La Integración Europea: Desde la Unión Paneuropea a la Unión Europea, Apuntes de Geografía

¡Descarga La Integración Europea: Desde la Unión Paneuropea a la Unión Europea y más Apuntes en PDF de Geografía solo en Docsity! HISTORIA DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA Tema 1. Los primeros pasos del europeísmo El paneuropeísmo de entreguerras Tras la Primera Guerra Mundial parecía que el sueño de la Europa unida quedaría definitivamente enterrado, pero no fue así. Los sufrimientos de la población, las convulsiones sociales de la Revolución Rusa de 1917, el mosaico de estados-nación y la expansión del pesimismo cultural llevaron a muchas conciencias la convicción de que solo un proceso de integración continental, basado en el federalismo europeísta, podría evitar una nueva catástrofe. La Unión Paneuropea Apenas terminada la Primera Guerra Mundial resurgieron las iniciativas. Intelectuales como H .G. Wells, entre otros, se empeñaban en estimular el espíritu de conciliación. Filósofos como Ortega y Gasset animaban a las élites continentales a canalizar los nuevos movimientos sociales en favor de la unidad europea. Políticos franceses y italianos, desde el campo liberal, defendían los ideales paneuropeos. Pero la primera iniciativa de entreguerras del proceso de integración europea se debe al conde Richard Nikolaus fundador de la Unión Paneuropea (1922). Diplomático, y con diferentes nacionalidades , tuvo una visión cosmopolita que, tras conocer los horrores de la Gran Guerra, le acercó a la concepción del europeísmo como movimiento pacifista y superador de los nacionalismos. Animaba a las élites intelectuales y económicas a plantear alternativas al avance del comunismo soviético en Europa. Sostenía que tras la Gran Guerra, el Continente había perdido su papel hegemónico en el planeta frente a potencias emergentes extra-europeas como EEUU y Japón, o la Rusia soviética y el Reino Unido, que el conde no incluía en su futura Comunidad de naciones europeas. Tras la convocatoria de una Conferencia continental que resolviera los conflictos entre estados y el establecimiento de una Unión Aduanera Paneuropea, se procedería a la constitución de los EEUU de Europa, con ciudadanía común y Parlamento de dos Cámaras, una popular elegida por los ciudadanos, y otra federal, con un representante de cada estado miembro. Los estados tendrían cierta cota de soberanía, pero subordinada al mantenimiento global del sistema liberal- capitalista y a un modelo de seguridad continental, militar y diplomático, que impidiera futuras guerras. La Unión Paneuropea tuvo alguna relevancia durante los años 20 y principios de los 30, pero su organización no asumió acciones específicas ante los estados, para el desarrollo práctico de sus propuestas. Las primeras iniciativas funcionalistas Sin embargo, otras iniciativas ajenas al federalismo europeísta sí lo intentaron. Eran limitados proyectos funcionalistas de carácter básicamente económico, a cargo de empresarios, economistas y políticos liberales conservadores. Constituyeron los avances más sólidos en la consecución de los ideales paneuropeos, y se basaban en dos líneas de acción paralelas: a) estímulo a la regulación de las tasas de cambio, y el impulso a las uniones aduaneras entre estados, para el proteccionism. Crear un gran mercado libre abierto a al circulación de mercancías, de capitales y de personas. b) formalización de cárteles empresariales supranacionales en la industria y el comercio. Libre circulación de carbón y acero entre países, sin controles estatales. El Memorándum Briand Aunque el proyecto de unificación europea fue el que realizó avances más serios en el periodo de entreguerras, resultaba imposible lograrlo sin un consenso político de los gobiernos europeos, sobre todo a partir de la crisis del mundial del 29, que alejó cualquier atisbo de integración económica. Aunque no era la tónica dominante en la Europa de entreguerras, hubo un puñado de políticos que abrazaron fervientemente el europeísmo. Entre ellos destaca Aristide Briand, ministro de Asuntos Exteriores francés y presidente de honor de la Unión Paneuropea. Ante el impacto de su discurso en la sede ginebrina de la Sociedad de las Naciones (SDN) en 1929, recibió por parte de ella una petición para que elaborase un documento más amplio, redactando el Memorándum Briand que presentó a los 26 estados europeos en 1930. Aunque hacía hincapié en la cuestión de un sistema de seguridad internacional que evitara futuras confrontaciones, el Memorándum incidía también en lo fundamental de la unión económica, defendiendo el librecambismo para facilitar un mercado común para elevar el nivel de bienestar del conjunto de territorios de la Comunidad europea. Sin embargo, aunque despertó el entusiasmo en ciertos medios intelectuales, solo encontró silencio en los gobiernos y terminó siendo archivado. En 1938, un grupo de europeístas británicos creó la Unión Federal entre Francia y Reino Unido. Sin embargo los ideales paneuropeos iban en contra de las tendencias triunfantes, los fascismos, el feroz nacionalismo económico y el retroceso de la democracia en general. Las crisis llevarán a una nueva guerra civil en septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial Pareció representar el fracaso de los ideales paneuropeos, pero al igual que la guerra anterior, funcionó como motor de aceleración de los procesos de integración continental. Europa se estaba viendo remodelada gracias a las victorias del eje germano-italiano (1939-1942), así como a los pactos de la URSS con el III Reich. Los ideólogos nazis buscaron establecer un Nuevo Orden Europeobajo la hegemonía de la Gran Alemania. El Nuevo Orden se apoyaba en las dictaduras filonazis de partido único, fascista o conservador, y subordinados a los intereses de Alemania. Se propuso un plan de Unión Económica europea, que suponía la desaparición de las aduanas interiores, la creación de un Banco Central Europeo con sede en Berlín y una serie de acuerdos comerciales, explotación de recursos y mano de obra que hubieran asegurado el control germano sobre la economía europea. Para entonces, en 1943, el Reich empezaba a perder la guerra. Tras la invasión alemana de Bélgica y Holanda en 1940, Jean Monnet, presidente del Comité de Coordinación franco-británica, propuso a Churchill la Unión Franco-británica que incluía la unificación económica, de defensa y ciudadanía común, que el primer ministro británico aceptó. Sin embargo, al día siguiente el presidente francés Paul Reynaud no logró que se aprobara en el Consejo de Ministros en el que se acordó solicitar el armisticio a los alemanes. En Italia, Altiero Spinelli realizó un Manifiesto preconizando una Europa libre y federal. Tras la caída de Mussolini fundó en Milán, el Movimiento Federalista Europeo. La Guerra Fría Uno de los objetivos de los Aliados era la remodelación de Europa al finalizar la guerra. “Los Tres Grandes” (EEUU, URSS y británicos) asumieron el papel de directorio mundial para planificar el futuro. Roosevelt,Stalin Churchill, sobre la base teórica de la Declaración de la Europa Liberada, acordaron un modelo de democracia pluralista, con elecciones libres como eje de los sistemas políticos del Continente. Sin embargo, lo que se decidía era el reparto de influencias sobre el Continente a cargo de las dos nuevas superpotencias globales EEUU y Unión Soviética, El Reino Unido, sería una potencia menor, volcada en conservar su imperio colonial y asociada a las políticas estadounidenses. Se modeló así hasta la fractura continental (Europa del Este y Europa del Oeste). La Gran Alianza antifascista entre 1941-45 se disolvió rápidamente en una “guerra fría” a escala planetaria. El Plan Marshall y la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) Motivos humanitarios, intereses económicos y planteamientos de estrategia militar global, coincidieron para decidir a Truman intervenir en apoyo de la recuperación de la economía europea. Para ello las naciones europeas tenían que elaborar un programa conjunto de reconstrucción económica en el que el Gobierno norteamericano colaboraría “en la medida de lo posible”. George Marshall, secretario de Estado nortameriano impulsó el Programa de Reconstrucción Europea (PRE),popularmente conocido como PlanMarshall. Truman creó la Administración de Cooperación Económica. Llevaba pues implícito un alienamiento antisoviético. Todos los países europeos, menos España, la Alemania ocupada y la URSS, acudieron a la Conferencia continental de París en 1947. Finalmente otros países “aconsejados” por Moscú se retiraron de la Conferencia. Los 16 estados presentes establecieron un Comité para la Cooperación Económica Europea (CCEE). Los países beneficiarios acordaron convertir CCEE en un organismo de mayor alcance, la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Estos países eran Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía, y como candidata la RFA. Washington aportó en este Plan un total de 12.817 millones de dólares para la reconstrucción europea, en forma de donaciones a fondo perdido. La OECE cumplió adecuadamente sus fines de recuperar el crecimiento de la economía de sus miembros y la prosperidad de sus sociedades. Se concedió atención especial a la importación de maquinaria industrial y agrícola. La economía de la Alemania occidental, uno de los objetivos del Plan Marshall, se recuperó con rapidez y se encontró en condiciones de incorporarse al concierto de integración continental. Al concluir el Plan Marshall en 1951, la economía de la Europa occidental (excepto España) había superado ampliamente los niveles anteriores a la guerra. En un principio se pretendía mantener la OECE más allá del periodo de vigencia del PRE. Sin embargo, Reino Unido, Suiza, o los países escandinavos eran partidarios de limitar la Organización a simple reguladora de políticas monetarias y estímulo de comercio internacional. Frente a ellos, Francia y Benelux querían convertirla en plataforma de unificación económica continental, comenzando por la unión aduanera. La OECE se encontró pues en un punto muerto. En 1961 dejó de ser una institución puramente continental al ingresar EEUU y Canadá, y Japón en 1964, pasándose a denominarse Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una especie de club mundial de países industrializados. Tema 2. El arranque de los procesos de integración Las vías pplíticas del europeísmo Fueron seis las organizaciones no gubernamentales que tuvieron relevancia en el arranque de la unificación europea: 1. Unión Europea de Federalistas (UEF). Creada por grupos ajenos a los partidos políticos. En 1944 se fue articulando un programa común centrado en la creación de una Federación dotada de un completo marco de instituciones supranacional, basada en la democracia parlamentaria y los derechos humanos. En 1947 se estableció un programa común para las 50 organizaciones de 16 países, orientado políticamente a conseguir una Federación Europea y cuyo objetivo era la creación de una Asamblea Constituyente de la Unión Federal Europea. 2. Movimiento para la Europa Unida (MEU). A la sección británica liderada por W. Churchill, se unió el Consejo Francés para la Europa Unida. Defendían tesis próximas al funcionalismo, cofederación bastante laxa de estados europeos, respetando la soberanía de sus miembros y cediendo solo determinados aspectos funcionales de su gestión ejecutiva. 3. Liga Europea de Cooperación Económica (LECE). Creada en 1946, se definían como “grupo de presión intelectual” de carácter privado, organizándose a través de Comités nacionales, que nutrían su Consejo Central con sede en Bruselas. 4. Los Nuevos Equipos Internacionales (NEI). Impulsados por la Democracia Cristiana europea fueron creados en Bélgica. Se convirtieron en la Unión Europea de Demócratas Cristianos. Defendieron los valores del catolicismo y combatieron el comunismo, especialmente tratando los aspectos sociales de la integración europea. 5. Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa.Fue impulsado por socialdemócratas y laboristas. Abogaba por una unión europea que incluyera también a Alemania y que adoptara políticas globales para implementar el “Estado de Bienestar”. 6. Unión Parlamentaria Europea (UPE). Se creo esta organización en Suiza en 1947. Miembros de los parlamentos de Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Grecia constituyeron la Unión. No era una organización de carácter oficial, pero representó la llegada del federalismo europeísta al corazón de los sistemas políticos de las democracias continentales. El Congreso de La Haya Estas seis organizaciones buscaron rápidamente establecer mecanismos de colaboración, abriéndose una primera fase del proceso de integración europea, conocida como “etapa de los congresos”. En la Conferencia de París (1947), la LCE, UEF, UPE y MEU aportaron sus efectivos a los Comités de Coordinación de los Movimientos para la Unidad Europea, que se fundieron en un Comité Internacional para la Unidad Europea. Las iniciativas del Comité se concretaron en el Congreso de Europa , reunido en la Haya en 1948 y cuya finalidad era debatir el modelo de unidad continental, con el fin de “atraer sobre este problema la atención de la opinión pública internacional y de marcar la creación de los Estados Unidos de Europa como objetivo común para todas las fuerza democráticas europeas”. Pero estas sesiones pusieron de relieve las difeerencias entre las dos visiones de la construcción europea : - Federalistas.Con Unión Europea de Federalistas pretendían una marcada cesión de soberanía de los estados en beneficio de organismos supranacionales de gobierno, como la Asamblea de Europa, que elaboraría una Constitución europea, a partir de la cual se organizaría la Federción. - Funcionalistas .Churchill como portavoz, defendía una mera coordinación funcional entre gobiernos europeos, con un papel activo en la lucha por la democracia, los derechos humanos, el libre mercado y los valores europeístas, pero sin implicar una pérdida real de la autonomía de las políticas estatales. Los textos del Congreso fueron elaborados por tres comisiones: Comisión política. Sus propuestas recogieron los puntos de vista de los funcionalistas afirmando que “Europa no puede ser creada por una especie de revolución federalista, que debilitaría a los gobiernos sin fortalecer a la colectividad”. Aunque se coincida en la necesidad de crear una Asamblea de Europa, los federalistas querían dotarla de capacidad legislativa, mientras que los funcionalistas permitían una Asamblea constituida por delegados de los parlamentos nacionales y con carácter meramente consultivo. Comisión de Economía: hubo mayor unanimidad a la hora de defender la cooperación y el libre mercado: supresión de derechos aduaneros, libre convertibilidad monetaria y libertad de circulación de trabajadores. Comisión de Cultura: patrocinó un Colegio de Europa, institución universitaria establecida en 1949 en Brujas dedicada sobre todo a humanidades y ciencias sociales. El mínimo acuerdo entre federalistas y funcionalistas se centró en trasladar el impulso europeísta de las iniciativas privadas a las instancias oficiales de los estados, que hasta el momento se habían mantenido un tanto al margen. El Congreso de la Haya es un momento clave en el proceso de integración europea, ya que puso de manifiesto el alto consenso europeísta entre políticos, empresarios e intelectuales de la Europa occidental. El Movimiento Europeo y el Consejo de Europa La preeminencia en el Congreso de la Haya de los funcionalistas facilitó que los gobiernos continentales aceptaran asumir un papel cada vez más protagonista. Se creó la Asamblea de Europa, como organismo intergubernamental de carácter político, que defendió la integración económica con acuerdos intergubernamentales. Las organizaciones presentes en el Comité Internacional decidieron dar un paso más, manteniendo su carácter privado pero ampliando su capacidad para influir sobre gobiernos y parlamentos. En octubre de 1948 el Comité se transformó en el Movimiento Europeo (ME). Este se organizó con un Consejo Federal al frente de los 26 comités nacionales. El ME, dedicado a la promoción del concepto de integración europea, alcanzó un noble prestigio y desarrollo en las décadas siguientes. Pero entre los miembros no existía ningún interés en apoyar la propuesta federalista de una Asamblea de Europa, existiendo dos posturas encontradas en cuanto a su constitución. La mayoría defendían una Asamblea formada por delegados de parlamentos estatales, incluso los británicos rechazaban su creación y proponían un Consejo de Ministros integrado por los gobiernos de la OECE. Tras largos debates, los ministros de Asuntos Exteriores en reunión en Bruselas y acordaron crear un Consejo de Europa como órgano de representación de las democracias del Continente, pero sin capacidad política. Este contenía un Comité de Ministros (funciones ejecutivas) y la Asamblea parlamentaria (carácter consultivo). La condición fundamental para entrar en el Consejo era ser una democracia parlamentaria respetuosa con los derechos humanos. España y Portugal ingresaron en 1976 y 1977, Grecia fue temporalmente apartada entre 1967 y 1974 (“dictadura de los coroneles”), y Turquía por idéntico motivo entre 1980 y 1984. Los 23 estados herederos de la URSS y de los restantes sistemas comunistas fueron admitidos tras la caída del Muro entre 1990 y 2007. Para entonces los miembros del Consejo eran ya 47. El Consejo de Europa se estableció en Estrasburgo con tres organismos: - Secretaría General: con un secretario general al frente. - Comité de Ministros: formado por los responsables de de Asuntos Exteriores de los estados. - Asamblea Consultiva: integrada por representantes de los parlamentos nacionales. La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA, Europa de los Siete) La creación de las Comunidades Europeas escindió en dos a la OECE. El inicio del proceso de integración dejaba fuera de juego al Reino Unido, que no quería asumir el nivel de adhesión que requería el Mercado Común, pero también a las economías más débiles de la periferia europea. Perdidos sus objetivos iniciales (distribuir la ayuda del Plan Marshall y potenciar la recuperación económica en la posguerra) la OECE se convirtió en un nuevo organismo, donde se incorporaron EEUU, Canadá y Japón, con el fin de afiliar a todos los países capitalistas industrializados de la época. Londres no podía renunciar a los intercambios con el Continente, que suponían más del 50% de su comercio exterior, pero la integración en la CEE suponía un riesgo mortal para el sistema de tarifas preferenciales de la Commonwealth, que permitía al Reino Unido vender sus manufacturas y obtener materias primas y agrarias en su exclusivo ámbito imperial, en condiciones muy favorables. Como solución alternativa al Mercado Común, el canciller de Exchequer H. MacMillan, propuso una “zona europea de libre cambio”. Esta consiste en una asociación de países que suprimen las barreras aduaneras al comercio y renuncian a cualquier política de contingentes entre ellos, pero al contrario que la CEE, sin tarifa exterior común, con lo que los socios son libres de establecer acuerdos individuales con terceros. Así, los británicos podían negociar desarmes arancelarios concretos, pero sin incluir los productos agrarios europeos. La CEE rechazó dicho acuerdo, y la diplomacia londinense se centró en los restantes miembros de la OECE. Suecia, Noruega, Dinamarca, Portugal, Austria y Suiza se mostraron de acuerdo a un área comercial común con Reino Unido, y “ la Europa de los Siete” se constituyó estableciendo la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Desde el principio quedó patente que la AELC jugaba en desventaja respecto a la Pequeña Europa del Mercado Común: no era un proyecto de integración económica, ni vislumbraba una futura unión política, y carecía de instituciones propias, por lo que estaba condenado al fracaso. Cuando Londres se dio cuenta del fracaso ya era tarde, conscientes del error de haber rechazado reiteradamente las invitaciones recibidas de los Seis durante los ´50. Apenas un año después de la creación de la AELC empezaron a dar muestras de querer ingresar en el Mercado Común, pero Francia estaba dispuesta a hacerles pagar un alto peaje por el ingreso en tan selecto club. La Europa de las Patrias Tras la aclamación del general Charles De Gaulle como salvador de la nación en la crisis independentista argelina en 1958, se instauró la V República, con un régimen marcadamente presidencialista y una hegemonía manifiesta de su partido, la conservadora Alianza del Pueblo Francés (RPF). Su llegada al poder avivó el debate entre federalistasy funcionalistas. De Gaulle había criticado o combatido abiertamente muchas iniciativas europeístas, pero pese a ello no cabía pensar que diese marcha atrás al apoyo francés al avance funcional de las Comunidades. En su Declaración de la Europa de las Patrias en 1960, confirmó su rechazo al federalismo, pero sin embargo se mostró partidario de progresar en la integración continental mediante una fórmula confederal o de “cooperación”, que con objetivos funcionalistas respetara al máximo la soberanía de los estados. Su visión del orden europeo era la de un equilibrio internacional pactado, basado en la cooperación permanente entre estados para limar sus diferencias y recuperar la presencia del Continente en el escenario mundial. Este modelo confederal era el más sólido de cuantos se ofrecían a corto plazo para la integración europea, obligando a los políticos a replantearse el futuro de las Comunidades, hasta entonces vinculado al federalismo de Monnet. Aunque ello introducía un peligro de disensión entre los Seis, los gobiernos, los superaron cediendo algunas de sus posiciones iniciales. Este clima de colaboración propició un notable éxito en los objetivos marcados a corto plazo a las Comunidades, y en especial al Mercado Común. En 1968, el mercado interior de la CEE funcionaba libre de derechos de aduana, con los contingentes liberalizados y alcanzado el arancel aduanero común. La Convención de Yaundé Se produjo un debate muy interesante sobre el modelo comercial que seguiría el Mercado Común a escala planetaria, en relación con los antiguos Territorios de Ultramar (TOM). Holanda y la RFA defendían un modelo global de libre comercio, con las menores barreras arancelarias posibles. En cambio, Francia y Bélgica, que impusieron eran partidarias de mantener un sistema proteccionista con respecto a sus antiguas colonias africanas, aplicando a sus productos agrícolas y materias primas el principio de la “preferencia comunitaria” y aportándoles abundante financiación para su desarrollo. La Convención Yaundé, firmada en 1963, institucionalizó la asociación de la CEE con la Organización Africana y Malgache de Cooperación Económica, integrada por 11 excolonias francesas y otros cuatro países africanos. Implicaba el desarme arancelario para la agricultura y las materias primas de los socios africanos, que gozarían de idénticas condiciones a las del mercado interior comunitario, y la aplicación de un Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo. El Plan Fouchet y el Tratado de Fusión Aunque la Comunidad Política Europea fue un fracaso, era evidente que tarde o temprano se tendría que volver a la cuestión de la unión política. En 1960, De Gaulle y el canciller Adenauer sellaron la reconciliación franco-alemana tras la II Guerra Mundial. Ambos estuvieron de acuerdo en regularizar un procedimiento informal de toma de decisiones al más alto nivel, que estaba contemplado en los tratados de las Comunidades. Estos serían las Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno o Cumbres Comunitarias, el antecedente al actual Consejo Europeo. En la primera cumbre, De Gaulle y Adenauer estuvieron de acuerdo en impulsar la unión política de los países comunitarios conforme a los principios confederales. Pero Bélgica y Holanda se opusieron fuertemente a esta iniciativa franco-alemana. Para frenarla, insistían en la entrada de Reino Unido, como condición sine qua non. Franceses y alemanes pactaron una Comisión Intergubernamental presidida por el diplomático francés Christian Fouchet, que concluyó un proyecto de Unión de Estados. Esta Unión de Estados se basaría en “el respeto a la personalidad de los pueblos y de los estados miembros”. Los europeos tendrían una doble ciudadanía, la nacional y la comunitaria. Sería una asociación funcional de estados para coordinar políticas comunes en el terreno de la acción exterior, la defensa, la educación y el desarrollo científico, pero sin capacidad ejecutiva para imponerse a los gobiernos, excepto en cuestiones de Defensa, donde la Unión asumiría la política militar de los Seis en coordinación, pero no en subordinación, con Washington. Pero el Plan Fouchet no salió adelante. Italia, el Benelux, y también la Comisión Europea y la Asamblea comunitaria, realizaron esfuerzos para que el Plan fuese rechazado. Para salir del atasco los Seis celebraron una cumbre, y en 1962 se presentó el Plan Fouchet II, el cual renunciaba a una política de defensa al margen de la Alianza Atlántica y aceptaba la adhesi ón del Reino Unido, pero continuaba sin admitir, el principio de supranacionalidad, defendía la igualdad entre Europa y los EEUU en la OTAN y subordinaba las tres Comunidades económicas ya existentes a las instituciones de la Unión de Estados. Ésto originó que Bélgica y Holanda se negaran a suscribirlo, y De Gaulle anunció la retirada del plan Fouchet. Fracasada por segunda vez la unión política, a los Seis no les quedaba más que avanzar en la consolidación de las tres comunidades económicas. En 1963 los representantes gubernamentales aprobaron la fusión de sus instituciones. Al igual que ya lo eran la Asamblea parlamentaria y el Tribunal de Justicia, ahora el Consejo de Ministros y la Comisión Europea, serían comunes para la CEE, la Euratom y la CECA. Finalmente, en 1965 los Consejos de Ministros de las tres Comunidades ratificaron la unificación institucional, que se formalizó mediante el Tratado de Fusión. Se inicia una fase de transición que debería culminar en1967, cuando las tras Comunidades unificarán sus instituciones en sus sedes de Bruselas (Consejo y Comisión) , Estrasburgo (Parlamento) y Luxemburgo (Tribunal de Justicia) . Tema 4. La crisis de los años sesenta El arranque de la PAC En 1957, el Tratado de Roma estableció un mecanismo progresivo para alcanzar la Política Agrícola Común(PAC), convertiría a la Comunidad en una zona de librecambio de productos agrarios para un mercado único europeo. Sus objetivos eran el ajuste de la oferta y la demanda, la estabilización de los precios, la mejora de la producción hasta alcanzar el autoabastecimiento alimentario, la regulación de los mercados interiores para garantizar el acceso de toda la población de los productos básicos, el fomento de las exportaciones, etc. La Comisión Europea tendría capacidad para decidir los precios y el volumen y la composición de la producción de la producción agrícola de los Seis. Los ministros de agricultura y representantes de las organizaciones agrarias acordaron reformar la agricultura facilitando su modernización y especialización, pero sin alterar su principal dimensión social y unificando los precios en un nivel que garantizase los beneficios a los agricultores. Todos los países miembros veían ventajas en implantar rápidamente la PAC. Mansholt (vicepresidente y comisario para asuntos agrícolas holandés) presentó una propuesta en el Consejo de Ministros en 1960 donde establecía tres principios básicos, la unidad de mercado agrario, la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. El Informe Mansholt, abiertamente proteccionista preconizaba el establecimiento de 16 “mercados” agrícolas, las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). En la mayoría de productos y sobre todo en los cereales, aceite y vacuno, se daría un alto nivel de subvenciones, así como un control de la producción para evitar acumulación de stocks e imponer los precios únicos en origen. Sin embargo las propuestas de Mansholt estaban lejos de ser aceptadas por las diferencias entre los Seis sobre los precios, ritmos de liberalización, subsidios, etc. El impulso francés fue fundamental para que finalmente se aceptara un acuerdo total sobre la primera etapa de la PAC. La “crisis de la silla vacía” y el compromiso de Luxemburgo Las condiciones de activación de la PAC no gustaron a todos. En Francia, con una agricultura fuertemente subvencionada por el Estado, las organizaciones campesinas se oponían a la pérdida de las ayudas estatales en beneficio de las comunitarias, sometidas al control de un organismo supranacional. Pero los restantes socios comunitarios sí eran partidarios de la intervención. En 1967 entró en vigor una propuesta del presidente de la CE, Walter Hallstein, la tarifa única para el comercio interior de cereales y derivados, inaugurándose así la unión aduanera agrícola. Hallstein presentó un ambicioso proyecto para cambiar la financiación de la PAC y nutrir de fondos el FEOGA. La PAC no funcionaría mediante aportaciones específicas de los gobiernos, sino que contaría con “recursos propios”, salidos del Presupuesto general. Ello suponía una copiosa financiación que escaparía del control de los estados, así como el incremento de la capacidad de intervención de la CE sobre la regulación de los mercados, precios, y control de importaciones y exportaciones de las agriculturas nacionales, cuyos ingresos fiscales irían a parar a las arcas comunitarias. La medida, respaldada por los federalistas fue aprobada por el Parlamento. Se sentaba así el principio supranacional en los temas agrarios. Franceses e italianos, mostraron su desagrado, porque recortaba los derechos de control de presupuestos del Consejo en beneficio de la Comisión y del Parlamento. Así pues, el ministro francés Maurice Couve, que presidía el Consejo, anunció que no retornaría a la mesa. Durante seis meses “la crisis de la silla vacía” afectó muy seriamente a las instituciones comunitarias por la ausencia de los funcionarios galos en la Comisión. Finalmente los cinco gobiernos pidieron negociar con el Ejecutivo francés, pero reivindicando la vigencia de los Tratados comunitarios. En 1966 se reunieron en Luxemburgo, donde Francia planteó sus exigencias: mantenimiento del voto por unanimidad en el Consejo de Ministros y recorte de los poderes ejecutivos de la Comisión en beneficio del Consejo. La solución final, el llamado Compromiso de Luxemburgo confirmaba el sistema de voto mayoritario como el reglamentario en el Consejo de Ministros, pero se admitía que los Gobiernos pudieran vetar las decisiones importantes que afectaran a sus “intereses vitales”. El Compromiso de Luxemburgo no era un consenso positivo, sino una cesión forzada por las circunstancias. Pero funcionó, aseguró la vigencia de los Tratados de Roma, facilitó la ejecución de la PAC y permitió seguir avanzando en la fusión de los organismos. La crisis francesa de la OTAN La crisis del Mercado Común no sólo tenía un trasfondo económico, quizás pesaba más la cuestión del equilibrio político entre los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias, así como la admisión de nuevos socios. Y planeaba sobre ello los puntos de vista de la derecha nacionalista francesa encarnada por el gobierno de De Gaulle. El motor ideológico de De Gaulle era la restauración de la grandeza de Francia con la recuperación de su rando de gran potencia mundial. Ello no era incompatible con el europeísmo siempre y cuando se respetase la soberanía de los Estados. La Francia de la V República no se mostraba contraria al Mercado Común, sino se mostraba recelosa de la “comunidad atlántica vertebrada por la OTAN”. Los gaullistas criticaban el sistema bipolar creado entre dos imperios extraeuropeos durante en la posguerra, EEUU y la URSS, que dominaban el Planeta en detrimento de una Europa cuyos pequeños estados se habían convertido, en asuntos de defensa, en meros protectorados de las dos superpotencias. Aunque se posicionaban claramente hacia el lado occidental, rechazaban la subordinación estratégica a Washington. De Gaulle propuso, en el marco de la OTAN, el incremento del papel de la Unión Europea Occidental (UEO), cuya principal potencia era Francia. Así, en 1958, pedía la revisión del Tratado de Washington a fin de que la política del bloque occidental fuera regida por un directorio tripartito, y que la cobertura estratégica de la Alianza se extendiera por todo el planeta. Washington y Londres rechazaron las propuestas. Tras este fracaso el presidente francés inició un progresivo distanciamiento de la estructura militar de la Alianza. En 1959 la flota francesa del Mediterráneo dejó de estar bajo el Mando Conjunto y prohibió la instalación de armamento nuclear extranjero en suelo francés. A pesar de esto, Francia siguió siendo un disciplinado miembro de la OTAN en aspectos delicados respecto a la URSS, como la crisis de los misiles cubanos (1962). El monopolio nuclear norteamericano fue roto por los soviéticos. Por su parte los británicos, con el beneplácito y colaboración americana, empezaron a desarrollar su propio armamento nuclear Con la V República francesa se acrecentó la voluntad de poseer tecnología que equiparara la capacidad disuasoria de las Fuerzas Armadas galas con las británicas y reforzara su liderazgo político en la Europa comunitaria. En 1959 inició la fabricación de la “bomba A”. Francia dispuso de su propia fuerza de disuasión nuclear, que le otorgó la deseada autonomía estratégica respecto a los EEUU. Tras el rechazo norteamericano a la solicitud de cooperación tecnológica con el programa atómico francés, De Gaulle abrió su propia linea de diálogo con los países del Pacto de Varsovia, que le llevó a incrementar los contactos económicos y culturales con los países comunistas mediante una diplomacia en la línea de la “tercera fuerza”. Así, en 1964, París reconoció a la Republica Popular China, en oposición a los restantes miembros de la Alianza Atlántica. El desafío culminó con la visita oficial de De Gaulle a Moscú, en la que defendió una política de coexistencia pacífica entre los bloques geoestratégicos. Pero un giro más radical tuvo lugar en el seno de la OTAN: la Armada Francesa dejó de actuar dentro de la Alianza en el Atlántico y en el Canal de la Mancha. De Gaulle anunció en que Francia recuperaba el pleno control de su espacio terrestre, aéreo y naval, y que las fuerzas militares extranjeras debían subordinarse al Alto Mando francés. Comunicó al presidente americano que Francia se retiraba del aparato militar de la OTAN, cerrándose las bases aéreas en suelo francés, con lo que se mantendría en la organización solo en un plano político. Esta crisis sirvió para afianzar los vínculos establecidos en el seno de la OTAN entre los restantes socios. Francia, por su parte, desarrolló en solitario su programa nuclear y una industria de armamento de alta tecnología, como el avión de caza Mirage, capaz de disputar mercados internacionales a los fabricantes estadounidenses. El veto francés al Reino Unido Para el gaullismo el ingreso de Londres en el Mercado Común suponía una amenaza para la construcción europea, pues consideraban que actuaba como agente al servicio de EEUU. Además mantenían desencuentros en la cuestión nuclear y consideraban que su ingreso en la CEE afectaría al liderazgo franco-alemán en la Comunidad, junto con el lastre que sería cargar con la economía británica, que pasaba por dificultades. La histórica adhesión británica a la CEE fue larga y complicada. Reino Unido, así como los restantes tres miembros de la AELC (Irlanda, Dinamarca y Noruega) solicitaron formalmente el ingreso en las Comunidades. Holanda y Bélgica se mostraron favorables a la petición británica, y las negociaciones en Bruselas se centraron en la exigencia comunitaria de renuncia a la “preferencia imperial” que vinculaba el comercio británico al circuito privilegiado de la Commonwealth. Aunque Londres parecía dispuesto a admitirlo, exigía contrapartidas que desanimaron a sus partidarios. El Gobierno británico rechazaba entrar en la PAC, y los laboristas, se negaban a adherirse a las políticas sociales y económicas comunitarias. Además Londres se oponía a la autonomía del armamento nuclear francés y apoyaba el “Gran Diseño Democrático” kennediano. Por ello el presidente francés anunció que vetaría la adhesión británica, además de la inclusión de más miembros, pues una comunidad muy numerosa no resistiría mucho a una colosal Comunidad Atlántica. Este veto desalentó a los federalistas y a los europeístas británicos y un mes después las conversaciones para la ampliación de las Comunidades quedaron en suspenso. Para el Reino Unido la pérdida del imperio colonial, el fracaso de la AELC, la caída de la competitividad industrial y minera, una preocupante tasa de paro y una balanza de pagos muy deficitaria auguraban una crisis económica y monetaria, a la vez que remarcaba la diferencia con la incipiente Europa comunitaria. Tras el triunfo electoral laborista con un decidido carácter europeísta, empezaron a plantear las medidas necesarias para sanear la economía británica y cumplir con los requisitos de entrada en la CEE. La llegada de un decidido europeísta al liderazgo del Partido Conservador garantizó el apoyo parlamentario para la nueva petición de ingreso en la CEE. Así, en 1967 se anunció la renovación de la solicitud de adhesión sin que implicara cambios en la autonomía política exterior y de defensa. Volvió a presentar su candidatura en Bruselas a la vez que Irlanda, Dinamarca y Noruega. Francia anunció el segundo veto a la solicitud británica, ya que aún pesaba el miedo a la ingerencia de EEUU en las políticas comunitarias para beneficio propio. Francia proponía un período de asociación hasta que se hicieran realidad las transformaciones estructurales requeridas y probasen la voluntad de armonización legislativa. Francia volvía a vetar a Londres, negando la solicitud de adhesión británica, alegando el no cumplimiento de las condiciones de ingreso. Pese a ello, Londres mantuvo su petición de ingreso. La Cumbre de La Haya Tras el “Mayo del 68” francés, De Gaulle convocó un referéndum sobre la regionalización político-administrativa y la reforma del Senado, y perdió las votaciones por lo que presentó su renuncia a la presidencia, al año siguiente. En las elecciones presidenciales Pompidou ganó. Pompidou, identificado con la Europa de las Patrias, funcionalista y confederal, era partidario de flexibilizar la postura francesa para llegar a las metas de la unificación europea. Tras la unión aduanera y la unificación de las instituciones comunitarias, la crisis de los años 1965/67 paralizó la consecución de objetivos salvo que se lograra un consenso similar al de la Declaración de Bonn. Desde el principio el nuevo gobierno francés presidido por Chaban-Delmas mostró su europeísmo y en 1969 Pompidou anunció la intención de convocar una Cumbre destinada a tres obejivos: “acabar, profundizar y ampliar”. Acabar : fusión de las Comunidades con su financiación a través de un presupuesto único; profundizar : integración económico-monetaria y ampliar, abriendo el Mercado Común a Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega que habían solicitado su adhesión en 1961. Por otro lado, en la RFA gobernaba Willy Brant, europeísta. Se vió terminado el período de transición de la CEE que se marcaba en el Tratado de Roma. Las expectativas sobre la unión política y elección del Parlamento por sufragio universal, la falta de un verdadero mercado interno de capitales, la armonización de legislaciones nacionales, la política energética común o la financiación de la EURATOM, había avanzado considerablemente. La unión aduanera iba mejor de lo previsto; la libre circulación de trabajadores era realidad; había consenso sobre la PAC y el comercio interior del Mercado Común era superior a lo previsto. Holanda acogió de forma favorable la propuesta francesa e invitó a sus socios comunitarios a una Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno en La Haya para diciembre de 1969. Tríptico de La Haya y el relanzamiento de las comunidades La Cumbre alcanzó acuerdos sobre los tres objetivos, que se recogieron en el llamado “Tríptico de La Haya” : “Acabar”: recuperar la solidaridad y el consenso entre los gobiernos para “acabar” el proceso de integración continental a través de la CEE. Se acordó la progresiva desaparición de las aportaciones funcionales y sustituirlos por recursos propios de la CEE. Los recursos procederían del IVA Se acordó dotar al Parlamento Europeo de poderes para el control presupuestario y avanzar hacia el sufragio universal. “Profundizar”: una vez superada la unión aduanera se abría el camino a la unión económica y monetaria. Para su puesta en marcha se creó una comisión presidida por Pierre Werner que en un año debía presentar una propuesta. También se acordó la reglamentación de la política exterior de la CEE dando capacidad decisoria a las Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno. “Ampliar”: Francia retiraría el veto al ingreso del Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega pero con una etapa de negociaciones. El Plan Werner y la Unión Económica y Monetaria En la cumbre de La Haya de 1969 quedó claro que para conseguir la unión económica era necesaria una política monetaria que minimizara las fluctuaciones del mercado interior y diese a la CEE solvencia financiera. El Tratado de Roma había garantizado la autonomía monetaria de los países miembros, pero la crisis monetaria italiana de 1964 obligó a la adopción de medidas de coordinación y solidaridad que se quedaron en tres comisiones: Política Presupuestaria, Gobernadores de Bancos Centrales y Política Económica. Era evidente la necesidad de una Unión Monetaria además de la económica con un sistema regulado. Para tener una mejor visión de la situación se encargó un estudio a Raymond Barre, quien elaboró el memorándum conocido como “EI Plan Barre”. En él, se proponía la concertación de las orientaciones y políticas económicas nacionales para que las monedas europeas reforzaran sus posiciones y se protegieran de las tensiones monetarias. En el Primer Plan Barre, destacan las propuestas sobre cuatro aspectos fundamentales: - Coordinación entre los gobiernos para la planificación económica, - armonización de futuras tasas de crecimiento económico, - facilitar el crédito a medio plazo a los estados en dificultades con la balanza de pagos, - creación de un fondo comunitario para la concesión de créditos a corto plazo. Tan solo se desarrollaron los dos apartados finales con la creación del Fondo Europeo de Cooperación Monetaria (FECOM). En 1969 la economía europea sufrió tensiones que dieron origen a los Montantes Compensatorios Monetarios para compensar a los más perjudicados por las fluctuaciones monetarias sobre los precios comunes. Y este fue uno de los temas principales de la cumbre de La Haya. Tras esta cumbre se pusieron en marcha dos proyectos, coincidentes cada uno con una de las posturas sobre la cuestión monetaria: monetaristas, que defendían la rápida instalación de cambios fijos dentro de la CEE para facilitar la planificación, desarmar la especulación y acelerar el proceso de unión económica y los economistas,críticos ante la intervención gubernamental sobre bienes y que proponían la equiparación de precios y salarios, y armonización de políticas económico-fiscales antes de la convergencia monetaria. La postura economista, o Plan para la cooperación económica, monetaria y financiera,también conocido como Plan Schiller, pretendía una rápida y rigurosa estabilización económica y una lenta unión monetaria. Dicha unión tendría cuatro etapas: 1ª etapa: coordinar políticas económicas de los estados por objetivos, 2ª etapa: coordinación de políticas monetarias de los Bancos Centrales, 3ª etapa: incremento de la coordinación económica, limitación de las fluctuaciones monetarias y creación de un Fondo de Reserva Europeo, 4ª etapa: los estados perderían casi toda la capacidad individual de decisión en temas financieros además de la moneda única. La postura monetarista o “ Segundo Plan Barre” , planteaba un sistema de unificación de las políticas estatales por tres vías complementarias: 1ª vía, unón monetaria, con una rápida concertación de la tasa de cambio hasta llegar a la moneda única, 2ª vía, unón fiscal centrada en la armonización de sistemas impositivos y creación de una tasa europea con en el IVA, 3ª vía, política presupuestaria y social común, prevaleciente sobre las de los estados. El Consejo de Ministros aceptó el Segundo Plan Barre. El Consejo encomendó la creación de una hoja de ruta a la Comisión Werner y presentó el Informe. El Plan Wernero “Unión Económica y Monetaria por etapas ”, buscaba la conciliación entre monetaristas y economistas. Defendía la moneda única pero a medio o largo plazo y vinculada a la realización de la Unión Económica. Se debía establecer la libre circulación de capitales, eliminando barreras y estableciendo una escala para el cambio interior de las monedas. Se daría en tres etapas: en la primera se limitarían las fluctuaciones del tipo de cambio; en la segunda habría un tipo de cambio fijo y garantía de libertad de movimiento de capitales; en la tercera se crearía el Banco Central Europeo y entraría en vigor la moneda única. Se fijó una nueva paridad entre el dólar y las monedas europeas con unas condiciones que hacían peligrar la estabilidad, por lo que se estableció un margen de fluctuación, acuerdo en el que se incluyó a Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega, aspirantes al ingreso. Pero no funcionó, ya que la libra esterlina tuvo que abandonar el sistema, al igual que la libra irlandesa, y posteriormente la moneda noruega y la italiana, aunque se incorporó el franco suizo. Tras la devaluación del dólar los controles de fluctuación fueron eliminados. Esto hizo que las monedas europeas se vieran inmersas en un ciclo de devaluaciones/revaluaciones hasta que la economía se estabilizó a fines de los años 70. Tan solo el marco alemán quedó como moneda sólida y se convirtió en referencia dentro de la CEE. La cooperación política europea Primer Informe Dauvignon o Informe de Luxemburgo, aprobado en 1970, admitía la necesidad de dar forma a la acción política para lo que debía tener una sola voz, que se lograría en varias etapas. Indicaba la necesidad del aumento de cohesión. El “Método Dauvignon” establecía dos medidas para la coordinación de la política exterior: - asegurar una mejor comprensión mutua de los problemas de política internacional, - reforzar la solidaridad, favoreciendo la armonización de los puntos de vista, la concertación de las actitudes y acciones comunes. Y fijaba cuatro mecanismos de coordinación: - Reunión semestral de los Ministros de Asuntos Exteriores, siendo la primera la de Munich en 1970. - Comité Político, integrado por los directores de asuntos políticos de los ministerios de Exteriores y con capacidad de crear grupos de trabajo sectoriales. - Comité de Altos Funcionarios de las Comunidades, para llevar adelante el día a día de las relaciones políticas en los aspectos supranacionales - Comisión Política del Parlamento Europeo, que valoraría el informe anual del presidente del Consejo de Ministros sobre la Política de las Comunidades. Era evidente que ni Francia ni Reino Unido delegarían las líneas maestras de sus políticas exteriores en los funcionarios comunitarios. Se trababa de que los gobiernos dialogaran sobre los aspectos que afectaban a la proyección exterior. La Cumbre de París de 1972 incrementó a cuatrimestral la frecuencia de las reuniones de ministros y jefes de Gobierno sobre la política exterior con lo que se facilitó la aprobación del “Segundo Informe Davignon” o “Informe de Copenhague” de 1973 en el que se establecía la previa consulta a los demás países antes de fijar la posición propia. Esta medida era necesaria ya que la CEE era cada vez más fuerte pese a carecer de una unidad política y una voz única en cuestiones internacionales. La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa de Helsinki de 1973 fue muy complicada, estando presentes todos los países europeos además de EEUU y URSS. En los dos años siguiente Europa careció de una única voz y no pudo evitar que EEUU y URSS impusieran la garantía de no injerencia en asuntos internos de países europeos, perpetuando la división Este-Oeste o democracias parlamentarias–dictaduras de partido. La concreción de la PAC: el Plan Mansholt En los años 70, la PAC favoreció la revitalización y modernización de la agricultura de la Europa Occidental, pero la estructura normativa y los ritmos de aplicación supusieron muchos problemas para la Comisión Europea, tal y como se evidenció con la unión aduanera, donde el desarme arancelario agrícola iba por detrás del industrial manteniendo diferencias entre familias de productos. Francia se convirtió en problema para su desarrollo y el Reino Unido tenía un modelo agrario que no encajaba bien en el comunitario. Así fueron frecuentes durante los 60 y 70 las llamadas “guerra de las naranjas” en las que los camiones con productos agrícolas de importación eran saqueados por agricultores franceses en protesta por la política comercial que perjudicaba su nivel de protección al mercado nacional. En 1972, el presidente de la Comisión Europea, Malfatti, cedió el puesto al vicepresidente Mansholt. Tema 6. El camino de España a la adhesión Del aislamiento a la negociación Tras la II Guerra Mundial, España no fue tratada como un país enemigo, aunque quedó fuera de la Organización de Naciones Unidas, y por lo tanto de la Comunidad Internacional, por su colaboración con la Alemania nazi. Mayor importancia tuvo su exclusión de la ayuda económica norteamericana canalizada a través del Plan Marshall, cuya ausencia contribuyó a agrandar el abismo entre las economías de la Europaoccidental y la española. La consolidación de la dinámica de la Guerra Fría puso en valor el anticomunismo del Régimen y le fue abriendo espacios de proximidad al bloque occidental. Sin embargo, la diplomacia franquista no logró su meta de ingresar en la OTAN, y cuando se pusieron en marcha los procesos de integración económica, primero con la CECA y luego con la CEE, la dictadura española fue completamente marginada. En el seno del Régimen, las divergencias estaban muy señaladas sobre este tema. Estaban, por un lado, quienes desde las filas del pensamiento tradicionalista, consideraban que la aproximación a la nueva Europa suponía una amenaza para el Régimen. Y por otro, quienes desde posiciones no necesariamente europeístas, apreciaban en ello una oportunidad de modernización social y económica. Entre estos últimos destacaron dos familias políticas franquistas: - Los católicos buscaban puntos de convergencia con la democracia cristiana europea, con la vista puesta en una cierta democratización del régimen a largo plazo. - Los tecnócratas no tenían planteamientos políticos distintos del autoritarismo básico del régimen, pero necesitaban el acercamiento a la Europa comunitaria como vínculo de modernización social y de una paulatina liberalización económica que abriera mercados exteriores. Entre los detractores del europeísmo vinculado a ideales de democracia parlamentaria se encontraban el propio general Franco y su estrecho colaborador Carrero Blanco . Pero, a la larga, comprendieron que la apertura a los mercados europeos era la única solución para abandonar un modelo económico que no ofrecía perspectivas de crecimiento. El Gobierno de 1957 supuso la entrada de los tecnócratas en las áreas económicas del Ejecutivo y el inicio de un duro Plan de Estabilización que preparó las estructuras económicas del país para un modelo de desarrollismo acelerado. En 1959, a punto de despegar el Plan de Estabilización, el Gobierno dirigía una encuesta a diferentes organismos sobre la conveniencia de abordar la convertibilidad de la peseta, liberalizar parcialmente el comercio exterior e iniciar el acercamiento al mercado Común. Para ello, se creó una misión diplomática ante la CEE, así como diversos contactos con Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). El rechazo latinoamericano, así como la escasa eficacia de la AELC, hicieron cada vez más patente para las autoridades españolas que su asociación económica necesaria era con los países de la CEE, cuyo peso en el comercio exterior español comenzaba a ser fundamental. A comienzos de los años 60,F ranco se mostraba dispuesto a apoyar unos primeros y tímidos gestos de aproximación hacia la estructura comercial de la CEE. Pero como dejó claro, la base doctrinal de la dictadura seguiría intocable. Por otra parte, los círculos moderados antifranquistas comenzaban a dar importancia al europeísmo como medio de presión contra el Régimen. En 1962, Madrid culminaba, con el apoyo norteamericano, el proceso de integración en algunos de los principales organismos de la economía capitalista mundial el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE). El gobierno español contempló con suma atención la aparición de la figura de la asociación a la CEE, que otorgaba a sus beneficiarios un estatus privilegiado en sus relaciones con la Europa comunitaria. Dado que la adhesión plena a las Comunidades implicaba la existencia de una democracia homologable con las de los Seis, el régimen se había propuesto alcanzar el estatuto de asociación como objetivo realista. Sin embargo, en 1962, el eurodiputado alemán W. Birkelbach había logrado la aprobación del Parlamento Europeo para su Informe sobre las condiciones de ingreso en las Comunidadesde los países que lo solicitaran, que excluía la integración o asociación de regímenes dictatoriales, como España y Portugal. La vinculación comercial A comienzos de 1964, con la apremiante necesidad de abrir mercados al desarrollo industrial en marcha, Asuntos exteriores volvió a la carga aprovechando la actitud tolerante hacia el franquismo de los gobernantes de la RFA y Francia. Las “conversaciones exploratorias” fueron llevadas a cabo por parte española por la CICE (Comisión Interministerial para el estudio de la Comunidad Económica). Pero el esfuerzo de ambas partes se vio lastrado por las reservas de los gobiernos europeos, conscientes de la impopularidad de la dictadura española, sumado a la “crisis de la silla vacía”, paralizó las negociaciones durante meses.Tras el cambio de gobierno de 1965, que fortaleció aun más a los tecnócratas , Franco elevó la Misión Diplomática ante las Comunidades al rango de Embajada y designó para el puesto a Alberto Ullastres. Frente a la esperanza de obtener el estatuto político de asociación con la CEE, Ullastres comprendió enseguida que los proyectos de lograr algún tipo de adhesión a los organismos comunitarios como estado asociado, o de alcanzar grandes acuerdos económicos, estaban condenados al fracaso. Consideraba más realista convencer al Gobierno para que negociara un simple acuerdo de comercio preferencial. Las conversaciones exploratorias, reanudadas en 1966, fueron largas y difíciles. A finales de ese año, el Consejo Europeo planteó tres posibles vías para la negociación formal con España: - un acuerdo comercial sobre determinados productos (rechazada por el gobierno español); - acuerdo de asociación (rechazado por los países del Benelux e Italia); - un acuerdo comercial preferente de carácter general ( la que se llevó a cabo). Por lo tanto la Comisión Europea se limitó a asumir una propuesta de acuerdo comercial preferente, que se empezó a negociar en septiembre de 1967. Tan sólo se estudió la primera fase de las dos previstas, centrada básicamente en “una zona de librecambio debilitada”. La culminación de esta primera fase no supondría el inicio de la segunda, sino que habría que negociarla a la vista de los resultados obtenidos. La propuesta comunitaria de acuerdo comercial preveía para la primera fase rebajas arancelarias por capítulos de productos. La CEE asumiría un rebaja del 60% en la importación de la mayoría de los productos industriales españoles y de un 40% para los textiles y el calzado. Por su parte, España asumiría una rebaja muy inferior de sus aranceles, que sería del 25% para más de la mitad de sus importaciones industriales de la CEE. La crisis monetaria de finales de los años 60, que forzó la devaluación de la peseta, llevó al cierre del primer mandato negociador sin haber alcanzado un acuerdo. En 1969, tras recibir la Comisión bilateral un segundo Mandato, la delegación española retornó a Bruselas, culminando con el Acuerdo Comercial Preferencial, firmado en Luxemburgo en 1970. El acuerdo, que se ceñía a la CEE, estaba destinado a permitir una progresiva liberalización comercial, pero en términos desiguales para ambas partes. Preveía dos etapas, cerradas y sin continuidad automática la una de la otra. El Acuerdo preferencial de 1970, entró en vigor y fue admitido por la Comisión Europea en la creencia de que España podía exportar fundamentalmente productos agrícolas. El acuerdo de Luxemburgo fue presentado a la nación como un rotundo triunfo del Régimen, sobre todo en el terreno político, pero realmente, era un simple acuerdo comercial, sin trazas de asociación ni de integración. Frenazo en el Mercado Común La entrada en las Comunidades de tres nuevos miembros, Dinamarca, Inglaterra e Irlanda, en 1973, obligó a una modificación técnica del acuerdo comercial hispano- comunitario, mediante un Protocolo Adicional por el que, a lo largo de ese año, no se aplicó el acuerdo a los tres nuevos socios. España solicitó, en 1971, una renegociación de la primera fase del Acuerdo Preferencial. Ambas partes estuvieron de acuerdo en negociar una modificación del convenio. En 1973 se reunieron en Madrid representaciones de las dos partes y la delegación española adelantó las líneas que defendería en la revisión del tratado. Pero la Comisión Europea otorgó un mandato que iba mucho más allá en la propuesta de liberalización comercial que España estaba dispuesta a admitir para la industria. El estallido de la “crisis del petróleo” distanció aun más las posiciones y relegó el tema español a un lugar muy secundario en la agenda de la Comisión europea. Las negociaciones sobre el Acuerdo se frustraron ya en 1974, cuando Ullastres amenazó con suspender las conversaciones si no se introducían mejoras para los intereses de España en el paquete agrícola. La respuesta de los negociadores comunitarios fue remitirse al Mandato de la Comisión, sin aceptar modificaciones. Con ello la ronda negociadora quedó interrumpida. Pero ninguna de las dos partes deseaba una ruptura. En enero de 1975, Ullastres y el director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, retomaron en secreto las negociaciones. Conscientes de que la muerte de Franco no estaba lejana, ambos políticos alcanzaron un acuerdo. Pero el fusilamiento de cinco miembros de organizaciones terroristas en septiembre de 1975, reactivó, por iniciativa del Parlamento Europeo, la doctrina sobre aislamiento de las dictaduras. Con este clima, dejaron de tener sentido todo tipo de negociaciones. La primera fase del Acuerdo Comercial de 1970 se mantenía como el único logro realmente substancial cuando, en noviembre de 1975 moría Franco. Y aun lo sería cuando, en 1986, España ingresó en la Comunidad como miembro de pleno derecho. El ingreso en la Comunidad El arranque del proceso de transición a la democracia abrió inmediatas expectativas de recuperar el diálogo con las instituciones democráticas. La Ley para la Reforma Política, la legalización de todos los partidos políticos y la celebración de elecciones libres a unas Cortes Constituyentes en 1977, demostraron que la transición española se abría camino. En este contexto, los responsables comunitarios tuvieron interés en fortalecer la naciente democracia facilitando al gobierno de la UCD el acercamiento a la Comunidad Europea. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja , entregó al Presidente del Consejo de Ministros de la CEE, la solicitud del ejecutivo español “para la apertura de negociaciones con vistas a la integración de España en dicha Comunidad como miembro de pleno derecho”. Con ello se iniciaba un trámite diplomático que tuvo su continuidad cuando, en 1977, el Consejo de Ministros comunitario encomendó a la Comisión Europea que iniciase las negociaciones para la integración. El interés prioritario que el Gobierno de Suárez otorgaba al tema quedó reflejado, con la creación del Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, a cuyo frente se puso Leopoldo Calvo-Sotelo. Las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad se iniciaron en 1979. La delegación española trabajaba con un documento gubernamental que señalaba los aspectos en los que se debía incidir: - Evitar que las conversaciones se orientasen hacia la apertura de la segunda fase del acuerdo comercial de 1970 y centrarlas directamente en el proyecto de ingreso como miembro de pleno derecho en la CEE. - Obtener, a corto plazo, un régimen más favorable para la agricultura. Por otra parte, el Gobierno de Suárez era ya consciente de la necesidad de adoptar cambios radicales en las estructuras comerciales e industriales de la economía española para acercarla a la comunitaria antes de que se convirtiera en un lastre para la adhesión a la CEE. Las conversaciones con la Comisión Europea fueron más lentas de lo esperado, sobre todo por la reticencia de París a admitir a unaeconomía que sería competidora directa de la francesa. Por otra parte, la delegación española exigía un largo periodo transitorio de diez años, a fin de adaptar las estructuras económicas y sociales del país a las del Mercado Común. El fracaso del Golpe de Estado del 23-F de 1981, consolidó la vía democratizadora española en unos momentos en los que el recién creado Gobierno de Calvo-Sotelo buscaba sortear las dificultades de la negociación económica con la CEE estimulando la solicitud de ingreso en la OTAN. La respuesta favorable del Consejo Atlántico dio paso a unas breves negociaciones que a la espera de que una reconversión de las Fuerzas Armadas facilitara el ingreso en la estructura militar integrada. El gobierno de Calvo-Sotelo aceptó una de las exigencias básicas de la Comisión Europea, la aplicación inmediata en España del IVA . A cambio, la Comisión admitió el periodo transitorio de diez años que solicitaba la delegación española. En 1982, el PSOE se alzó con la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El nuevo Gobierno, presidido por Felipe González, manifestaba una clara vocación europeísta en la línea de la socialdemocracia. La voluntad manifestada por el PSOE de avanzar rápidamente en la negociación se vio favorecida por sendos cambios de gobierno en los países que más se habían opuesto a la adhesión, Francia e Italia. Sin embargo, el ejecutivo que se mostró más constante en la defensa de los intereses españoles fue el de la RFA, donde Helmut Khol, propuso una formula de conciliación en la que se aceleraría la adhesión de España y Portugal. La aceptación de esta fórmula y la del cheque británico, venció también la resistencia de Londres a la admisión de nuevos socios. A comienzos de 1985, se negociaron los paquetes más conflictivos, sobre temas de agricultura, pesca, asuntos sociales o el régimen especial de Canarias. Felipe González firmó el Acta deadhesión de España a las tres Comunidades. El Congreso de los Diputados y el Senado dieron su aprobación por unanimidad. De modo que, el 1 de enero de 1986 tuvo efecto la incorporación de España a la Comunidad Europea como socio en plenitud de condiciones. Esta vinculación estaba condicionada por un asunto en el que el gobierno de González se jugaba su propio futuro. El PSOE se había opuesto públicamente al ingreso de España en la OTAN durante la etapa del gobierno de la UCD. En las elecciones de 1982, el partido concurrió con la promesa de convocar un referéndum para legitimar una posible salida y el cierre de las bases norteamericanas en España. Pero una vez que Felipe González y sus ministros tomaron conciencia de la vinculación política entre el ingreso en la CEE y la permanencia en la Alianza, dejaron claro que el cumplimiento de la promesa electoral se centraría en una consulta únicamente sobre los términos de la permanencia, no sobre la salida, y cuyo resultado no sería vinculante para el Ejecutivo. Celebrado el 12 de marzo de 1986, arrojó un resultado favorable del 52,2% de los votos. Con ello, el Ejecutivo dio por cerrado el debate, mantuvo su permanencia en la OTAN y se incorporó plenamente a los procesos de integración continental. Tema 7. Hacia la Unión Europea El Acta Única Es un tratado internacional firmado en febrero de 1986 por los 12 países miembros que en ese momento formaban la Comunidad Europea. Entró en vigor el 1 de julio de 1987. A mediados de 1984 existía un consenso generalizado entre los diferentes Estados, en torno a la idea de actualizar e integrar los diversos tratados comunitarios mediante un Acta Única. Tras superar el periodo más conflictivo, con la “crisis del cheque británico”, los estados miembros se encontraban en disposición de aplicar los principios de integración institucional y de cooperación política, cuyo fin último era la consecución de la Unión Europea. La preparación del Acta El Consejo Europeo se reunió en Fontainebleau en 1984 donde se trataron procedimientos presupuestarios, dando un gran impulso a la política comunitaria. Francia y Alemania decidieron que el cheque británico (devolución al Reino Unido de parte de su contribución) no aumentaría la de la RFA, que ya realizaba la mayor aportación al Presupuesto. Éste se incrementó, aumentando el IVA y reduciendo las partidas de la PAC. Se acordó la formación de dos comités para estudiar propuestas concretas: - Comité de la Europa de los Pueblos , que se ocuparía de las medidas para familiarizar a la ciudadanía con la “identidad europea”. Temas como el sistema educativo, el pasaporte europeo, televisión sin fronteras o la adopción de la bandera azul con doce estrellas amarillas, junto con el himno, “Oda a la Alegría”. - Comité de Reforma Institucional,un proyecto de bases para la Unión Europea. Surgieron disensiones en torno a la reforma de las instituciones y la asunción de las políticas de seguridad y de defensa. El Consejo decidió encomendar la redacción del Acta Única a una Conferencia Intergubernamental (CIG). La CIG se reunió en Luxemburgo. Integrada por los ministros de asuntos exteriores y varios representantes de las Comunidades. El resultado fue el proyecto de Acta Única Europea, con la participación de los gobiernos de España y Portugal. El Acta no fue ratificada en un primer momento por los doce miembros, y algunos realizaron referendos. Contenido del Acta El Acta Única contiene los Tratados de las Comunidades e incorpora y modifica los mecanismos de la Cooperación Política. Se abre una etapa transicional para mejorar la situación económica y social, mediante la profundización de políticas comunes y la búsqueda de nuevos objetivos. Principales puntos del Acta: - Establecimiento de las condiciones jurídicas para la creación de un mercado único, que se hizo realidad el 1 de enero de 1993. - Fortalecimiento del sistema de Cooperación Política Europea, tanto en los campos de investigación, tecnología y el medio ambiente como en seguridad y defensa. - Mejora de las estructuras de decisión de la Comunidad Europea, con el fortalecimiento de los derechos del Parlamento Europeo. - Establecimiento del Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la Unión Europea para que asista al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su trabajo. El Parlamento Europeo, 1979-1994 Con el Acta Única, el poder legislador de la Asamblea parlamentaria avanzó muy poco. La Asamblea parlamentaria, denominada Parlamento Europeo, había sido creada por parte de los gobiernos con carácter consultivo. Se limitaba a la emisión de informes y resoluciones no vinculantes, y la posibilidad de una moción de censura a la Comisión Europea. Poseía sólo cierto control del presupuesto comunitario, pero con el Acta Única, amplió su capacidad de intervención en las actuaciones de la Comisión y del Consejo de Ministros. Su peso real se hacía notar poco. Los federalistas intentaban que los parlamentarios de Estrasburgo fueran elegidos directamente por la ciudadanía europea, pero el Consejo de Ministros paralizaba la iniciativa. Fue en el Consejo Europeo de París, de 1974, donde los líderes continentales dieron el visto bueno a que los parlamentarios de Estrasburgo fueran elegidos directamente por la ciudadanía europea. Las elecciones de 1979 (63% de participación) Las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo se celebraron en junio de 1979. Una de las incógnitas era si la ciudadanía se implicaría en la votación, percibiendo las potencialidades del Parlamento de Estrasburgo, o se abstendría masivamente al no concederle importancia. La participación media fue relativamente baja (63%). La legislatura de 1979-1984, reflejaba por primera vez una pluralidad estrictamente europea, y no la proporcionalidad de los parlamentos europeos que, hasta entonces, habían enviado a sus propios diputados. La orientación global de la Eurocámara de 1979, era mayoritariamente de derecha y de centro. Ello se reflejó en la elección de la Presidencia, que recayó en la liberal francesa Simone Veil.El sector más votado fue la socialdemocracia. entrada de Grecia precisó realizar elecciones parciales al Parlamento Europeo para incorporar a los 24 diputados que le correspondían. Las elecciones de 1984 (61% de participación) Con algo menos de participación electoral y 24 escaños más, las elecciones celebradas en 1984 fueron de transición, a la espera de los efectos de Acta Única, que aumentaría la actividad del Parlamento, y del ingreso efectivo de España y Portugal. El se consolidó como la primera opción pde la Comunidad, mientras que las opciones de centro-derecha perdían ligeramente representación. Apareció por primera vez una representación del neofascismo los verdes. En 1987 se incorporaron al Parlamento 60 diputados españoles y 24 portugueses. En España, las elecciones tuvieron una participación del 68,5%, donde ganaron los socialistas. Las elecciones de 1989 (58,5%) Fueron las primeras de la Europa de los Doce. El porcentaje de participación popular siguió su preocupante tendencia a la baja con un 58,5% de participación. Los comicios apenas modificaron la composición de la Cámara, en la que predominaban los grupos situados en la derecha, pero donde los socialistas constituían el grupo más numeroso, ya que contaban con la tercera parte de los diputados. Grupo de Trevi (precedente de la Europol) Una de las asignaturas pendientes de la Comunidad Económica Europea durante fue la supresión de las barreras aduaneras interiores al tráfico de vehículos, mercancías y personas. A partir del Acta Única, los países comunitarios comenzaron a adoptar medidas de coordinación de los sistemas judiciales y los aparatos gubernativos para desarrollar políticas conjuntas de inmigración, asilo y lucha contra la delincuencia común y el terrorismo. Ello debía conjugarse con la libre circulación de personas en el interior del territorio comunitario. En los 70, los gobiernos comunitarios buscaron la coordinación de sus organizaciones policiales, proponiéndose la constitución formal de un grupo de trabajo integrado por los ministros del Interior. La propuesta fue aceptada y en 1976, los nueve ministros, reunidos en Luxemburgo, constituyeron el Grupo Trevi. Se estructuró como un organismo intergubernamental, integrado por los ministros del Interior, con una Presidencia rotatoria que actuaba en forma de troika. Se fueron creando grupos permanentes de trabajo (Trevi 1, para terrorismo; Trevi 2, policía científica; Trevi 3, seguridad aérea; Trevi 4, industria nuclear; Trevi 5, grandes emergencias). La experiencia acumulada en Trevi permitiría la creación de la Europol. Acuerdo Schengen (supresión de aduanas) En 1984, una protesta del transporte pesado colapsó la mayor parte de los puestos aduaneros interiores de la Comunidad y causó problemas de abastecimiento. Este hecho animó a París y Bonn a reducir las trabas de aduana en las fronteras interiores. Franceses y alemanes firmaron un acuerdo en el que establecían la paulatina supresión de los controles fronterizos. En la misma línea, Holanda ofreció un acuerdo a la RFA, y el Benelux solicitó sumarse al acuerdo. En 1985, los cinco estados firmaron, en la localidad de Schengen, el acuerdo que abría paso a la supresión de aduanas . Los cinco países que integraban el núcleo central de la CEE inauguraban el espacio sin fronteras, a la espera de que los restantes reuniesen las condiciones para unírseles. Entró en vigor en 1995. A corto plazo se eliminarían los visados y pasaportes para circular por el interior del espacio sin fronteras de Schengen, pero reforzando los controles policiales y judiciales de las fronteras externas. A medio plazo se suprimirían los puestos aduaneros para el tráfico interior y se reforzaría la cooperación policial con la creación del Sistema de InformaciónSchengen. El “espacio sin fronteras” se iría ampliando conforme lo hiciera la Comunidad Europea. A los cinco países firmantes del Acuerdo se sumaron Italia, España, Grecia y Portugal. El Reino Unido e Irlanda se negaron a suscribir el acuerdo. En los años siguientes se fueron uniendo Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. Con la entrar en vigor el Tratado de Ámsterdam, el espacio Schengen dejó de ser un acuerdo entre los gobiernos para entrar a formar parte del “acervo comunitario” de la UE, aunque el Reino Unido e Irlanda siguieron al margen. En 2004, el espacio Schengen pasó a estar constituido por un total de 25 estados, de los que 22 pertenecían a la UE. El Plan Delors y la Unión Económica y Monetaria La entrada en vigor del Acta Única comunitaria en 1987, supuso la activación de las medidas propuestas por la Comisión Europea sobre el mercado único. Bajo el impulso de su presidente, Jacques Delors, los comisarios se aplicaron en los meses siguientes a elaborar una serie de directivas que orientasen a las administraciones nacionales. Se tomó la decisión de acometer la Unión Económica y Monetaria. Para ello se encomendó el estudio de un proyecto a un comité de expertos, integrados por los gobernadores de los bancos centrales y tres técnicos independientes. El comité presentó el Plan Delors en 1989 y se debatió en la cumbre comunitaria de Madrid. Respecto a la Unión Monetaria, el Plan proponía una evolución gradual con tres etapas, que terminaría en 1999, con la creación de una moneda europea con valor real. El Fondo Monetario sería sustituido por el Banco Central Europeo. Respecto a la Unión Económica, el Plan Delors señalaba cuatro líneas fundamentales de actuación: la culminación del mercado interior, el fomento de la libre competencia, la coordinación de las políticas de ajustes estructurales y la coordinación de las políticas macroeconómicas de los estados. La Europa del Este y la reunificación de Alemania La etapa de la guerra fría consagró la división de Europa en dos campos geopolíticos incompatibles y enfrentados, el este y el oeste, el campo comunista y el capitalista, liderado uno por la Unión Soviética y el otro por los EEUU. Las transiciones en el Este Las causas de la caída del comunismo en Europa fueron variadas. La más evidente fue el colapso de las economías del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), pero también la desintegración de las dictaduras de los partidos comunistas y el descontento de la población por la falta de libertades. Pero el derrumbamiento del modelo estatal comunista en Europa se debió principalmente a la crisis interna de la RDA, popularmente conocido como “la caída del muro” . El 9 de noviembre de 1989, los habitantes de Berlín oriental, en la RDA, pudieron franquear las barreras que les separaban del Berlín occidental. En las semanas siguientes, los gobiernos comunistas fueron abriendo paso a procesos de pluralismo político que condujeron a rápidas transiciones pacíficas, a excepción de Rumanía y la Federación Yugoslava. Las transiciones postcomunistas en la Europa del este se orientaron, durante los años 90, en torno a tres principios: - la democracia política, - la reconversión económica hacia la propiedad privada y la sociedad de consumo, - la integración en los organismos internacionales occidentales, la UE y la OTAN. Desde una perspectiva de democratización global para la región, no había otra salida que la integración en el bloque occidental. Tanto en Washington como en la CEE hubo un consenso generalizado en que los países del extinto bloque soviético podían realizar rápidas transiciones hacia la democracia parlamentaria, que debían ser fortalecidas con la promesa de una integración más o menos rápida en la Unión Europea. Por su parte, los responsables económicos de la CEE apreciaron enseguida las posibilidades de enriquecimiento que les abría la reconversión de economías arruinadas, con enormes mercados potenciales y una masiva mano de obra barata. Esta conversión de una economía planificada en otra de libre mercado se llevó a cabo mediante una “terapia de choque”, acorde a preceptos neoliberal. La década de los 90, fue la era del capitalismo salvaje en Rusia y la Europa del Este, de las privatizaciones aceleradas y escasamente controladas . Estas estructurales tuvieron : - Éxitos: cumplieron los objetivos de potenciar el sector privado de la economía, estimular el comercio y atraer inversiones extranjeras. - Fracasos: no lograron mantener la cobertura social, dispararon los precios y aumento el paro. Ello provocó que en el bienio 1993-94 los gobiernos derechistas y sus impopulares equipos de economistas neoliberales perdieran el poder en beneficio de la socialdemocracia, dispuesta a luchar por la consecución del Estado de bienestar. Ello no comportó cambios en la orientación exterior de las nuevas democracias, volcadas en la apertura al Oeste, con el objetivo de un rápido ingreso en la Unión Europea. La reunificación alemana Tras la caída del Muro, los comunistas alemanes abrieron una mesa redonda para negociar el pluralismo político con los representantes de la oposición democrática. El resultado fueron las elecciones parlamentarias de 1990, que dieron la victoria a la democracia-cristiana, partidaria de la reunificación nacional. A partir de entonces, y con la activa colaboración de la RFA de Helmut Khol, se puso en marcha un rápido proceso de inmersión de las instituciones germano-orientales en las de la RFA que implicó la formalización de la Unión Monetaria, Económica y Social, y el Tratado de Reunificación, supuso la desaparición formal de la RDA el 3 de octubre de 1990 y el establecimiento en Berlín de la nueva capital de la Alemania Federal. La reunificación germana tuvo una repercusión inmediata para la CEE, y consecuencias políticas para el proceso de integración europea, ya que la reconversión de la estructura económica de la RDA y el extraordinario coste social de esa reconversión obligaron a un incremento considerable del gasto público en la RFA, que tuvo una repercusión negativa en el avance hacia la Unión Económica y Monetaria europea. El 1 de mayo de 2004 se hizo efectivo el ingreso. Por su parte, Rumanía y Bulgaria formaban un segundo paquete de adhesiones. Habían quedado relegadas por su mayor atraso económico y por su altísimo nivel de corrupción en la vida pública. No obstante, prevaleció el empeño en acoger a las nuevas democracias y obtuvieron el visto bueno del Consejo Europeo a su ingreso, que se hizo efectivo el 1 de enero de 2007. El Tratado de Niza (febrero 2003) La Cumbre comunitaria de Niza, puso de manifiesto lo mucho que se había avanzado en la aplicación de Maastricht, y la voluntad firme de los Quince de ampliar las fronteras comunitarias. Las modificaciones a los anteriores Tratados introducidas en Niza afectaban, básicamente, al primer pilar comunitario en sus aspectos institucionales, condicionados por las próximas adhesiones. El Tratado de Niza fue firmado por los representantes gubernamentales en 2001. Catorce parlamentos nacionales lo ratificaron sin problemas pero Irlanda convocó un referéndum popular y los votantes dijeron “no” a Niza. El Gobierno de Dublín tuvo que emplearse a fondo en convencer a su población y tras una enmienda en su Constitución dieron el “sí” al tratado. Cumplidas todas las ratificaciones, el tratado de Niza entró en vigor el 1 de febrero de 2003, a tiempo para preparar la entrada de diez nuevos países a la UE. Niza resultó uno de los avances más insatisfactorios en la historia de la integración europea y mereció críticas generalizadas. Todos admitían que, tras esta reforma institucional, seguía pendiente el reto político de abandonar la estructura confederal y funcionalista para crear una auténtica Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales El Consejo Europeo de Niza aprobó un documento de gran importancia para el avance de la Europa de los Ciudadanos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El documento ampara los siguientes derechos de los ciudadanos y residentes de la Unión: - Dignidad (dignidad humana, derecho a la vida y a la integridad de la persona…). - Libertad (derechos a la libertad y a la seguridad, libertad de pensamiento y conciencia…). - Igualdad (igualdad ante la ley, entre hombres y mujeres…). - Solidaridad (derecho a la información, protección en despido injustificado, condiciones de trabajo justas…). - Ciudadanía (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo, libertad de circulación…). - Justicia (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia…). La Carta de los Derechos Fundamentales marcó un hito positivo en su desarrollo, al consolidar los fundamentos de democracia, TEMA 10: DE ROMA A LISBOA La Constitución para Europa El Tratado de Niza había ampliado todo lo posible los efectos del Tratado de Maastricht. Pero la insatisfacción que generó en muchos ámbitos, no logró acercar a la UE, a los niveles de supranacionalidad que requería un proyecto de integración que tendría que ser básicamente federalista. La Conferencia Intergubernamental que preparó el Tratado de Niza proponía la apertura de un proceso de reflexión y de negociación post-Niza, que llevara a una refundición de los diferentes tratados en uno solo, que formase un verdadero código constituyente. Era el punto de arranque de lo que conocemos como el Tratado Constitucional Europeo (TCE) . Durante el proceso de elaboración, que inició los trabajos en 2003, la sesiones fueron complicadas, pero los gobiernos advirtieron del desastre que supondría la ruptura de las negociaciones sobre el Tratado y se concertaron para aprobar un texto que, sin satisfacer a ninguno, pudiera ser asumido por todos. Los europeístas defendían que el Tratado Constitucional Europeo de 2004 debía ser una auténtica Constitución, que dotase a la Unión de una estructura federativa. Contenido del Tratado Constitucional Europeo Sus principales novedades y avances en el proceso de integración eran las siguientes: - Reunía en un solo texto los diversos tratados comunitarios y terminaba con la dualidad de Maastricht. - Creaba una estructura de representación y gestión de la UE similar al concepto de organización de un Estado democrático. - Respecto a la Comisión Europea, se limitaba el número de comisarios. - Sentaba las bases de una diplomacia comunitaria al colocar la Política Exterior y de Seguridad Común bajo la dirección del Presidente del Consejo Europeo y sustituir la figura del Alto Representante por la de un Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión. - El Parlamento Europeo aumentaba su número de escaños (750) y se reforzaba su capacidad legislativa. - El Consejo de Ministros, aumentaba sus competencias con decisiones de política interior, relaciones internacionales o política monetaria. - Se incorpora plenamente al ámbito jurídico de la Unión la Carta de Derechos Fundamentales aprobada en la cumbre de Niza. - En la cuestión de la unión monetaria, el Tratado abordaba la presencia institucional del euro en el Fondo Monetario Internacional. El fracaso de la ratificación El Tratado Constitucional se enfrentaba a su auténtica prueba de fuego con la ratificación en los países miembros. Los sectores euroescépticos se movilizaron, alertando que el TCE representaba una pérdida de soberanía nacional irreversible. La ratificación se orientó hacia la votación parlamentaria en algunos países y la consulta popular en otros. Como era de esperar en los países con votación parlamentaria no hubo problemas. Paralelamente, otros países iniciaban sus consultas populares. El primero fue España, donde ganó el “sí”. En Francia y Holanda gano el “no” y Gran Bretaña anunció que suspendía el referéndum. Luxemburgo y Chipre ratificaron el Tratado, junto con Estonia y Finlandia. Pero debían celebrar referendos populares el Reino Unido, Polonia, Chequia, Irlanda, Dinamarca y Portugal, países en los que era muy posible que ganara el “no”. Por lo tanto en 2006 el proceso de ratificación quedó detenido. Catorce años después de su creación, la UE entraba en vía muerta. La Unión Europea occidental La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), estaba destinada a dar a la UE una auténtica estructura supranacional de diplomacia y defensa. La creación en 1999 de la figura del Alto Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común venía a reforzar la idea de que la UE se proponía asumir competencias en materia diplomática y militar que hasta entonces se reservaban los estados. Desde 1954 existía la Unión Europea Occidental (UEO) , que actuaba como un organismo subordinado a la OTAN. Con las primeras iniciativas de creación de la Unión Europea, los dirigentes del Mercado Común apreciaron la necesidad de impulsar una política de seguridad propiamente europea. En 1987, el Consejo de Ministros de la UEO afirmaba que la construcción de la Unión Europea sería incompleta si no incluía un “pilar ” de asuntos de seguridad y defensa. El eje franco-alemán puso en marcha una ambiciosa iniciativa, el Euroejército. La idea era constituir un Ejército europeo permanente integrado en la UEO y nutrido de de los ejércitos nacionales. Las sucesivas etapas del conflicto que llevó a la disolución de la Federación Yugoslava constituyeron una prueba de fuego para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. La UEO tuvo algunas actuaciones en las guerras yugoslavas, las llamadas misiones Petersberg. El estallido de la guerra de Yugoslavia aumentó las preocupaciones en las cancillerías de la Unión sobre la estabilidad de los PECO. Se puso de relieve la urgencia de atender las expectativas de ingreso en la UE de los países excomunistas como forma de eliminar las contiendas entre ellos. Sin embargo, la implicación de los PECO en la PESC, con anterioridad a su entrada en la Unión Europea, estaba estrechamente vinculada a su ingreso en la Alianza Atlántica. La Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) A mediados de los años 90, parecieron afirmarse las esperanzas de que la UEO se convirtiera en un pacto militar realmente operativo. Pero tras la crisis de Kosovo se llegó a la convicción de que las políticas de seguridad exterior de la UE que implicasen el empleo de la fuerza debían descansar en la OTAN. La UE se concentraría en el ejercicio del llamado “poder blando”, es decir, tareas de mediación diplomática y de mantenimiento del orden y en las misiones humanitarias. El Tratado de Ámsterdam de 1997, definió una serie de actividades que se englobaban dentro del la denominada Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). La idea de una defensa común quería recuperar la idea de un ejército común continental al servicio de un estado mayor propio y unificado; los distintos ejércitos europeos se hallarían subordinados únicamente a la política de defensa acordada en Bruselas por los gobiernos nacionales. El Consejo Europeo asumió todo el protagonismo a través de una estructura político-militar. La nueva estructura político-militar de la UE establecía el concepto de los pequeños contingentes de las Fuerzas Armadas Europeas (EUFOR). Desde 2003, la PESD multiplicó sus misiones internacionales : Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia o Palestina. A finales de 2009, la PESD estaba presente en seis conflictos: Bosnia-Herzegovina, Moldavia y Ucrania, Iraq, Afganistán, Guinea-Bissau y en la República Democrática del Congo. De Lomé a Cotonou Uno de los aspectos más solventes de la política exterior comunitaria era la relación comercial y de ayuda al desarrollo con aquellos países surgidos de la disolución de los imperios coloniales europeos. Muchos de estos nuevos estados habían firmado la convención euro-africana de Yaundé (1964) y luego integraron el Grupo África Caribe Pacífico (ACP), que en 1978 firmó con la CEE la Convención de Lomé. Lomé fue un éxito, en la medida en que cumplió las expectativas de ambas partes, y tuvo continuidad en Lome II, Lomé III y Lomé IV. Al expirar el plazo de Lomé IV, el Grupo ACP y la UE lo sustituyeron por el Acuerdo de Cotonou, de junio de 2000. Este acuerdo ampliaba el ámbito de la cooperación, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo, y lo modificaba en torno a cuatro principios: igualdad entre los socios, participación de ONG´s, defensa de los derechos humanos, y diversificación y regionalización de la cooperación. El Parlamento Europeo 2004-2014. Tras la ampliación de 2004, la Unión Europea de los 25 disponía de un enorme cuerpo electoral, aunque el Parlamento Europeo, tras sucesivos intentos, no había logrado que se estableciese un procedimiento electoral uniforme, en el que fueran las instituciones comunitarias las que organizasen los comicios A las elecciones del 2004 concurrían los electorados de 10 nuevos miembros de la Unión, y vinieron a demostrar que el electorado de los PECO apenas difería de las tendencias generales consolidadas en los miembros más veteranos. Esas tendencias se manifestaron en tres direcciones: nuevo decrecimiento de la participación , derrota de los partidos gubernamentales en la mayoría de los países y aumento moderado del euroescepticismo. El más votado era el Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos, luego el Partido de los Socialistas Europeos, los liberales, los Verdes y la Alianza Libre Europea era el cuarto grupo, la Izquierda Unida era el quinto y después estaban la derecha euroescéptica y los radicales de derecha de la Unión por la Europa de las Naciones. La legislatura de 2004-2009, presidida por el socialista español Josep Borrell y luego por el democristiano alemán Hans-Gert Pöttering, estuvo marcada por el fracaso de la Constitución para Europa y por el Tratado de Lisboa . Los resultados de las elecciones de 2009, fueron muy parecidos a los de los comicios de 2004, demostrando la consolidación de un sistema de partidos “europeos” basado en coaliciones estables por proximidad ideológica. La etapa de la vida del Parlamento Europeo enmarcada por las dos legislaturas que transcurren entre 2004 y 2014 constituye una época de consolidación interna de la institución, con la ampliación de sus escaños y del cuerpo electoral europeo, la estabilización de una serie de grupos parlamentarios y la asunción de mayores competencias en materia legislativa y de control institucional, incluida la elección del presidente de la Comisión Europea. En cambio, el crecimiento continuo de la abstención electoral denota la escasa sintonía de la ciudadanía de la Unión con una institución como la Cámara de Estrasburgo. El Tratado de Lisboa (2009) El abandono de los trámites de ratificación del Tratado Constitucional, en 2006, había llevado al proceso de integración europea a un punto muerto. En busca de una solución, se creó el llamado Grupo de Sabios. Este Grupo trabajó en el texto de un Tratado Constitucional mucho más breve, y sobre el que fuese más fácil el consenso. El Consejo Europeo acordó encargar a una CIG el borrador de un Tratado que, en la línea del que acababa de elaborar el Grupo de Sabios, permitiera salvar aquellos aspectos del fracasado Tratado Constitucional. El resultado fue un proyecto de Tratado de Reforma, presentado en Lisboa en 2007. El Tratado modificaba, pero no sustituía, a los de 1957 y 1992, que siguen siendo los textos fundamentales de la integración europea. El Tratado de Lisboa tenía solo siete artículos, modificando partes concretas de los Tratados de Roma y Maastricht, y trece protocolos adicionales. Entre las principales modificaciones que aporta Lisboa: - Refuerza el papel del Parlamento Europeo, situándolo en paridad con el Consejo de Ministros. - Reafirma la doble mayoría, de estados y de población, que iba a establecer el TCE para las votaciones del Consejo de Ministros. - La Presidencia del Consejo Europeo (formado por los Jefes de Estado o de Gobierno de las naciones) deja de corresponder, por turno, pasando a ser elegido por períodos de dos años mediante votación por mayoría y sin que el Parlamento Europeo intervenga en el proceso. Sus funciones son representativas. - Establece la iniciativa ciudadana. - Aborda, por primera vez, los mecanismos para que un estado abandone la Unión. - Establece el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales. - Potencia la PESC con una acción institucional de mayor calado. Tras la firma del Tratado, los países comunitarios tuvieron que abordar un nuevo proceso de ratificación. Vistos los antecedentes, parecía recomendable evitar los referendos y encomendárselo a los parlamentos estatales. Así lo hicieron 26 miembros de la Unión, menos Irlanda que rechazó la enmienda. El Parlamento de Dublín tuvo que redactar una nueva enmienda constitucional, que se sometió a un segundo referéndum y que esta vez sí fue apoyado. Sólo entonces, el 1 de diciembre de 2009, el Tratado de Lisboa pasó a organizar la vida de la Unión Europea. Después de Lisboa En los últimas semanas de 2009, se cerró un decenio de historia de la UE, marcado por las sucesivas ampliaciones. En esos momentos, eran ya muy patentes los efectos de la grave crisis económica mundial desatada en agosto de 2007. La crisis afectaba en especial a un grupo de países con mecanismos económicos poco eficientes: Portugal, Irlanda, Grecia y en menor medida, España. A partir de 2010, la Unión hubo de plantearse el “rescate” de las finanzas públicas de Portugal, Irlanda y Grecia cuyo nivel de endeudamiento era insoportable y que amenazaba con arrastrar al euro en su caída hacia la insolvencia. No tardaron en surgir voces que proponían la liquidación de la moneda única y se planteó incluso la posibilidad de que la abandonara algún país. Pero esta amenaza hizo reaccionar a los gobiernos europeos y con el llamado “Pacto del euro” se planificó una futura estabilización de las finanzas de los países en graves dificultades mediante los préstamos de un Fondo de Rescate de 500.000 millones de euros aportados por los Estados de la Unión a los que se sumarían las aportaciones del Fondo Monetario Internacional. La grave y prolongada crisis económica viene acompañada por otros signos de agotamiento del vigente modelo de integración, sobre todo en lo que afecta a la PESC, donde los intereses particulares de los estados siguen predominando en demasiadas ocasiones sobre los del conjunto de la Unión. Ello ha quedado patente con las revueltas populares que sacudieron a los países árabes mediterráneos durante la primera mitad de 2011, donde la política al respecto de la Unión y de los gobiernos ha sido errática y descoordinada. El proceso de integración europea, está, en estos momentos, en una encrucijada. Ha avanzado espectacularmente en poco más de medio siglo, conquistando espacios de libertad y progreso, pero ahora da síntomas de agotamiento. Detenido el proceso constitucional, con la imagen exterior de la Unión muy debilitada, se anuncia una nueva ampliación ( Islandia, Croacia y Turquía), por lo que el presente de la integración europea se muestra muy complicado. FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS Poder Ejecutivo → COMISIÓN EUROPEA: garante el cumplimiento del Derecho de la Unión, el monopolio de la iniciativa legislativa, ejecuta el presupuesto y las políticas comunes, representa a la Unión en su conjunto y promueve y defiende el interés general europeo y el método comunitario. Consta del llamado Colegio de Comisarios (27 miembros), además de un cuerpo administrativo de algo más de 38000 funcionarios cuya función es asistirlo y actuar como brazo ejecutivo del Colegio. El Presidente de la Comisión Europeaes el dirigente máximo de la institución, ocupa el primer puesto en la cadena de jerarquía, preeminencia que viene reforzada por la legitimidad democrática que le aporta al cargo su elección directa por el Parlamento Europeo. Su mandato es de 5 años. Poder Legislativo → CONSEJO DE MINISTROS (o de la UE) y PARLAMENTO EUROPEO – Consejo de Ministros (Cámara Alta) : delibera y decide sobre un acto legislativo. Ostenta la titularidad de importantes potestades ejecutivas, pero cuyo ejercicio debe atribuir por imperativo constitucional a la Comisión. Es pues, cámara co-legisladora donde se hallan representados los Estados de la Unión a través de sus ministros. – Parlamento Europeo, Europarlamento o Eurocámara : representa directamente a los ciudadanos de la Unión, elegido cada 5 años. Es considerado la "primera institución" de la Unión Europea y su Presidente tiene preferencia protocolaria sobre todas las demás autoridades a nivel europeo. Poder Judicial → TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE): intitución a la que está encomendada la potestad jurisdiccional en la Unión. Su misión es interpretar y aplicar el Derecho comunitario europeo, y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad supranacionales. *CONSEJO EUROPEO : está integrado por los 27 Jefes de Estadoo de Gobiernode los Estados de la Unión, más su Presidente y el Presidente de la Comisión Europea. Es un órgano de naturaleza predominantemente intergubernamental y de jefatura colectiva simbólica. Fija las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes; su función es meramente representativa. Sus reuniones, de carácter trimestral, se designan comúnmente como "cumbres europeas". Su Presidente, se corresponde con la más alta representación de la UE en el ámbito de la política exterior y de seguridad común.