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¡Descarga Historia de Chile-word y más Monografías, Ensayos en PDF de Historia solo en Docsity! 1 Historia de Chile Del período parlamentario a los gobiernos de la Concertación (1891-2006) Por Álvaro Góngora E. Decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades y director de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae. Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Miembro de número de la Academia Chilena de la Historia (2010) y Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia (Madrid, 2012). 2 Este documento es un fragmento de la “Enciclopedia del Estudiante 20” (Ediciones Santillana, 2007, pp. 103-165), de Álvaro Góngora E. El período “parlamentario” (1891-1925) Se trata de una etapa dominada por la clase oligárquica, caracterizada por su inoperancia gubernativa aun cuando, en materias internacionales, la Cancillería chilena demostró buen desempeño al obtener acuerdos limítrofes e impedir conflictos. El nuevo régimen político La victoria de los congresistas en la Guerra Civil de 1891 significó la instauración de un sistema que se llamó parlamentario, pero el cual en realidad distaba de serlo, porque careció de requisitos esenciales. En teoría o en su forma clásica, como el parlamentarismo inglés, este sistema tiene como objetivo central establecer un equilibrio armónico entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que la balanza de poder no se incline en ningún sentido. Este equilibrio se consigue mediante una serie de normativas y mecanismos institucionales. Por ejemplo, debe existir clara diferenciación entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, sucediendo, en el caso inglés, que el primero es la reina o rey; el segundo, el Primer Ministro. Debe existir una sola cámara política y estar estrictamente reglamentada la censura a los ministros, porque de aprobar el Congreso un voto de censura contra algún secretario de Estado, debe renunciar, al haber perdido la confianza, correspondiendo reemplazarlo por otro. También debe existir la facultad del Ejecutivo de disolver la Cámara Baja; esta norma contrarresta el procedimiento anterior, pues de lo contrario, la supremacía del Legislativo sería evidente. Así se evita que las censuras a los ministros se apliquen indiscriminadamente. Debe existir, a su vez, la facultad del presidente de la 5 gobiernos para defender el interés general y la corrupción política, y tendremos el panorama que caracterizó la crisis política. Las relaciones exteriores Sin embargo, uno de los aspectos positivos del período fueron las buenas relaciones que el Gobierno pudo mantener con los tres países limítrofes, con los cuales habían quedado temas pendientes desde la década de 1880; incluso pudo materializar algunos tratados que evitaron reanudar animosidades y conflictos bélicos. Estos buenos resultados se debieron a la capacidad de los cancilleres, porque la rotativa ministerial de esta cartera, tan ágil como las otras, pudo haber afectado de manera crítica al país en esta materia. Con Perú continuaba en compás de espera la situación generada respecto de Tacna y Arica, por la firma del Tratado de Ancón en 1883. El plebiscito para determinar la nacionalidad de las provincias señaladas, por diversas razones atribuibles a ambos países y seguramente por considerarlo mutuamente inconveniente, nunca se realizó. Con Bolivia se liquidaron los problemas pendientes desde la firma del Pacto de Tregua de 1884. En 1904 se suscribió un Tratado de Paz definitivo que estipuló el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados en virtud del Pacto de Tregua. Las discrepancias con la República Argentina prosiguieron, luego de la firma del protocolo que designaba a S.M. Británica como árbitro, porque hubo diferencias de interpretación del Tratado de Límites de 1881. Como la “línea divisoria de las aguas” no coincidió con la de “las más altas cumbres”, el tratado no se pudo aplicar en la práctica, inclinándose Argentina por este último criterio, en tanto que Chile por el anterior. La intervención británica pudo dirimir la situación en 1902. También corriendo esos años, se había solucionado el problema limítrofe que ambas naciones debieron dilucidar en el norte, en la Puna de Atacama, que permitió fijar la frontera definitiva. 6 En los años finales del parlamentarismo quedaba sólo pendiente resolver el asunto de Tacna y Arica. Las conversaciones quedaron suspendidas hasta 1922, cuando los gobiernos decidieron reiniciarlas. Este acercamiento dio como resultado la firma, en 1929, del Tratado de Lima, por el cual se devolvió Tacna al Perú, quedando Arica para Chile. Se estableció la frontera en la llamada “Línea de la Concordia” y se acordó que ninguno de los gobiernos podría ceder a un tercero parte o la totalidad de los territorios a que se refería el tratado, sin previo acuerdo entre ellos. Pero todas estas diligencias se efectuaron bajo otro gobierno y situación. La realidad económica y social Las décadas del cambio de siglo se caracterizaron, además de la ineficacia gubernamental, por la fragilidad de su economía y la manifestación de profundos problemas sociales derivados de la constante expansión del país. La fragilidad económica Si bien es cierto que a comienzos del siglo XX la economía chilena percibía cuantiosos ingresos por concepto de exportaciones, principalmente mineras, la economía tenía una excesiva dependencia de ellas. Cerca de dos tercios del total de los envíos al exterior correspondían a salitre y cobre, minerales sujetos a continuas fluctuaciones en cuanto a su precio y toneladas exportadas. Depender de los mercados internacionales exponía al país a una situación de extrema vulnerabilidad frente a contingencias de la economía mundial, con el agravante que Chile sufría un permanente déficit de la balanza comercial, obligándolo a recurrir al crédito foráneo, acrecentando la dependencia externa para poder financiar su presupuesto. La debilidad, en este sentido, se manifestó también en la permanencia de estructuras productivas anacrónicas, como las formas de explotación agrícola bajo el régimen de la gran propiedad, lo que mantuvo en bajos 7 índices la productividad del sector y no contribuyó a la formación de un mercado interno capaz de incentivar otras actividades productivas. Por lo demás, el país era afectado por problemas que se constituyeron en estructurales: falta de inversión, exceso de importaciones suntuarias, pérdida de productividad del sector primario, constante devaluación de la moneda y una pésima distribución de la renta. Este escenario se agravó por la depresión económica al terminar la Primera Guerra Mundial. A la devaluación monetaria y la inflación existentes, se sumó la disminución de las exportaciones de salitre, porque Europa quedó en 1918 con stock del mineral y disminuyó de un golpe la demanda, con todos los efectos multiplicadores que significa una contracción de esa naturaleza, máxime para un país dependiente de ese mercado. La cesantía de obreros mineros fue la consecuencia más visible. Sin embargo, Chile registraba entonces un cambio trascendental en su relación económica mundial, porque concluyó la decimonónica dependencia financiera y económica británica, imponiéndose la estadounidense. Capita- les e intereses de esta nueva procedencia suplantaron a los ingleses, dado que compañías norteamericanas iniciaron inversiones en diferentes sectores: energía, transporte urbano, sistema bancario y fundamentalmente en la minería del cobre. Este rubro, después del buen pie alcanzado durante el siglo XIX, aproximándose a niveles de principal productor mundial, tuvo un drástico descenso porque los yacimientos de alta ley, ubicados en la zona del Norte Chico, se agotaron, quedando posibilidades de explotación a gran escala en regiones del Norte Grande, que si bien tenían gran potencial contenían mineral de baja ley y se requería de una tecnología e inversiones que el país no podía solventar. Así, en la década de 1910 se incorporaron empresas estadounidenses a la explotación de yacimientos de cobre nacional. Se pusieron en producción tres yacimientos: El Teniente, Chuquicamata y Potrerillos, que se sumó más tarde. Estos permitieron aumentar la producción de cobre nacional de 26 mil toneladas métricas en 1906, a 321 10 El movimiento obrero había comenzado a organizarse desde comienzos del siglo XX. A las sociedades de “socorros mutuos” que existían promediando el siglo anterior, se agregaron las “mancomunales”, que reunieron inicialmente a obreros del salitre, formadas por el dirigente obrero Luis Emilio Recabarren. Fue una forma de sociabilidad proletaria que les permitió tomar conciencia y formarse mejor en materias de interés social y político, amén de defensa ante los patrones. Las ideas socialistas, por ejemplo, comenzaron a penetrar por esta vía, aunque no se trataba todavía de un socialismo marxista. Paralelamente, se conformaron las llamadas “sociedades de resistencia”, entidades de carácter clandestino, de inspiración anarquista y claramente contestatarias del sistema y dispuestas a utilizar todos los medios de protesta, incluyendo actos de violencia. Estas sociedades nunca alcanzaron un grado importante de organización, aunque en 1919 se constituyó en Chile una filial de la Internacional Anarquista, sin mayores proyecciones. Con todo, las sociedades de resistencia infiltraron buena parte de las manifestaciones obreras. Otras entidades, en cambio, lograron mayor estructuración y protagonismo. Recabarren, líder que difundió el pensamiento socialista mediante la prensa obrera y llegó a fundar el Partido Obrero Socialista en 1912, al segregarse del Partido Democrático, fue derivando progresivamente hacia posiciones marxistas, al punto que llegó a formar el Partido Comunista de Chile, afiliado a la Internacional Comunista en 1922. Estos grupos reforzaron el movimiento obrero, que fue expresando su descontento mediante un ciclo de huelgas, cuyas hitos más importantes son la huelga portuaria de 1903, la de Santiago de 1905, la de Antofagasta de 1906 y la emblemática de Iquique de 1907. Todas estas huelgas fueron duramente reprimidas y en todas hubo víctimas obreras, siendo la más significativa, en este sentido, la de 1907, porque pasó a ser conocida como la Matanza de la Escuela de Santa María, donde murieron centenares de huelguistas, entre los cuales hubo dirigentes, de manera que el impacto fue de tal magnitud que paralizó al movimiento. Este acontecimiento produjo 11 además la ruptura definitiva del proletariado con el sistema político, de manera que pasaron de la desconfianza a asumir posiciones contestatarias. Si bien recién en 1919 se organizó una nueva huelga, en Magallanes, esta quietud de algo más de diez años no significó que el malestar entre los obreros no fuera creciente. Prueba de ello son la formación de la Internacional Anarquista en 1919 y el Partido Comunista en 1922. Las leyes sociales Como reacción ante las inquietudes sociales, y tratando moderadamente de corregir los abusos y desigualdades existentes, la clase política inició la discusión de algunas leyes que favorecieran a los grupos más postergados. En 1906 se dictó la ley de habitaciones obreras; en 1907 la ley de descanso dominical; la llamada “ley de la silla” en 1914, que permitió sentarse por momentos a quienes trabajaban de pie; la ley de accidentes del trabajo en 1916; la de salas cunas en establecimientos industriales de 1917 y la del Código Sanitario en 1918. Pero se comprenderá que fueron tímidos paliativos a la “cuestión social”, amén de que escasamente se cumplían en forma cabal. En el fondo, el problema más severo permaneció igual, porque el Estado no integraba o acogía las demandas prioritarias de los sectores mayoritarios, que eran los más pobres. La clase media en el poder En las primeras décadas del siglo XX la clase media maduró culturalmente, perfilándose como alternativa política de la oligarquía. Conducida por Arturo Alessandri alcanzó el poder, 12 realizando a partir de entonces importantes reformas al sistema imperante. Cambios culturales A medida que la clase media se estructuraba socialmente y asumía mayor protagonismo, comenzó a predominar en el plano cultural. Incluso se puede afirmar que su ascenso político fue antecedido de una conquista cultural de gran relevancia. Configurada en la segunda mitad del siglo XIX, formada en liceos, colegios particulares y universidades, la clase media se pudo insertar laboralmente de diferentes formas, especialmente en la burocracia estatal, pasando a constituir progresivamente la masa crítica de los creadores chilenos. La literatura, la plástica, el periodismo, la ciencia, la filosofía, en fin, la intelectualidad, pasó gradualmente a manos de la mesocracia, en la misma medida que se apreciaba el descenso que en este sentido afectó a la oligarquía, que concentró sus intereses en otras materias. Sólo quedaban ciertas figuras subsistentes de aquella clase, pero en clara actitud de autocrítica social; destacan entre otros Joaquín Edwards Bello, Inés Echeverría Bello y Luis Orrego Luco. Las influencias culturales europeas al respecto siguieron gravitando, sólo que ahora se agregaron escritores rusos anarquistas, que permitieron nutrir el pensamiento de los nuevos creadores chilenos, los que abrieron espacios de encuentro –como el Grupo de los Diez-, donde pudieron compartir artistas e intelectuales de diferentes perfiles socioeconómicos. Compartían no sólo el amor por su quehacer y la búsqueda de una vida más auténtica, sino el rechazo a los estereotipos oligárquicos. Por otra parte, la modernidad en general, el desarrollo urbano, la enseñanza y el incremento de medios de comunicación, permitieron la configuración de un público lector más masivo y, consecuentemente, facilitaron el aumento de la literatura, las casas editoriales, revistas, periódicos y la crítica. Este 15 carácter social y laboral, creando el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; elevar la condición de la mujer y la puesta en vigencia de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Entre otras iniciativas, pretendía separar la Iglesia del Estado y estabilizar la moneda. En realidad, buscaba superar la esterilidad gubernativa oligárquica y responder a las demandas sociales de la clase media y el proletariado y así evitar la agudización de los conflictos sociales y hasta amenazas de revolución, toda vez que las ideas marxistas y anarquistas habían tomado cuerpo, máxime después de la Revolución Rusa ocurrida tres años antes. Una de sus frases preferidas fue “evolución que se retarda conduce a una revolución”, para señalar que su opción se enmarcaba en las nuevas tendencias democráticas y aspiraba a establecer un Estado integrador, fuerte, conducido con autoridad y sentido social, para evitar estallidos revolucionarios. Alessandri Palma en La Moneda La contienda electoral fue muy reñida y se llevó a cabo bajo un clima marcado por la intensificación de la crisis social y la depresión económica post Primera Guerra. Se sumó a ello el recrudecimiento de la agitación conducida por sectores anarquistas y marxistas, contagiados con la Revolución Rusa y, como contrapartida, la severa y poderosa contracampaña desplegada por la Unión Nacional que utilizó todos los medios posibles, incluso acusando similitud de los sectores alessandristas con el movimiento “bolchevique”. Con todo, fue elegido Presidente por estrecho resultado a su favor, luego que un Tribunal de Honor, formado por todos los partidos, reconociera el triunfo en medio de una atmósfera tensa y agitada socialmente. Se cifraron grandes expectativas en su gobierno. Sin embargo, las condiciones no fueron favorables para la materialización de sus planes. El país atravesaba una situación financiera deteriorada por sendas crisis salitreras en 1921 y 1924, paralización de yacimientos y cesantía. A su 16 vez, en el Congreso, la Unión Nacional obstruyó las iniciativas legales tendientes a adoptar medidas claves del programa prometido. Por último, los propios partidos de la Alianza Liberal, que supuestamente debieron apoyarlo, se condujeron como en los mejores tiempos del parlamentarismo, procurando cuotas de poder y beneficios de círculo. Habiendo transcurrido gran parte del período presidencial en esa situación, el malestar social se fue acrecentando y el desprestigio del sistema político afectó también al Presidente. Alessandri había procurado por todos los medios conseguir mayoría parlamentaria en los comicios de marzo de 1921 y de 1924, sin obtener los resultados que facilitarían su labor. En estos últimos, incluso hubo intervención gubernamental y el propio Alessandri en sus recorridos por el país culpó en más de una ocasión públicamente a la oligarquía, la “canalla dorada” y a los “viejos del Senado”, del estancamiento gubernativo. A esas alturas tampoco contaba ya con el apoyo incondicional de la Alianza Liberal. Después de las elecciones de marzo de 1924, el panorama fue extremadamente complejo, porque no había salida política posible. Gobierno y oposición, cada uno por su lado, hicieron gestiones para atraerse a los miembros de la Fuerzas Armadas; Alessandri lo hizo con la oficialidad joven del Ejército y la Unión Nacional con la Marina y el alto mando del Ejército. Promediando el año, se hablaba en “voz baja” de golpe de Estado. Los golpes militares Al interior de las Fuerzas Armadas había evidente preocupación, pero de diferente carácter. La Marina, históricamente anglófila y de tendencia aristocrática, habiendo triunfado en la Guerra Civil, hizo causa común con los sectores oligárquicos. Pero el Ejército, mayoritariamente balmacedista, fue descabezado y reorganizado con criterio germano bajo el mando de Emilio Körner y Jorge Boonen. Se profesionalizó, se perfeccionó en materia técnica y se disciplinó rigurosamente. Desde entonces, el grueso de la oficialidad provino ya no de la aristocracia sino de la clase media. 17 Esta oficialidad, desde el año 1900, cuando se instituyó el Servicio Militar Obligatorio, tomó contacto con los sectores populares que anualmente llegaban a los cuarteles, tomando conciencia de la dramática realidad en que vivían, mientras contemplaban el desorden político, inmovilidad y frivolidad parlamentaria, muy distinta a la sobriedad, responsabilidad y valores en que se educaban las Fuerzas Armadas. A su vez, ambas ramas veían con inquietud cómo aumentaban las manifestaciones sociales y la represión que ellas tenían que aplicar por órdenes superiores, al tiempo que se mostraban temerosas de las expresiones comunistas después de 1917. Existían además problemas institucionales importantes en aspectos logísticos y técnicos, amén de que se reclamaba una ley de ascensos y retiros que no era despachada por el Congreso, de manera que oficiales bien formados, con brillantes hojas de servicio, no podían ascender a grados superiores porque quienes los ocupaban no jubilaban, teniendo que resignarse a truncar la carrera con grados medianos. Lo peor es que quienes ocupaban los altos mandos, accedían a ellos y prolongaban su ejercicio gracias a su pertenencia o vinculaciones de algún tipo con la clase dirigente. Por último, después de 1891, los hombres de armas habían comprendido perfectamente que ellos podían resolver conflictos políticos severos generados por los civiles. Para mayor desgracia, en 1924 los oficiales de Ejército esperaban pacientemente la promulgación de una ley que mejorara los sueldos de la entidad, pero el Congreso postergaba su discusión argumentando problemas presupuestarios. Es decir, había bastante “combustible” como para que estallara un levantamiento armado y desde ambos bandos políticos se pedía “colaboración” para salir del estancamiento. El detonante fue la imprudente y acelerada discusión en el Senado de un proyecto de ley que otorgaba a los parlamentarios una “dieta”, que significaba una asignación de remuneraciones que nunca antes había existido. 20 los ministros ante el Senado, el cual removería al ministro siempre que la acusación fuese aceptada por alta mayoría. Por lo demás, el Presidente podía acelerar el trámite legislativo exigiendo “urgencia” al proyecto o bien imponiendo “veto” a leyes aprobadas que consideraba improcedentes. La Constitución, junto con eliminar una serie de organismos decimonónicos, estableció la separación de la Iglesia y el Estado, incluyó nuevas garantías constitucionales de carácter social, aseguró el derecho al trabajo, limitó los derechos de propiedad en el caso de necesidad social y amplió los deberes del Estado en salud y educación. También creó un Tribunal Calificador de Elecciones independiente, que validaría los comicios para presidente, diputados y senadores. Sorprendentemente, no incluyó ninguna regulación que afectase a los partidos políticos en materias tales como formas de financiamiento, disciplina y extensión de su poder, generando un vacío constitucional. Esta ausencia, que pudo no haber parecido grave en un comienzo, se traduciría corriendo los años en conductas abusivas que conspirarían contra el régimen democrático. 21 Ajuste y consolidación del régimen democrático Luego de las reformas señaladas, el país entró en una etapa de incertidumbre, marcada por una dictadura, una profunda crisis económica e inestabilidad política, hasta lograr un consenso entre los diferentes actores que permitió afianzar el régimen democrático. La dictadura de Carlos Ibáñez En 1925, cuando correspondía realizar nuevas elecciones presidenciales, el poderoso Ministro de Guerra del propio Alessandri, el coronel Ibáñez, con ascendiente en el Ejército, carismática personalidad y ambición política, aceptó ser postulado a la Primera Magistratura, creando una situación que enfrentó a estos dos caudillos. El Presidente consideraba incompatible la situación de ser candidato y ministro. Luego de mutuas demostraciones de 22 fuerza, Alessandri renunció sin tener otra salida y designó un Vicepresidente, haciendo lo propio Ibáñez con su postulación, sólo que continuó como Ministro de Guerra y con el campo libre para maniobrar. Frente a los hechos, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en torno a un candidato de consenso, que resultó ser Emiliano Figueroa. Su contendor fue el disminuido candidato populista José Santos Salas, apoyado por sectores obreros y baja clase media. Figueroa era un político sin carácter y no tenía interés en la Presidencia, por lo que Ibáñez se transformó rápidamente en el hombre fuerte de su Gobierno. Más todavía, al poco tiempo fue Ministro del Interior y dirigió el país a su antojo y, prácticamente, creó una plataforma política en su beneficio, adoptando estrictas medidas de toda clase y robusteció la obediencia en las Fuerzas Armadas. Habiéndose cumplido apenas un año cuatro meses de gobierno, Emiliano Figueroa renunció, asumiendo Ibáñez como Vicepresidente y convocando aceleradamente a una elección presidencial, a la cual se presentó como candidato único, obteniendo abrumadora mayoría. Terminaba mayo de 1927. Gobernó con mano de hierro, convencido de que con esa actitud respondía a las aspiraciones de amplios sectores de la población que habían padecido necesidades y el desgobierno, bajo el dominio de una clase política que se movilizaba, a lo más, por intereses partidistas. Esos sectores, interpretó, demandaban un gobierno fuerte, que impusiera la autoridad, orden y eficiencia administrativa, amén de disciplina entre aquellas colectividades. Es efectivo que hizo caso omiso de la Constitución o bien sólo la utilizó en beneficio de sus objetivos e intereses. Con sus opositores políticos de todos los colores, incluyendo sindicatos, fue implacable, máxime con sus dirigentes, aunque no sangriento. Sus servicios de seguridad espiaron, persiguieron, reprimieron. Hubo cárcel, relegaciones y exilios. Con todo, llegó a controlar a la clase política, al punto que durante el “Congreso Termal” de 1929 acordó con los jefes de los partidos políticos una 25 Fundamental señalaba, el presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, quien asumió la realización de los comicios presidenciales en los cuales resultó elegido Arturo Alessandri Palma. El segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938) Alessandri fue elegido entre cinco candidatos que representaban una gama muy amplia de corrientes políticas y sociales, porque las tres clases sociales que ahora configuraban la estructura social tenían, o pujaban por tener, cauces de expresión. En este sentido, el Chile que comenzaba a gobernar era muy distinto al de 1920. De hecho, hubo candidatos de izquierda y de derecha, representando Alessandri una posición más bien de centro en tales comicios. Asumió en medio de una situación de crisis política y económica de grandes proporciones, porque ciertamente debía enfrentar el problema de la gobernabilidad: imponer orden y la autoridad presidencial. A este respecto, restablecer las instituciones republicanas y la vigencia de la Constitución de 1925 que había estado suspendida desde su promulgación, era tarea difícil. Tenía enemigos, al menos el ibañismo estaba aún vivo, y nada era seguro respecto de que los militares estuvieran convencidos de retornar a los cuarteles, porque el ambiente de conspiración no se había extinguido. El intervencionismo militar desde 1924 no había cesado y, como sabemos, ese año de 1932 había sido moneda corriente. A su vez, el país estaba sumido en lo más profundo de la crisis económica. La paralización de los sectores productivos era casi completa, máxime la minería del salitre y el cobre; la cesantía aumentó en forma inversamente proporcional y se había suspendido el pago de la deuda externa que ciertamente era abultada, especialmente con la banca norteamericana, sumada a una cuantiosa deuda con la banca interna. Las exportaciones disminuyeron al mínimo y también las importaciones, aunque en menor grado, pero la balanza comercial fue de todos modos deficitaria. Conste que 26 cuando asumió el cargo en diciembre, aun no se había siquiera despachado el presupuesto correspondiente al año siguiente. Sin embargo, el país que entregó Alessandri a su sucesor fue muy distinto al que recibió. En efecto, pudo estabilizarlo políticamente, rigiendo desde 1932, y sin contratiempos en adelante, la regularidad constitucional. Demostró resolución en este sentido cuando solicitó para dichos efectos facultades extraordinarias del Congreso Nacional y cuando apoyó a una organización paramilitar, la Milicia Republicana, cuya finalidad manifiesta era la de disuadir a los militares para que no intentaran dar otro golpe. De este modo, hubo gobierno y las instituciones republicanas entraron en vigencia. El sistema democrático, al menos en sus aspectos formales, también se normalizó. De hecho, todas las elecciones, parlamentarias y municipales, durante estos años, se realizaron de acuerdo a la ley (1933, 1935 y 1937), y desde entonces hasta 1973. Los índices macroeconómicos, por otro lado, se recuperaron notablemente, siendo su artífice el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa María. Desde 1933 comenzó el repunte minero, aunque el salitre jamás alcanzaría los niveles de exportación históricos; por el contrario, ellos comenzaron a disminuir inexorablemente, pero el cobre lo reemplazó. La reactivación del sector minero tuvo efectos multiplicadores que beneficiaron la industria, la agricultura y el comercio; se suma a ello la aplicación de un programa de desarrollo industrial. Por lo demás, en paralelo los mercados mundiales se estaban recuperando. En forma progresiva, se fue absorbiendo la mano de obra cesante y los pagos de la deuda externa se pudieron cumplir a contar de 1934. Un nuevo campo de partidos políticos Desde los años 20, el país comenzó a experimentar una reorganización del sistema de partidos políticos que existía desde mediados del siglo anterior, sistema que representó los intereses y propuestas ideológicas y doctrinales de la clase dirigente: presidencialismo versus parlamentarismo y catolicismo versus laicismo. Habían ingresado al escenario político nuevos actores 27 sociales y ya regía una legislación social que permitió impulsar el movimiento sindical. Estos actores, clase media y proletariado urbano y minero, lograron en el período consolidar su identidad y alcanzar una definida representación partidista. La derecha quedó conformada por los partidos Liberal y Conservador, que a la sazón tenían entre ellos bastante menos diferencias que en el pasado y, en cambio, similares intereses que defender. La clase media se identificó con el Partido Radical. Pero, como se trataba de un partido nacido de los círculos más progresistas de la clase dirigente decimonónica y, a su vez, había optado más recientemente por representar intereses mesocráticos, albergó en su interior dos sectores diferentes, al menos por algún tiempo. Uno, proclive a los entendimientos con la derecha, el otro con la izquierda. Tampoco podía aspirar a gobernar solo, a pesar de ser electoralmente fuerte, de manera que debieron formar alianzas y las tendencias mencionadas, reinantes al interior del radicalismo, favorecerían los acuerdos hacia uno u otro lado del espectro. Pero el aspecto más relevante del nuevo campo de partidos políticos, fue el protagonismo alcanzado por los obreros urbanos y mineros en partidos de izquierda. Desde 1922 existía el Partido Comunista, que con los años fue vinculándose más estrechamente a la Internacional Marxista o Komiterm, lo que significó una dependencia directa de la Unión Soviética. Siendo su trayectoria inicial casi clandestina, por la excesiva presencia política de los militares, pudo salir a la superficie con la caída de Ibáñez, pero negándose a participar de la “República Socialista” por motivos estratégicos dictaminados desde Moscú. Al tanto, la experiencia de esta “República” significó el despertar de ideas socialistas en numerosos grupos que surgieron casi espontáneamente, de manera que para las elecciones de 1932, el socialismo tuvo un abanderado, Marmaduke Grove, que obtuvo casi el 18% de las preferencias. El Partido Socialista ya en esos momentos estaba en ciernes, al punto que poco después, en 1933, pudo organizarse oficialmente. Y se organizó 30 Sin embargo, entre estos dos actores de la democracia (Ejecutivo y partidos), había una desigualdad de obligaciones insalvable y perversa. El primero debía cumplir estrictamente con las prescripciones constitucionales, mientras los segundos no tenían ninguna responsabilidad en este sentido. Al no considerarlos la Carta Fundamental, no hubo ley que regulara sus actuaciones y, a la postre, desarrollaron estrategias que entorpecieron la labor presidencial. Cogobernar fue la pretensión corriente de las colectividades o alianzas que teóricamente debían respaldar al Presidente, mediante una serie de prácticas políticas que se fueron potenciando con los años, hasta transformarse en vicios, corroyendo lenta, pero gradualmente, nuestra democracia, sin que la clase política en general tomara conciencia de su debilitamiento: “el cuoteo”, “el pase” y la “orden de partido”. 31 Los gobiernos radicales (1938–1952) El período está marcado por el predominio del radicalismo en el poder y porque el Estado asumió un papel activo en la economía. Formación del Frente Popular La idea de formar un frente nació en Europa. Concretamente fue una estrategia de la Internacional Comunista para frenar el avance de Hitler y el nazismo triunfante en Alemania desde 1933. Con tal objeto, instruyó a los partidos comunistas satélites formar “frentes populares”, vale decir, alianzas comunistas con otras fuerzas del espectro, inclusive aquellas consideradas “burguesas”. Al poco tiempo, el Partido Comunista chileno asumió la estrategia por decisión del Komiterm y buscó aliarse con el Partido Radical, de manera que su constitución pudo oficializarse en 1937. A ella se plegó posteriormente, y a contrapelo, el Partido Socialista. Un factor decisivo que contribuyó a la estructuración de esta coalición de centroizquierda fue la candidatura presidencial del Ministro de Hacienda Gustavo Ross Santa María, el abanderado del Gobierno y la derecha, sector que, en las elecciones parlamentarias de ese año, logró una representación electoral sobre el 40 por ciento. Por eso, los socialistas se vieron obligados a bajar su candidato, Marmaduke Grove, y se unieron al Frente Popular, que ya tenía como presidenciable a Pedro Aguirre Cerda. Un tercer candidato fue Carlos Ibáñez, ciertamente apoyado por la heterogénea fuerza “ibañista” y por el nazismo chileno. Pero el intento de golpe de Estado que dieron estos últimos en favor de Ibáñez comenzando 32 septiembre; la Matanza del Seguro Obrero, donde murieron algo más de sesenta nacionalsocialistas; las sospechas que recayeron sobre su candidato, que fue arrestado y exiliado, obviamente dejaron la contienda reducida a dos candidaturas. Las instrucciones que circularon entre los partidarios de Ibáñez fue votar por Pedro Aguirre Cerda, para evitar el triunfo del candidato oficialista. Todo hace pensar que este apoyo fue importante, porque Aguirre Cerda obtuvo una victoria por estrecho margen, alrededor del uno por ciento de diferencia. Presidentes y combinaciones políticas Con Pedro Aguirre Cerda (1938–1942) se inauguró una especie de dinastía radical, porque le sucedieron dos mandatarios del mismo partido: Juan Antonio Ríos (1942–1946) y Gabriel González Videla (1946–1952). Como se ve, sólo el último de ellos completó su período de gobierno; los restantes fallecieron durante su ejercicio. Fueron catorce años de administraciones similares, en varios sentidos. Ya sea por la relación que sostuvieron con las alianzas que supuestamente los apoyaban; ya sea porque impulsaron el mismo programa económico o bien porque precisamente durante esos años el país experimentó un proceso de cambios sociales y culturales marcados por el mismo signo: la consolidación de la clase media. En fin, salvo por algunos hechos particulares, se puede caracterizar esta etapa en forma conjunta. Entre las particularidades de Aguirre Cerda, por ejemplo, se puede mencionar el terremoto que impactó desde Concepción al sur, en 1939, donde Chillán fue la ciudad más derrumbada. Y ese mismo año se declaró la Segunda Guerra Mundial, viviendo nuestra economía serios aprietos. Y entre las singularidades de Juan Antonio Ríos, apuntemos que enfrentó la ruptura con las potencias del “Eje” (Alemania, Italia y Japón) en 1942, alineando al país con los “Aliados”, acontecimiento que tuvo también repercusiones de carácter económico. Por último, a Gabriel González Videla correspondió el 35 En otras palabras, era vulnerable a los vaivenes de los mercados internacionales. De este modo, a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, la industria experimentó un estímulo, pero al concluir ésta, entró en fase depresiva. En realidad, pese a los largos períodos de bonanza económica, el sector industrial del país no pudo mantener un proceso de industrialización sostenido. Este panorama se agravó aún más con la depresión mundial. Nuevo modelo de desarrollo económico En la década de 1930, hubo conciencia respecto del agotamiento del modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de materias primas y de la necesidad de cambiarlo. Un modelo que se había impuesto en el siglo XIX, que pretendió orientar la economía bajo el predicamento del crecimiento “hacia afuera”. El nuevo modelo debía propiciar la expansión industrial mediante el expediente proteccionista. Las nuevas teorías que circulaban en Europa y Estados Unidos, más el panorama existente, impusieron en Latinoamérica en general el concepto de crecimiento "hacia adentro". Se comenzó a hablar del modelo ISI: “Industrialización por sustitución de importaciones”. Se conjugaron diversos factores que posibilitaron este cambio. De partida, el pensamiento que predominó en Occidente en orden a concebir al Estado como activo agente del desarrollo económico, social y cultural; la coyuntura internacional, representada por la depresión mundial y la declaración de la Segunda Guerra, que cerró los mercados europeos tanto para las exportaciones chilenas como para las importaciones, y el consenso que se configuró en torno a la necesidad de superar la vulnerabilidad y dependencia económica nacional. Nace la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Su creación fue obra del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y tuvo como objetivo fundamental elaborar políticas económicas y crediticias y un plan 36 de fomento de la producción, elaborado por un importante grupo de ingenieros, destinado a desarrollar la economía en general y la industria en particular. Creó la Corporación en 1939 junto con la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que se encargó de resolver los daños y carencias originados por el terremoto de ese mismo año. La CORFO desarrolló una obra trascendente en el ámbito del desenvolvimiento económico. Gracias a su acción se logró la electrificación del país -tarea que desarrolló la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA); la explotación de yacimientos petrolíferos por la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) y la construcción de la usina de Huachipato encargada a la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), obras indispensables como base de sustentación de la industria nacional. Puso en ejecución también planes tendientes a mejorar la productividad agrícola, fomentar las faenas pesqueras y estimular la producción forestal, las industrias del papel y la celulosa, la química, la petroquímica, la metalúrgica y la electrónica. Como consecuencia de lo anterior, nacieron la Industria Azucarera Nacional (IANSA), el Instituto de Fomento Pesquero, Industrias Forestales S.A., Papelera del Pacífico S.A. y la Sociedad Anónima y Maderera del Sur (SOMASUR), entre otras. A la CORFO se debe también la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), las Manufacturas de Cobre S.A. (MADECO), la Industria Nacional de Neumáticos S.A. (INSA), Hotelera Nacional S.A. (HONSA) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Su acción abarcó casi la totalidad del espectro productivo nacional, transformando al Estado en un ente protagónico. Pese a que lo realizado fue sin duda apreciable, el modelo de crecimiento puesto en práctica no dio todos los resultados esperados. El PGB creció más lento de lo presupuestado y con tasas más bajas. Con todo, el crecimiento industrial fue moderado en referencia a indicadores de productividad, volumen, calidad, eficiencia, precios y absorción de mano de obra cesante. Hubo, al respecto, tasas impositivas muy altas, demasiada 37 fiscalización y fijación de precios, que desincentivaron la inversión privada. Por otra parte, el desarrollo fue desigual. Hubo sectores, como la agricultura y sus anexos, que quedaron rezagados, porque mediante el apoyo financiero se privilegió a la industria y minería, en desmedro del mundo agropecuario. Corriendo ya los años 40, Chile debía importar productos de esta naturaleza, pese a tener condiciones suficientes para proveer al mercado interno. El resultado más lamentable en este sentido fue que la industria necesitaba importar bienes de capital, insumos y tecnología, pero no fue capaz de generar divisas, porque estuvo orientada al mercado interno y no a las exportaciones. De manera que falló en su principal objetivo: reemplazar la histórica capacidad exportadora del sector primario. Conste que, en las décadas siguientes, el país continuó dependiendo de las exportaciones de cobre. Tal panorama se tradujo en déficit en la balanza de pagos. También hubo déficit fiscal, porque los ingresos fiscales se redujeron a los provenientes de las exportaciones cupríferas, dado que entradas por otros conceptos fueron irregulares, de montos más reducidos y sujetos a un sistema impositivo muy defectuoso. Pero el gasto público no se comprimió; por el contrario, fue expansivo durante todo el período. A su vez, la inflación promedio fue alta. Se trataba de un mal endémico, pero al parecer el manejo financiero no fue adecuado, porque se palió el déficit fiscal con emisiones. Ciertamente fueron varias las circunstancias que influyeron a este respecto, pero una crítica que se formuló en este sentido, es que los partidos de gobierno corrientemente presionaron por incrementos salariales para beneficiar a determinados gremios o sindicatos y quizás porque creyeron que incrementando la demanda aumentaría la producción. Se robustece la clase media El acontecimiento más destacable del período radical en el plano social es el 40 que se asocia a la “cuestión social”. A partir de estos años comienzan a ser frecuentes las “tomas de terrenos” y la instalación intempestiva de “poblaciones callampas” -más tarde llamadas “campamentos”-, cuyos pobres habitantes construyeron “ranchos” con cualquier material que les sirviera. Se trató de un “mundo popular” o de “marginados” que no pudo integrarse a trabajos remunerados estables, pero que deambulaban por Santiago sin que el Estado ni nadie diera solución a sus problemas. El campesino, aunque en general tuvo una mejor calidad de vida porque no experimentó los efectos de la miseria urbana, sintió el empeoramiento de sus condiciones. Emigró a la ciudad la juventud rural, porque el trabajo en el campo escaseó cada vez más y los salarios disminuyeron, al igual que los beneficios no salariales, dada la desincentivación productiva que afectó a los propietarios. Auge y decaimiento de la cultura El predominio de la clase media se materializó además en el campo cultural. La cultura de clase media fue portadora de elementos adquiridos tanto de los sectores oligárquicos y de los grupos populares como de las tendencias tradicionales y patrones extranjeros, especialmente norteamericanos, producto de la expansión del cine. La prensa, la proliferación de la radio, casas editoriales y consecuentemente del libro, contribuyeron a difundir la mentalidad mesocrática que constituía la mayor parte de la población urbana, con excepción de los grupos marginados. Los rasgos más notorios de esa mentalidad fueron los valores fundamentalmente católicos, el aprecio por el orden, la estabilidad y la seguridad social como necesidad indispensable. También era propio de la clase media el civismo, la tolerancia, la solidaridad, el respecto por la actividad intelectual y su ambición económica. Sin embargo, debido al creciente acceso de los chilenos a los medios de comunicación, máxime con la llegada de la televisión, se impuso una cultura de masas que si bien contribuyó a ampliar los niveles de información y 41 entretención, con espectáculos de variada índole, llevó a un decaimiento del contenido del discurso cultural, en la medida que las aficiones literarias, artísticas y la especulación intelectual fueron siendo cada vez menos corrientes. Con todo, antes de los años 50, hubo un momento muy alto de la cultura chilena en sus expresiones más típicas, particularmente de la poesía. Son los años del vanguardismo de Vicente Huidobro, que dejó una importante huella en el movimiento Mandrágora; de Gabriela Mistral, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945; de Pablo Neruda, por entonces admirado mundialmente y que recibiría el mismo Premio en 1971. Otros poetas también fueron muy relevantes, como Pablo de Rokha, Humberto Díaz- Casanueva, Juvencio Valle, entre otros. En la pintura y escultura surgieron figuras nuevas como Nemesio Antúnez, Enrique Zañartu, Roberto Matta, Lily Garafulic y Marta Colvin. En la música se destacaron Claudio Arrau y Domingo Santa Cruz. En fin, respondiendo a demandas culturales y artísticas de cultores y de la población, se creó el Instituto de Extensión Musical en 1940. Al año siguiente, la Orquesta Sinfónica de Chile, la Escuela de Danza, el Ballet Nacional, el Teatro Experimental y el Coro, todas entidades dependientes de la Universidad de Chile. 42 La “crisis integral” A mediados del siglo XX, Chile entró en un estado de crisis general, de manifestaciones políticas y económico-sociales, situación que representó un desafío para el país y sus futuros gobernantes. Su expresión política Durante los años precedentes hubo cierta estabilidad política, como hemos visto, gracias a que los gobiernos tuvieron una base de sustentación partidista, que si bien no fue tan sólida les permitió mantenerse en el poder sin grandes conflictos. Contribuyó, en este sentido, el papel ejercido por el Partido Radical, que siendo el centro del espectro, pudo establecer relaciones políticas con ambos polos. En términos generales, los radicales formaron alianza con la izquierda (socialistas y comunistas), que estuvo dispuesta a transar con el objeto de acceder al gobierno. No obstante, en ocasiones esta coalición se fracturó debido a las disputas internas, particularmente propiciadas por las diferentes posiciones que adoptó el Partido Comunista, según las directrices recibidas desde Moscú. En 45 costo como mediador, sino que se corrompió y se desprestigió por diferentes conceptos. Porque demostró una conducta en exceso oscilante, formando contradictorias coaliciones, porque trató de obtener ventajas para sus dirigentes y clientes de muy diferentes formas, todas a costa de la administración pública. En fin, porque perdió credibilidad, dado que varios de sus militantes fueron acusados por sus opositores, a veces con razón y otras injustamente, de cometer fraudes o de corrupción. Pero el desprestigio cayó sobre casi todas las colectividades partidistas. Por ciertas prácticas electorales abusivas (cohecho); por la presión que ejercían sobre el Presidente los partidos que supuestamente lo debían apoyar, exigiendo “cuotas” de poder o controlando a los militantes que asumían funciones de importancia en la administración, mediante la “orden de partido”; porque disputaron entre ellos cargos públicos de cualquier jerarquía; porque intentaron “conquistar”, partidariamente, entidades que tenían otros fines, afectándolas en su correcto funcionamiento. El asunto es que comenzando la segunda mitad del siglo XX, el ciudadano corriente estaba desilusionado de los partidos o de la forma como sus directivas habían actuado, generándose un ambiente de pesimismo y rechazo al partidismo. La expresión económico-social Hemos consignado el lento crecimiento del PGB y el importante, pero insuficiente, afán industrializador materializado. También, hemos señalado la discriminación que afectó durante el período a la agricultura en favor de otros sectores productivos. Por último, la excesiva devaluación del peso, como un indicador muy negativo a este respecto. Conste que entre las décadas del 30 y 40 fue cercana al 500 por ciento. En fin, a mediados de siglo, Chile se contaba indiscutiblemente entre los países subdesarrollados del mundo. Se comprenderá que todos estos indicadores, sumados al sobrepoblamiento urbano, a la insuficiencia de fuentes de trabajo y los deterioros en la calidad 46 de vida de la población, fueron incrementando la miseria en la medida que crecía proporcionalmente el descontento de quienes la padecían. Entre un quinto y un cuarto de los habitantes de Chile experimentaron situaciones de extrema pobreza. Conste que en vivienda, solamente, la escasez era de varios cientos de miles y en cuanto a insalubridad, Santiago destacó entre las ciudades de Latinoamérica. Si añadimos la desigualdad en materia educacional o en acceso a la salud, tendremos un cuadro sin duda crítico. El asunto que más preocupó a ciertos analistas e intelectuales que llamaron la atención sobre el fenómeno, es que dicho cuadro y su natural malestar, de no solucionarse con seguridad, más temprano que tarde se expresaría en términos políticos o de cualquier otro modo. Consecuentemente, todos los gobiernos desde 1952 en adelante, intentarán enfrentarlo con diferentes fórmulas. Mientras, el país, la masa ciudadana, cifró las expectativas de cambio en candidatos de muy diferente signo político e ideológico. Fórmulas de solución (1952–1973) Se sucedieron gobiernos de muy distinto signo político. Cada uno intentó resolver la crisis con su propia fórmula, todas diferentes y, en casos, excluyentes. Si bien hubo resultados positivos, también se agregaron nuevos factores de crisis, agravando el panorama hasta concluir con el quiebre de la democracia. Carlos Ibáñez. Una fórmula populista y autoritaria Para las elecciones presidenciales de 1952, un heterogéneo conglomerado social puso sus esperanzas en el expresidente Carlos Ibáñez del Campo, quien estuvo ciertamente dispuesto a asumir la candidatura, como lo había 47 estado en 1938 y 1942. El movimiento que se formó en torno suyo no tuvo clara dirección, porque lo integraron personas de muy diferentes corrientes ideológicas, siendo el factor común sólo la recusa a la conducta partidaria pasada. Aún subsistía la imagen de Ibáñez como “hombre fuerte, ejecutivo”, la antítesis del político militante. Una figura capaz de instaurar el “orden”. Lo apoyaron el Partido Agrario Laborista (Partido Agrario, más Alianza Popular Libertadora); Partido Socialista Popular, más otros grupos menores como los partidos Nacionalista de Chile, Femenino de Chile y Radical Doctrinario, entre otros. Fue el “ibañismo”, como se le llamó. Pero contra todos los pronósticos, venció a los candidatos de los partidos “tradicionales”. A Arturo Matte, respaldado por la derecha; a Pedro Enrique Alfonso, por radicales, la Falange y socialcristianos, escindidos del Partido Conservador, y a Salvador Allende, por un sector de la izquierda (socialistas y comunistas mimetizados). Ibáñez casi obtuvo mayoría absoluta. Claro que su campaña fue estructurada respondiendo a la demanda popular: detener la inflación, disciplinar a los partidos, barrer con la corrupción. Eran tiempos en que caudillos populistas campeaban en países de Latinoamérica, los años de Juan Domingo Perón en Argentina, por ejemplo, con quien Ibáñez y sus adláteres tenían importantes vínculos. Ibáñez, al igual que aquellos caudillos, intentó una relación directa con el pueblo, sin mediación de coaliciones. Todo hace pensar que sus electores optaron por el autoritarismo. Mas, el autoritario Presidente esta vez no tuvo objetivos claros, al menos no demostró poseerlos, porque realizó un gobierno errático, serpenteante, experimentando encuentros y desencuentros que lo distanciaron de sectores claves del país: con los obreros en un momento, con empresarios, en otro. Comenzó apoyado en socialistas, continuó con agrarios laboristas y la derecha, para terminar con la izquierda. Pudo haber contado con un respaldo más estructurado, pero falló al poco tiempo, porque en las elecciones parlamentarias de 1953 el ibañismo no obtuvo mayoría en ninguna de las cámaras, aunque alcanzó alta votación. A su vez, la diversidad de adherentes conspiró contra la posibilidad de 50 Nuevo escenario partidista Lo primero que debe señalarse es que la derecha quedó afectada después del triunfo de Ibáñez. La campaña desplegada por el candidato contra el partidismo, la ineficacia y la corrupción, melló la hegemonía que ella sustentaba en los sectores rurales. Tanto en la elección presidencial de 1952 como en la parlamentaria de 1953, se registraron pérdidas de electores antaño cautivos. En términos generales, la derecha no logró recuperarse de esta situación, porque el fenómeno fue acompañado de otros factores que afectaron su desempeño electoral en los años siguientes. Hay que tener en cuenta que la unidad productiva tradicional del campo chileno fue la hacienda, la cual hacia mediados del siglo XX había demostrado ser ineficiente. Su contribución al PGB se estimó inferior al 8 por ciento, debiendo importarse productos agropecuarios en cantidades crecientes. Por otra parte, la población rural fue disminuyendo a partir de 1940 y aumentando la urbana, porque la actividad de la hacienda fue menos atractiva; según dijimos, los salarios disminuyeron y también las regalías no salariales, al tanto que las remuneraciones urbanas eran mayores, nominalmente al menos. La Iglesia Católica, que desde el siglo XIX y hasta por lo menos 1925, fue un fundamental apoyo para el Partido Conservador, reconocido sin ambages por sus integrantes y que continuó disimulado a partir de entonces, concluyó en los años 60. La posición doctrinal de la Iglesia Católica jerárquica cambió, a consecuencia de la proliferación del socialcristianismo entre sectores eclesiásticos, provocando mayor sensibilidad y acercamiento hacia los grupos de marginados urbanos y campesinos. Una primera manifestación fue la creación de la Falange. Otra, el quiebre que se produjo al interior del Partido Conservador hacia 1950, y cuando se materializó una renovación del episcopado chileno, con obispos que demostraron actitudes más progresistas en el campo social y fomentaron la creación de 51 instituciones al servicio del campesinado y los obreros, no cupo duda de que la Iglesia Católica adoptó en términos mayoritarios posiciones reformistas. Conste que, entre 1955 y 1962, catorce obispos fallecieron o jubilaron, siendo reemplazados por un importante número de sacerdotes que, por contactos familiares o de estudios, tenían mayor proximidad con sectores de laicos igualmente afines a la Doctrina Social de la Iglesia. Conste también que en 1962, luego que falleciera José María Caro, fue nombrado cardenal el sacerdote salesiano Raúl Silva Henríquez, afín al centro. Así, los partidos Conservador y el Liberal quedaron en posición crecientemente débil. Para el Partido Radical, en cambio –otro de los partidos tradicionales, atacados por Ibáñez-, la situación fue diferente en porcentaje de representación. Continuó por un tiempo más en torno al 20 por ciento, pero el agotamiento de su proyecto, la carencia de renovación doctrinal y de líderes, más el surgimiento de otro partido mesocrático que le disputó el campo, terminarían por afectarlo. Ese nuevo partido fue la Democracia Cristiana, que se fundó como tal en 1957, aunque ya venía perfilándose, porque su origen remoto fue la Falange Nacional. A este núcleo se le sumaron conservadores socialcristianos y algunos miembros del Agrario Laborismo (nacional-cristianos) disuelto después de 1956. Fue una agrupación que contó con grandes figuras políticas y militantes profesionales y estudiantes de la Universidad Católica, preferentemente. Una colectividad de perfil mesocrático que buscaba representar las aspiraciones de la clase media y popular. Contaba, además, con un líder indiscutido, Eduardo Frei Montalva, carismático, culto, senador desde 1949 y elegido por Santiago para el mismo hemiciclo con la primera mayoría en los comicios de 1957. Desde su formación, la Democracia Cristiana fue en ascenso sostenido y ya en el año 1963 sobrepasó en votación a los radicales. La doctrina que profesaron sus militantes los distanció de ambos extremos del espectro, porque se promovieron como contrarios al marxismo leninismo y al capitalismo. El lema que adoptaron fue 52 “sin derechas ni izquierdas”, lema que estaba muy lejos del “transaccionalismo” del período radical y su papel de intermediario. Se entenderá que al ubicarse en el centro del sistema de partidos, con esa posición ideológica, cambió completamente el tipo de relación política preexistente, porque estructuró un centro rígido, que no permitió el entendimiento entre sectores opuestos, configurando un panorama que tendería con el correr de los años a la polarización. En otras palabras, fue un centro sin flexibilidad. Pero la rigidez del sistema también fue propiciada por la izquierda, que igualmente se cerró a los acuerdos con el centro. Recordemos que, después de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, los partidos Socialista y Comunista se aislaron, izquierdizándose aún más, o definitivamente. El primero, que logró unificarse en 1956, promovió al año siguiente la formación de un “Frente de Trabajadores” que, según sus promotores, debió representar las aspiraciones de los “explotados”, naciendo al cabo de un tiempo el Frente de Acción Popular (FRAP), que reunió a todos los partidos que asumían el marxismo como ideología. Al poco tiempo se integró el Partido Comunista, que aún estaba en la clandestinidad. La nueva estructura de partidos sin duda agravó más la crisis que se venía arrastrando, porque agregó un componente muy pernicioso: la elaboración de proyectos sociales y políticos excluyentes acordes con los principios de la ideología que se promovió, principios que se asumieron como criterio de verdad. O sea, dogmáticamente. La izquierda, con un proyecto que apuntó a realizar las máximas marxistas leninistas; el centro, democratacristiano, que aspiró a materializar los postulados del Humanismo Cristiano emanado de la Doctrina Social de la Iglesia, y la derecha, sin proyecto de país, debilitada y amenazada en sus intereses por los otros sectores, sin ideología, al menos concebida en términos dogmáticos, vieron en el marxismo leninismo la peor amenaza, lo cual representó otra posición ideológica, aunque sin ideología. 55 mantenía hacía años: balanza de pagos deficitaria, desempleo urbano alto, bajo nivel de inversión y déficit fiscal, baja producción industrial y estancamiento del sector agrícola. Pero su gran preocupación fue detener la inflación, pues la consideró el peor de los males, porque afectaba de sobremanera a los más pobres. En su análisis, culpó de ello a la política económica aplicada durante los gobiernos radicales, que habían privilegiado responder a las demandas de trabajadores mediante el expediente de otorgar reajustes de sueldos y salarios desfinanciados, sin preocuparse de incrementar la producción. Tales gobiernos, en su opinión, habían aplicado medidas que desincentivaron la iniciativa privada y correspondientemente la inversión, como excesivos tributos y reglamentos, fijar precios, etcétera. Alessandri y su gabinete, por tanto, se abocaron a crear condiciones favorables para que el sector privado desarrollara la economía. De este modo, estuvo de acuerdo en otorgar mayor libertad económica, en términos generales, y reducir la intervención estatal, disminuyendo los controles existentes, por ejemplo, en cuanto a créditos, impuestos, reglamentaciones y precios. Atacó la espiral inflacionaria a través de aumentos controlados de sueldos y salarios, ciertamente financiados. Por último, hubo mayor inversión estatal en comunicaciones, vivienda, transporte, e incentivo de las exportaciones. Hasta por lo menos 1961, y en algún caso más, las principales variables económicas mostraron importantes mejorías y particularmente la inflación, que de un 33 por ciento en 1959, descendió a 5,4 por ciento en 1960 y a 7,7 por ciento en 1961. Pero en 1963, se disparó a 45 por ciento. Tal vez el problema de fondo fue que la inversión extranjera no llegó en los volúmenes esperados y, por otra parte, se experimentó a fines de 1961 un importante déficit en la balanza comercial, al aumentar excesivamente las importaciones en relación a las exportaciones. La escasez de divisas fue creciente y obligó al Gobierno a adoptar una serie de disposiciones restrictivas al comercio exterior y transacciones en dólares, pero fue 56 imposible evitar dos sucesivas devaluaciones del peso, que obviamente desataron una crisis financiera. El frente político Cuando inició el gobierno, Alessandri tuvo el apoyo irrestricto de los partidos de derecha que, en conjunto, detentaban un tercio de representantes en ambas ramas del Congreso, permitiéndole al Presidente influir en los procesos legislativos, mediante el veto. Por eso, pudo mantener su política económica sin alteraciones durante los años señalados, pese a las presiones que recibió desde la Democracia Cristiana y el FRAP, presiones que con el correr de los años se agudizaron, toda vez que ambas colectividades exhibieron líderes políticos que intervenían en el Congreso y manifestaciones públicas con las proyecciones de ser seguros candidatos para las elecciones presidenciales de 1964. A estas presiones se añadió el Partido Radical, a la altura de 1961, agravando la situación para Alessandri y su programa económico, porque la única posibilidad de mantenerlo era continuar disponiendo de la mayoría de la derecha en el Congreso. Pero tal expectativa fracasó, porque liberales y conservadores disminuyeron su representación en las elecciones parlamentarias de dicho año, y con tal resultado concluyó el “Gabinete de los gerentes”. Frente a este panorama, y bastante a contrapelo, Alessandri recurrió a los radicales, que contaban aún con fuerza electoral y estuvieron dispuestos a organizar un ministerio político, a la usanza “transaccional”, que significó perder la tan preciada “independencia” presidencial. Los radicales solicitaron cuatro ministerios. En los años siguientes, Alessandri fue de tumbo en tumbo. La creciente inflación tuvo repercusiones políticas y sociales. Se inició un ciclo de huelgas alentadas por los partidos opositores, en especial por la izquierda, que dominaba la Central Única de Trabajadores. Las manifestaciones ocasionaron alteración del orden público; hubo enfrentamientos, 57 especialmente en Santiago. La principal demanda fue de reajustes de sueldos y salarios que el Gobierno se resistía a otorgar, al menos en el porcentaje reclamado, pero terminó cediendo. Mas, el círculo se reanudó pocos meses después, cuando la inflación nuevamente diluyó los sueldos reajustados, hasta que las presiones hicieron restablecer la modalidad del reajuste automático, por el 100 por ciento de la inflación. La administración terminó mal, pero la popularidad de Alessandri no disminuyó. Su carácter, austeridad, simpatía y claridad, dejaron muy buena impresión entre la ciudadanía. La derecha, en cambio, quedó más afectada, porque tan destacado mandatario no traspasó su renombre ni a un partido ni a un líder de sus filas que le permitiera proyección. Al revés, quedó recluida, únicamente con posibilidades de entendimiento con los desgastados radicales, con los cuales estructuraron el Frente Democrático y enfrentaron así las próximas elecciones. Quizás la circunstancia más destacable es que con el fracaso de la fórmula de Alessandri para enfrentar la crisis integral -independencia partidaria y administración eficiente-, pasaron a legitimarse otras modalidades, mientras una ciudadanía que se manifestaba tornadiza, fijó su mirada en propuestas políticas más estructuradas, profundas o extremas. “Todo tiene que cambiar” Fue el lema que más se escuchó en los años 60, tanto a nivel occidental como local. Entre los jóvenes fueron corrientes los movimientos por mayor libertad y de ruptura con las formas heredadas del pasado. Fueron los años de la liberación sexual, de los grupos hippies y de rock, que masificaron el uso de la marihuana y otras drogas; años del feminismo, la utilización de anticonceptivos y del nuevo rol social de la mujer, que comenzó a ganar terreno en el campo laboral y político. Los estudiantes del mundo se volcaron a las calles, protestando por la guerra de Vietnam y la invasión soviética a Checoslovaquia. Aquí, en Chile, se tomaron las universidades, demandando su reforma. Una palabra que se conjugó comúnmente en 60 candidato. El FRAP, por su parte, jugó por tercera vez la carta de Salvador Allende, y la Democracia Cristiana, el partido que proporcionalmente más había crecido, postuló a su líder Eduardo Frei Montalva. Fue una contienda iniciada tempranamente. A fines de 1963, todos los candidatos entraron en una carrera que se auguró particularmente reñida, porque las fuerzas de cada uno fueron similares. No obstante, se decidió repentinamente y con bastante antelación a la fecha de los comicios. La muerte de un diputado socialista por Curicó obligó a realizar elecciones complementarias en marzo de 1964. La derecha le dio el carácter de “primarias”, a sabiendas que en zonas rurales tenía grandes posibilidades de triunfar, vaticinando que el bando que triunfara sería el vencedor de las presidenciales de septiembre. Grave error, porque ganó el hijo del diputado fallecido, igualmente socialista. Llegó segundo el candidato del Frente Democrático, y tercero el demócrata cristiano, pero con buen resultado. A los pocos meses del evento, liberales y conservadores anunciaron que apoyarían a Frei con el objeto de evitar el triunfo del FRAP. Y si Durán siguió en carrera, fue para evitar que los votos radicales emigraran a favor de Allende. Frei obtuvo así el 55,6 por ciento de los votos, una votación nunca vista, comenzando su gobierno muy bien aspectado. Por lo demás fue el candidato que apoyó Estados Unidos, brindándole, a través de la Alianza para el Progreso, el respaldo económico que su programa de gobierno necesitaba. Consideró a Frei y la Democracia Cristiana un freno contundente al avance del marxismo en Chile y una experiencia ejemplar para América Latina. Esa sensación de triunfo se completó al poco tiempo, porque en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, la Democracia Cristiana, un solo partido y por primera vez en la historia, obtuvo la mayoría de la Cámara de Diputados, y una importante representación en el Senado. Agreguemos que contó con la adhesión de significativos sectores del mundo eclesiástico, de manera que las expectativas que generaron en el país, máxime entre sectores populares, fueron enormes. 61 “Revolución en libertad” La fórmula demócrata cristiana para enfrentar la “crisis integral” fue elaborada por un grupo de cientistas sociales y profesionales a partir de un diagnóstico completo y sistemático, que analizó todas sus facetas, proponiendo enfrentarla también integralmente. Consistió en proyectar “reformas estructurales” profundas y en todas las áreas económico- sociales. Nada clave escapó a los autores del programa, al punto que prometieron hacer una “Revolución en libertad”, diferenciándola de una “socialista” y subrayando su carácter democrático. Consecuentemente, puso énfasis en la profundización de la democracia real, no simplemente electoral, a través de planes de “promoción popular”, que pretendieron organizar a los “sectores intermedios” (juntas de vecinos, centros de madres, juveniles, etcétera) con el fin de incrementar la participación ciudadana y mejorar su calidad de vida, autogestionadamente. También, realizar una reforma agraria, para aumentar la producción del sector y crear cien mil nuevos propietarios (campesinos). Se prometió, a la vez, promulgar una ley de sindicalización campesina (los sindicatos urbanos existían desde 1924). Ambas fueron propuestas emblemáticas. Las presiones de Estados Unidos y la Iglesia Católica habían prácticamente obligado al Gobierno de Alessandri hacia el final de su período a efectuar un primer intento de reforma agraria. Una ley, en este sentido, fue aprobada en el Congreso en 1962, pero con una serie de disposiciones que resguardaron los intereses de los propietarios. Con todo, el grueso de la subdivisión que se practicó desde el año siguiente fue en tierras fiscales o semifiscales. La oposición la calificó de extremadamente limitada e insistió, desde sus dos vertientes -FRAP y DC- , en una reforma profunda y en los latifundios. Una demanda que tuvo eco en la masa ciudadana. Para Frei fue urgente. Pero el debate parlamentario que se ocupó previamente de la modificación del artículo nº10 de la Constitución Política del Estado, relativo al derecho de propiedad, se prolongó excesivamente, 62 haciendo que recién fuera posible promulgar la Ley de Reforma Agraria en enero de 1967. La idea fundamental fue la de expropiar los predios abandonados o deficientemente explotados, determinados mediante estudio técnico, con el objeto de proceder a su parcelación y asignación a trabajadores agrícolas que, congregados en “asentamientos”, los explotaran en forma comunitaria. De esta manera se incrementaría la producción agrícola y se evitaría la migración campo-ciudad. Se contempló dejar en manos del propietario ochenta hectáreas de riego básico y, por las expropiadas, pagar con bonos emitidos por la Corporación de Reforma Agraria, con garantía estatal, un monto que correspondía al avalúo fiscal del predio. Bonos o pagarés a plazo, que se depreciaban con la inflación. Pese a generar grandes expectativas entre los campesinos, el Gobierno expropió hasta 1969 apenas el 6 por ciento de la tierra cultivable del país, beneficiando a 20 mil familias, cifra que ciertamente dejó frustración. A su vez, la ley de Sindicalización Campesina también se promulgó en 1967, y las agrupaciones campesinas se multiplicaron con la velocidad del rayo. Una meta del programa que se logró exitosamente fue la “Chilenización del cobre”. Es decir, el traspaso paulatino y progresivo de la propiedad y control de la gran minería del cobre, por medio de la compra de las acciones a las empresas norteamericanas, de manera que, al final del gobierno, el Estado dispuso del 51 por ciento de la propiedad. Entre las metas audaces debe consignarse la detención de la espiral inflacionaria, la cual parecía haberse logrado promediando 1966, cuando apuntó un 17,9 por ciento, pero en 1970 ascendió casi al 35 por ciento, presumiblemente a consecuencia del incremento del gasto público. Otros objetivos alcanzados en diferentes proporciones fueron la construcción de viviendas; una impresionante reforma educacional en todos los niveles de la enseñanza (básica, media y universitaria), incluyendo la vigorización de la enseñanza técnica; la construcción de alrededor de 3 mil escuelas y 60 hospitales; un plan de obras públicas que contempló, entre 65 profundamente el sistema de propiedad agraria y la concentración económica. Por último, los “terceristas”, equidistantes de ambos extremos, pusieron énfasis en la redistribución del ingreso y en la organización de los grupos más pobres de la sociedad. Pero cada círculo contaba con sus líderes y militancia, de manera que hubo una constante lucha entre ellos a partir de 1966. Así, mientras el sector “rebelde” controló la dirigencia del partido a mediados de 1967, el sector “oficialista” la recuperó en 1969. Mas, entre tanto, disminuyó su representación parlamentaria, aunque continuó siendo la colectividad más importante en términos electorales. El golpe de gracia, que provocó una caída aún mayor, fue cuando el sector “rebelde” decidió abandonar el partido para formar el Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU, una vez que el sector “oficialista” asumió la dirección, destronándolos. Hacia esos mismos años, el panorama se tornó aún más complejo, porque entre 1965 y 1967, como adelantamos, estudiantes y obreros izquierdistas, habiendo asumido la propuesta revolucionaria cubana y, más exactamente, del “Che” Guevara, formaron el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR. Este, junto con comenzar a recibir apoyo desde la isla caribeña, pasó a la clandestinidad y desarrolló una estrategia publicitaria, provocando atentados y de “recaudación” de fondos, por medio de asaltos a bancos. En los años finales de Frei, la ola de violencia se extendió hacia otras áreas, porque el general Roberto Viaux Marambio protagonizó un levantamiento militar que fue sofocado de inmediato. Y si bien sus demandas eran económicas e institucionales, también se barajaron entre los insurrectos inquietudes de carácter ideológico. El acontecimiento provocó que el Presidente Frei nombrara como nuevo Comandante en Jefe al general René Schneider, quien señaló como máxima de la institución el sometimiento irrestricto a la Constitución y la prescindencia política de los militares: la “doctrina Schneider”, como se conoció. En 1969, por último, se formó la Unidad Popular, un conglomerado 66 exclusivamente de partidos de izquierda con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de 1970. La “vía chilena al socialismo” Esta fórmula política fue la última de la serie bajo régimen democrático para enfrentar la “crisis integral”. No deja de sorprender que la conducta inconstante del electorado chileno, desde 1958, haya “probado” cuatro intentos completamente diferentes. Este último fue elaborado por la Unidad Popular (UP), una multipartidaria cuyos miembros tenían en común el haber asumido el marxismo leninismo, en diferentes grados, como inspiración. Poseían, además, en común su animadversión a la derecha y la Democracia Cristiana y, ciertamente, la conveniencia de formar un bloque electoral competitivo. La constituyeron el Partido Comunista, el Socialista, el MAPU, un grupo del Partido Radical, la Acción Popular Independiente (API), la Unión Socialista Popular (USOPO) y la Izquierda Cristiana (IC), que se sumó en 1971. Todos los restantes se congregaron promediando 1969 para formar el bloque y analizar un programa de gobierno sistemático y completamente estructurado, a partir de un diagnóstico que, en líneas generales, fue muy similar al de la Democracia Cristiana (“La crisis integral”). Claro que tanto los criterios como las propuestas fueron distintos. Este programa contempló reformas en extremo profundas: una reforma agraria destinada a configurar “haciendas estatales”; estatizar la gran minería del cobre, los bancos, la industria y las grandes empresas de diferentes rubros. En fin, se pretendió formar un Área de Propiedad Social, aunque nunca se supo cuáles serían los rubros y empresas que monopolizaría. Otros puntos del programa fueron reemplazar el sistema bicameral por una Asamblea Popular, reducir la edad de los electores a dieciocho años y otorgar este derecho a los analfabetos y, además, como los anteriores gobiernos, mejorar las condiciones de salud, vivienda, educación. Todo este conjunto de transformaciones se prometió realizar con respeto a 67 la Constitución y las leyes o dentro del Estado de Derecho, por lo que se motejó de “Vía chilena al socialismo” para enfatizar que serían distintas, sin “violencia” sino “pacífica”. Pero tales alternativas o “vías” no estuvieron del todo claras al interior de la Unidad Popular, desde el comienzo. Un sector de ella, miembros del Partido Socialista, adherente de las tesis del Che Guevara, fueron partidarios de agudizar la revolución. En cambio, el Partido Comunista postuló la línea más ortodoxa del marxismo leninismo, proponiendo agotar el proceso capitalista aliándose con fuerzas que consideraron “burguesas”, como etapa previa a la construcción definitiva del socialismo. Estas dos posiciones siempre fueron contrapuestas y con el correr de los años se extremaron, dividiendo indefectiblemente a la Unidad Popular. Los socialistas, desde 1971, fueron dirigidos por su Secretario General, Carlos Altamirano, y un Comité Central decididamente partidario de la “vía armada”, siendo apoyado por una facción del MAPU, liderada por Óscar Guillermo Garretón, y por la Izquierda Cristiana; y desde fuera de la Unidad Popular, por el MIR, movimiento que nunca estuvo de acuerdo con la multipartidaria y de conquistar el poder mediante elecciones. La posición del Partido Comunista, por su parte, contó con el respaldo de radicales y el otro sector del MAPU, liderado por Jaime Gazmuri. Pero la Unidad Popular era por sobre todo un pacto electoral y de gobierno, refrendado por los partidos que la integraron con la exigencia que el candidato que condujera el programa se comprometía a respetarlo. Para tales efectos se conformó un “Comité”, integrado por representantes de todas las colectividades, al cual el Presidente le debía obediencia y sería el encargado de analizar y adoptar las decisiones fundamentales, por la unanimidad de sus miembros. La elección y presidencia de Allende La contienda se dirimió el 4 de septiembre de 1970 entre el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende; el del Partido Nacional, Jorge Alessandri, y 70 “La Papelera”, que se opuso y generó grandes conflictos y debate nacional. Para las empresas de pocos propietarios o familiares, se discurrió aplicar el decreto 520, que regía desde 1932, año del intento de República Socialista, sin que tal disposición hubiese sido derogada por nadie hasta ese momento. Fue promulgado, por el Gobierno de aquel año, para expropiar las industrias que por una gama amplia de situaciones estuvieran impedidas de satisfacer las necesidades de la población. Pero el decreto en cuestión fue aprovechado y aplicado de un modo muy distinto por miembros de la Unidad Popular. Obreros adiestrados o militantes de los diferentes partidos políticos de izquierda, amén del MIR, se “tomaron” empresas, paralizaron faenas y solicitaron un interventor, quien luego determinó la expropiación. Con los procedimientos señalados, CORFO llegó a controlar en breve tiempo la banca completa, más de sesenta grandes industrias y casi cuarenta empresas de diferentes rubros. Paralelamente, se desplegó un programa económico desde el Ministerio de Hacienda, al mando del socialista Pedro Vuskovic, el cual partió de la siguiente premisa: la industria nacional tenía un porcentaje importante de su capacidad inactiva, que no se ocupaba, de manera que para reactivar la economía consideró preciso ocuparla incrementando la demanda por medio del aumento de sueldos y salarios. Con esta medida, además, se absorbería cesantía, se generaría más consumo y las utilidades empresariales crecerían. El plan proyectó que no debía producirse inflación, al menos en el corto tiempo, lo que se aseguró mediante control de precios. El mismo plan supuso que cuando se desatara la inflación, porque tal manejo macroeconómico no podía soportar mucho tiempo, el Gobierno tendría bien sujetas las riendas de la economía, gracias a lo avanzado de las expropiaciones, amén de que los sectores populares disfrutarían, a esas alturas, de mejores condiciones de vida y, ciertamente, respaldarían todas las acciones de la Unidad Popular, incluyendo el panorama de crisis que indefectiblemente se presentaría. 71 Por otra parte, la sensación de bienestar popular permitiría conseguir una mayoría parlamentaria suficiente en los comicios de marzo de 1973, como para proceder a reformar la Constitución Política y reemplazar el sistema bicameral por uno unicameral: la Asamblea de Pueblo. A partir de entonces, el proceso revolucionario estaría asegurado. El plan auguró un posible éxito en 1971, porque varios índices apuntaron cifras positivas: a pesar de haberse aumentado el circulante por sobre el 100 por ciento, la inflación bajó; el Producto Geográfico Bruto fue de 8 por ciento; disminuyó el desempleo a 3,8 por ciento, quizás el más bajo de la historia, y los salarios reales se incrementaron más del 20 por ciento y, efectivamente, se apreció bienestar popular. Mas, hubo otros guarismos que anunciaron tempestades. Ellos indicaron que la balanza comercial fue negativa, que la inversión general descendió y el déficit fiscal ascendió en términos importantes. A su vez, con tan fuerte emisión, déficit fiscal, escasa o nula inversión, la capacidad productiva en su tope máximo, el crecimiento se detendría y la inflación se dispararía. Y la tempestad llegó corriendo 1972: la inflación marcó 260,5 por ciento anual; cayeron los salarios reales, la inversión; el déficit fiscal subió al igual que el de la balanza comercial. Para mayor desgracia, las empresas estatizadas no rindieron y bajó su producción, situación que se repitió con la agricultura y el precio internacional del cobre disminuyó, haciendo bajar, al mismo ritmo, los ingresos en dólares, dejando al país sin importar los artículos más demandados. El derrumbe, los esfuerzos por evitarlo y la crisis final Por mal manejo, inadecuadas proyecciones, excesiva celeridad del proceso expropiador, desacuerdos al interior del variado conglomerado de Gobierno, en fin, y otras razones más, la situación se escapó de las manos y devino en caos. Pero, a la vez, se formó un frente opositor tenaz, al unirse el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, cuando a los pocos meses Allende 72 desconoció el acuerdo sobre garantías constitucionales, formando la Confederación Democrática (CODE), a la cual se plegaron otros partidos menores, entre ellos los radicales de Julio Durán. Por su parte, productores y empresarios hicieron lo propio ante el clima de inseguridad que reinó por múltiples “tomas”, huelgas y expropiaciones descontroladas, y mediante sus entidades gremiales y otras que se formaron para esos efectos, pasaron a cumplir un papel político de franca oposición. También Estados Unidos presionó de diferentes formas para desestabilizar a Allende y la Unidad Popular. Desde el momento que ascendió a la presidencia, Washington estuvo dispuesto a ahogar la economía, comercial y financieramente. Con el correr de los meses, se logró montar una enorme estructura de poder adverso al régimen, en la cual también figuraron obreros, campesinos, profesionales y estudiantes demócrata cristianos o de derecha, que se manifestó en las calles y en diversos escenarios sociales y educacionales, donde ciertamente hubo violencia con muertos y heridos, por ambos bandos, hasta que se logró paralizar el país en octubre de 1972. Mientras tanto, la Unidad Popular se dividió más y las dos corrientes existentes en su interior se extremaron. Por un lado, la “vía pacífica”, liderada por el Partido Comunista, estuvo dispuesta a negociar acuerdos con la Democracia Cristiana; por otro, la “vía armada”, liderada por el Partido Socialista y alentada irreversiblemente desde fuera por el MIR, creando “poder popular”, como se dijo, desde los “cordones industriales” y “comandos comunales”. En verdad, hubo varios intentos por disminuir la polarización nacional y la agudización del conflicto, a partir de 1972. Allende estuvo conteste de participar del diálogo propiciado por dirigentes políticos y la Iglesia Católica; él mismo intentó un acercamiento a la Democracia Cristiana, pero todos esos intentos fracasaron, porque la izquierda más dura los boicoteó. Para salir del estancamiento y el clima de violencia, el Presidente, con acuerdo del Partido Comunista, realizó en noviembre un cambio ministerial importante. El Ministro de Hacienda fue reemplazado por el comunista 75 por diecisiete años, durante los cuales se ejerció el poder de manera autoritaria. En medio de fases de cruenta represión y atropello a los derechos humanos, se restableció el orden, se reconstruyó económica y socialmente el país, se evitó una guerra con Argentina y se elaboró una nueva Constitución política que fue promulgada en 1980 y reformada nueve años después. Por medio de un plebiscito realizado en 1988, los ciudadanos rechazaron la posibilidad que Pinochet prolongara su mandato por ocho años más. El 11 de septiembre de 1973 Pasadas las 8 de la mañana del 11 de septiembre, la población se enteró a través de las radioemisoras de oposición al régimen de la Unidad Popular, que una Junta Militar había asumido la conducción del país, exigiendo que el Presidente Allende entregara de inmediato su cargo, al tiempo que manifestó que todo el territorio nacional se encontraba bajo control. Las emisoras oficialistas fueron silenciadas, excepto una de ellas, radio Magallanes, que logró transmitir el último mensaje que el Presidente dirigió a sus partidarios y al pueblo de Chile. Dado que el Presidente Allende se negó terminantemente a abandonar el palacio presidencial -en esos momentos él dirigía las operaciones de resistencia, acompañado de algunos de sus ministros y guardias personales- , las Fuerzas Armadas le presentaron un ultimátum: de no hacerlo en tres minutos, se procedería al bombardeo de La Moneda. Por las radios se transmitieron los bandos de la Junta Militar, a través de los cuales se explicaron las motivaciones de las Fuerzas Armadas, se dieron instrucciones y se informó sobre las medidas que el nuevo gobierno decretaba, entre ellas, el estado de sitio y el toque de queda. Minutos antes del mediodía, ls Fuerza Aérea inició el bombardeo de La Moneda, mientras 76 por tierra los tanques vencían la resistencia de francotiradores y guardaespaldas. Salvador Allende se suicidó. Durante el día hubo enfrentamientos entre grupos paramilitares y soldados en distintos focos de Santiago y ciudades del país pero, al anochecer, Chile quedó bajo control militar. Por cadena nacional de radio y televisión, la Junta Militar se manifestó al país y señaló que había asumido la plenitud del poder. Quedó conformada por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: Augusto Pinochet (Ejército), José Toribio Merino (Armada) y Gustavo Leigh (Fuerza Aérea), más el General Director de Carabineros, César Mendoza. El régimen militar y los derechos humanos A partir del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un férreo régimen militar. Durante el primer año de gobierno, la dirección fue un tanto ambigua, porque se intentó fuera compartida por los integrantes de la Junta y el general Augusto Pinochet, pero terminó imponiéndose este último, hasta hacerse designar por medio de un decreto-ley “Presidente de la República”, en diciembre de 1974. La existencia de un gobierno dictatorial no fue un hecho inédito en la historia de Chile y su acceso al poder obedeció, aproximadamente, a las mismas causas por las cuales en otras oportunidades también se llegó a idéntica solución. Fue, en este caso, el proceso de crisis que se extendió por varias décadas, pero que se agudizó por excesiva ideologización mundial y polarización nacional, entrando en una fase en extremo compleja bajo la Unidad Popular, como hemos visto. Una crisis que el mundo civil no pudo resolver. En la década de los 70 circuló por América Latina un conjunto de principios que se conocieron como la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que pretendió dictar las orientaciones para el combate a los grupos guerrilleros que propiciaban la revolución socialista. Al amparo de estas ideas, se creó de hecho a fines de 1973, y al año siguiente de manera oficial, la Dirección 77 Nacional de Inteligencia (DINA). Este organismo duró hasta mediados de 1977, siendo reemplazado por la Central Nacional de Informaciones (CNI). La etapa donde la represión y los asesinatos fueron más masivos, crueles y notorios, cubrió los primeros cuatro años; incluso durante ellos se planificó la muerte de personalidades que se encontraban exiliadas en el extranjero, como ocurrió con Carlos Prats en la Argentina y el Ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier, en Estados Unidos. Los crímenes y represión disminuyeron durante el período 1977-1982, pero reaparecieron, prolongándose hasta 1987, aunque claramente con menor intensidad. Sin embargo, en la fase dura, la muerte sistemática de militantes que se encontraban debidamente presos en recintos militares o cuidados por militares, sin mediar juicio, procediendo luego a ocultar sus cuerpos, fue un suceso que marcó muy negativamente al régimen. Casi de inmediato fue denominado como casos de “detenidos-desaparecidos” y denunciado por instituciones chilenas como la Iglesia Católica y entidades internacionales. En realidad, la situación fue condenada en reiteradas ocasiones en las Naciones Unidas. En este sentido, hubo una fuerte campaña en contra de Chile, no sólo orquestada desde la Unión Soviética y países socialistas, sino también por democracias europeas e incluso Estados Unidos. El nuevo régimen contribuyó a la animadversión internacional porque, a su vez, disolvió el Congreso Nacional, decretó el receso de los partidos políticos, proscribió toda actividad en este sentido, encarceló a los principales funcionarios del gobierno derrocado, clausuró los medios de comunicación que no le eran afines e inició una política de represión a dirigentes del MIR y de partidos de la Unidad Popular. Más tarde la extendió a figuras de otros partidos opositores. El Gobierno en sus primeros años mantuvo absoluto control sobre todos los aspectos de la vida nacional. A la proscripción de la actividad política se sumó la disolución de las organizaciones sindicales y de las federaciones de estudiantes, exoneración de empleados públicos pertenecientes a la Unidad Popular, el control de las universidades, la censura a los medios de 80 No obstante, una nueva fase crítica internacional, en marcha a nivel mundial desde 1979, detuvo la expansión económica. La demanda y el precio de las materias primas decayeron -el cobre, drásticamente- y de nuevo impactaron en forma negativa el aumento de las tasas de interés de los mercados externos y el precio del petróleo. El circuito de capitales hacia Chile se frenó súbitamente. Los asesores del Gobierno entraron en disputas sobre las medidas que había que adoptar frente al panorama y Pinochet hizo ajustes ministeriales, cuyos nuevos integrantes adoptaron resoluciones drásticas. En 1982 se devaluó el peso en casi un 100 por ciento. Los bancos y un número importante de empresarios quebraron, la cesantía ascendió al 26 por ciento, las reservas en divisas disminuyeron a cifras récord y la inflación se empinó por sobre el 20 por ciento. Chile había regresado a una etapa de estancamiento. Entre 1983 y 1987 se vivió una ola de manifestaciones públicas de niveles sólo comparables a los años de la Unidad Popular: “las protestas”. La oposición salió a las calles, organizada por gremios de profesionales, federaciones estudiantiles, sindicatos, agrupaciones de políticos, entre otros. Logró movilizar a un número de ciudadanos muy importante y si bien se proyectaron jornadas de expresión pacífica, ineludiblemente terminaron en enfrentamientos y en destrozos, porque hubo grupos de ultraizquierda que aprovecharon la movilización para crear condiciones de ingobernabilidad que facilitaran acciones combativas y populares contra el régimen y, finalmente, la rebelión. El Gobierno resistió las jornadas utilizando la fuerza de manera creciente, con heridos y muertos, al punto que una noche distribuyó por Santiago miles de efectivos. En esta oportunidad, el 11 de agosto, hubo veintisiete muertos. Como respuesta, comenzó la contraofensiva dirigida por células de MIR y de una agrupación estructurada clandestinamente por el Partido Comunista, denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, su “brazo armado”. Procuraron, sin resultados, el asesinato de Pinochet y la internación de armas para organizar la guerrilla. Todas estas acciones subversivas 81 provocaron una planificación represiva de la CNI, muy similar a la ejercida por la DINA, aunque más selectiva. Un nuevo ajuste ministerial que implementó a su vez modificaciones moderadas al modelo “Chicago”, permitió que la economía fuera lentamente recuperándose, al punto que, en 1987, no sólo se había estabilizado, sino que entrado en una nueva fase de expansión, que se prolongaría por toda la década y más. Mirando globalmente el asunto y sin olvidar los momentos de severa crisis, a esas alturas el país mostró indicadores de progreso económico y social - mejorías perceptibles en salubridad, salud, viviendas, educación-, aunque los índices de pobreza todavía no descendían. Pero, ciertamente hacia fines del gobierno se apreciaron los resultados de lo que por entonces se llamó las “modernizaciones”: instituciones como la ISAPRES, Fondo Nacional de Salud (FONASA), AFP, nuevo Código del Trabajo, reformas mineras, universidades privadas. Tal vez, lo más profundo entre los chilenos ocurrió a nivel de la mentalidad económica, al socializarse el concepto que el Estado no es el único responsable del progreso de las personas, que es posible surgir sobre la base del esfuerzo individual o colectivo, sin depender excesivamente de medidas estatales. Concebir que la actividad empresarial está al alcance de quien lo intente sistemáticamente, y que el sector privado es fundamental para el desarrollo del país. Peligro de guerra en el vecindario Cuando las Fuerzas Armadas gobernaron, se aproximaba una fecha emblemática para Perú, Bolivia y Chile: la conmemoración de la Guerra del Pacífico. No obstante existir disimulados o previsores preparativos bélicos en las tres naciones, Augusto Pinochet intentó con buenos resultados evitar cualquier roce tanto con su par boliviano, Hugo Banzer -con quien incluso conversó una fórmula para resolver la mediterraneidad boliviana en 1977-, como con el general Velasco Alvarado de Perú. Sin embargo, con el jefe de 82 la Junta Argentina, corriendo 1977, las relaciones pasaron a ser muy tensas, dado que el gobierno trasandino desconoció el laudo arbitral de Su Majestad Británica sobre las islas ubicadas en el Canal Beagle que se encontraban en disputa y que favoreció a Chile. Argentina reclamó soberanía sobre ellas y no sólo desconoció aquel fallo, sino que movilizó sus fuerzas armadas. Hubo varios intentos de negociación fallida para evitar el conflicto bélico que militares y autoridades argentinas propiciaron, hasta que se llegó al 21 de diciembre de 1978, cuando se estuvo a horas de la declaración de guerra. Una mediación papal gestionada desde Chile la evitó y ella misma permitió, más tarde, que se firmara el Tratado Chileno–Argentino de Paz y Amistad en 1984, mediante el cual ambas naciones renunciaron definitivamente a recurrir a la guerra. La nueva institucionalidad Una vez en el poder, el gobierno militar se impuso como tarea dar al país una nueva institucionalidad. Se nombró una comisión encargada de elaborar una Constitución de la República que, recogiendo la experiencia pasada y las ideas de quienes ostentaban el poder, permitiera recuperar el régimen democrático. La comisión trabajó a puertas cerradas durante un largo tiempo, entregando finalmente un borrador que pasó al Consejo de Estado nombrado por el régimen. Ese cuerpo, encabezado por el expresidente Jorge Alessandri, realizó numerosos cambios al proyecto, intentando darle un cariz democrático. Finalmente, el proyecto fue modificado por Pinochet, quien eliminó algunas adiciones del Consejo de Estado y puso cláusulas “protectoras” de la democracia, amén de asegurarse un prolongado mandato. Contando con la aprobación de la Junta de Gobierno fue sometido a la consideración popular, siendo aprobado por una importante mayoría. La oposición al régimen contó con la posibilidad de hacer campaña en contra y de hecho convocó a sus partidarios a rechazarla, pero en tales circunstancias le fue muy difícil montar una campaña lo suficientemente 85 continuaron la consolidación democrática y el crecimiento económico y social. La elección y el programa Las fuerzas políticas triunfantes en 1988 se organizaron en la Concertación de Partidos por la Democracia, que agrupó a diecisiete colectividades de oposición, que presentaron como candidato único a la Presidencia de la República, al democratacristiano Patricio Aylwin Azócar, un abogado de extensa carrera política, como dirigente de su partido, diputado y senador en varias oportunidades, hasta 1973. Luego fue uno de los líderes que encabezó la oposición al general Pinochet. Entre los principales partidos de la Concertación, se encontraban: los socialistas, que integraron a ex militantes del MAPU y la IC; los socialdemócratas (ex radicales); el Partido Humanista (ambientalista); la Democracia Cristiana y el Partido Por la Democracia (PPD), que reunió a diferentes fuerzas contrarias al gobierno militar, incluyendo a facciones ex MAPU, ex IC y ex socialistas. El Partido Comunista y la ultraizquierda quedaron excluidos. Las fuerzas que apoyaron al oficialismo, por su parte, se unieron en la coalición Democracia y Progreso, nominando como su candidato presidencial al ex Ministro de Hacienda del régimen, Hernán Büchi. Un tercer candidato, el independiente Francisco Javier Errázuriz, postuló también a la elección. Si bien entonces la preocupación central de la opinión pública fue la elección presidencial del 11 de diciembre, en la misma fecha correspondió elegir a los miembros del Congreso Nacional. Los candidatos a diputados y senadores se alinearon en tres listas, las cuales coincidieron con las tres candidaturas presidenciales. Patricio Aylwin obtuvo la victoria con el 55,2 por ciento de los votos. La Concertación de Partidos por la Democracia triunfó también en las elecciones parlamentarias, de tal manera que el gobierno que asumió el 11 de marzo de 1990 contó con un importante, aunque no mayoritario, respaldo en el Congreso Nacional, dado que los senadores designados por el 86 régimen saliente alteraban la correlación de fuerzas. El programa del gobierno de Aylwin fue elaborado por la agrupación de partidos políticos que lo había elegido. Los aspectos más relevantes del mismo se refirieron al propósito de democratizar la institucionalidad heredada del régimen militar, desarrollar y modernizar la economía, sobre todo promoviendo una mayor justicia social o un crecimiento con equidad; reinsertar a Chile en el contexto internacional y lograr la reconciliación entre todos los chilenos, luego de un largo período caracterizado por odiosidades y divisiones. El gobierno de Patricio Aylwin Con el propósito de perfeccionar la institucionalidad democrática, para hacerla más representativa, participativa y eficiente, el Gobierno impulsó varias reformas: al régimen de administración comunal y al de los gobiernos regionales; al sistema electoral, a la composición y generación de algunos organismos importantes del Estado, al sistema judicial y al período presidencial. La suerte de las reformas fue diversa; sin embargo, a fines del gobierno se pudieron observar adelantos respecto de la democratización de la sociedad. Aplicó, a su vez, una política económica llamada de “Crecimiento con equidad”. Después de ciertos ajustes al modelo económico preexistente -el cual, en lo sustancial se mantuvo- y de la aprobación de importantes reformas legales en el área tributaria y de legislación laboral, el país entró en una senda de crecimiento que se tradujo en mejoría de las condiciones de vida de la población. La inflación fue controlada, la balanza de pagos presentó superávit y al promediar el Gobierno, por ejemplo, el Producto Geográfico Bruto había crecido 10,4 por ciento y las exportaciones en un 12,3 por ciento. Fue una etapa de sostenido crecimiento y progreso que se logró sin afectar la estabilidad del sistema económico. También se implementaron políticas sociales, basadas en los valores de la justicia y la solidaridad, tendientes a lograr una mayor justicia social e 87 integración al interior de la sociedad. Se buscó la equidad en las relaciones laborales y mejorar las posibilidades de acceso al trabajo, a la salud, la educación y la vivienda. La superación de la pobreza fue el objetivo primordial del Gobierno. En los primeros tres años de la administración, la desocupación bajó a menos del 5 por ciento, las remuneraciones registraron un aumento real del 4,5 por ciento, se incrementó la asignación familiar de los trabajadores y las pensiones de los jubilados. Los índices de salud, educación y vivienda también experimentaron progresos, mejorando así la calidad de vida. En el plano de las relaciones internacionales, se inició una política de activa participación en la comunidad internacional. Esta acción se concibió como una política de Estado que procuró representar los intereses del país, con participación de todos los sectores y por encima de los intereses partidistas. Numerosas giras presidenciales reinsertaron al país en la comunidad internacional y se recuperó el terreno perdido durante los años de aislamiento del régimen militar. Un tema de gran trascendencia y particular atención del Presidente fue el de la reconciliación nacional. En este ámbito, se estimó que ella sería posible únicamente sobre la base de esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas. Tal auto exigencia se entendió no sólo como una manera de crear las condiciones para un efectivo reencuentro entre los chilenos, sino también, para satisfacer las exigencias de justicia que demandó una mayoría nacional, como los propios agraviados y sus familiares. Para lograr este objetivo, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a la cual se le encargó la tarea de establecer la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Debió reunir la información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero, recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara de justicia y sugerir las medidas legales y administrativas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la 90 Gracias a esta actitud, por ejemplo, fue posible profundizar la democracia al acordarse realizar nuevas reformas a la Constitución de 1980, sin afectar el núcleo más importante de su texto original. De esta manera, se puso término a la institución de los senadores designados y vitalicios y a la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y se le restaron atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad, quedando sólo como organismo asesor en las materias que le son propias. Otro ejemplo importante, en el mismo sentido, fue la Reforma Procesal Penal, que permitiría agilizar todo el proceso judicial. Constitucionalmente, se introdujo la figura del Ministerio Público, una entidad independiente, encargada de dirigir y coordinar las acciones necesarias para investigar hechos delictuales que hacen posible acreditar la inocencia o culpabilidad de los imputados. Hubo otras “modernizaciones” del Estado, como la creación de los Tribunales de Familia, que se hicieron efectivas tanto por iniciativa gubernamental como por colaboración de la oposición. La economía y el comercio exterior En términos fundamentales, el modelo económico estructurado bajo el régimen militar ha continuado. Se han diversificado las privatizaciones y completado el modelo, porque se ha tendido a fortalecer la vinculación con los mercados internacionales, abriendo la economía al mundo. Esta fue una prioridad de los gobiernos de Frei y Lagos. Mirados globalmente los años transcurridos, en el plano económico, se ha registrado crecimiento y durante la administración del primero las cifras macroeconómicas fueron elocuentes, salvo a partir del año 1998, cuando el país comenzó a experimentar los efectos de una recesión mundial que fue escasamente prevista y frente a la cual no se adoptaron resguardos suficientes. Esa crisis desaceleró una economía que, corriendo 1995, marcó hito en Latinoamérica, con más del 8 por ciento de crecimiento. Después del 2000, este descendió más de la mitad y a partir de entonces se observó 91 un muy lento repunte. Obviamente, tal desaceleración se expresó en cesantía y críticas a la gestión política y económica. Mas, paralelamente, ambos gobiernos se empeñaron en buscar socios comerciales. De este modo, se suscribió una serie de tratados de libre comercio con diferentes naciones o comunidad de ellas; entre otros, con América del Norte (NAFTA), con Canadá, México, Centroamérica, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos. Además, Chile se integró al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) y a la Organización Mundial de Comercio. Educación, salud e infraestructura Se materializó una serie de reformas al sistema educacional, al aumentar las horas de escolaridad, mejorar la infraestructura en algunos establecimientos del país -incorporando medios tecnológicos y computacionales-, conjuntamente con implementar un programa de capacitación docente. Por último, entre las reformas constitucionales promulgadas, se estableció la enseñanza media obligatoria, asignando al Estado la responsabilidad de garantizar un mínimo de doce años de escolaridad para todos los chilenos, hasta los veintiún años de edad. A consecuencia de esta reforma, debió crearse un Plan de Jornada Escolar Completa. Por otra parte, mediante el Fondo Nacional de Salud, se puso en marcha el llamado Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, conocido corrientemente como AUGE, el cual buscaba otorgar derecho igualitario a la salud a todos los chilenos sin ninguna distinción. Se llevó a la práctica en el año 2002 y a partir de entonces se han ido incorporando diversas patologías al plan. Un aspecto donde se ha apreciado progreso y modernización ha sido en el ámbito de la infraestructura urbana. Una iniciativa importante, en ese sentido, fue la incorporación del sector privado a través del sistema de concesión de carreteras, puertos, aeropuertos y medios de transporte. De este modo, fue posible privatizar el transporte de carga de la Empresa de 92 Ferrocarriles del Estado (EFE) y el trazado vial del país ha observado una sustancial mejoría. El sistema de concesiones se hizo además extensivo al transporte público para elaborar el Plan Transantiago, que entregaría a una decena de empresas los recorridos de buses que circulan por todas las comunas de la capital. Este proyecto, que se implementaría a partir del año 2007, buscaba solucionar el problema de la congestión vehicular, de la suciedad del aire y seguridad. Una medida complementaria ha sido la extensión de las líneas del ferrocarril metropolitano (METRO) hacia comunas densamente pobladas. Después de una gran sequía ocurrida en 1998, que provocó una crisis eléctrica, se proyectó introducir el uso del gas natural para el funcionamiento de las generadoras termoeléctricas. Conjuntamente con la modificación a la reglamentación existente para adecuar el sistema a la nueva realidad, se firmó un Protocolo Gasífero con Argentina y se construyeron los gaseoductos. Sin embargo, el protocolo finalmente no fue respetado totalmente por las autoridades argentinas. Chile enfrenta un problema energético fundamental. Las fuentes disponibles son escasas y el consumo de electricidad y petróleo ha crecido de manera geométrica y brusca en muy pocos años. A este respecto, en 1998 se comenzó con gran dificultad la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, que recién comenzó a aportar energía a fines de 2004. La última etapa de Pinochet Siendo senador vitalicio, Augusto Pinochet viajó a Inglaterra para ser operado de una dolencia a la columna. Encontrándose convaleciente en una clínica en Londres, fue detenido, en virtud a que las autoridades inglesas dieron curso a una orden judicial hispana que demandó su presencia en España para ser juzgado, acusado de crímenes contra la Humanidad. Permaneció con arresto domiciliario por más de un año, hasta que las autoridades inglesas permitieron su retorno a Chile, considerando su malogrado estado de salud y argumentando motivos humanitarios.