Caballero, líder de UGT, desde su Ministerio de Trabajo con el objetivo de crear un nuevo marco en las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores y llevar los beneficios de la legislación laboral al campo. En este sentido se promulgan: La Ley de Contratos de Trabajo que establece las condiciones de trabajo en las empresas y ramas industriales a través de convenios o contratos colectivos, que se completa con La Ley de Jurados Mixtos, que permitía crear comités paritarios de obreros sindicados, empresarios y administración para regular las condiciones de trabajo. La ley de Términos Municipales que obligaba a los patronos agrícolas a emplear en primer lugar a los obreros de su término municipal. La Ley de Accidentes de Trabajo en el Campo y la Ley de la jornada de 8 horas en la agricultura, leyes que alteran el orden social en el campo. La aplicación de estas leyes supuso, no solo el enfrentamiento de la UGT con los patronos, tanto agrarios como industriales que se resistían a respetar las decisiones de los jurados mixtos y la legislación laboral, sino también con los sindicatos anarquistas, como la CNT, que se negaban a cooperar y preferían la acción directa y la presión mediante la huelga general. DESCRIBE LAS CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DE ASTURIAS DE 1934 De igual forma que la derecha reaccionó contra la República de izquierdas con la sublevación militar del general Sanjurjo, tras la victoria electoral de la derecha en 1933 los socialistas se plantearon la posibilidad de una revolución popular, que salvo en Asturias, no sería secundada por los anarquistas. Para entender el planteamiento de los socialistas, es necesario considerar también los acontecimientos que se estaban desencadenando en Europa, en especial la subida al poder de Hitler en Alemania (enero de 1933) y la prohibición de todos los partidos políticos en Austria por el régimen totalitario de Dollfuss (febrero de 1934). Estos hechos eran interpretados por amplios sectores de la izquierda como un adelanto de lo que podría ocurrir en España, dadas las similitudes de la situación política. El comienzo de la revolución se había fijado para septiembre y después se aplazó a octubre, siendo el detonante la formación e14 de octubre de 1934, de un nuevo gobierno más de derechas que los anteriores, al incorporar por primera vez a tres ministros de la CEDA, aunque la presidencia del ejecutivo y la mayoría de las carteras las conservaba el Partido Radical de Alejandro Lerrourx. La UGT convoco una huelga general nacional para el día siguiente, el 5 de octubre. La sublevación fue un fracaso en la mayor parte del país, porque el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. Solo adquirió importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, pero en las tres primeras tuvo una corta duración. En Barcelona además, se proclamó el día 6 de octubre el Estado catalán dentro de la República Federal Española, pero no duró ni un solo día porque el ejército dominó la situación y suspendió al gobierno autonómico, que fue acusado de rebeldía. El único lugar en el que triunfó la insurrección fue en Asturias, donde se había firmado un pacto de alianza regional -la Alianza Obrera- entre socialistas, anarquistas y comunistas, con el fin de «socializar los medios de producción» en un movimiento revolucionario conjunto. Los obreros consiguien ocupar por las armas casi toda Asturias, sobre todo las cuencas mineras, y proclaman en Mieres la Revolución Socialista de los Consejos Obreros junto con una República Socialista. 22 El gobierno reaccionó enviando tropas procedentes de Marruecos, al mando del general Franco que ya el 18 de octubre había sofocado la rebelión. El saldo final de víctimas mortales fue elevado: entre 1.000 y 2.000 insurrectos, según diferentes historiadores; unos 300 miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército y más de 30 sacerdotes y religiosos. A partir de ese momento, se produce un giro aun más conservador en la política gubernamental. La represión posterior se caracterizó no solo por su dureza, sino también por su arbitrariedad. Se realizaron cerca de 30.000 detenciones y fueron numerosas las condenas a muerte, aunque al final se indultó a los máximos responsables y se ejecutó a dirigentes secundarios. En cuanto a la autonomía de Cataluña, quedó suspendida temporalmente. Su restablecimiento fue gradual, pero ya no recuperó parte de las competencias anteriores. EXPLICA LAS CAUSAS DE LA FORMACIÓN DEL FRENTE POPULAR Y LAS ACTUACIONES TRAS SU TRIUNFO ELECTORAL, HASTA EL COMIENZO DE LA GUERA La revolución de octubre provocó una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, tanto en la derecha como en la izquierda. Por parte de la derecha, Calvo Sotelo fundó el Bloque Nacional en diciembre de 1934, con el que pretendía ofrecer una alternativa a la República, consistente en una vuelta a la monarquía tradicional y y a una autoridad estatal fuerte. Él mismo definía su ideal en el periódico ABC: «Un Estado fuerte que imponga la ley a patronos y obreros. Jerarquía férrea». Para ello aspiraba a contar con la participación activa del ejército, donde poco después se creó la Unión Militar Española -integrada por destacados jefes como el general Sanjurjo-, que proponía, entre otros objetivos, acabar con la República. Por su parte, la izquierda, tras la represión que siguió a la revolución de octubre, impulsó la concentración de las fuerzas de la izquierda lo que desembocó en la creación del Frente Popular. Proceso al que también contribuyó el avance del fascismo en Europa y la recomendación de la Internacional Comunista de frenarlo, mediante la formación de' frentes antifascistas integrados por todas las fuerzas de izquierdas. Además, el interés común por conseguir la amnistía para los represaliados del 34 acercó sus posiciones políticas, frente a un gobierno al que tildaban de enemigo de la República. A finales de 1935 el gobierno radical-cedista sufre una profunda crisis política que supuso el hundimiento del Partido Radical de Lerroux, por dos grandes escándalos que salpicaron a algunos de sus miembro: el primero fue el escándalo del “estraperlo”, en el que estaba implicado, entre otros, el propio hijo de Lerroux y el segundo, que se hizo público poco después, fue una acusación de corrupción económica contra varios miembros del gobierno radical, crisis que, tras la dimisión de Lerroux y varios gobiernos muy débiles, conducirían finalmente a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones, que se celebraran el 16 de febrero de 1936. Estas elecciones fueron ganadas con escaso margen y bastante controversia por los partidos de izquierda que se habían presentado en una gran coalición: “El Frente Popular” (comprendiendo desde los republicanos de Manuel Azaña hasta los comunistas, e incluso anarquistas -a imitación de los sucedido en Francia-), coalición que se gestó en los periodos de represión que siguieron a la revolución de octubre del 34. Su programa se basó en la amnistía y reintegración de los represaliados y en la reimplantación de las leyes republicanas suspendidas o derogadas durante la república de centro- derecha como: la reforma agraria, los estatutos de autonomía catalán y vasco, etc… 25 Sin embargo, el pago de esta ayuda ha sido uno de los temas más polémicos de la historia reciente de España, ya que se hizo mediante el depósito en Moscú de las reservas de oro del Banco de España (se estiman en unas 560 Tn.), sin que al final de la guerra se restituyera nada. El régimen franquista denunciaría posteriormente la apropiación por parte de los rusos del oro español, mientras que, según algunos estudios, el valor económico de la ayuda soviética habría sido superior al del oro depositado. El gobierno de México, presidido por Lázaro Cárdenas, cuya identificación ideológica con el régimen republicano era notoria, proporcionó también desde el primer momento armas, alimentos y apoyo diplomático, aunque desde el punto de vista del valor económico y militar, su aportación fue considerablemente inferior a la de la Unión Soviética. , Por último, debe destacarse la participación en las filas republicanas de las Brigadas Internacionales, en cuya creación fue también esencial la intervención de la Unión Soviética a través de la Internacional Comunista. Se trataba de cuerpos de voluntarios -se calcula unos 35.000 hombres de más de cincuenta nacionalidades- que se dirigieron a España para ponerse al servicio de las fuerzas ar- madas de la República. En su mayoría militaban en partidos comunistas y actuaban en solidaridad con la izquierda española frente a la amenaza del avance fascista. Considerando estos 35.000 brigadistas, mas los 2.000 hombres aportados por la Unión Soviética, de los cuales 600 eran asesores no combatientes, se aprecia la notable diferencia entre la ayuda extranjera recibida por la República y la recibida por los sublevados (más de 100.000). c) Gran Bretaña, Francia y el Comité de No Intervención Gran Bretaña supeditó toda su actuación a un objetivo prioritario: evitar que, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, un conflicto local pudiera transformarse en una nueva guerra europea, que ni deseaba, ni estaban condiciones de permitirse. En cambio, Francia, gobernada por un Frente Popular bajo la dirección del socialista Leon Blum, al principio de la guerra decidió intervenir en ayuda de la República, pero las presiones británicas y las divergencias internas le obligaron a suspender enseguida la venta de armas a España. Ante estas circunstancias, Francia propuso la creación del Comité de No Intervención, con un doble objetivo: por un lado, evitar que el conflicto español se internacionalizase a causa del apoyo militar de fuerzas extranjeras; y por otro, ayudar de modo indirecto a la República evitando que los sublevados recibieran ayuda militar del exterior. El primer paso fue la firma entre Francia y Gran Bretaña de un Pacto de No Intervención, según el cual se prohibía en ambos países la venta o transito de todo tipo de material militar con destino a España. A este compromiso, aunque con matizaciones, se adhirieron después otros veinticinco países europeos (entre ellos Alemania, Italia y Portugal) y se creó el Comité de No Intervención, con sede en Londres, para verificar el cumplimiento de lo pactado. Sin embargo, el Comité fue del todo ineficaz: Alemania, Italia y Portugal continuaron ayudando militarmente a los sublevados, en contra de los compromisos adquiridos; en cambio, las potencias democráticas negaron la asistencia necesaria al gobierno legítimo de la República, que al final solo conto con la ayuda militar de la Unión Soviética, único país que a la vista de la actuación de Alemania e Italia, decidió ignorar también los compromisos adquiridos de no intervención. d) La Sociedad de Naciones y los Estados Unidos La Sociedad de Naciones se había creado tras la Primera Guerra Mundial, como organismo encargado de velar por la resolución pacífica de los conflictos internacionales, precisamente para evitar una nueva contienda como la que se acababa de producir. Sin embargo, su inoperancia se manifestó muy 26 pronto y cuando estalló la guerra en España se encontraba sumida en una profunda crisis. La República intentó, no obstante, que la Sociedad de Naciones interviniera contra Italia y Alemania por su participación directa en la contienda española. Pero tuvo que esperar más de un año para que se aprobase una resolución que finalmente no fue aplicada. Par su parte, Estados Unidos, a cuya iniciativa se debió la creación de la Sociedad de Naciones, interpretaba la guerra española no tanto como una amenaza del avance fascista en Europa, sino más bien como una prueba del avance del comunismo, por lo que su enfoque del conflicto se aproximaba más a los argumentos de los sublevados. En todo caso, adoptó una política oficial de no intervención y prohibió la venta de armas a España. Sin embargo, fueron fundamentales para el bando franquista los abastecimientos de grandes empresas estadounidenses, como la Ford, la General Motors o la TEXACO. COMPARA LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS DOS BANDOS DURANTE LA GUERRA 1.- La evolución política durante la guerra a.- La España republicana El gobierno de Giral y la desarticulación del Estado (de julio a septiembre de 1936) La sublevación militar sesató, dentro de las fuerzas integrantes del Frente Popular, todas las divergencias y tensiones internas que hasta ese momento habían permanecido más o menos contenidas. Los primeros días fueron de autentico desconcierto. Los sindicatos y organizaciones obreras reclamaron la entrega de armas para defender la República, pero Casares Quiroga -presidente del gobierno en el momento de la rebelión- se negó a ello porque significaba traspasar de hecho el poder del Estado a los dirigentes sindicales y a los responsables de los partidos obreros. Sin embargo, la República carecía de fuerzas suficientes y de capacidad de control para hacer frente a la rebelión, puesto que gran parte de la policía, la Guardia Civil y los mandos del ejército se había pasado al bando rebelde. Posteriormente, el nuevo gobierno, constituido el 19 de julio y presidido por Giral, republicano de izquierdas del mismo partido que Azaña, ordenó la distribución de armas entre los obreros, medida que supuso legalizar hechos consumados, pues desde el principio las organizaciones obreras se habían armado donde y como habían podido. En consecuencia, la sublevación militar supuso la desarticulación inmediata del Estado republicano, que perdió el control de la situación y dejó un vacío de poder. Salvo en el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco tomó las riendas de la situación (sobre todo a partir de la aprobación de su Estatuto de autonomía en octubre de 1936), en el resto de la zona republicana fueron las organizaciones obreras las que ejercieron realmente el poder, con comités o consejos cuya actuación variaba de unos sitios a otros. Ni siquiera en Madrid, el gobierno central de la República fue capaz de impedir la aparición de órganos de poder alternativos, en manos de partidos y sindicatos. Los gobiernos de Largo Caballero (de septiembre de 1936 a mayo de 1937) Esfumado el entusiasmo revolucionario de los primeros momentos, la prolongación de la guerra y 1as derrotas sufridas hasta el momento, evidenciaron la necesidad de reorganizar y fortalecer el Estado 27 republicano, para hacer frente con disciplina y autoridad a un enemigo que resultaba más difícil de vencer de lo esperado. En septiembre de 1936 se constituyó un nuevo gobierno presidido por el socialista Largo Caballero, en cuya composición había republicanos, socialistas, comunistas y un nacionalista vasco, y a los que se incorporarían dos meses después cuatro ministros anarquistas. Por tanto, este gobierno presentaba en su composición varias novedades sin precedentes: 1ª) Era el primero de la historia de España presidido por un socialista y dirigente obrero. 2ª) Era el primero de los gobiernos de Europa occidental en que había ministros comunistas. 3ª) Era el primero con participación de anarquistas, rompiendon así con su tradicional rechazo a las instituciones políticas -tal era la excepcionalidad de la situación-. 4ª) Era el primero en la historia de España en que una mujer ocupaba un ministerio, en concreto el de Sanidad, del que se hizo cargo la anarquista Federica Montseny. Este nuevo gobierno de Largo Caballero se propuso dos objetivos fundamentales: crear un verdadero ejército con mando unificado y restablecer el poder del Estado, lo que exigía la disolución de los poderes locales de carácter revolucionario que habían ido surgiendo desde el comienzo de la guerra. Ante el avance de las tropas franquistas que habían llegado a las puertas de Madrid, el gobierno se trasladó a Valencia el 6 de noviembre de 1936, quedando la capital quedó bajo el mando de una Junta de Defensa a cargo del general Miaja. La siguiente medida consistió en someter al control del Estado los órganos de poder revolucionario que quedaban en Cataluña y Aragón. En Cataluña, desde el comienzo de la guerra, coexistían en la práctica dos centros de poder: a) La Generalitat, gobierno legítimo autonómico, presidido por Lluis Companys, de Esquerra Republicana, y que integraba a catalanistas de izquierda, comunistas y anarquistas. b) El Comité Central de las Milicias Antifascistas -dirigido por anarquistas de la CNT y la FAI-, que controlaba de hecho las fábricas, los servicios y las milicias armadas. Los intentos de la Generalitat de restablecer su autoridad, liquidando el poder paralelo de las Milicias Antifascistas, provocaron la insurrección en mayo de 1937 de grupos anarquistas y del POUM {Partido Obrero de Unificación Marxista). La mediación de los dirigentes de la CNT, comprometida tanto con el gobierno central como con la Generalitat, permitió dominar la insurrección y acabar con los poderes paralelos (Andrés Nin líder del POUM es detenido y asesinado en junio de 1937). Los comunistas acusaron al POUM de ser un instrumento al servicio del fascismo en el seno de la clase obrera y exigieron su ilegalización a Largo Caballero. Pero éste, desgastado y carente ya de apoyos, se negó a ello y se vio obligado a dimitir. Los gobiernos de Juan Negrín (mayo 1937 – marzo 1939) El presidente Azaña mandó formar nuevo gobierno al también socialista Negrín, político culto y nada revolucionario. Su nombramiento supuso un giro considerable en la estrategia política, que consistiría en dar la máxima prioridad a la guerra. Esto requería un control absoluto de las decisiones por parte del gobierno, así como garantizar los envíos de armamento soviético. Negrín se apoyó en gran medida en los comunistas, por el papel fundamental que suponía la ayuda soviética y porque era el grupo más disciplinado y decidido a luchar hasta el final, supeditándolo todo a este objetivo. Por tal motivo, los comunistas ocuparon los puestos clave del ejército. Restablecida la autoridad de la Generalitat en Cataluña e ilegalizado el POUM, el único poder revolucionario que sobrevivía fuera del control del Estado era el Consejo de Aragón, que fue disuelto de forma contundente, en el verano de 1937 por el ejército regular a las órdenes del gobierno. 30 El primer gobierno de Burgos y el Nuevo Estado (1938) El siguiente paso en la creaci6n de un nuevo Estado fue la constitución de su primer gobierno en enero de 1938, creándose así, por primera vez, una estructura ministerial en la zona nacional. Franco, además de ser el jefe del Estado, asumió la presidencia del gobierno, cuya composición reflejaba el abanico ideológico de las fuerzas que habían apoyado la sublevación: las carteras se repartían entre monárquicos, conservadores católicos, tradicionalistas, falangistas y militares. De este modo se fue institucionalizando el nuevo régimen, que en estos momentos iniciales presentaba las siguientes características: a) Era un régimen marcadamente personalista, en el que Franco acaparaba todo el poder y desempeñaba los más altos cargos: jefe de Estado y presidente del gobierno, generalísimo de los ejércitos y jefe del partido único (FET de las JONS). b) Se definía como un régimen «nacionalsindicalista», de inspiración fascista y católica. c) Su programa político se basaba en el elaborado en 1934 por Falange Española de las JONS (conocido como los «Veintisiete puntos»). d) Su actuación durante la guerra se caracterizó en general, por la adopción de medidas provisionales de carácter puntual. e) La primera ley de importancia dada por el nuevo gobierno fue la del Fuero del Trabajo, que regulaba los derechos y deberes de los trabajadores, y un nuevo marco en las relaciones laborales. Fue promulgado en marzo de 1938 y estaba prácticamente calcado de la Carta del Lavoro de la Italia fascista. 2.- La situación económica de los dos bandos durante la guerra a. Los nacionales: los sublevados al inicio de la guerra controlan un territorio menor y zonas de predominio agrícola y ganadero, disponiendo de la mayor parte de las tierras de cultivo ( 2/3 de la producción de trigo, ½ de producción de patatas y hortalizas,…) por lo que no tienen problemas serios de abastecimiento. Sin embargo sus carencias industriales, explican el interés mostrado desde el principio por ocupar la franja norte de la Península (Asturias, País Vasco), con sus recursos mineros y siderúrgicos. A diferencia de lo que ocurría en la zona republicana, el control de la producción fue estricto para lo cual contaron con la colaboración de los propietarios rurales, la banca y los grandes financieros. En cuanto a las tierras expropiadas, se restituyeron a sus antiguos propietarios y se anularon todas las disposiciones y actuaciones del republicano Instituto de Reforma Agraria. Respecto a la financiación de la guerra, el bando sublevado no disponía de reservas de metal precioso como los republicanos, pero nunca le faltó la ayuda de los regímenes fascistas de Italia y Alemania. Sus aportaciones en material militar superó a las recibidas por la República y sus plazos y modalidad de pago fueron negociados sin problemas por los dos países. En cuanto a la situación militar, cuentan con la mayor y mejor parte del ejército: el ejército de África, gran parte de los regimientos de infantería y artillería, los oficiales de la marina y parte de la Guardia Civil. En los primeros momentos no hubo un mando único y cada general ejerció su autoridad con autonomía (14.000 oficiales y 150.000 soldados). Sus apoyos sociales fueron los sectores tradicionalmente más conservadores, contrarios a las reformas republicanas, como: la mayor parte de la oficialidad del ejército (infantería y caballería), la Iglesia, los grandes propietarios de tierra, la alta burguesía industrial y financiera e importantes sectores de las clases medias urbanas y agrarias. 31 b. Los republicanos: la República al comienzo de la guerra controla la mayor parte del territorio y las zonas más urbanizadas e industrializadas, donde las organizaciones obreras estaban más arraigadas. En cambio, las zonas agrícolas bajo su control son insuficientes para alimentar a una población bastante más numerosa que la de la zona nacional. Además, la República pierde el control sobre la gestión y producción económica que pasó a depender en gran parte de las organizaciones obreras, sobre todo la de las empresas confiscadas por huida o encarcelamiento de sus patronos. Fue práctica bastante habitual que las empresas privadas que fueron colectivizadas quedasen bajo la dirección de comités obreros sobre todo en Cataluña y Valencia, donde el movimiento anarquista impulsaba, al mismo tiempo que la guerra, la revolución social, alegando que la clase obrera lucharía mas motivada en defensa de sus conquistas revolucionarias. Por el contrario en el País Vasco la propiedad fue más respetada. De todos modos, tanto por los efectos de la guerra como por la mala organización de muchas de las empresas colectivizadas, la industria en la zona republicana presentaba ya desde su inicio, una situación caótica. La actuación revolucionaria más destacable se produjo en la agricultura, donde se aceleró la reforma agraria, con numerosas expropiaciones, primero de tierras no cultivadas y después las de aquellos que habían apoyado la sublevación. También en este sector la mala organización de los anarquistas en sus experimentos colectivistas, sobre todo en Aragón, provocó problemas de desabastecimiento en las ciudades. Respecto a la financiación de la guerra, la República se vio obligada a recurrir a dos soluciones: - A la emisión de deuda pública, posible solo mientras se confió en la victoria republicana (hasta verano de 1938), ya que después nadie quería prestar dinero a un régimen con los días contados. - Al depósito de las reservas de oro del Banco de España en Moscú, que la Unión Soviética exigió como pago por el material de guerra enviado. En cuanto a la situación militar, una parte importante del ejército y de las fuerzas de seguridad permanecieron fieles (la mayor parte de la aviación, casi toda la marina, la Guardia de Asalto, el cuerpo de Carabineros, parte de la Guardia Civil), pero su organización militar quedó prácticamente desmantelada (sin apenas oficiales) siendo el ejército reemplazado en las tareas de defensa y orden público por las milicias populares, creadas por los partidos de izquierda y los sindicatos. Por otra parte, sus principales apoyos sociales están entre los obreros, los pequeños campesinos, los jornaleros y parte de la pequeña y mediana burguesía y en todos aquellos que se identificaban con el reformismo del régimen republicano. 32 ESPECIFICA LOS COSTES HUMANOS Y LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA La guerra civil dejó un trágico balance de muertes, desapariciones, exilio, represión y pérdidas económicas, aunque también hay algunos grupos sociales se van a beneficiar de la nueva situación 1. Las consecuencias demográficas: disminución de la población a. Los muertos y desaparecidos se fijan en torno a un millón, aunque el número sigue siendo objeto de polémica. En esta cifra se incluyen las muertes causadas directamente por la guerra (300.000), los fusilados y asesinados en la retaguardia de ambos bandos (200.000), los encarcelados (más de 300.000) y los que mueren en la cárcel, los muertos por desnutrición y enfermedades derivadas y los no- nacidos por causa de la guerra. b. Los exiliados suponen también una pérdida terrible, no sólo por la cantidad (500.000) sino también por su entidad. Muchos huyen de España por temor a la represión franquista, aunque más de la mitad regresa en los años siguientes. Los exilados se dirigen sobre todo a Francia y México y en menor medida a otros países iberoamericanos (Argentina), EEUU y la URSS. Una buena parte de los que salieron constituían una población activa muy importante y de hecho la vida cultural española se empobreció. 2. Las consecuencias económicas: Fueron desastrosas quedando el país en ruinas. Las mayores pérdidas se produjeron en las zonas de frente y en las ciudades bombardeadas, con gran destrucción de viviendas, fábricas y vías de comunicación. Así mismo, descendió la población activa y la producción en todos los sectores entre un 20 y 30% al igual que el nivel de renta (la Renta per Cápita desciende el 30%), sumiéndose la economía en una profunda crisis y larga fase de estancamiento. De hecho el nivel de producción y renta anterior a la Guerra Civil no se recuperó hasta los años 60, sufriendo la mayoría de la población, a lo largo de casi 20 años, las penurias del racionamiento y la falta de bienes básicode consumo. También hay que tener en cuenta las importantes pérdidas del patrimonio cultural, no solo como consecuencia de las operaciones bélicas (bombardeos, batallas,…), sino también por las destrucciones intencionadas de la violencia anticlerical en la zona republicana (incendio de edificios religiosos, destrucción de imágenes, saqueo de objetos de culto,…) 3. Las consecuencias políticas: Dictadura y aislamiento internacional, porque la guerra puso fin a la experiencia modernizadora y democratizadora más importante que había tenido lugar en la España contemporánea hasta ese momento, implantándose en su lugar un Estado autoritario y antidemocrático con una larga dictadura personal de Franco, caracterizada por la falta de libertad política, la supresión de los derechos fundamentales y la represión política e ideológica que ejercida desde el comienzo de la contienda, se extendió a medida que se fue ocupando el territorio. Como ejemplo está el Decreto-Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero del 39) que permitía perseguir con carácter retroactivo, a todos los que desde octubre del 34 hubiesen participado en la vida política republicana, además de la supresión de los partidos y sindicatos y del resto de las libertades democráticas, depurando a todos los funcionarios de la administración del estado, en especial a los cuerpos docentes. Además, España se va a ver sumida en el aislamiento político internacional (muy pocos estados reconocen al nuevo régimen) quedando por ello al margen del progreso que se inicia en Europa a partir de 1945.