Políticas sociales y pobreza: desigualdad y exclusión en España - Prof. de Lucas, Apuntes de Trabajo Social

¡Descarga Políticas sociales y pobreza: desigualdad y exclusión en España - Prof. de Lucas y más Apuntes en PDF de Trabajo Social solo en Docsity! 1 6. Política social aplicada al trabajo social: pobreza, exclusión social, igualdad, autonomía personal y situaciones de dependencia. 6.1. Atención a la dependencia. El desarrollo del SAAD sufrió desde inicio ciertas rigideces relacionadas con la forma de financiación, así como de los acuerdos entre Estado y CC.AA. que implicaron una aplicación desigual de dicho sistema. No obstante, existía el consenso político que parecía dar mayores garantías, al menos más que la oferta autonómica y local de servicios sociales. Pero la crisis ha supuesto no sólo un freno, sino un retroceso de este sistema. Tras el avance cubriendo las solicitudes, aplicando valoraciones y planes personales de atención, la financiación ha caído y con ella esa atención a solicitudes, valoraciones y planes personales. Las solicitudes han caído en picado y no sólo por la mayor cobertura del SAAD (de 35.000 anuales en 2010 por 9.000 en 2011). Frente a ello los expedientes se han tramitado con cierta celeridad. Aún, así, las listas de espera se mantienen, incluso con la importante caída de solicitudes. Como sabemos, primero se atendieron los casos más graves y, en la actualidad, ya podemos ver una distribución más homogénea del sistema en contra de la decantación de los primeros años en el Grado III. Al mismo tiempo, se observa que las prestaciones del sistema se reducen. Si en 2008 había 29.000 PIA, estos han descendido en 2009 en un 31% y un 14% en 2010 y sucesivamente. A su vez, se mantienen las prestaciones económicas, especialmente para atender a las personas dependientes en el entorno doméstico. Pero el problema no es que estas prestaciones fueran entendidas desde el inicio como excepcionales en vez de las prioritarias (especie o servicio), sino que siguen incrementándose. Lo que es tanto como asumir la imposibilidad de ofertar una cartera de servicios públicos, promocionar la calidad y la atención profesional y la no sujeción forzosa de la mujer al entorno del hogar. Regresando a las listas de espera y los recortes (la media para recibir el servicio es de un año), observamos que sigue habiendo muchas personas que, aunque tienen reconocido el derecho a ser atendidas, no lo reciben (Castilla y León en un 4% y Canarias con un 51%). Esta cifra va a reducirse y no por una mejora del sistema, sino por otras razones: Porque hay personas que esperan su PIA pero fallecen antes de recibirlo; por los expedientes duplicados y, sobre todo, porque el RD 20/2012 sobre el SAAD ha decidido eliminar el Grado I y retrasar su reincorporación hasta 2015. 2 La preocupación sobre las coberturas de la ley, que no se vislumbraron por todos en el momento de su aplicación, ha llevado en la actualidad a hablar de un nivel mínimo de protección para todas las personas beneficiarias. Es el IMSERSO el responsable de esta financiación, que ha sido suspendida en 2012 y esta garantía es cubierta, en todo caso, por algunas CC.AA. que voluntariamente aplicaron el tercer nivel o complementario. Al mismo tiempo, las personas usuarias participan de este sistema financiándolo en un 16% (por un 63% de las CC.AA. y un 21% del Estado). Pero tienden las CC.AA y las personas usuarias a incrementar estos porcentajes (los usuarios han multiplicado por tres sus aportaciones en los últimos años). En resumen, los recortes efectuados a partir del RD para la garantía de la estabilidad presupuestaria han supuesto la postergación del nivel I, reducir la prestación económica para los hogares y cuidados no profesionales y su reconocimiento en la seguridad social, dilatar de los plazos, etc. Es especialmente preocupante la incompatibilidad de la utilización de distintos servicios, relacionados con la continuidad de cuidados que, junto con el aumento de las aportaciones de las personas usuarias, no sólo reduce la calidad, sino el acceso al sistema y el patrimonio de las personas en situación de dependencia. 6.2. Pobreza, desigualdad y políticas de servicios sociales. Debemos recordar que en 2007, momento álgido del ciclo alcista, el 17% de la población europea (19% en España) era pobre. Con la crisis aumenta de forma peligrosa la pobreza y la desigualdad, con el riesgo de que ambas se cronifiquen. Fuera del incremento de estas situaciones de riesgo y pobreza, el presupuesto para servicios sociales se reduce (más de un 16%) pero se incrementa la demanda en este sector. Al no poder ser atendidas, las solicitudes se dirigen más hacia las ONG, que observan un aumento importante de peticiones de ayuda a pesar de que estas mismas entidades sufren de una importante caída de sus fuentes públicas de financiación (subvenciones). Desde 2010 se utiliza en la UE un nuevo indicador que posibilite, por fin, medir la pobreza en Europa de forma conjunta y continuada (AROPE) que mide el riesgo de pobreza y exclusión social sumando, aparte del nivel de ingresos, la situación laboral de los integrantes de los hogares, o la escasez de recursos materiales de los mismos. De acuerdo con este indicador, los niveles de pobreza y exclusión social han aumentado en la España de la crisis de un 23% a un 27% (12,3 millones de personas, 2 más que en 2007). 5 El corolario, ya atisbado en este tema y a lo largo del curso es que las transferencias sociales en España tienen una limitada capacidad de reducir la pobreza monetaria (estamos entre los últimos de la UE). Y va a empeorar ante el recorte y las obligaciones de ajuste de las CC.AA. Si a ello añadimos que las instituciones y recursos existentes no se coordinan pertinentemente, entendemos que el problema será mayor. Por ello se está trabajando (entre Estado y CC.AA.) en la creación de un catálogo de referencia de servicios sociales, calidad y uso de los mismos para lograr garantizar el acceso a los mismos. Esta iniciativa, así como la nueva versión del PECI (para inmigrantes) no despiertan confianza en el actual panorama de desigualdad. 