Ética Aplicada I, Derechos Humanos, Política y Corrupción , Monografías, Ensayos de Ética

¡Descarga Ética Aplicada I, Derechos Humanos, Política y Corrupción y más Monografías, Ensayos en PDF de Ética solo en Docsity! “Año de la unidad, la paz y el desarrollo” UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA MONOGRAFÍA: ÉTICA APLICADA I ASIGNATURA: Pensamiento Racional y Ética PRESENTADO POR: BURGOS AGUILAR, Jefferson Aldair CURO SANTI, Frank Jeandet LUQUE CUSACANI, Anel Peru QUISPE CALLI, Marisol ARESTEGUI HUAMAN, Viviana Esmeralda MEDINA ORTIZ, Adriana Janet PRESENTADO A: Lic. SIGUAIRO MAMANI, Bernardo PUNO – PERÚ 2023 1 DEDICATORIA Al distinguido y respetado Licenciado Bernardo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su dedicación incansable y su inmensa sabiduría, las cuales han sido la brújula que ha guiado nuestras reflexiones en el vasto y fascinante territorio de la Ética Aplicada. Su mentoría ha sido más que un faro; ha iluminado nuestro camino académico, inspirándome a alcanzar alturas intelectuales que nunca imaginé posibles. Este trabajo es, ante todo, un tributo a usted, una manifestación palpable de la transformadora influencia que ha ejercido en mi vida académica. A la apreciada comunidad académica, compuesta por mentes brillantes y apasionadas, queremos dedicarles esta monografía con gratitud y respeto. A lo largo de nuestro intercambio de ideas y debates enriquecedores, han contribuido de manera significativa a mi crecimiento académico. Cada uno de ustedes ha sido un pilar fundamental en mi desarrollo, y esta obra es un testimonio de reconocimiento a la comunidad que ha nutrido y desafiado mi comprensión de la ética, expandiendo así mi perspectiva hacia horizontes más elevados. Este modesto esfuerzo académico busca no solo ser un documento reflexivo, sino también una expresión sincera de gratitud hacia aquellos cuyo trabajo y compañía han dejado una marca indeleble en mi travesía educativa. Cada encuentro, cada discusión y cada momento compartido con ustedes ha sido un paso significativo en mi evolución intelectual. Con respeto y admiración, ofrezco este trabajo como un tributo a la comunidad académica que ha sido mi constante fuente de inspiración y crecimiento intelectual. Que estas palabras reflejen el profundo aprecio que siento por cada uno de ustedes y por la contribución invaluable que han hecho a mi viaje educativo. 4 5.2.1 Contexto de la corrupción en Argentina:..................................................................................................... 5.2.2.Falta de independencia del Poder Judicial:.................................................................................................. 5.2.3 Falta de formación adecuada de los operadores jurídicos:.......................................................................... 5.2.4 Falta de control suficiente y rendición de cuentas:...................................................................................... 5.2.5 Selección de casos:....................................................................................................................................... 5.3 Cuellos Blancos del Puerto:............................................................................................................................ 5.3.1 Hechos relevantes del caso:......................................................................................................................... 5.4 La corrupción y las amenazas internas a la democracia:............................................................................... CONCLUSIONES............................................................................................................................................... BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................................. 5 INTRODUCCIÓN En el complejo tejido de la sociedad contemporánea, la ética aplicada emerge como un campo vital de reflexión y acción, especialmente al considerar la interconexión entre derechos humanos, política y la persistente sombra de la corrupción. La dinámica relación entre estos elementos es fundamental para entender no solo el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, sino también la forma en que los principios éticos fundamentales impactan en la protección de los derechos individuales y colectivos. Los derechos humanos, como columna vertebral ética, delinean las fronteras inquebrantables de la dignidad humana, estableciendo un terreno en el que la política y la corrupción a menudo colisionan. En esta exploración, examinaremos cómo las decisiones políticas pueden ser moldeadas por consideraciones éticas, pero también cómo la corrupción puede erosionar estos cimientos, amenazando la integridad de los derechos fundamentales. Desde las reflexiones filosóficas hasta las realidades cotidianas, nos sumergiremos en el papel de la ética aplicada como brújula moral en el diseño de políticas y la lucha contra la corrupción. Este análisis nos permitirá comprender la complejidad de las decisiones éticas en el ámbito político, así como la importancia crítica de abordar la corrupción como un fenómeno que amenaza la esencia misma de los derechos humanos. En este contexto, exploraremos casos emblemáticos, teorías éticas relevantes y estrategias para cultivar una sociedad en la que los principios éticos guíen la acción política y combatan la corrupción. 6 CAPÍTULO I. CONCEPTO La ética aplicada es la rama de la ética que estudia la aplicación de las teorías éticas a asuntos morales concretos y controvertidos. ( tobi- 456, 2018). 1.1El surgimiento de la ética aplicada. La ética aplicada cobra cada vez más importancia en la sociedad actual debido a los desafíos éticos cada vez más complejos que se presentan en diversos campos. Intenta cerrar la brecha entre la teoría y la práctica proporcionando orientación práctica para la toma de decisiones éticas. A medida que la sociedad continúa evolucionando, las nuevas tecnologías y avances nos han presentado dilemas morales que antes eran inimaginables. Cuestiones como la inteligencia artificial, la ingeniería genética y el calentamiento global requieren que analicemos críticamente sus implicaciones éticas. La ética aplicada nos proporciona un marco para abordar estos desafíos y garantiza que nuestras decisiones se basen en principios y valores éticos. Un área donde la ética empresarial es crucial es la de los negocios. En una economía globalizada e interconectada, las empresas a menudo enfrentan dilemas éticos cuando tratan con proveedores, clientes y empleados de diferentes orígenes culturales. La ética aplicada ayuda a las empresas a desarrollar códigos de conducta y reglas éticas que promuevan la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.2 El origen de la etica aplicada. La ética ha sido objeto de investigación filosófica desde la antigüedad. Las raíces del pensamiento ético se remontan a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto e India, donde se elaboraron códigos morales para regir la conducta humana. Sin embargo, fueron los antiguos filósofos griegos quienes hicieron importantes aportaciones al campo de la ética. 9 política y la práctica de la salud. Estos números clave atacaron el camino con muchas otras personas como el desarrollo del desarrollo como investigación diferenciada. Sus contribuciones continúan dando forma al discurso ético y guiando a individuos y organizaciones en la toma de decisiones éticas en un mundo complejo y en constante cambio. El filósofo Peter Singer defiende los derechos de los animales, el altruismo efectivo y la ética utilitaria en beneficio de todos los seres vivos.( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.5 Los principios de la ética aplicada Los principios de la ética aplicada se basan en el razonamiento moral y la consideración de factores culturales y sociales.( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.6 El papel del razonamiento moral El razonamiento moral es crucial en la ética aplicada. Implica la evaluación sistemática de valores morales, principios y posibles consecuencias para tomar decisiones éticas informadas. El pensamiento crítico y la empatía son esenciales para equilibrar diferentes perspectivas y valores.( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.7 El impacto de los factores culturales y sociales Los factores culturales y sociales dan forma a las normas morales de la sociedad. La ética aplicada reconoce que es importante considerar los efectos de la diversidad cultural, la justicia social y la dinámica de poder al abordar cuestiones éticas. Un enfoque integrado reconoce que los principios éticos pueden variar según las culturas y los contextos. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.8 Ejemplos de ética aplicada en diversos campos La ética aplicada tiene aplicaciones prácticas en diversos campos, permitiendo tener en cuenta consideraciones éticas en la toma de decisiones. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 10 1.8.1 Ética aplicada a la empresa En los negocios, la ética aplicada ayuda a las organizaciones a tomar decisiones responsables sobre gobierno corporativo, trato a los empleados, impacto ambiental y derechos de los consumidores. Esto incluye considerar las implicaciones éticas de las prácticas comerciales y lograr un equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad social. La ética empresarial incluye la toma responsable de decisiones en materia de gobierno corporativo, trato a los empleados, impacto ambiental y derechos de los consumidores, así como el equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad social. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.8.2 Ética aplicada a la medicina En medicina, la ética aplicada garantiza que los profesionales de la salud se adhieran a principios éticos al tomar decisiones sobre la atención del paciente, la privacidad, el consentimiento y las cuestiones relativas al final de la vida. También aborda complejos dilemas bioéticos como la ingeniería genética y el trasplante de órganos. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.8.3 Ética aplicada a las cuestiones medioambientales La ética ambiental aborda cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la asignación de recursos y las responsabilidades individuales y nacionales en la lucha contra el cambio climático. Explore formas de reducir el daño al medio ambiente y promover prácticas ecológicas mediante la toma de decisiones éticas. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.9 Retos y críticas de la ética aplicada Si bien la ética aplicada proporciona un marco valioso para abordar cuestiones morales, enfrenta desafíos y críticas que deben reconocerse. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.10 La subjetividad de los juicios morales 11 Una crítica a la ética aplicada es que los juicios morales pueden ser subjetivos y variar entre personas y culturas. No existe un conjunto de valores morales universalmente aceptado, por lo que es difícil llegar a un acuerdo sobre los dilemas morales. Se deben tener en cuenta diferentes perspectivas y valores a la ho ra de tomar decisiones éticas. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 1.11 El dilema de las normas universales Otro desafío es determinar si pueden existir normas morales universales. Las diferencias culturales y contextuales pueden dar lugar a marcos éticos diferentes, lo que dificulta la identificación de principios éticos universalmente aplicables. La flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales si se quiere aplicar la teoría ética a diferentes situaciones. ( Dr. Emil Kendziorra, 2024). 14 Para situarnos en nuestra región y rescatar nuestra propia historia, debemos destacar como antecedente ineludible la denominada “revolución olvidada” que tuvo lugar en Haití. Las revueltas de los esclavos comenzaron allí en 1791 y culminaron exitosamente en 1804 con la proclamación de la independencia de Haití de la colonización francesa y con la abolición de la esclavitud. La Revolución Haitiana fue una revolución popular en reacción a las terribles condiciones de explotación y paupérrimas condiciones de vida de los esclavos e implicó una mutación radical en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Cuestionó la lógica que el colonialismo impuso en el continente americano basado en el racismo y la esclavitud. Fue la primera revolución que reivindicó la libertad como principio universal. Si bien las revoluciones norteamericana y francesa realizaron adelantos significativos, no avanzaron sobre las jerarquías y 6 dominaciones reales, tales como las impuestas por la lógica colonial. Así las cosas, ambas pudieron coexistir con la esclavitud. La Constitución que surgió de esta revolución, promulgada en 1805 reconoce que cualquier persona perseguida que llega a Haití es automáticamente haitiana.2 Esta revolución y la consecuente Constitución son un hito en la historia de las luchas de los pueblos americanos por sus derechos y fue en general silenciada por el relato oficial de la historia de las revoluciones que condujeron a la independencia de los países latinoamericanos. ( Rene Cassin, 1974) Durante las primeras décadas del siglo XIX las revoluciones iberoamericanas en su lucha por la independencia de la corona española, estuvieron imbuidas por el ideario liberal presente en Europa. La Asamblea del año XIII recoge estos principios que posteriormente se plasman y amplían en la Constitución Argentina sancionada en 1853. Así, los derechos civiles y políticos establecidos por los artículos 14 y 17 son el reflejo de las ideas imperantes en esa etapa del constitucionalismo clásico. ( Rene Cassin, 1974) 2.1.2 Declaración universal de los derechos humanos: Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), casi dos siglos después de las Declaraciones de 1776 y 1789, la posibilidad misma de la puesta en práctica de “actos de barbarie 15 ultrajantes a la conciencia de la humanidad” –esto es, la experiencia del horror a escala mundial– condujeron a la asamblea de las Naciones Unidas a la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. La singularidad de este documento radica en que por primera vez y más allá de las particularidades nacionales, un conjunto amplio de Estados reconoce la necesidad de consensuar “una concepción común de estos derechos y libertades” a fin de asegurar a todas las personas el respeto y garantía para su ejercicio, independientemente de sus determinaciones existenciales. La Declaración Universal reconoce la condición humana independientemente de la raza, la religión, el color, el sexo, origen nacional o social, y otras características culturales y sociales. También especifica que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona”. (Jhon Peters Humphrey, 1993) A partir de ese momento, el espectro de los derechos reconocidos internacional, regional y nacionalmente fue especificándose y ampliando, debido a las demandas de distintos colectivos sociales. Es importante recordar que la internacionalización de los derechos y el logro de garantías supraestatales no son una concesión de la sociedad sino del hecho de que los derechos son inherentes a la persona humana y su protección se produjo luego de largas luchas y de la conmoción histórica que provocaron los crímenes nazis y stalinistas. La protección internacional de los Derechos Humanos tuvo que superar grandes obstáculos por parte de naciones que consideraban que vulneraban su soberanía. (Jhon Peters Humphrey, 1993) 2.1.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Desde un punto de vista filosófico, Hannah Arendt sostiene que el punto de partida de los derechos humanos es la constatación de que el derecho básico es el “derecho a tener derechos” (Arendt, 1954)4 . El enfoque planteado por la autora tiene consecuencias importantes para la práctica 16 de la lucha contra las discriminaciones y las opresiones, dado que mientras el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas y los ámbitos de lucha pueden variar, lo importante es mantener y reafirmar el derecho a tener derechos y sostener el debate público dado que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y de cambio. Citando nuevamente su libro Los orígenes del totalitarismo, Arendt sostiene que “no nacemos iguales; llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales”. (Pedro Nikken, 2018) Por eso los derechos humanos no se agotan en el conjunto de normas nacionales e internacionales instituidas para la protección de las personas, sino que es algo que podemos reivindicar y que es el acto de su reivindicación el que le otorga a los derechos su significación moral específica. Es en este sentido que decimos que el paradigma de los derechos humanos se inscribe en la historia de las luchas por la emancipación: de una parte, recoge reivindicaciones anteriores (tanto de aquellas que llegaron a plasmarse en normas como de otras tantas que no siguieron ese curso) mientras que, por otra, hace suyas estas aspiraciones y pasa a ser el motor de estos reclamos. El paradigma de los derechos humanos puede ser pensado, entonces, como el horizonte de inscripción de estas luchas, aspiraciones y reflexiones desde mediados del siglo XX. Hasta aquí hemos hecho una breve referencia al desarrollo de los derechos humanos. A continuación para comprender su integralidad más allá de las luchas por la conquista de un derecho determinado, avanzaremos en sus características según lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, desarrollada en Viena en 1993: “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. (Pedro Nikken, 2018) 19 adoptada respecto de la igualdad quedó plasmada en el artículo 16 de la Constitución: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (…)”. Sin embargo, ante la evidencia de profunda desigualdad social, se han repensado los alcances y contenidos de la noción de “igualdad ante la ley”. En este sentido, debemos tener presente que la tradición jurídica inspirada en el ideario liberal nos ha llevado a enfatizar el valor asignado a la dimensión individual, con el consecuente opacamiento de otras reflexiones. (Alexander Bogomolov, 1958) El principio de igualdad anclado en el paradigma de los derechos humanos no se orienta a suprimir y/o desconocer las diferencias que existen entre las personas sino a sentar las bases para que ellas –se trate de diferencias de sexos, culturas, colores de piel, de lenguas, orientaciones sexuales, religiosas, entre otras– dejen de ser el presupuesto sobre las que se fundan y legitiman formas de dominación, jerarquías sociales, prácticas sociales discriminatorias y otras formas de desigualdad social. Estos principios no sólo imponen a los Estados la obligación de no discriminar, sino también a adoptar medidas para lograr la no discriminación y garantizar la inclusión 11 de aquellos grupos tradicionalmente discriminados, tal como indica el Artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional. (Alexander Bogomolov, 1958) 2.1.5 Grupos de derechos: Desde 1948 podemos observar avances en la codificación de instrumentos de derechos humanos, su incorporación en diverso grado al derecho interno de distintos países y el reconocimiento de un número creciente de derechos que hasta el momento no se hallaban comprendidos en el plexo normativo que conocemos como Derecho Internacional de los 20 Derechos Humanos. En la actualidad, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluye los siguientes grupos de derechos: Derechos Civiles y Políticos: a este grupo de derechos corresponden las libertades que se consagran a las personas frente al Estado, sus instituciones y/o autoridades públicas. El Estado debe garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan y que garanticen el libre y pleno ejercicio de estos derechos. (Martin Luther King, 1968) ● Derechos Civiles y Políticos reconocidos en diversos plexos normativos nacionales e internacionales: -Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. ● Prohibición de la esclavitud o servidumbre. ● Prohibición de la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el daño físico, psíquico o moral. ● Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. ● Derecho a circular libremente y a elegir su residencia. ● Derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. ● Derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Derecho a la libertad de pensamiento y de religión. ● Derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.(Martin Luther King, 1968) 21 2.1.6 Derechos Económicos, Sociales y Culturales: son derechos de contenido social tendientes a procurar mejores condiciones para el desarrollo de una vida plena. Incluyen, entre otros: el Derecho a una alimentación básica y adecuada, incluyendo el acceso al agua potable y al saneamiento; el Derecho a una vivienda digna sin discriminación; el Derecho a la salud integral de toda persona, al "disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”; el Derecho a la educación como "un medio indispensable para realizar otros derechos humanos"; el Derecho al trabajo en "condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”, incluyendo la prohibición del trabajo infantil; el Derecho a un seguro social que proteja a las personas contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, el desempleo o la vejez; y el Derecho a la participación en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico. (Martin Luther King, 1968) 2.1.7 Derechos de Incidencia Colectiva o de Solidaridad. Estos derechos tienen a un mismo tiempo una dimensión individual y colectiva; conciernen tanto a la persona humana así como a colectividades humanas, ya que su resolución afecta a conjuntos específicos de la sociedad (o en algunos casos, a la humanidad en su conjunto), por lo cual llevan intrínsecamente el valor de la co-responsabilidad. Ello significa que la satisfacción de uno de los titulares del grupo implica necesariamente la satisfacción de todos los integrantes de dicho grupo y, de la misma manera, la lesión a un miembro del grupo constituye una lesión a toda la colectividad. En este grupo incluimos el derecho al ambiente sano, a la independencia económica y política, a la paz, al desarrollo. (Martin Luther King, 1968) 24 herramientas concretas provenientes del Derecho Internacional para poder intervenir sobre realidades locales, y contribuir con la construcción de sociedades más libres e igualitarias a escala global. La DUDH es la piedra angular del Sistema y sentó los principios fundamentales en términos de protección y promoción de derechos humanos. A lo largo del tiempo lo establecido en la DUDH fue ampliamente aceptado como las normas fundamentales de DD.HH. que todos deben respetar y proteger. Estableció los principios fundamentales de igualdad ante la Ley y la no discriminación. Debemos tener presente que los compromisos contraídos en la Declaración se han ido plasmando paulatinamente en posteriores Tratados y Convenciones. Los dos primeros tratados específicos sobre derechos humanos (Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales) fueron discutidos, elaborados y promulgados, en pleno período de la denominada Guerra Fría, entre el bloque norteamericano y el bloque soviético. En un principio, la Asamblea General solicitó elaborar un único pacto que desarrollara los derechos específicos, complementando así, los principios generales y estándares en derechos humanos de la DUDH. Luego de largos debates sobre si los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) debían incluirse en un mismo instrumento conjuntamente con los Derechos Civiles y Políticos (DCP), la Asamblea General solicitó a la Comisión de Derechos Humanos la elaboración de dos pactos de derechos humanos, uno sobre derechos civiles y políticos y otro sobre DESC, dando 15 primacía a los primeros conforme la visión occidental por sobre la postura de los regímenes socialistas y relegando de alguna manera a los DESC. (Alexander Bogomolov, 1958) Finalmente, los dos pactos fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU en 19668 . Ambos instrumentos internacionales consagran los derechos reconocidos en la DUDH, de 25 manera que los tres instrumentos más los protocolos adicionales al pacto internacional de DCP y DESC constituyen la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos” 9 . A partir de esta división entre DCP y DESC, se ha intentado imponer una concepción de los segundos como no derechos, restringiéndolos exclusivamente a actos políticos o morales y no a asuntos relacionados con normas jurídicas vinculantes y exigibles. Otra posición frecuente ha sido la de asociar los derechos civiles y políticos a obligaciones de abstención y de resultado y, por el contrario, los DESC a deberes positivos y de conducta, y que involucran importantes recursos presupuestarios. Así, los derechos civiles y políticos encontrarían satisfacción mediante una abstención por parte del Estado de realización inmediata (no interferir en la intimidad, en la libertad de asociación, libertad de informarse y de prensa, etc.). En el caso de los DESC para ser satisfechos, requerirían solo de obligaciones de hacer y en forma progresiva por su complejidad y costo (existencia de servicios de salud, disponibilidad y accesibilidad a escuelas, entre otros). Sin embargo, este planteo constituye una falacia ya que el cumplimiento de los derechos civiles y políticos requiere también para su cumplimiento la ejecución de acciones por parte de los Estados; por ejemplo, garantizar el derecho a votar o a ser elegido implica por parte del Estado obligaciones que hacen a la infraestructura necesaria para llevar a cabo elecciones. Por otra parte, en muchos casos las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales provienen del incumplimiento de obligaciones negativas por parte del Estado. (Por ej. la no contaminación del medio ambiente). (Alexander Bogomolov, 1958) 26 CAPÍTULO III. POLÍTICA En la realidad de la sociedad contemporánea, cuyos cimientos están regidos por los mecanismos del mercado, y que experimenta un vertiginoso proceso de modernización económica, se observa una tendencia hacia metas pluralistas y una organización fundamentada en principios democráticos. Este entorno social busca estimular la participación activa de los individuos en la dirección de sus propias vidas (Valdivieso, 1998). No obstante, a medida que la sociedad avanza en esta dirección, surge la necesidad imperante de encontrar un equilibrio adecuado entre el libre desarrollo individual y las demandas sociales e institucionales. Este equilibrio es esencial para una convivencia fructífera en una sociedad que es compartida por todos sus miembros. La falta de este balance puede conducir a la ignorancia de deberes sociales, derechos humanos e instituciones cruciales para la libertad y el desarrollo de los ciudadanos (Valdivieso, 1998). Desde una perspectiva ética, se identifican señales evidentes de un desequilibrio, principalmente atribuible a un énfasis desproporcionado en la realización personal en la sociedad actual. Esta sobrevaloración se refleja en problemáticas contemporáneas, como la falta de probidad en el ejercicio de funciones públicas y la apatía política de la juventud, evidenciada en bajos índices de participación electoral (Valdivieso, 1998). En este contexto, se plantea la necesidad de un esfuerzo intelectual para establecer un vínculo convincente entre la ética individual y la ética social, particularmente accesible para el ciudadano común. Se propone que una ética política formada en la Doctrina Social de la Iglesia podría contribuir a encontrar ese equilibrio. Esta ética política, informada por principios que abordan la tensión entre la individualidad y la dimensión social, busca expresar estos principios en términos políticos comprensibles (Valdivieso, 1998). Este enfoque se despliega en tres etapas. En una primera fase, se reflexiona sobre y se ordena una base teórica de principios generales sobre el ser humano, la sociedad, el Estado, la 29 ● La moral, estética y economía no necesariamente determinan la posición política. 3.1.5 Ética Pública en la Modernidad: ● La ética pública se rige por una lógica de funcionamiento única. ● La Razón desempeña un papel mitigante al estructurar la ética pública y el orden político. ● El monopolio estatal de la violencia y sus posibles abusos. 3.1.6 Razón y Autonomía del Sujeto: ● La Razón libera al hombre de su minoridad. ● La ética pública refleja la autonomía del sujeto, destacada en la figura del ciudadano en la política. ● Kant establece imperativos éticos que limitan el desarrollo egoísta y enfatizan el deber. 3.1.7 Límites de la Autonomía del Sujeto en la Política: ● La autonomía del sujeto impone límites en la política basada en la racionalidad. ● La necesidad de contener lo político desde lo ético se vuelve crucial en el liberalismo. 3.1.8 Liberalismo y Republicanismo Clásico: ● El liberalismo busca recuperar una ética pública que limite la política a través de la argumentación. ● Enfoque liberal: apelación a derechos fundamentales anteriores al estado. 30 ● Diferencias con el republicanismo clásico que confía más en la ética privada como garante de la formación moral del ciudadano. 3.1.9 Perspectivas en el Diálogo Político Contemporáneo: ● Diferencias en enfoques y planteamientos entre el liberalismo y el republicanismo clásico. ● Representación de dimensiones distintas en el diálogo político contemporáneo. 3.2 Ética política La ética tiene como objetivo principal determinar la conducta adecuada en diversas situaciones, centrándose en la formulación de principios generales que abarquen aspectos específicos de la vida. Un ejemplo claro de estos principios éticos es el de utilidad, que establece que las acciones son justas en la medida en que contribuyen al fomento de la felicidad. De esta manera, la ética aconseja la adopción de principios generales, reglas y normas que guíen la conducta individual y social (Bolívar Meza, 2011). En el ámbito político, la ética política busca el bien común y se caracteriza por al menos cuatro principios de acción. Estos principios incluyen una voluntad ética que postula valores objetivos para el bien común, orientada por la sociedad proyectada y enfocada en la realización de bienes sociales a través de elecciones y decisiones concretas. Además, la ética en este contexto comprende tanto enunciados morales como de valor, siendo los juicios morales sobre acciones buenas y los juicios de valor sobre cosas justas (Bolívar Meza, 2011). Cuando se trata de la actuación de individuos en el ámbito político, ya sea como ciudadanos, funcionarios gubernamentales o personas vinculadas al ejercicio del poder, la ética política adquiere especial relevancia. Busca realizar un buen gobierno, distinguiendo entre valores básicos compartidos como el poder, la ilustración y la riqueza, siempre que su disfrute se realice con seguridad y libertad (Bolívar Meza, 2011). 31 Además, la ética política se rige por valores y normas públicas, compartidos y relacionados con el poder, los cuales son realizables en la sociedad. Este enfoque ético en el ámbito político, según Bolívar Meza (2011), proporciona una guía para la toma de decisiones y la conducta en el ejercicio del poder, buscando siempre el beneficio colectivo y el bienestar general (Bolívar Meza, 2011). 3.2.1 Ética y política según Aristóteles: la búsqueda del Bien Supremo La política tiene como objetivo supremo alcanzar el bien supremo del hombre, la felicidad de la comunidad política y la formación de ciudadanos virtuosos, según las reflexiones de Aristóteles. La ciencia política, como ciencia reina, busca la felicidad de los ciudadanos, promoviendo una vida activa, honorable y virtuosa. Para cumplir con estos fines, los líderes políticos deben poseer diversas virtudes, incluyendo la justicia y la ética (Bautista, 2005). Aristóteles destaca la importancia de la formación del carácter moral en la política. La ética, definida como el modo de ser que las personas adquieren a lo largo de su vida, es esencial para el dominio del carácter. La formación de la conciencia mediante la deliberación y el razonamiento proporciona madurez de juicio, permitiendo adoptar principios sanos como guías para el comportamiento ético (Bautista, 2005). En relación con el guía moral, Aristóteles señala que llevar a una persona a una disposición moral requiere conocimiento especializado, similar a disciplinas como la medicina. Sin embargo, en la actualidad, la falta de guías morales para los políticos plantea desafíos en la formación de especialistas en ética política (Bautista, 2005). La ética y la política están intrínsecamente vinculadas en la práctica. La política sin ética puede generar corrupción y actos injustos, mientras que la ética sin política puede perder su capacidad de hacer el bien a la comunidad. La justicia, esencial para la comunidad política, juzga la equidad a través de las leyes y educa las acciones de los hombres. Los 34 3.2.4 Moral y política La diferencia clave entre moral y política radica en sus fundamentos: la moral se basa en principios, mientras que la política se centra en resultados. La bondad de una acción política se evalúa por su éxito, y un político eficaz es aquel que logra los efectos deseados, incluso si sus acciones contradicen la moral convencional. La política sigue un código de normas diferente y, en parte, incompatible con la conducta moral (Bolívar Meza, 2011). En el ámbito político, la moral asume un carácter particular, ya que la evaluación se realiza en función del éxito, los objetivos y los resultados obtenidos. La moral del político se mide por el logro de sus metas, mientras que la moral del individuo común se evalúa por la bondad o maldad de sus acciones (Bolívar Meza, 2011). En política, la racionalidad se define por la capacidad de utilizar los medios necesarios para alcanzar los fines deseados, y los actos moralmente condenables pueden ser considerados racionales políticamente. La percepción pública del gobernante es crucial en política; lo que importa es cómo se presenta ante el pueblo, no necesariamente su verdadera intención. En este contexto, la eficacia, más que el bien o el mal, se convierte en el criterio principal en política. La moral política considera "buena" una acción si está dirigida hacia un fin positivo, es un medio necesario para lograr ese fin y produce los resultados deseados, incluso si implica acciones moralmente cuestionables (Bolívar Meza, 2011). 3.2.5 Ética política de Weber La falta de contenido específico en la ética pública lleva a Weber a identificar dos tipos distintos de ética en el espacio público, determinados por el tipo de conducta que promueven. El actor político puede actuar basándose en principios absolutos previos a la acción, siguiendo una ética de la convicción, o puede ponderar las consecuencias prácticas de su decisión, adoptando así una ética de la responsabilidad. Aunque en principio parecen 35 éticas opuestas, Weber aboga por articular ambas para formar un ciudadano auténtico con "vocación política". La ética de la convicción establece valores fundamentales para ordenar la sociedad, mientras que la ética de la responsabilidad permite adaptar esos principios a casos específicos. Sin embargo, esta complementación ideal puede ser difícil de lograr (De los Ángeles Yannuzzi, 2005). En el contexto de una democracia, la política presenta una alta ambivalencia, con cada acción conllevando riesgos y beneficios. La ética pública también está sujeta a esta ambivalencia, donde la ética de la convicción puede llevar a la intolerancia y a la degradación del sistema de representación. Por otro lado, la ética de la responsabilidad, al basarse en un cálculo pragmático, puede llevar a la subordinación al poder y a la resistencia a la transformación. En este delicado equilibrio entre lo posible y lo deseado, la ética ciudadana se presenta como la opción ideal, vinculada a un "mito democrático" y una "ética de la Constitución" (De los Ángeles Yannuzzi, 2005). Weber reconoce la fragilidad de lo político en la Modernidad y la influencia del poder en la relación entre ética y política. La decisión política siempre se encuentra en un borde difuso, dificultando la delimitación entre lo bueno y lo malo. La sociedad democrática, al caracterizarse por la diversidad, mantiene cierto relativismo necesario. Sin embargo, la condena de comportamientos impropios cumple una función pedagógica y marca los límites tolerados por la sociedad, aunque la ética pública, incluso como ética de la responsabilidad, se apoya en la conciencia del actor político y puede ser precaria si las tradiciones éticas son débiles en la sociedad y sus protagonistas. La política, cuyo objeto es el poder, plantea la pregunta inicial de Maquiavelo sobre qué la contiene (De los Ángeles Yannuzzi, 2005). 36 3.2.5.1 Ética de la responsabilidad. La "ética de la responsabilidad" es un concepto central desarrollado por Max Weber en su reflexión sobre la relación entre ética y política en la sociedad. Este destacado sociólogo y teórico alemán presentó esta noción como un contraste a la "ética de la convicción". La ética de la responsabilidad se distingue por su enfoque en las consecuencias previsibles de las acciones políticas, priorizando la evaluación pragmática de las situaciones sobre la adhesión estricta a principios abstractos (Jiménez Díaz, 2017). Weber abogó por que los actores políticos consideren cuidadosamente las repercusiones a largo plazo de sus decisiones políticas. En este sentido, la ética de la responsabilidad implica una evaluación pragmática, donde las acciones políticas se juzgan no solo en función de ideales personales, sino también considerando el contexto político y social circundante (Jiménez Díaz, 2017). Un aspecto crucial de la ética de la responsabilidad es la prevención de consecuencias no deseadas o perjudiciales. Weber instó a los líderes políticos a anticipar y comprender las posibles ramificaciones de sus acciones, buscando minimizar los impactos negativos y promover el bienestar general. Este enfoque proactivo refleja la responsabilidad que los actores políticos tienen hacia la sociedad (Jiménez Díaz, 2017). La ética de la responsabilidad también destaca la necesidad de adaptabilidad a la realidad política. Weber reconoció la complejidad del entorno político y abogó por que los líderes políticos sean flexibles, ajustando sus enfoques éticos según las demandas y desafíos específicos del momento político. Esto implica un reconocimiento de que las soluciones éticas no son universales y deben adaptarse a las circunstancias particulares (Jiménez Díaz, 2017). En última instancia, Weber planteó que la ética de la responsabilidad implica un equilibrio entre los principios éticos y la realidad política. Los líderes deben encontrar un 39 capitalismo", vinculándolo estrechamente a la ética protestante, ya que la acumulación de riqueza se consideraba una manifestación de la predestinación divina (De los Ángeles Yannuzzi, 2005). Además, Weber examina la noción de "racionalización" como un proceso relacionado con el ascetismo protestante y el capitalismo, donde la eficiencia organizativa y la lógica racional reemplazan las creencias irracionales. Asimismo, critica la teoría del materialismo histórico al resaltar que las ideas y creencias, más que las condiciones económicas, desempeñan un papel crucial en el desarrollo social (De los Ángeles Yannuzzi, 2005). La obra también aborda cómo la ética protestante afectó de manera desigual el desarrollo capitalista en diversas regiones, destacando las diferencias entre el norte y el sur de Europa. En resumen, "La ética protestante y el espíritu del capitalismo" ofrece una visión única sobre la interacción entre la ética religiosa y el surgimiento del capitalismo, enfatizando el papel central de las ideas y valores en la configuración de las estructuras sociales y económicas (Jiménez Díaz, 2017). 3.2.5.4 Neutralidad ética del estado. La noción de "neutralidad ética del Estado" según Max Weber destaca la idea de que el Estado debe abstenerse de favorecer o imponer una ética específica en la sociedad. Weber argumenta que, en las sociedades modernas caracterizadas por la diversidad de valores éticos, el Estado no debe respaldar ninguna perspectiva ética particular (Jiménez Díaz, 2017). En lugar de ello, aboga por que el Estado mantenga una postura neutral en temas éticos y religiosos, reconociendo la variedad de puntos de vista presentes en la sociedad. La neutralidad ética implica que el Estado no debe imponer una moralidad específica ni respaldar una religión particular, permitiendo a los ciudadanos la libertad de seguir sus propias convicciones éticas. Este concepto refleja la preocupación de Weber sobre la 40 creciente racionalización y burocratización de la sociedad moderna, enfatizando la necesidad de que el Estado sea un árbitro imparcial que garantice la igualdad y la justicia sin adoptar posturas éticas o religiosas que favorezcan a un grupo sobre otro. (Jiménez Díaz, 2017) En resumen, la neutralidad ética del Estado, según Weber, aboga por la imparcialidad gubernamental en asuntos éticos, permitiendo la coexistencia de diversas perspectivas éticas en una sociedad pluralista. 3.2.5.5 Carisma y autoridad. Max Weber introduce el término "carisma" como una forma de autoridad que difiere de las estructuras legales y racionales convencionales. En sus reflexiones sobre la sociología de la autoridad, Weber destaca el carisma como una cualidad extraordinaria o una personalidad excepcional que confiere poder de liderazgo. La autoridad carismática se basa en la devoción y creencia en las habilidades únicas o el magnetismo personal de un líder, en contraste con la autoridad legal-racional, derivada de reglas y leyes, y la autoridad tradicional, arraigada en prácticas y costumbres heredadas (Jiménez Díaz, 2017). Weber señala que el carisma puede manifestarse en diversos campos, como la religión, la política o el ámbito social. Destaca que el líder carismático ejerce una influencia significativa debido a su capacidad para inspirar y movilizar seguidores. Sin embargo, el carisma es efímero y puede disiparse con el tiempo o en circunstancias específicas (Jiménez Díaz, 2017). La relación entre carisma y autoridad, según Weber, implica una dinámica compleja. Aunque el carisma puede ser un fundamento poderoso para el ejercicio de la autoridad, también presenta desafíos, ya que su naturaleza efímera puede generar inestabilidad. Weber destaca que, en algunos casos, la autoridad carismática puede evolucionar hacia una autoridad legal-racional a medida que se establecen estructuras institucionales y reglas formales en torno a la figura carismática (Jiménez Díaz, 2017). 41 En resumen, la conceptualización de carisma y autoridad por parte de Weber explora cómo ciertos individuos pueden ejercer poder a través de características excepcionales, al tiempo que reconoce la dinámica y los posibles cambios en la naturaleza de la autoridad carismática con el tiempo. La participación política efectiva implica comprender la realidad sociopolítica y considerar ideales para influir en ella. Los políticos deben equilibrar la atención a las circunstancias concretas de la comunidad (ser) con la defensa de ideales para legitimar instituciones existentes o proponer cambios (deber ser y poder ser). Ignorar la realidad puede ser irresponsable, mientras que la falta de ideales puede afectar la legitimidad y persuasión. Los líderes políticos deben actuar con responsabilidad, evaluando las consecuencias de sus acciones en el espacio público. (Jiménez Díaz, 2017) En este contexto, la esfera pública se convierte en un espacio crucial donde las palabras, las ideas y las acciones son formas de construir vínculos entre ciudadanos. La defensa de ideales debe ser prudente y razonable, reconociendo la responsabilidad en el espacio compartido. Esto implica no esconderse detrás de otros y respetar la diversidad de opiniones, estableciendo límites en sociedades pluralistas. En resumen, la política efectiva requiere el manejo hábil de la realidad y los ideales, con una consideración cuidadosa de las consecuencias en el espacio público compartido (Jiménez Díaz, 2017). 3.2.6 Principios básicos de la ética política La ética política, como conjunto de principios morales que orientan la conducta en el ámbito político, desempeña un papel crucial en la configuración de sociedades justas y equitativas. Estos principios, que incluyen la justicia, la igualdad, la libertad y la responsabilidad, actúan como brújula moral para los actores políticos, guiando sus decisiones y acciones hacia el logro del bien común. Al enlazar los valores fundamentales con la toma de decisiones en el ámbito gubernamental, la ética política busca armonizar los intereses 44 3.2.6.3 Libertad. La libertad es un principio fundamental en la ética política, sirviendo como cimiento esencial para la estructura y el funcionamiento de las sociedades democráticas. Este principio sostiene que los individuos tienen derechos inherentes a la autonomía y la capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas, siempre y cuando no interfieran de manera perjudicial en los derechos y libertades de los demás. La ética política basada en la libertad busca garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, fomentando la participación ciudadana y el pluralismo de ideas (Muñoz Buitrago, 2012). En este enfoque ético, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y promover la libertad individual, asegurando la igualdad ante la ley y respetando los derechos humanos. La libertad no solo implica la ausencia de coerción y opresión, sino también la creación de condiciones que permitan a los individuos desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar común. Asimismo, la ética política basada en la libertad aboga por la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder, buscando evitar la concentración excesiva de autoridad que pueda amenazar la libertad individual y colectiva (Muñoz Buitrago, 2012). En resumen, la libertad como principio básico de la ética política subraya la importancia de garantizar los derechos individuales, la participación ciudadana y la diversidad en la toma de decisiones, promoviendo sociedades justas y equitativas. 3.2.6.4 Responsabilidad. La responsabilidad, como principio fundamental de la ética política, emerge como un pilar clave en la toma de decisiones y la acción de los actores políticos. Este principio implica la conciencia de las consecuencias de las acciones y la obligación de rendir cuentas por ellas. En el ámbito político, la responsabilidad se extiende desde los líderes gubernamentales hasta 45 los ciudadanos, estableciendo un vínculo esencial entre la toma de decisiones y el bienestar colectivo (Muñoz Buitrago, 2012). En la esfera de la ética política, la responsabilidad se manifiesta a través de la consideración cuidadosa de las repercusiones de las políticas y acciones en la sociedad. Los líderes políticos, al adoptar este principio, reconocen que sus decisiones no solo afectan a su base de votantes, sino a toda la comunidad. Esto implica evaluar las implicaciones éticas de las políticas propuestas, anticipando posibles impactos negativos y buscando el mayor beneficio para el conjunto de la sociedad (Muñoz Buitrago, 2012). La responsabilidad política también se traduce en la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Los ciudadanos, por su parte, comparten la responsabilidad de participar activamente en el proceso democrático, exigiendo que los líderes electos actúen de manera ética y en beneficio de la comunidad. En última instancia, la responsabilidad en la ética política contribuye a la construcción de instituciones sólidas y a la preservación de la integridad en el ejercicio del poder, promoviendo así una sociedad justa y equitativa (Muñoz Buitrago, 2012). 3.2.6.5 Bien común. El bien común es un principio central en la ética política que se fundamenta en la idea de que el objetivo fundamental de la acción política es el beneficio y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Este principio sostiene que las decisiones políticas deben orientarse hacia el bien común, el cual implica la promoción de condiciones que favorezcan la prosperidad y el desarrollo general de la comunidad. A diferencia de la búsqueda exclusiva de intereses individuales o de grupos particulares, la ética política basada en el bien común busca el equilibrio y la justicia social (Muñoz Buitrago, 2012). 46 En este enfoque ético, se reconoce que la diversidad de intereses y perspectivas dentro de la sociedad requiere la búsqueda de consensos y soluciones que beneficien a la mayoría, sin excluir a minorías vulnerables. La distribución equitativa de recursos, la igualdad de oportunidades y la promoción de condiciones que fomenten la dignidad humana son elementos esenciales de la ética política centrada en el bien común (Muñoz Buitrago, 2012). El gobierno, en este contexto, tiene la responsabilidad de facilitar el bienestar general, implementando políticas que aborden las necesidades básicas de la población, promuevan la justicia social y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La participación ciudadana y la transparencia son elementos clave para asegurar que las decisiones políticas estén alineadas con el bien común y que se evite la corrupción y el abuso de poder. (Muñoz Buitrago, 2012) En resumen, el bien común como principio de la ética política busca la consecución de un beneficio colectivo, equitativo y sostenible, priorizando el bienestar de la sociedad en su conjunto sobre intereses particulares. 3.2.6.6 Legalidad. La legalidad, como principio esencial de la ética política, establece un marco normativo que guía la conducta de los actores en el ámbito político. Este principio implica el respeto y la adhesión a las leyes y regulaciones que rigen una sociedad, reconociendo que la legalidad proporciona un fundamento crucial para la estabilidad y la justicia en el sistema político (Muñoz Buitrago, 2012). En la ética política, la legalidad actúa como un salvaguarda contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Los líderes políticos, al adherirse a las leyes existentes, garantizan un ejercicio ético de su autoridad y evitan decisiones que puedan perjudicar a la sociedad. Este principio también establece un terreno equitativo para la participación ciudadana, asegurando 49 promueve el bienestar general y protege los derechos y valores fundamentales de la ciudadanía. 3.3 Ausencia de la ética en la política La falta de ética en la política da lugar a diversas consecuencias negativas que afectan tanto a nivel interno como internacional. La corrupción institucional, caracterizada por prácticas como el soborno y la malversación de fondos, socava la integridad de las instituciones gubernamentales y erosiona la confianza de la sociedad en sus líderes y en el sistema político. La desconfianza ciudadana resultante debilita la conexión entre gobernantes y gobernados, minando la participación ciudadana y la rendición de cuentas en un sistema democrático (Bautista, 2005). La debilidad de las instituciones democráticas es otro riesgo asociado a la falta de ética en la política, ya que compromete principios fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas. Esto puede alimentar la polarización y los conflictos sociales, afectando negativamente la cohesión social. A nivel internacional, la pérdida de credibilidad resultante puede afectar las relaciones diplomáticas y la posición de un país en la comunidad global (Bautista, 2005). En términos de derechos humanos, la falta de ética puede llevar a políticas discriminatorias o represivas, amenazando la integridad y dignidad de los ciudadanos. Además, la ausencia de ética en la política conlleva la carencia de liderazgo inspirador, ya que los líderes éticamente cuestionables tienen dificultades para movilizar a la sociedad hacia objetivos comunes. En resumen, la falta de ética en la política tiene implicaciones profundas que debilitan las instituciones democráticas, socavan la confianza ciudadana y afectan la reputación y posición internacional de un país (Bautista, 2005). 50 3.4 Importancia de la ética en la política La ética política, alineada con principios morales y valores fundamentales, desempeña un papel esencial en la configuración y sostenibilidad de cualquier sistema político. Este conjunto de normas éticas guía la conducta de los actores políticos, desde líderes gubernamentales hasta ciudadanos comprometidos (Merino, 2008). La legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier sistema político. La ética política se convierte en el cimiento que sostiene esta legitimidad al garantizar que las acciones y políticas gubernamentales estén imbuidas de principios éticos. Este respaldo ciudadano no solo promueve la estabilidad, sino que también fomenta la participación activa en la vida política (Merino, 2008). Asimismo, la ética política actúa como un defensor de los derechos y valores fundamentales. Al proporcionar un marco moral para la toma de decisiones, se asegura de que las políticas gubernamentales respeten la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Este enfoque ético protege a la sociedad contra posibles abusos de poder y promueve el bienestar general (Merino, 2008). Un aspecto crucial de la ética política es su papel en la prevención de la corrupción. Al establecer normas éticas, promover la transparencia y exigir rendición de cuentas, la ética política contribuye a crear un entorno hostil para la corrupción. La integridad en la política es un baluarte contra el mal uso de recursos públicos y garantiza que los intereses particulares no prevalezcan sobre el bienestar colectivo (Merino, 2008). En situaciones de conflicto, la ética política ofrece un enfoque constructivo para la resolución de disputas. La justicia, el diálogo y el compromiso ético se convierten en herramientas esenciales para alcanzar soluciones pacíficas y duraderas. Este enfoque ético no 51 solo evita métodos coercitivos sino que también promueve la cooperación y la construcción de consensos (Merino, 2008). Además, la ética política se orienta hacia la promoción del bien común. Busca equilibrar los intereses individuales con el beneficio colectivo, contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades. La ética política, al centrarse en el bien común, se convierte en un faro para la creación de sociedades más justas y equitativas (Merino, 2008). En última instancia, la ética política desempeña un papel formativo crucial en la creación de líderes íntegros. Al fomentar el desarrollo de virtudes como la responsabilidad y la honestidad, contribuye a un liderazgo ético y efectivo. Líderes éticos no solo toman decisiones informadas y justas, sino que también inspiran a otros a seguir principios éticos, construyendo así sociedades más éticas y resilientes (Merino, 2008). En resumen, la ética política no solo es un marco normativo sino también un pilar fundamental para la construcción y mantenimiento de sociedades políticamente saludables. Desde la prevención de la corrupción hasta la promoción del bien común y la formación de líderes íntegros, la ética política emerge como un catalizador esencial para un sistema político robusto y equitativo. Su influencia se extiende desde las instituciones gubernamentales hasta la vida cotidiana de los ciudadanos, destacando su importancia continua en la configuración del panorama político global. 54 sensibilización, al desarrollo de la conciencia, a la madurez de juicio, resultando el establecimiento de unos principios internos y un dominio del carácter. Son los principios y el carácter los que impiden o hacen actuar a una persona, y la ética es la disciplina que los muestra. Así llegamos al campo de la ética, la cual, al ser aplicada al ámbito público, pasa a denominarse “ética pública” o “ética para la administración pública”. 4.4 Instituciones del sistema de justicia en el perú 4.5 Consecuencias de la corrupción ● erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. ● Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas. ● permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular 55 ● revitaliza una cultura corrupta y contribuye a su proliferación económica La corrupción daña el sistema de inversiones públicas, también afecta a las obras de infraestructura (puentes, carreteras, puertos,) tanto en la construcción como en su mantenimiento. se lleva a cabo en construcciones de baja calidad es motivo para que, en el corto plazo, haya que reformar dichas obras. 4.6 Filósofos 4.6.1 Immanuel kant Este filósofo alemán creía en el "imperativo categórico", que es la idea de que debemos actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal. En términos de corrupción, esto significaría que si todos actuaran de manera corrupta, la sociedad se desmoronaría. Por lo tanto, la corrupción es inaceptable desde una perspectiva kantiana. 4.6.2 Aristóteles Este filósofo griego creía en la "ética de la virtud", que es la idea de que debemos cultivar virtudes como la honestidad, la justicia y la integridad. Desde esta perspectiva, la corrupción sería vista como un vicio que debe evitarse. 4.6.3 John Rawls Este filósofo moderno propuso la "teoría de la justicia", que sostiene que una sociedad justa es aquella en la que las desigualdades sociales y económicas se organizan para beneficiar a los menos afortunados. La corrupción, que a menudo beneficia a los ya 56 poderosos a expensas de los menos afortunados, sería vista como profundamente injusta desde una perspectiva rawlsiana. 4.6.4 John Stuart Mill Este filósofo inglés es famoso por su "utilitarismo", la idea de que debemos actuar de manera que maximice la felicidad para el mayor número de personas. La corrupción, que a menudo beneficia a unos pocos a expensas de muchos, sería vista como inaceptable desde una perspectiva utilitaria. 59 para transformar la configuración política regional. De manera que esta investigación pretende precisar hasta qué punto Brasil con el caso Odebrecht ha sido decisivo en la evolución política de esta región. Durante 2016 la palabra corrupción tuvo un lugar significativo en los análisis políticos y económicos sobre la región, destacando el caso Odebrecht como principal incidente en la elaboración del ranking del índice de percepción de la corrupción (ipc) latinoamericano. Venezuela resultó la nación más corrupta con un pago de soborno de 98 millones de dólares. Curiosamente, aun con la crisis política brasileña vivida entre 2015 y 2016, y con la enorme cantidad de pagos en sobornos, se le percibe como la menos corrupta dentro de este ranking, y si se le ubica en la gráfica 1 se encuentra en quinto lugar como la menos corrupta de la región. Es un dato que hay que tener en cuenta dentro de los cambios políticos que ha sufrido Brasil y en la incorporación del presidente Temer dentro de esta dinámica. (Actis, E. (2012) 5.1.1 Características del caso Odebrecht: En primer lugar el hecho de corrupción que define el caso de Odebrecht corresponde a una serie de sobornos conocidos como coimas que operaron en al menos doce países latinoamericanos con la finalidad de conseguir facilidades de contratos públicos para proyectos de la constructora. Para llevar a cabo los sobornos creó una Caja B en el año 2010 con la finalidad de camuflar las irregularidades en la que estaba incurriendo. El soborno puede ser activo cuando el delito es cometido por la persona que promete o da el soborno; o puede ser pasivo cuando es cometido por el servidor o persona que recibe el soborno. El soborno puede iniciarse a instancias tanto del funcionario o representante público, como del representante del sector privado. Verdaderamente, es un ciclo viciado que tiene un efecto en cadena y en cascada. Es decir, entre pares y hacia abajo a los empleados de menor rango, dándole a cada uno lo suyo dentro del circuito (Álvarez Severiche, 2017). 60 5.1.2 Nivel de gravedad: Se trata de un estado sistemático de corrupción que alcanzó no solamente a los diferentes gobernantes de la región, sino en una variedad de cargos públicos de todos los niveles, no solo políticos, sino judiciales. Las operaciones en cada uno de los Estados afectados mantuvieron la misma dinámica, por lo que es posible señalar que se implementó una estructura que creó las condiciones de corrupción política persistentes. Por su parte, la acción del soborno lleva implícita una decisión de tipo ético respecto a la forma de proceder ante el mismo, y estas se manifiestan según la robustez ética del funcionario y, por lo tanto, de las instituciones públicas. Cuando se evalúan los costos que representa para las políticas latinoamericanas la aceptación de los sobornos de la empresa Odebrecht, se tiene que efectivamente no ha habido una mejora en cuanto al desenvolvimiento social, la economía, ni mucho menos la estabilidad política de los países afectados (Álvarez Severiche, 2017). 5.1.3 Actores que intervienen en el acto de corrupción y el grado de implicación: Como se ha dicho, el caso Odebrecht ha salpicado no solo a una línea de gobernantes de la región, sino que ha tenido influencia sobre diversos niveles de cargos públicos como lo son alcaldes, gobernadores, jueces, entre otros. El mayor grado de implicación lo tuvieron Venezuela y Colombia, según el índice de percepción de corrupción. En ambos países se encuentran implicadas las principales figuras políticas; en el caso de Colombia se encuentran señalados el ex presidente Álvaro Uribe, el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales y el senador Otto Nicolás Bula. Las relaciones entre los ex mandatarios de Colombia y Brasil tuvieron muchos roces debido a que durante la presidencia de Uribe hubo mucha confrontación con el fallecido presidente Hugo Chávez que sí era apoyado por Lula da Silva. Esto comprueba que aunque las alianzas políticas no fueron perfectas los casos de corrupción se abrieron paso sin muchas complicaciones. En el caso de Venezuela, se encuentran 61 implicadas diferentes figuras de la cúpula política como lo es el actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro como funcionario principal. Los sobornos de Odebrecht se utilizaron para el financiamiento de las desorbitadas campañas electorales de Chávez, por lo que las declaraciones que provienen del caso expresan pagos de hasta 11 millones de dólares. Mientras que para la campaña electoral de Maduro se recibieron unos 35 millones (2013). (Álvarez Severiche, 2017). 5.1.4 Influencia sobre la legitimidad democrática en la región: El escándalo de corrupción en la región latinoamericana ha descubierto una red de sobornos que evidencia un esquema de corrupción que ha sido erigido sin atender a ninguno de los valores éticos, y sin reparo de perjuicios generando una percepción de que en la región persiste una situación que se encuentra inscrita en su idiosincrasia. Más allá de las imposiciones y sanciones legales, el hecho ha ocasionado el deterioro del patrimonio relacionado con las infraestructuras en las que intervenía la empresa, y que representaba un avance para los países afectados. Pero también la pérdida de la legitimidad en América Latina por influencia de Odebrecht en la persistencia de líderes de corte socialista que acabaron por afectar el avance de la región se evidencia en las crisis políticas que se generaron a partir de este hecho. El caso ha llamado la atención internacional por la compleja red de sobornos que la constructora logró tejer durante al menos una década. No solo la persistencia, sino el afincamiento de la corrupción política en América Latina configuró una alianza política entre líderes populares de izquierda que tuvo especial epicentro en Brasil gracias a la popularidad de Lula da Silva, y del fallecido presidente Hugo Chávez de Venezuela. De esta manera, persiste una explosión de casos reales de corrupción que afectan de manera negativa los sistemas democráticos de los países afectados, sino que también persiste la creencia de que la corrupción es una especie de enfermedad propia de la región. Esta percepción incide 64 en tiempos de la Revolución de 1890 y, en particular, por la fogosa oratoria de Leandro N. Alem. Ya en el siglo XX esta fue una de las razones de la denominación de la Década Infame, luego del golpe de Estado de 1930, atento los escándalos producidos por la compra de voluntades de políticos y concejales por parte de las empresas extranjeras de electricidad para la prórroga de las concesiones de la compañía Italo; a lo que se sumó la investigación impulsada por el senador De la Torre sobre las vinculaciones de un ministro con las empresas frigoríficas inglesas que evadían impuestos y el escándalo por la venta de tierras del Palomar. (Llorente & Cuenta, 2016). 5.2.1 Contexto de la corrupción en Argentina: En Argentina, hasta el año 2019, no existían datos oficiales que permitieran tener algún tipo de aproximación al problema de la corrupción. No había datos de percepción o confianza de la ciudadanía en relación a la calidad de sus instituciones, ni datos oficiales sobre el estado de las causas de corrupción, y mucho menos causas con condenas o absoluciones en tiempos razonables que permitieran conocer lo que había sucedido en el pasado. La ausencia de datos a esta altura dice algo sobre cómo se aborda la corrupción en la Argentina. Sin embargo, a partir de 2015 la Argentina comenzó un camino de mejora en su posición en el IPC – Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Así, los datos de 2015 a 2019 muestran que la Argentina pasó del puesto 107 al 66 sobre un total de 180 países y territorios, mejorando su puntaje de 32 a 45 sobre 100 (donde 100 corresponde a los países más transparentes y 0 a los menos) (Cabot.D, 2018) Esa mejora en la percepción de la corrupción en todo el sector público puede vincularse a una serie de medidas que se tomaron desde 2016 como la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 27.275), la de responsabilidad penal de las empresas, la del imputado colaborador, y el cuestionado decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. Sin ánimo de desmerecer dichos avances, lo cierto es que aún 65 quedan temas centrales a la espera de reforma para prevenir y sancionar la corrupción como una nueva ley de ética en el ejercicio de la función pública que controle eficazmente los conflictos de interés, redefinir el rol de la Oficina Anticorrupción y su independencia funcional, una nueva ley de compras y contrataciones que incorpore estándares de integridad y transparencia, entre otras. Asimismo, dicha mejora en la percepción puede también encontrar explicación en la actividad judicial desplegada a partir de las múltiples causas de corrupción iniciadas o que tomaron impulso luego del cambio de gobierno en el año 2015. Sin embargo, a pesar de la hiperactividad en los tribunales federales encargados de investigar y juzgar los delitos de corrupción, los avances en las investigaciones no han sido significativos en términos de eficacia. (Cabot.D, 2018) En este sentido, en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), del Consejo de las Américas y Control Risks, la Argentina obtuvo un puntaje de 5,33 – escala de 1 a 10 – y se ubicó por debajo de Chile, Brasil y Colombia. Este índice evalúa y clasifica a los países de acuerdo a su efectiva performance para combatir la corrupción. El mayor puntaje indica mayor performance. Este índice observa 14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo investigativo, y mide por primera vez el rendimiento y el nivel de recursos disponibles para combatir el crimen de cuello blanco. Los datos del Índice CCC se presentaron por primera vez en 2019 por lo que no es posible realizar comparaciones de rendimiento para un mismo país. Finalmente, ese mismo año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó el Estudio Nacional sobre Percepción y Acceso a la Justicia3 que constituye la primera línea de base oficial para analizar y estudiar el sistema de justicia penal. De acuerdo a las conclusiones del estudio, la confianza fue medida a partir de tres dimensiones: la percepción de los entrevistados acerca de la eficacia de la justicia penal, la percepción de los entrevistados acerca de su capacidad de actuar con equidad (justicia distributiva) y la percepción de que la 66 justicia actúa de acuerdo a valores con los cuales se identifican los entrevistados (alineación con valores). Considerando la dimensión confianza en la efectividad de la justicia penal, la mayoría de los entrevistados se inclinó por la opción más desfavorable, en proporciones que superan el 50% en todos los casos. Así es que el 72% opina que la actuación de la justicia es mala o muy mala; el 73% opina que la justicia penal es poco eficaz, no resuelve los casos; el 67% piensa que la justicia no ha mejorado en los últimos años; el 92% opina que los tribunales penales demoran demasiado en resolver los casos judiciales; y el 72% considera que es difícil entender el lenguaje que usan los jueces en sus decisiones. Manifiestan opiniones significativamente más negativas los mayores de 30 años, las mujeres, aquellos que habitan en el interior del país (es decir, todo el país exceptuando el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y aquellos entrevistados con un nivel educativo alto. (Cabot.D, 2018) En este contexto, en el presente estudio se analizan variables del ámbito institucional, penal sustantivo, procesal operativo y de otras instituciones que pueden incidir en la investigación y sanción de los delitos de corrupción. Para ello, se efectuó un relevamiento regulatorio en todos estos ámbitos y se consultaron diversas fuentes para conocer el funcionamiento práctico del sistema penal en relación a las causas de corrupción. Las fuentes consultadas fueron: relevamiento jurisprudencial, bibliografía especializada, información periodística, y entrevistas con actores claves. A su vez, el estudio incluye el relevamiento de dos causas de corrupción en la Argentina que, por diversas razones que se verán más adelante, resultan significativas: la causa “Once” y la causa “Cuadernos”. A partir de los datos relevados en este informe, podemos decir que la Argentina tiene aspectos relevantes para mejorar en la dimensión institucional, en la penal sustantiva y en la procesal operativa que podrían explicar la ineficacia del sistema de justicia penal para alcanzar resultados en las investigaciones en materia de corrupción. En términos generales, podemos delinear 3 grandes 69 5.2.3 Falta de formación adecuada de los operadores jurídicos: La formación jurídica de los operadores del derecho en Argentina tiene un marcado sesgo formalista que se traduce en programas de estudios con materias concebidas como compartimentos estancos cuyo eje central consiste en conocer la letra de ley y la tradición dogmática como ciencia jurídica. La enseñanza del derecho ha postergado para algún otro momento ha dejado un lugar marginal a la enseñanza de la teoría y práctica argumentativa, la interpretación constitucional y la resolución de problemas -caso- con el derecho. Así, no hay a la fecha en las carreras de abogacía, salvo algunas puntuales excepciones, cursos obligatorios sobre prueba, argumentación o ética profesional . En efecto, en las Facultades de Derecho no se enseña a probar un hecho, a dar razones más allá de la cita a la ley o la dogmática, ni la construcción de una práctica profesional basada en la buena fe de sus actores. (Cabot.D, 2018) A ello se agrega que la formación profesional posterior, una vez obtenido el título de Abogado/a, es endogámica, poco estructurada y librada a las decisiones que autónomamente tome el profesional. En este sentido, las escuelas judiciales o de la magistratura reproducen los cursos que la propia profesión ofrece en los centros universitarios y, de este modo, parecen estar lejos de cubrir las necesidades de formación para el desempeño eficaz de la función. En efecto, la Argentina no cuenta con una academia jurídica independiente y profesionalizada lo que precariza aún más la educación legal, así es que, por ejemplo, solamente el 0,4% de los profesionales que investigan en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) pertenecen al campo del derecho6 . La falta de inversión y desarrollo en este campo tiene un claro impacto en las formas que adquiere la práctica legal. Los déficits de formación profesional se traducen, entonces, en múltiples problemas con impacto directo en el rendimiento del sistema penal tanto en términos de garantías procesales y debido proceso legal como, así también, en términos de 70 operatividad y eficiencia. Así, en el trabajo de los operadores en los casos concretos pueden registrarse serios déficits en materia de interpretación de la ley penal procesal y sustantiva a la luz de estándares constitucionales; y, más grave aún, en materia de hechos y prueba. Más profundamente, la formación profesional presupone una manera de concebir el rol de los actores que se plasman en prácticas que resultan anacrónicas en sus niveles de burocratización, falta de coordinación, escasa profesionalización y casi nula propensión a la rendición de cuentas. (Cabot.D, 2018) 5.2.4 Falta de control suficiente y rendición de cuentas: El Poder Judicial es el más demorado en términos de rendición de cuentas en cumplimiento de la ley de ética pública, transparencia organizacional y presupuestaria, y gestión eficiente. El organismo a cargo del control y gestión del Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura de la Nación y es, también, el órgano encargado de garantizar altos estándares de rendimiento judicial. Sin embargo, desde su creación a la fecha, el Poder Judicial, salvo escasas excepciones , no ha digitalizado sus procesos de trabajo por lo que no tenemos datos confiables sobre la cantidad de causas que hay en los juzgados, ni sobre cuántas están activas y en qué etapa del proceso se encuentran ni sobre los criterios aplicables para ello, o sobre los plazos y tiempos de la justicia. Tampoco hay información sobre la cantidad de personal con que cuentan los juzgados, y mucho menos sobre sus perfiles profesionales, no hay datos de sus sueldos, ni sobre la ejecución presupuestaria, ni sobre el destino del dinero proveniente de las tasas de justicia, o qué se hace con los bienes incautados o decomisados, entre muchos otros. (Yuhui.S, 2021) A esta falta de datos, se suma la dificultad en el acceso a expedientes que permitan diagnosticar el funcionamiento del sistema judicial y, cuando se accede a ellos, la escritura en papel, la extensión y la falta de sistematización de la información constituyen una barrera 71 adicional de acceso al trabajo judicial. De este modo, las demoras del Consejo de la Magistratura en la modernización y control del poder judicial conspiran, a su vez, con la posibilidad de que la sociedad civil organizada contribuya de manera efectiva en el proceso de consolidación de un Poder Judicial que implemente políticas de rendición de cuentas, integridad, calidad y eficiencia del servicio de justicia. Estos 3 grupos de problemas tienen, como veremos, un impacto notorio en los tiempos y en la eficacia del sistema penal en la investigación y sanción de la corrupción. En efecto, la Argentina, no ha podido determinar qué, cómo, cuándo, dónde y quién en la mayor parte de las investigaciones penales iniciadas por delitos de corrupción. Así, en las causas de máxima relevancia pública del país el sistema penal se muestra impotente a la hora de conocer y ello conduce a situaciones de impunidad y de alta frustración social. (Yuhui.S, 2021) 5.2.5 Selección de casos: La selección de casos para la presente investigación se realizó con y en función de los criterios sugeridos por Espacio Público. Estos criterios tuvieron en cuenta, principalmente, los siguientes elementos (Yuhui.S, 2021): 1. La existencia de juicio terminado y sentencia. 2. Que estén involucrados altos cargos de gobierno, políticos o empresariales. 3. Existencia de una organización para cometer delitos. 4. Impacto sobre una actividad económica o de alta connotación social. 5. La existencia de un patrón sistemático. 6. El involucramiento amplio del aparato de persecución penal. Según se desprendía de la información obtenida de los medios y de las investigaciones seguidas en los casos de corrupción, los dos grandes focos de corrupción se 74 5.3.1 Hechos relevantes del caso: 1) En junio del 2017, la investigación liderada por las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, de la Fiscalía Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao, –en el caso “Las Castañuelas del Rich Port”- identificó que personas investigadas en delitos como sicariato, extorsión y narcotráfico mantenían vínculos con funcionarios del sistema de justicia del Callao, quienes les habrían garantizado impunidad. 2) El 12 de enero de 2018, producto del contenido de las interceptaciones telefónicas y de la relación de funcionarios del sistema de justicia con las personas investigadas, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada del Callao realizó actos de investigación, así como solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en el marco del caso “Los cuellos blancos del puerto”. 3) El 7 de Julio de 2018, IDL-Reporteros reveló una serie de audios que revelarían tratos ilícitos entre autoridades del sistema de justicia como el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza; y los ex miembros del CNM Julio Gutiérrez, Guido Aguila e Iván Noguera. 4) El 20 de julio de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de la República dictó la orden de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Walter Ríos por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravada. 75 5) El 08 de agosto de 2018, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema amplió el plazo de prisión preventiva por 36 meses contra Walter Ríos Montalvo, por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado 6) El 18 de agosto de 2018, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó 36 meses de prisión preventiva contra Gianfranco Paredes, John Misha, Nelson Aparicio, Carlos Parra, Verónica Rojas, Jacinto Salinas, Víctor León, Juan Eguez, Fernando Seminario, José Cavassa, Mario Mendoza y Edwin Camayo, quienes venían siendo investigados por los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. 7) El 04 de octubre de 2018, el Congreso de la República acusó a César Hinostroza por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Respecto de Iván Noguera, se le acusó por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal. Respecto a Julio Gutiérrez, se le acuso por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico. Respecto de Guido Águila, se le acusó por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal. Por último, Orlando Velásquez fue acusado por el presunto delito de cohecho pasivo específico. . 8) El 17 de octubre del 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dictó la medida de la detención preliminar judicial contra César Hinostroza, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible y organización criminal. 76 9) El 19 de octubre del 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema aprobó la formalización y continuación de la investigación preparatoria realizada por la Primera Fiscalía Suprema contra César Hinostroza, Guido Águila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera. Los delitos investigados son los de organización criminal, negociación incompatible, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. 10) El 21 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dictó la medida de prisión preventiva contra César Hinostroza por un plazo de 36 meses, debido a que habría cometidos los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible y organización criminal. 11) El 21 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dictó la medida de prisión preventiva contra César Hinostroza por un plazo de 36 meses, debido a que habría cometidos los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible y organización criminal. 12) El 6 de noviembre de 2018, la Sala Penal Transitoria declaró procedente la solicitud de la extradición activa de César Hinostroza, formulado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigida a las autoridades del Reino de España. 13) El 7 de noviembre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dictó el mandato de comparecencia con restricciones contra Guido Aguila, Orlando Velásquez y Iván Noguera, así como el impedimento de salida por 18 meses contra los mencionados. 79 criminal y cohecho pasivo específico, en el marco de las investigaciones del caso “Cuellos Blancos de Puerto”. 24) El 7 de julio de 2020, el Gobierno español aprobó la extradición de César Hinostroza Pariachi, por lo que será procesado en el país por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. 25) El 21 de julio de 2020, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundado el requerimiento fiscal de la prolongación de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses contra Tomás Gálvez por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y organización criminal, en agravio del Estado peruano. 5.4 La corrupción y las amenazas internas a la democracia: ¿Por qué hay gente corrupta? Quizá resulte oportuno ilustrar la respuesta con uno de los más famosos procesos jurídicos realizados en tribunales de Atenas clásica. Esquines, en su discurso Contra Timarco, acusa a éste de que “cuando llegó a ser logista, causó muchísimos males a la ciudad al aceptar dádivas de magistrados injustos, pero sobre todo calumnió a los sometidos a rendición de cuentas que no habían cometido ninguna injusticia” (Esquines, 2000). “Aceptar dádivas” desarrollando una función pública con vistas a ejercer el poder en beneficio del “dadivoso” con menoscabo del interés común puede ser considerada una definición relevante de la corrupción en la democracia clásica. Vista desde esta perspectiva, se trata de una variedad de la injusticia y de una deslealtad del corrupto hacia su comunidad. El afán de riqueza desprovisto de toda prudencia, de la distinción elemental entre lo bueno y lo malo, conduce a la decadencia incluso a las ciudades más prósperas (Costa, 2009). 80 En cuanto a los medios para corromper en una democracia, según autores clásicos, se registra una paradoja. Por una parte, como es bien sabido, existe una relación directamente proporcional entre deliberación y democracia. La libertad y la igualdad de derechos propias de la democracia también estaban presentes en el uso de la palabra (parresía e isegoría). Actualmente entre los “elementos para construir una democracia ética” (Ausín et al, 2014: 59) sigue siendo imprescindible la deliberación. Sin embargo, la palabra que edificaba la democracia también amenazó con derrumbarla. Y la crisis del siglo quinto antes de nuestra era, cuando se acuñó el concepto mismo de crisis en Occidente tal y como lo conocemos hoy en día, generó la oportunidad para la difusión de la corrupción en Atenas. La demegoría, la demagogia, suele servirse de la retórica como uno de sus instrumentos. La demegoría plantea el dilema entre mera instrucción pragmática y verdadera educación ciudadana. El demagogo despliega un adiestramiento técnico, en este caso la retórica, que le permite manipular las asambleas y los tribunales para beneficiarse a sí mismo sin ninguna perspectiva del bien común; pero la verdadera educación suma debe sumar a las competencias técnicas una sólida preparación para la convivencia ciudadanía. Mientras que la primera gravita en torno del éxito del individuo, la segunda persigue el bienestar del individuo dentro de la comunidad. Y como ya lo percibió Solón, el padre de la democracia, sólo merced a la recta adecuación pueden formarse buenos ciudadanos. Una formulación actual de este planteamiento originario de la democracia puede ser la de Diego Bautista (Diego, 2014) Entre los censores de la democracia, Platón se percató de que a través del mal uso de la retórica era posible que personas sin escrúpulos, pero suficientemente adiestradas en el arte de la persuasión, fomentarán la corrupción en y de la sociedad. Antonio López Eire sostiene que en los diálogos: Nos encontramos ante una presentación de la retórica absolutamente negativa, cargada de los mismos prejuicios que se nos revelan de inmediato en la concepción platónica de la retórica, sobre todo el de la hermandad de la retórica y la corrupción política. 81 La retórica, en cuanto que es el arte de la persuasión mediante la palabra, ha de ser desterrada de la república que dirigen o debieran dirigir los filósofos, porque toda persuasión implica engaño, añagaza, argucia, artificio, artimaña, fingimiento, ocultación y trampa (López, 1996). 84 BIBLIOGRAFÍA Actis, E. 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