6.3. Igualdad entre mujeres y hombres. Ciertamente se sigue trabajando en medidas para facilitar la inserción laboral de las mujeres a través del Plan de empleo para mujeres, el Plan especial para la no discriminación salarial entre hombres y mujeres y el Plan integral de apoyo a la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. Pero no hay posibilidad de evaluarlos a día de hoy. Además, las medidas presupuestarias suponen un recorte en las partidas para igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como a la prevención de la violencia de género. No obstante, procuraremos hacer un repaso de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIEMH) y la legislación contra la trata de personas para su mejor conocimiento. La aprobación de la LOIEMH supuso una apuesta muy ambiciosa de actuación a favor de la igualdad en todos los ámbitos, a impulsar a través del Ministerio de Igualdad creado en 2008 pero que apenas si llegó a los tres años de existencia. El desarrollo de esta ley se planteó con un seguimiento de la misma y una serie de indicadores, conjuntamente con la puesta en marcha de los planes estratégicos de igualdad de oportunidades, el Consejo de Participación de la Mujer (en 2009), la elaboración de los informes de impacto de género que deben acompañar cada norma, programa o actividad pública, así como la necesaria colaboración entre las Administraciones públicas, en lo referente a los criterios generales de actuación de los poderes públicos. Previamente (2007), se pusieron en marcha las Unidades de Igualdad, que velan por el cumplimiento y aplicación efectiva del principio de igualdad, entre otros cometidos. Todos los ministerios cuentan con su propia Unidad. La LOIEMH establecía en su artículo 17 que el Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan estratégico de igualdad 6 de oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo (esto supone la continuación de los PIOM o Planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se han ido aprobando desde 1988). Los principios rectores del Plan son: la redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad de género, extendiendo éste concepto de ciudadanía no sólo a la participación en el poder político sino al disfrute de los derechos civiles y sociales; la capacidad de las mujeres para acceder a aquellos puestos donde se toman decisiones y a la revalorización de la aportación de las mujeres; la transversalidad de la perspectiva de género y por último la innovación científica y tecnológica.1 Otra de las exigencias de tipo organizativo de la LOIEMH es que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometieran a la aprobación del Consejo de Ministros deberían incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Fue en 2009 cuando, por primera vez, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2009 fue acompañada de un informe de impacto de género. Por otra parte, ya fue aprobado en 2009 la ampliación de forma progresiva y gradual de la duración de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad hasta cuatro semanas, así como la mencionada suspensión tendrá una duración de veinte días cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una persona con discapacidad. Esta duración se ampliará en dos días por cada hijo a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona con discapacidad. Otra de las modificaciones introducidas por esta Ley es la extensión de la consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo. Pero quedan retos pendientes. Por ejemplo, relativos al fomento del deporte entre las mujeres, sociedad de la información, presencia activa y liderazgo en la sociedad de la información. La violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo un problema que no remite, pese al despliegue de los instrumentos establecidos a partir de la Ley Orgánica 1 Los principios rectores del Plan son: la redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad de género, extendiendo éste concepto de ciudadanía no sólo a la participación en el poder político sino al disfrute de los derechos civiles y sociales; la capacidad de las mujeres para acceder a aquellos puestos donde se toman decisiones y a la revalorización de la aportación de las mujeres; la transversalidad de la perspectiva de género y por último la innovación científica y tecnológica. 7 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad: Como puede verse en la figura 1, el número total de víctimas mortales por violencia de género en el año 2012 fue de 52, tras el repunte de 2010 parece, a poco de finalizar 2013, que fuera posible que se mantenga el descenso desde entonces. No obstante, debemos recordar que en el año 2009 hubo 56 muertes y que estos datos siguen ofreciendo ciertos dientes de sierra a lo largo de la serie histórica (Ver más datos en http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm) Figura 1: Víctimas mortales por violencia de género 2003-2013. Fuente: Portal estadístico MSSSI, 2013. Esta ley ha venido apoyada por la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que han ido recibiendo cada vez mayor número de procedimientos civiles y penales. Pero no tienen suficientes recursos. También acompañan a la ley los programas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. Estas medidas incluyen el diseño de un itinerario de inserción laboral personalizado, un programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral, incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, incentivos también para las empresas para contratar a víctimas de violencia de género, facilitar la movilidad geográfica, incentivos para compensar diferencias salariales y convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica.