Políticas sociales 2, Apuntes de Trabajo Social

¡Descarga Políticas sociales 2 y más Apuntes en PDF de Trabajo Social solo en Docsity! Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Políticas Sociales 2 Políticas Sociales Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Volumen 2 5 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Índice Prólogo Erika Roffler Hacia un sistema público de asistencia y cuidado en la post-pandemia Javier Bráncoli Primera Infancia y post-pandemia Desafíos pendientes Alejandra Facciuto, Eugenia Koolen y Sandra Madeira Atención prioritaria a la primera infancia Políticas públicas, organizaciones sociales y universidades Adriana Fazzio, A. Facciuto, E. Koolen y S. Madeira Los comedores comunitarios son una política social Incorporación de los comedores a la intervención alimentaria estatal en la Argentina Luis Hernán Santarsiero ¿Quién sostiene a quiénes sostienen? Elina Dabas Hambre y desnutrición infantil en el noroeste argentino Una mirada histórica y espacial Fernando Longhi La cuestión urbana post-pandemia Políticas sociales urbanas para la reconstrucción socio-espacial María Gabriela Marichelar Ingreso ciudadano y matriz de protección social argentina Silvana Garello 7 9 20 29 36 43 51 58 64 6 Políticas Sociales - Volumen II Propuesta en relación con la pandemia y el trabajo infantil María del Rosario Varela Pistas desde la gestión Diseños situados a partir de experiencias de implementación de políticas del MDS en el periodo 2011-2020 María Bonicatto, María Mercedes Iparraguirre, Fernando Gabriel Laya, Sergio Dumrauf y María Cecilia Corominas Salud en tiempos de COVID-19 Redes barriales en acción María Daniela Abraham, Glenda Henze, Dolores Veron, Ricardo Chanquia, Ana Gomez y Mariana Butinof Ingreso Básico Universal Una revisión de los debates Nuria Giniger Autores 76 83 96 102 109 7 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Prólogo Erika Roffler Secretaria de Articulación de Política Social a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Por iniciativa del ministro Daniel Arroyo, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) nos abocamos a la publicación de esta serie que compila los aportes de investigadores, académicos y docentes universitarios en materia de políticas sociales. Esta iniciativa está estrechamente vinculada al enfoque de gestión de las políticas públicas en el que se articulan la promoción de derechos, la búsqueda de una perspectiva integral de los programas, la prioridad para los sectores más vulnerables como los destinatarios y titulares de nuestra política social; y el territorio como un eje ordenador de dicha política pública. Estamos convencidos de que esta labor de construcción colectiva, liderada por el Estado, crece cuando involucra y compromete a la diversidad de las y los protagonistas de la comunidad. Y así como asumimos el compromiso de diseñar y ejecutar políticas sociales transversales, orientadas a disminuir las brechas y barreras de género, enfrentamos también las urgencias que la pandemia de COVID-19 vino a sumar a un escenario que ya era complejo de antemano. En este particular contexto, además de crear nuevas herramientas, adaptamos y ajustamos las prestaciones históricas del Ministerio para dar respuesta a necesidades y desafíos de gran complejidad. Nos hemos comprometido también con la tarea de incrementar y fortalecer la coordinación con las provincias, los municipios, organizaciones sociales, religiosas y comunitarias; y con diversas instituciones públicas y privadas, sin cuya activa y protagónica participación no podríamos concebir nuestra gestión. Todo ello en el marco de un Estado que ha realizado un esfuerzo sin precedentes en términos de coordinación horizontal y vertical con todos los niveles. 10 Políticas Sociales - Volumen II La crisis de comienzos de siglo y su impacto en los niveles de pobreza y desempleo, fue configurando un conjunto de “prácticas sociales contradictorias” para dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales urgentes que desbordaron la capacidad de intervención del Estado: redes territoriales, organizaciones de base y movimientos sociales constituyen un 4to sector que ha ganado protagonismo y participación, particularmente en la agenda social. Desde entonces, las interacciones Estado – organizaciones y movimientos sociales, se han consolidado e institucionalizado en torno a programas sociales específicos. En particular, de asistencia alimentaria y de subsidio al desempleo; y en menor medida en programas socioeducativos, de construcción de infraestructura o de promoción de la economía social. Según Adriana Clemente (2019), un conjunto de problemas sociales se han configurado como nuevas centralidades urbanas con foco en la pobreza. Una dinámica de actores sociales e institucionales se desarrolla en torno a ciertas problemáticas, que organizan tanto la acción institucional como la vida cotidiana de las familias pobres en el territorio. La asistencia alimentaria es un ejemplo de esta dinámica socio-territorial, aunque también podrían mencionarse los espacios de cuidado, el acceso al hábitat y la vivienda; y las diversas formas que adquiere la organización del trabajo y la generación de ingresos familiares. En la configuración de estas nuevas centralidades urbanas confluyen y se articulan dos procesos. La ya mencionada emergencia de nuevos actores sociales en contextos de expansión de la pobreza urbana; y un proceso de transformación de la estructura estatal que descentralizó servicios y responsabilidades en gobiernos provinciales y locales. En particular, los municipios han incrementado significativamente sus tareas y funciones, entre las que se destaca la atención de la “cuestión” social. Estos nuevos actores sociales emergentes de la crisis -municipios, organizaciones y movimientos sociales- resultan claves para visibilizar, canalizar y dar respuesta a la cada vez más compleja agenda social. Trayectoria histórica de las políticas sociales en la Argentina moderna Las políticas sociales se han modificado a lo largo de la historia moderna en nuestro país. Las primeras acciones estructuradas como tales se desarrollan a partir de una elite dominante -beneficiada con el modelo agroexportador- para contener y homogeneizar a los grandes contingentes inmigratorios que arribaron al país en esa etapa. Se sientan así las bases de los sistemas sanitario y educativo. 11 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro El primer peronismo representó una expansión extraordinaria de la infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas), junto con las protecciones colectivas logradas a través del trabajo asalariado. Esta etapa implicó la universalización de las políticas de bienestar y el derecho a la asistencia de poblaciones específicas. La dictadura cívico-militar (1976-1983) sentó las bases de un proceso de transformaciones regresivas que profundizaron las desigualdades sociales. El acelerado proceso de desindustrialización y desalarización de la economía impactó en la estructura ocupacional y en el valor real del salario (Villarreal; 1985). Al mismo tiempo se inicia un proceso de ajuste fiscal sobre la estructura estatal, descentralización y transferencia de responsabilidades del Estado nacional a las provincias, particularmente en las áreas de educación y salud (Aguiló; 2005). A partir de la recuperación democrática y durante la gestión de Raúl Alfonsín, se implementó el Programa Alimentario Nacional (PAN). El primer programa masivo de asistencia alimentaria que se incorpora al sistema de políticas sociales, representa un reconocimiento explícito de la importancia creciente del fenómeno de la pobreza como consecuencia de las transformaciones operadas durante la dictadura. Las reformas estructurales de los años ‘90 redujeron la capacidad de intervención estatal al tiempo que se expandían altísimos niveles de desempleo y pobreza. Como resultado de esta etapa se comienzan a consolidar políticas focalizadas de asistencia que marcan el deterioro profundo de las condiciones de integración social: los programas alimentarios y planes de transferencia condicionada de ingresos. Las crisis económica e institucional de principios de siglo dejó como resultados una débil capacidad de intervención del Estado, la salida anticipada del Gobierno de la Alianza; y una cada vez mayor presencia de actores sociales emergentes de esta crisis. En la salida de la crisis y durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, se implementa un programa de enorme magnitud para la etapa: el Jefes y Jefas de Hogar, que llega a casi 2 millones de beneficiarios con activa participación de municipios, organizaciones y movimientos sociales en un consejo consultivo creado a tal fin. La recuperación económica lograda a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (CFK), puso en valor la idea central de que “la mejor política social es el trabajo”. Se recompuso el valor adquisitivo del salario, se generaron nuevos empleos formales y se redujo la pobreza, pero se sostuvieron altos niveles de informalidad laboral (Luzzi y Del Cueto; 2008). Esta política expansiva encontró un límite con la crisis económica de 2008. Hacia el final del segundo mandato de CFK, considerando la recuperación económica de la primera parte del ciclo, aún se podía dar cuenta que un tercio de la población 12 Políticas Sociales - Volumen II económicamente activa permanecía en condiciones de informalidad y precariedad laboral (Bertranou y Casanova; 2014). Se hizo evidente que el empleo asalariado no podía ser el único mecanismo de integración social, sobre todo para poblaciones en condición de pobreza persistente (Clemente; 2014). El reconocimiento de este límite estructural de la sociedad salarial se expresa, entre otras cuestiones, en la creación de la Asignación Universal por Hjo (AUH - Decreto PEN 1602/09) para asegurar un piso de ingresos, estable y previsible, que contribuya a organizar la economía doméstica de los hogares más pobres. La experiencia de la AUH o ¿la mejor política social es el trabajo? La AUH marcó un punto de inflexión en la agenda social argentina y resultó ser una política sostenida en el tiempo, aún con el cambio de Gobierno. Se asocia a otras políticas de transferencia de ingresos, tales como la moratoria jubilatoria, pensiones no contributivas y programa Progresar; se financia con fondos de la seguridad social, reconoce una fórmula para el cálculo de su movilidad y se instala como un derecho socialmente reconocido y legitimado. La AUH se articula virtuosamente con otras formas de ingresos: aquellos que surgen de actividades laborales (ocasionales o temporarias) y con las redes de ayuda mutua -familiares y comunitarias- en el territorio, estableciendo un horizonte de previsibilidad en los ingresos para las familias pobres. “El patrón capaz te dice que mañana viene a pagar y capaz pasa una o dos semanas y no viene, entonces este sueldo es algo que ya tenemos seguro y nos da otro respaldo”, contó un padre de familia (Anexo EEGB 934, Chaco). El impacto de esta política resultó significativo en términos de reducción de los niveles de indigencia y de mejora en la escolarización y atención sanitaria de la población de 0 a 18 años. “Cuando se pone sobre aviso a uno de los padres de que el chico está en riesgo, la situación cambia. Antes seguía en riesgo y terminaba abandonando. Hoy el nivel de abandono es menor”, aseguró el director de la ESB 17 de Avellaneda. En el mismo sentido, la directora de la Escuela 501 de Formosa reveló que “mejoró mucho la asistencia de los chicos que se dedicaban al cartoneo y venían sólo una vez a la semana” (Ministerio de Educación de la Nación; 2011). La implementación de la AUH favoreció, además, el reconocimiento institucional de organizaciones de asistencia y cuidado que ya venían trabajando en el territorio y con los sectores más débiles. Un caso particular son los Centros y Jardines Comunitarios en la Provincia de Buenos Aires. Este reconocimiento, largamente buscado por estas organizaciones, permitió avanzar en incipientes articulaciones 15 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro de la población. Este sistema puede permitir, como ya lo ha demostrado, una acción rápida y directa del Estado frente a la crisis económica que plantea el actual escenario a nivel global; y en un plazo aún indeterminado de tiempo. Una vez superada la emergencia, este sistema puede permanecer como un dispositivo que se puede activar para regiones, poblaciones y/o momentos específicos que lo requieran. Por otra parte, resulta imprescindible resignificar el concepto de trabajo como categoría que abarca diversas actividades, tal como lo pone en evidencia la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y considerando tanto las tradicionales formas que adquiere el empleo asalariado como las acciones de cuidado y educación, la producción para el autoconsumo, las diversas formas de organización de la ayuda mutua; y la continuidad y terminalidad educativas. La visibilización de las diversas formas que adquiere el trabajo humano, exige un esfuerzo por parte de las instituciones públicas que implementan este tipo de programas para que adquieran valor y reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad que las financia con sus aportes. La implementación del sistema requiere un consenso social y político lo más amplio y abarcativo posible sobre las fuentes de financiamiento que puedan incluir: reformas impositivas, reasignación de partidas ya existentes, emisión monetaria e incluso el endeudamiento, si fuera necesario. Sin embargo, el diseño de esta propuesta no implica que los destinatarios perciban transferencias iguales, sino equivalentes según su condición social y económica. Es posible establecer transferencias en montos y plazos que se adecúen a la situación de los hogares y personas, según corresponda estableciendo una segmentación. La misma podrá tomar en cuenta situaciones tales como composición de los hogares, condición laboral y de ingresos; y situación sanitaria y educativa. Es decir, lo que debería ser universal es el sistema y no necesariamente las prestaciones monetarias que podrán ser diferenciadas. Esta idea sustituye el enfoque basado en la idea de prestaciones homogéneas y pone el eje en el sistema y en el alcance de la universalidad como proceso. También corresponde plantear el debate sobre las condicionalidades que representa la implementación de una propuesta de estas características. Siendo necesario que este sistema reconozca un alcance universal, esto no implica que no puedan establecerse compromisos efectivos. Para ello es posible definir cinco campos de problemas y poblaciones que permitan establecer estas adecuaciones para atender situaciones diferenciales y específicas: • Formas de trabajo vinculadas a la producción de bienes y servicios en forma asociativa o cooperativa (economía social): cooperativas y mutuales, 16 Políticas Sociales - Volumen II empresas recuperadas, comunidades originarias y organizaciones campesinas. • Economía del cuidado: organizaciones territoriales que brindan asistencia y cuidado tales como comedores, clubes de barrio, centros y jardines comunitarios, centros de jubilados. • Familias con niños, niñas y adolescentes a cargo que deben garantizar escolarización y control sanitario, homologando las prestaciones ya existentes a través de la AUH. • Personas adultas que se encuentran completando la educación obligatoria para la terminalidad educativa hasta nivel secundario, inclusive en continuidad con el Programa Progresar. • Trabajadores no registrados (economía popular) o registrados que no alcanzan a cubrir un umbral de ingresos mínimos para garantizar su reproducción (línea de pobreza) que son actuales destinatarios del IFE. Las prestaciones monetarias se podrán realizar en base a algunas de estas cinco situaciones; y no podrían superponerse en una persona u hogar más de un ingreso. Para cada una de las categorías se podrá establecer un monto específico con las fórmulas de movilidad correspondiente. La detección, acompañamiento y evaluación de cada una de estas situaciones, requieren de una enorme ingeniería social que ponga en juego, fundamentalmente, la articulación entre organismos y jurisdicciones. Los organismos que acreditan el cumplimiento de estos compromisos deben estar sujetos a lo que dispongan cada una de las jurisdicciones con un alcance federal. En este sentido, pueden tener atribuciones los estados provinciales, municipales y los organismos descentralizados. Para su implementación cobran relevancia las instituciones locales tales como escuelas, unidades sanitarias, consejos locales de infancia, delegaciones locales de ANSES y organizaciones de la comunidad. Estas instancias y organismos podrán actuar para el registro y elevación de las demandas al sistema nacional. Garantizar acciones de acompañamiento y orientación a la población. Y posteriormente colaborar en el seguimiento de los compromisos. Se trata de articular dos acciones que hasta ahora se encuentran divorciadas: monetarización de la asistencia e instituciones y organizaciones que desarrollan diversas formas de acompañamiento (asistencia y cuidado) en el territorio. Hasta aquí, la expansión de la asistencia monetaria se ha logrado con amplia cobertura y breves plazos de tiempo. La implementación de las medidas recientes frente a la pandemia da cuenta de esta capacidad del Estado para coordinar 17 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro centralizadamente una asistencia rápida y efectiva. Sin embargo, las instituciones de acompañamiento tales como escuelas, unidades sanitarias, municipios y organizaciones de la comunidad, registran aún débiles articulaciones con el sistema de prestaciones monetarias directas. Son estos actores -organizativos e institucionales- quienes ocupan el espacio (presencia en el territorio) y cuentan con el tiempo (continuidad del vínculo) para asegurar el mejor acceso a estas prestaciones económicas fundamentales para la organización de los hogares pobres. Frente al escenario devastador que nos deja la pandemia, resulta necesario desarrollar acciones del Estado que se configuren, nuevamente, como verdaderas protecciones colectivas, superando la fragmentación de las políticas y el aislamiento de las instituciones. Estas protecciones permiten visualizar horizontes, no tan lejanos, de mejora en las condiciones de integración social en base a la acción estatal directa, que se potencian sinérgicamente con la recuperación progresiva del trabajo en sus diversas configuraciones y con la presencia de las organizaciones en el territorio. 20 Políticas Sociales - Volumen II Primera Infancia y post-pandemia Desafíos pendientes Alejandra Facciuto María Eugenia Koolen Sandra Madeira Universidad de Buenos Aires La gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) ha iniciado un diálogo con distintos actores de la sociedad civil, entre ellos las universidades, para construir en forma conjunta aportes reflexivos y propuestas de intervención para la gestión de políticas sociales, pensando en la post-pandemia. Es por ello que, desde diferentes cátedras de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires que abordan la intervención con familias, niñeces y adolescencias, nació el interés de sumar sus aportes para enriquecer distintas propuestas de gestión. La situación de pandemia que estamos atravesando nos impone la necesidad de proponer cambios en los dispositivos actuales de intervención; y el presente escrito hará referencia específicamente a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Este nuevo escenario que se nos presenta y que surge por el COVID-19, nos lleva a la necesidad de repensar la función de los mismos en un escenario de post-pandemia. Los CDI: su rol en la post-pandemia La pandemia por el COVID-19 encontró a la Argentina en un proceso incipiente de re-direccionalidad de las políticas implementadas en el periodo 2015-2019 por la alianza conservadora Cambiemos, que dejó al país con la mayor deuda externa contraída en la historia, habiendo implementado políticas centradas en favorecer a los sectores más poderosos (vinculados específicamente con el capital especulativo), junto con la retracción de prestaciones que generó una situación de crisis social y de debilitamiento institucional. 21 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Según los datos proyectados por UNICEF para agosto de 2020, en base a estimaciones de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre del 2019 la pobreza afectaba al 53% de niñas y niños y podría escalar al 62,1% hacia fines de 2020. Por su parte, para el mismo periodo la pobreza extrema sería del 16,3%. En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 8,3 millones; y la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. Es decir que el Gobierno actual asume con altos índices de pobreza e indigencia, que se agravan por la situación de pandemia y pone en cuestión como dar respuesta, de manera simultánea, a otros problemas que atraviesan a la niñez y que se profundizan en estos contextos inciertos. En consecuencia, la pandemia vino a poner al descubierto la brecha social existente en el país y la heterogeneidad de los territorios y de las niñeces que lo habitan. Estamos de acuerdo con Clemente (2020) cuando plantea que “el gobierno nacional frente a la amenaza sanitaria del Covid-19, más que un plan de emergencia, está poniendo en acción una idea de sociedad”. Esta autora destaca “el protagonismo del Estado en el manejo de la crisis, la movilización de todos los recursos disponibles desde una perspectiva federal y con asesoramiento especializado, el refuerzo de ingresos a sectores vulnerables, son todas intervenciones que brindan contención a la población en una situación excepcional como la que estamos atravesando”. Así y todo, los desafíos actuales y de la post-pandemia incluyen la imperiosa necesidad de reconstruir condiciones institucionales que pongan al aparato estatal bajo la lógica de restitución de derechos. En este sentido es que proponemos re-pensar los CDI y su lugar en la respuesta a las diversas vulnerabilidades que lxs niñxs atraviesan en sus primeros años. En su artículo 2, la ley 26233/07 señala que se entenderá por CDI a los espacios de atención integral de niños y niñas de hasta cuatro (4) años de edad, que además realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos de niños y niñas. Esta ley fija la edad entre los cuarenta y cinco (45) días y cuatro (4) años de edad inclusive, como período comprensivo de la primera infancia. Estos centros se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. Según donde se ubiquen pueden recibir distintas nominaciones: Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Primera Infancia, Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar o Salas Cunas, entre otros; y todos se enmarcan dentro de la Ley Nacional mencionada. Los mismos pueden ser públicos o de gestión asociada. En relación a los equipos 22 Políticas Sociales - Volumen II que deben integrar estos centros, observamos que en el artículo 7 del decreto reglamentario de dicha ley se sugiere que haya una coordinación, equipo técnico, promotores comunitarios y talleristas. Podemos afirmar, a partir del conocimiento de distintos territorios, que el personal que trabaja en los mismos es heterogéneo en su conformación. Algunos cuentan con equipo técnico y otros no, incluso la conformación del equipo técnico también varía dependiendo de la jurisdicción en la que se ubiquen. Consideramos fundamental la profesionalización de estos centros, por lo cual proponemos que todos cuenten al menos con una trabajadora social, una psicóloga, una estimuladora temprana y un docente de nivel inicial; y que sea desde la Comisión de Promoción y Asistencia de los CDI Comunitarios, creada en el ámbito de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del MDS, que se inste a las distintas jurisdicciones del Estado, que corresponda, a hacerse cargo de garantizar la existencia de estos equipos en todos los dispositivos. Esta presencia del Estado, que garantiza derechos en el contexto actual, nos conduce necesariamente a pensar en otras problemáticas que atraviesan a la población que asisten a los CDI y la modalidad en la que se debe dar respuesta. En este sentido, una cuestión que nos preocupa es el maltrato y abuso sexual infantil. Resulta importante dejar asentado que cuando hablamos de violencias nos referimos a “una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, política, sexual, etc.) e implica la existencia de jerarquías -reales o simbólicas-. Es una acción socialmente nociva, que implica la existencia de una asimetría de poder de quien ejerce la violencia hacia quien no puede defenderse o repelerla. Las violencias implican acciones, relaciones y discursos que buscan dominar y someter a las niñas, niños y adolescentes aprovechándose de la vulnerabilidad y desigualdad existente”. En cuanto al abuso sexual específicamente, que creemos amerita una especial atención por la complejidad de su detección y abordaje, “entiende por abuso sexual contra una niña, niño o adolescente cuando un adulto/agresor la/o hace intervenir o la/o usa para actos sexuales, estimularse él mismo, al NNyA o a otra persona. Incluyen los tocamientos, manoseos, violaciones, explotación o utilización en pornografía, obligar a un/a NNyA a observar actos sexuales de otros (sean adultos o NNyA), entre otros. Pueden existir abusos sexuales realizados por un/a NNyA menor de 18 años cuando entre el agresor y la víctima existe fuerza o asimetría de poder o diferencias etarias significativas. El abuso sexual puede ocurrir en el hogar, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, dentro de las comunidades, entre otros. Los agresores pueden ser del ámbito familiar, conocidos, vecinos, o desconocidos y pueden ser de cualquier nivel socioeconómico y educativo”. 25 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro la responsable de diseñar planes y estrategias nacionales de capacitación y asistencia técnica sobre los temas expuestos y para la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). 2. Prevención: Estas actividades resultan centrales a la hora de proponer acciones que anticipen las situaciones de maltrato y/o abuso y que se constituyan en factores protectores para lxs niñxs que asisten. Entre las posibles actividades no pueden faltar: a. La implementación de la ESI de manera transversal. b. Talleres para padres y/o miembros de la familia y la comunidad, con el fin de fortalecer las funciones de crianza, conocer el desarrollo de lxs niñxs y las pautas esperables para cada etapa evolutiva. 3. Detección: Pasos a seguir ante una situación de sospecha de maltrato o abuso: a. Informar a la coordinadora y al equipo técnico. b. El equipo técnico realiza el diagnóstico y consulta con especialistas los pasos a seguir. c. Notificar a los servicios de protección de derechos correspondientes. 4. Acompañamiento y seguimiento: Una vez realizada la intervención, los CDI cumplen un papel muy importante dado que comparten con lxs niñxs muchas horas y son los que observan y tienen que contener las secuelas de los abusos sexuales. Resulta fundamental que en la etapa que sigue al develamiento, quienes están al cuidado de ñiñxs conozcan cuáles son las conductas esperables en lxs niñxs que han sido víctimas y como pueden ayudarlxs a sobrellevar este período tan complejo. Además, los profesionales del equipo técnico tienen que realizar el seguimiento de la situación, fortaleciendo un trabajo con los servicios locales de los organismos proteccionales de niñez y adolescencia; y los centros de salud u otros dispositivos sanitarios que se han encargado de la intervención. Para finalizar, se hace necesario que la SENNAF, desde las funciones que le confiere la ley nacional 26061/05, inste a los organismos proteccionales de niñez y adolescencia provinciales a profundizar el trabajo en red entre los órganos locales de protección que de ellos dependen, los CDI y otros actores que sean relevantes en cada territorio para intervenir sobre el abuso y maltrato 26 Políticas Sociales - Volumen II infantil. Este planteo resulta significativo porque se pasa de un modelo de prestación homogéneo a una intervención construida desde la heterogeneidad de las poblaciones que habitan esos territorios. Esta problemática, como otras que atraviesan a la primera infancia, necesita indefectiblemente de la presencia de un Estado fuerte en los territorios para poder dar respuestas concretas orientadas a fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en la cotidianeidad que las atraviesan. Es por ello que la intervención en lo social debe reconocer la complejidad de los problemas, que se agravan en situaciones de emergencia y que, necesariamente, deben hacer dialogar los distintos campos disciplinares, generando espacios de articulación con las políticas sociales y las organizaciones de la sociedad civil. 27 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Bibliografía Astarita, M. Cambiemos y su modelo de Estado: Hacia un orden jerárquico y modernizador, en García Delgado, D; Ruiz del Ferrier, C; de Anchorena, B (comp.): Elites y captura del Estado. Control y regulación en el neoliberalismo tardío, capítulo III, pp.61-89. Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Buenos Aires, Argentina, 2018. Clemente A. Coronavirus, deuda y salud pública. Columna de opinión en el diario Página 12. Buenos Aires, Argentina. 2 de abril de 2020. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/257101- coronavirus-deuda-y-salud-publica Equipo de Investigación Infancia y Necesidades - Abuso sexual Infantil. Cuando el tapabocas no protege: pandemia y abuso sexual en las infancias. Universidad Nacional de Luján. Buenos Aires, Argentina, 2020. Intebi, I. Abuso sexual Infantil. En las mejores familias. Granica Editorial. Buenos Aires, Argentina, 2008. Intebi, I. Proteger, reparar y castigar. Evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil. Granica Editorial. Buenos Aires, Argentina, 2011. Ley Nacional Nº 26233/2007 de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil Madeira, S. y otrxs. (10 Nro. 19). La intervención profesional es siempre una pregunta abierta. Estrategias, dilemas y desafios en el ámbito de salud en contexto de pandemia. Debate Público. Reflexión de Trabajo Social. 30 Políticas Sociales - Volumen II Al desguace producido por el Gobierno anterior, entre 2016 y 2019, se suman todas las consecuencias económicas, sociales, sanitarias y educativas de la pandemia, que exigen acciones concretas y rápidas. Las proyecciones comunicadas por UNICEF el 5 de agosto de 2020, alertan que en diciembre de ese año el porcentaje de niñas y niños pobres alcanzaría el 62,9%. Significa casi 5 puntos más de los niveles de pobreza infantil estimados en mayo del 2020; y la franja etaria más afectada abarca a los recién nacidos hasta los 4 años. Fortalezas y debilidades en la atención de la primera infancia Las fortalezas y recursos con los que se cuenta para la atención de la situación planteada son: • Transferencias de recursos económicos a las familias como decisión de un estado presente: La Argentina cuenta, desde hace varios años, con programas universales para brindar seguridad alimentaria a la infancia y adolescencia, incluyendo a la mujer a partir del tercer mes de embarazo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), a las que se suma la tarjeta AlimentAR en el marco del Plan Argentina contra el Hambre y, últimamente, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sumado a ellos, se cuenta con la decisión política expresada por el Gobierno nacional de volcar recursos económicos del Estado para ir acortando la brecha de desigualdades existentes y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos humanos elementales. • Las organizaciones sociales y los sectores religiosos trabajando en forma articulada: Las organizaciones sociales y distintos sectores de las iglesias -católicos, metodistas y otros cultos-, cuentan hoy en la Argentina con un nivel de inserción, desarrollo y representatividad en los barrios vulnerados, que iguala y en algunos casos supera a la que exhiben sectores profesionales u otras organizaciones políticas o gremiales. Esta situación nos muestra la necesidad de trabajar en forma conjunta con los distintos actores sociales cuya representatividad favorece la inserción del Estado en aquellos territorios donde no la haya. El informe de 2015 sobre los Estándares de Inclusión para los Centros de Desarrollo Infantil, elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, refleja que el 60% de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) fueron creados por organizaciones sociales, barriales, civiles o religiosas; y daba cuenta de la preocupación y respuestas de estos actores sociales para garantizar derechos. (2015:12) 31 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Por otra parte, la principal debilidad y carencia observada es: • Heterogeneidad de las intervenciones en los Centros de Desarrollo Infantil: Para completar los aportes económicos brindados a las familias vulneradas en este escenario de pandemia, se visualiza especialmente la necesidad de fortalecer los CDI regulados por la Ley nacional 26233/07, que permiten el abordaje de otros problemas complejos que atraviesan a la primera infancia, así como el acompañamiento a sus familias y/o referentes afectivos en la crianza. Se observa que las políticas públicas de transferencia económica a las familias resultan efectivas y han logrado un grado de universalidad notable, pero el acompañamiento para ejercer las prácticas de crianza y las acciones para el fortalecimiento familiar, son aún asignaturas pendientes en nuestro país. Muchos de los Centros de Primera Infancia han sido iniciativa de la sociedad civil; y tan sólo el 40% son de dependencia estatal. Ello implica que existen distintos modelos de gestión y organización con diferentes estándares y, en general, poca profesionalización en la intervención, algo que resulta muy necesario ante la complejidad de los problemas que presentan las familias. Los años de gestión gubernamental del período 2015/2019 han agravado las limitaciones existentes, debido a los recortes presupuestarios y precarización de los recursos materiales y humanos en todos los niveles. Propuesta: El fortalecimiento de los CDI Ante la situación descripta resulta evidente la necesidad de fortalecer los CDI, así como promover la articulación con distintos actores de la sociedad civil e instituciones de distintas áreas del Estado, como salud, educación, organismos proteccionales de niñez y adolescencia, etc. Nuestra propuesta consta de dos instancias: 1. Recursos económicos y articulación del Estado con las organizaciones sociales: La continuidad de las transferencias de recursos económicos, a través de las políticas mencionadas con anterioridad, sumado al fortalecimiento de estos espacios, serían entonces la alternativa más efectiva para el abordaje de la primera infancia y el acortamiento de las brechas de inequidad. La existencia del padrón de beneficiarios de los programas de transferencia monetaria, permitirá visualizar las poblaciones prioritarias para su atención y esto no se logra sin un trabajo articulado y en red. 32 Políticas Sociales - Volumen II El abordaje propuesto no puede pensarse sin la participación y corresponsabilidad de las organizaciones sociales, para darle contenido a las dimensiones e indicadores de calidad, cobertura, fortaleza institucional y políticas públicas. Se debería, entonces, poner en agenda la necesidad de unificar criterios entre los estados nacionales, provinciales y municipales para el fortalecimiento de los sistemas de protección locales, regionales y provinciales; y volver a pensar la intervención. Como dice Carballeda, “las políticas públicas en diálogo con la intervención implican una estrategia de recuperación de capacidades, habilidades y básicamente de formas constitutivas de la identidad. (…) Desde este punto de vista, las Políticas Públicas deben ser flexibles y tener la capacidad de adaptarse a circunstancias de índole singular, sin perder la centralidad que les da sentido total y perspectiva en función del Estado y la Nación” (2010:6) Para conformar el sistema de promoción y protección de derechos establecidos por la Ley nacional 26061/05, las respuestas a las complejidades que atraviesan las familias en situación de pobreza deben ser integrales, territoriales, articuladas y transversales. La existencia de una ley y la transferencia de dinero a las familias no alcanza. Retomar, como se dijo, las dimensiones e indicadores de calidad, cobertura, fortaleza institucional y políticas públicas, significa concretamente transferir recursos para la dotación de planteles profesionales en esos CDI, con la finalidad de mejorar y ampliar su infraestructura, favorecer la articulación con programas y políticas de empleo, producción o capacitación; y ofrecer vacantes de manera prioritaria a hijas e hijos de mamás adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 2. La participación de las universidades: Partiendo del concepto que las universidades públicas, en ningún momento y mucho menos en el escenario actual, pueden ceñirse exclusivamente a la producción de conocimientos académicos y profesionales, creemos importante su participación en el fortalecimiento de las políticas públicas para la primera infancia, por lo que proponemos que el MDS firme convenios con las universidades para incorporar un número significativo de estudiantes avanzados para que realicen allí sus prácticas pre-profesionales. Todas las carreras de Trabajo Social de las universidades públicas y privadas tienen en su currícula materias que implican la inserción de sus estudiantes en distintas instituciones para realizar las mencionadas prácticas. La inserción de estudiantes en los centros de práctica implica también el acompañamiento de docentes que reflexionan juntos las intervenciones desde una perspectiva integral. 35 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS). Resolución 8/20 – Plan Argentina contra el hambre. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina, 13 de enero de 2020. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/ detalleAviso/primera/224514/20200113 UNICEF Argentina. Segunda encuesta de percepción y actitudes de la población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. UNICEF Argentina. Buenos Aires, Argentina, 2020. 36 Políticas Sociales - Volumen II Los comedores comunitarios son una política social Incorporación de los comedores a la intervención alimentaria estatal en la Argentina Luis Hernán Santarsiero Universidad Nacional de La Plata En nuestro país, el problema del acceso a los alimentos y la satisfacción de necesidades alimentarias no cubiertas han sido considerados, desde hace décadas, componentes centrales de de un sinnúmero de iniciativas públicas- estatales1. Dentro de este marco, el surgimiento de comedores comunitarios en barrios populares, forma parte de esa historia. Distintas intervenciones territorializadas de asistencia alimentaria, propias de organizaciones de la sociedad civil, han sido incorporadas en la implementación y ejecución de programas y políticas sociales. Estas distintas iniciativas solidarias, autogeneradas por parte de sectores y actores populares en el espacio barrial, han marcado en la Argentina la activación de estos espacios denominados comedores comunitarios, merenderos barriales o infantiles. Durante casi los últimos cuarenta años, la implementación de distintas intervenciones asistenciales del Estado, tanto en programas específicamente alimentarios como otros, han tenido su base territorial en estos espacios, delimitando una historia propia dentro del ciclo de las políticas sociales (Hintze, 1994; Andrenacci, 2005; Vacarissi, 2005; Chiara y Di Virgilio, 2009). Los mismos se sumaron al repertorio de acciones y demandas de movimientos políticos y de organizaciones sociales por la satisfacción de necesidades no cubiertas, en una creciente y tensionada relación con el Estado. Aportar, en este sentido, una perspectiva propia para su análisis, implica comprender a los comedores como fenómeno político social alimentario (Santarsiero, 2010 y 2017). Y para ello se requiere reconocer nuevos interrogantes para el análisis de los mismos, considerando escenarios cambiantes en el seno de las políticas sociales y en la configuración de sus aspectos territoriales. Podemos decir, entonces, que el 1 En este sentido, desde la década del ‘30 del siglo XX se pueden rastrear en nuestro país componentes alimentarios de políticas de atención a la niñez o a distintos grupos de riesgo social. Cf. Santarsiero 2017, 2010 37 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro fenómeno de los comedores es, por un lado, político, dado que evidencia un espacio para la politicidad barrial vinculada con la política social territorializada. Y es, a su vez, un fenómeno social, porque refiere a lazos de solidaridad y de interacción cotidiana en el espacio comunitario surgido en las prestaciones y acciones de los comedores. Por último, también es un fenómeno alimentario, porque frente a cualquier cambio de las iniciativas políticas y sociales dirigidas desde arriba, o resistidas y reconsideradas desde abajo, conservan al interior de sus trayectorias lo que consideramos su especificidad: brindar alimentos sumando intervenciones y recursos a la cotidianeidad del espacio barrial. Habiendo constatado cambios a lo largo de este tiempo en la relación entre el Estado y los comedores, proponemos distintos escenarios para comprender el decurso de las intervenciones sociales alimentarias que fueron interactuando con los comedores. Definidas por las presencias o ausencias de políticas de ingreso o de transferencia condicionadas; por diversos marcos declarativos que han enfatizando el enfoque de derechos sociales; o bien por el énfasis puesto en la organización político comunitaria, las políticas sociales y los comedores han transitando diferentes y diversos contextos. En este trabajo señalaremos algunas características salientes de esas fases históricas de la emergencia creciente de los comedores, junto a una propuesta de reconocimiento e inserción en esta etapa actual, interpelada por la crisis sanitaria del COVID–19 y la futura coyuntura de la post-pandemia. • De los ochenta a los noventa: Se trata de los primeros involucramientos de las políticas sociales, el Estado y el territorio emergente de los comedores. Una articulación posible entre contextos macroeconómicos2 y la existencia de concepciones e intervenciones de las políticas sociales específicas en un nivel meso y micro social, resulta un punto de partida necesario en la sistematización de la información sobre la organización cotidiana y la continuidad de los comedores comunitarios. En este proceso podemos señalar algunos periodos generales. El primero, se sitúa entre los años ochenta hasta los 2000–2001, dominados por una creciente deuda social, el aumento inusitado de la problemática alimentaria y su atención, a veces limitada por la fragmentación administrativa, por parte de programas y políticas a nivel nacional (administraciones alfonsinista y menemista). En esa temporalidad, podemos destacar algunos puntos salientes, como el surgimiento de las ollas populares (Neufeld y Cravino, 2001), producto de las crisis hiperinflacionarias de finales de los ochenta y principios de los noventa; la emergencia de los movimientos de base piquetera y sus 2 Cf. Kessler, Svampa y González Bombal, 2010. 40 Políticas Sociales - Volumen II Encontramos en los comedores relaciones sociales, vínculos políticos, redes, recursos estatales y necesidades alimentarias insatisfechas, que “estructuran” ese plato de comida brindado y esa organización para brindarlo. Pensar el espacio social producido y reproducido por los comedores, nos permite pensar, también, en cómo los alimentos y las prestaciones brindadas bajo diferentes entramados político-sociales dan cuenta de más complejidades en torno al estudio de la alimentación y las políticas alimentarias. Estos reconocimientos deberán ser integrados en su conjunto a las acciones e intervenciones socio-comunitarias que se planifiquen de aquí en más. Considerando al alimento brindado desde una perspectiva sociológica y política, en el estudio de los comedores se evidencia el sentido que asume estatalmente la organización y la vinculación de la sociedad civil y el Estado en la alimentación de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Si, por lo general, los alimentos y el hecho de compartirlos en un determinado espacio denotan o expresan relaciones sociales (elaboración, comensalidad, distribución, etc.), la perspectiva asumida para el análisis de los comedores propuesta aquí será la de poder arribar a la comprensión del alimento brindado dentro de esas estructuras relacionales, habiendo constatado cambios en la emergencia de redes sociales, prestaciones y demandas, en contextos de pobreza y vulnerabilidad social a lo largo del tiempo. En este sentido, el análisis sobre los comedores comunitarios permite ahondar en un interrogante general sobre la relación entre las políticas asistenciales, las modalidades de intervención social y las formas de articulación con las organizaciones y sectores comunitarios y barriales en la definición de un campo específico: el de las acciones alimentarias que definen, también, formas en las que se instituye la relación entre el Estado y la sociedad en un ámbito determinado. Tanto para su estudio como para su definición dentro de la acción pública estatal en la alimentación de las poblaciones con alta vulnerabilidad alimentaria, los comedores comunitarios deben ser entendidos como una política social alimentaria y desde ahí repotenciar su acción y reconocimiento. 41 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Bibliografía Andrenacci, L. (Compilador). Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Prometeo, Universidad de General Sarmiento. Buenos Aires, Argentina, 2005. Chiara, M. y Di Virgilio, M.M. Gestión de la política social. Conceptos y herramientas. Prometeo. Buenos Aires, Argentina, 2009. Hintze, S. Estado y políticas alimentarias en América Latina y Argentina, en Grassi y otros, Políticas sociales y ajuste estructural (Un análisis del sistema educativo, de obras sociales y de las políticas alimentarias). Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina, 1994. Kessler, G; Svampa, M; González Bombal, I. Reconfiguraciones del mundo popular: El Conurbano Bonaerense en la postconvertibilidad. Prometeo. Buenos Aires, Argentina, 2010. Neufeld, M.R. y Cravino, M.C. Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa. En Revista de Antropología vol. 44 N° 2, pp.147-172. Buenos Aires, Argentina, 2001. Santarsiero, L.H. Estado, organizaciones de la sociedad civil y alimentación en el contexto de la pos convertibilidad. Comedores comunitarios en un barrio del partido de La Plata. Tesis de posgrado, presentada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires, Argentina, 2017. Disponible en: http://www.memoria.fahce. unlp.edu.ar/tesis/te.1365/te.1365.pdf 42 Políticas Sociales - Volumen II Santarsiero, L.H. Políticas sociales y necesidades: las intervenciones de programas sociales en la alimentación familiar de hogares pobres de la ciudad de La Plata, Argentina, 2006 - 2008. Tesis de Maestría presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Buenos Aires, Argentina, 2010. Vaccarisi M. Asistencia Social y Políticas alimentarias. Tensión entre legitimación y control social, en Favaro, O. (coord.), Sujetos sociales y política. Historia reciente de la Norpatagonia argentina. La colmena Editorial. Buenos Aires, Argentina, 2005. 45 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro La red social implica un proceso de transformación permanente, singular y colectivo, que acontece en múltiples espacios y (a)sincrónicamente. Es un sistema abierto, multicéntrico y heterárquico, con interacción permanente, intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo y con integrantes de otros colectivos. Posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida. Cada uno se enriquece a través de las múltiples relaciones que los otros desarrollan, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos (Dabas, 2006). En tanto la perspectiva de red nos propone la concepción de un mundo construido por todos, nos coloca en situaciones de responsabilidades compartidas. El mundo no “es tal como nos es dado” sino que lo construimos entre todos. Esto nos enfrenta al desafío de pensar como pasamos de las decisiones por mayoría a la generación de consenso; de las directivas a estrategias cooperativas que promuevan ligaduras; del orden preestablecido a una organización coordinada. Esta perspectiva implica un cambio en los valores que sustentan. El trabajo con enfoque de red nos coloca en la difícil posición de cómo intervenir en un río que fluye permanentemente, donde no es el fluir el obstáculo sino el riesgo de interrumpir su caudal. ¿La familia o las familias? En relación con la concepción que las sociedades occidentales poseen sobre la familia, cabe plantearse una serie de cuestiones (Alberti y Méndez, 1993). Por un lado, las políticas sociales y la sociedad en general han delegado en la familia la responsabilidad respecto de la crianza y socialización de NNyAd. Por el otro, la consideración de la familia como la organización social básica y primigenia de la estructura social. Esto en sí mismo no tiene objeción. Salvo que la familia fue considerada como grupo de personas nucleadas por relaciones de parentesco, con predominio de la naturaleza biológica, de forma monogámica y heterosexual, concibiendo así un tipo particular de familia como la “forma natural” en la que se organiza la sociedad, por lo cual también se percibe como “natural” que solamente ésta deba hacerse cargo del sostén de los más jóvenes. La presión concentrada sobre las familias, hace que muchas veces su estructura resulte débil, sobre todo para aquellas insertas en contextos desfavorables para su desarrollo. Esto se complejiza aún más cuando la organización familiar no responde al modelo socialmente prefijado. Según Koontz (2006), nos encontramos con dos situaciones a analizar: 46 Políticas Sociales - Volumen II Las configuraciones familiares diversas a la legitimada como “natural” son aún concebidas como “extrañas” y sufren por lo tanto el proceso de exclusión social que padecen los que son considerados exóticos para los sistemas dominante (Sluzki, 1986). Los vínculos afectivos que no son reconocidos como relaciones de parentesco no resultan confiables, aun cuando contribuyan al desarrollo y sostén de las personas. Desde esta perspectiva, si en las prácticas sociales anteriormente se corría el riesgo de considerar al individuo como el elemento dinamizador social principal, se puede ahora pensar que esta tarea recae solamente en la familia, concebida como unidad aislada. Las estrategias para promover ligadura, tienden fundamentalmente al fortalecimiento del lazo social y a generar condiciones que posibiliten una auténtica restitución comunitaria. La noción de restitución comunitaria implica un acto político en el sentido de producir sociedad, que inviste a la comunidad de la capacidad de sostén, activación, desarrollo, potenciación y resolución de problemas que atañen tanto a los NNyAd como a todos sus miembros. Valora especialmente el poder “hacer”, “resolver” y crear” que ejercen personas sin cargos ni títulos profesionales, trascendiendo los muros institucionales para reconocer que la producción de subjetividad y las posibilidades de transformación se dan en (y desde) todo el terreno social. A lo largo de su devenir, las familias, especialmente las pertenecientes a sectores vulnerables, han sido permanentemente cuestionadas en el desempeño de su función. La institución familia es portadora del instituido considerando que las personas son concebidas como todas iguales, con parámetros de normalidad que se tienen que alcanzar independientemente del contexto y de la historia. Asistimos a un momento en que el Estado tiene la posibilidad de volver a ser el articulador simbólico de la formación ciudadana, visibilizando, articulando y empoderando diversos sectores. No podemos negar que las instituciones producen subjetividad, pero ha cambiado el ámbito de producción. Se ha pasado de la lógica de los muros a la de todo el terreno social (Barudi y Dantagnan, 2009). Las estrategias que promovemos y tratamos de tornar visibles con miras a su potenciación, tienden por un lado a evitar la institucionalización de NNyAd cuyos problemas pueden resolverse con el apoyo a aquellos que sostienen su crianza. Por el otro, promueven el reconocimiento de la transferencia de funciones básicas a sujetos sociales no claramente percibidos por el sistema, pero que desempeñan una función esencial en la vida de las personas. 47 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro La mirada no está puesta solamente en relaciones prefijadas biológica o jurídicamente, sino que prevalecen los vínculos que se establecen en un momento histórico y en un contexto determinado, a través de territorios móviles, de múltiples interacciones y del reconocimiento de diversidad de saberes y voces Construyendo un escenario posible ¿Qué es un escenario? Es el lugar donde acontece un suceso. Dada la imposibilidad de saber cómo se desarrollará el futuro, una buena estrategia es una que convenga a varios posibles. Esta noción rompe las ataduras con lógicas que obturan el flujo dinámico de las redes. Éstas son: • Las de los sectores: salud, educación, acción social, que intentan “separar” las necesidades e intereses de los miembros de las comunidades. • Las de los programas, que “bajan” sobre las poblaciones cuadriculándolas e ignorando los vínculos previos establecidos. • Las de las disciplinas, que “dividen” a las personas según las incumbencias que los títulos otorgan. • Las de las jurisdicciones, que establecen fronteras arbitrarias que desconocen los senderos que diariamente se abren. Se construye en el proceso de cartografiar el territorio en la medida en que se lo transita, incluyendo las múltiples voces y objetos que en ese recorrido adquieren relevancia, ampliando el horizonte de sentido. La cartografía de red “ilumina” y hace visible la dimensión histórica y actual de los vínculos que posibilitan una modalidad de producción, soporte y desarrollo de las personas y comunidades. “Iluminar” ciertas zonas recupera las diversas experiencias de los actores, como un zoom que metafóricamente va haciendo foco en las oscuridades y ocultamientos. Recordando una historia Me encontré con esta historia en un taller que coordiné sobre el tema de redes sociales, organizado por un municipio de la Argentina3. Margarita, 34 años. No había referencias de su familia. Padecía HIV. Tenía cuatro hijos, un varón y una niña, hijos de su primera pareja, de 13 y 11 años. Y otros dos, varón y niña, de una segunda unión, de 8 y 5 años. Del padre de los dos mayores se desconocía el paradero desde hacía más de cinco años. De los segundos, su padre trabajaba de peón en una finca 3 Previo a la promulgación de la Ley N° 26.061, Protección Integral de Derechos de NNyAd 50 Políticas Sociales - Volumen II Bibliografía Barudy, J. y Dantagnan, M. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia. Gedisa. Barcelona, España, 2009. Blas, A. y Méndez, M.L. La familia en la crisis de la modernidad. Argentum. Buenos Aires, Argentina, 1993. Coontz, S. Historia del matrimonio. Gedisa. Barcelona, España, 2006. Dabas, E. Viviendo Redes, capítulo 2. Ciccus. Buenos Aires, Argentina, 2006. Sluzki, C. Familias, redes y otras formas extrañas. Revista Sistemas familiares. Buenos Aires, Argentina, 1986. Ravazzola, C. Resiliencias familiares, en Melillo, A. y Suarez Ojeda, E.N. (eds.), Resiliencia. Paidós. Buenos Aires, Argentina, 2001. 51 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Hambre y desnutrición infantil en el noroeste argentino Una mirada histórica y espacial Fernando Longhi Universidad Nacional de Tucumán Suele haber ciertas particularidades académicas cuando nos referimos tanto al hambre como a la desnutrición. Si bien se entiende al hambre como el síntoma de una necesidad biológica -generalmente asociado a ciertos sonidos intestinales- la desnutrición se asocia a una acumulación, sustantiva, flagelante y estructural de dichos “hambres” que se expresan en nuestros cuerpos. Pensar la desnutrición, especialmente cuando la imaginamos en el tramo de la infancia, nos remite a una imagen mental asociada al África más pobre, con niños sufrientes padeciendo Kwashiorkor (la enfermedad de los vientres inflamados) o marasmo (caracterizado por una delgadez extrema). No obstante, la Argentina realiza su contribución -moderada, si se quiere- al conjunto mundial de desnutridos. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay niños desnutridos en el “granero del mundo”? Pues la respuesta, lamentablemente, es un contundente sí. Tal vez, el mito de la “opulencia” argentina explique mejor los argumentos para entender cómo, en un país que produce alimentos para diez veces más el tamaño de su población, por un mero asunto de distribución, existan segmentos poblacionales que no acceden a un recurso tan esencial. Esta es la historia que se desarrolla aquí y que, lamentablemente, nos remite en mayor medida al territorio en el cual desenvolvemos nuestra vida cotidiana, esto es el noroeste del país. 52 Políticas Sociales - Volumen II El problema está al norte Seguramente, la imagen más latente que tengamos en nuestra memoria sea la de la tucumana Barbarita, llorando por hambre en 2002, en el programa del periodista Jorge Lanata (figura 1). El movimiento que en aquellos años se generó al respecto fue de una magnitud inusitada; sirva como ejemplo observar a la primera dama de la Nación, acompañada por el cuerpo de Gendarmería, desplegándose por la provincia con el afán de erradicar aquel problema. A la magnitud de esta imagen se agregaban los titulares de los principales diarios, nacionales e internacionales, que identificaban aquel problema con categóricos titulares como, “los chicos del país del hambre”, “donde nada cambió”, “la desnutrición es una lacra existente en Tucumán desde hace años”, entre otros. Angustias que laceran Sin embargo, la historia de la desnutrición en las poblaciones que habitan el noroeste argentino no se nutre sólo de una extraña evocación o nostalgia de la crisis del 2001-2002. A decir verdad, existe tal vez desde la misma construcción del territorio, con mayores o menores magnitudes y expresiones, pero sosteniéndose en el tiempo con un carácter estructural que hasta el momento ningún régimen ni institución ha podido erradicar. Basta observar los escritos de Rodríguez Marquina (1899) sobre el contexto en el que se desarrollaba la enfermedad y muerte infantil a finales del siglo XIX: “El agua sólo entra en el rancho para la alimentación; nunca para la higiene (…). La cama redúcese a dos planchas de zinc (o una) algunas veces; otras, a un mal ‘catre de tientos’ o unas bolsas llenas de paja, y una manta que lo mismo sirve para cubrirse en las heladas noches de invierno que en los lluviosos días del verano. Un mal cajón Figura 1. Barbarita Flores, llorando por hambre ante las cámaras de Detrás de las Noticias (2002). Fuente: YouTube. 55 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Ciertas áreas del Noroeste presentan las peores condiciones y precisan un abordaje inmediato en materia de pobreza y salud infantil. A pesar de la tendencia al descenso que presentó el problema, en el caso de la desnutrición infantil, regiones como el oriente salteño, los valles salto-jujeños, el territorio del interfluvio Dulce-Salado de Santiago del Estero o algunos departamentos puneños, se distinguen como núcleos de elevada magnitud y persistencia de la desnutrición. Por otro lado, los egresos hospitalarios muestran una extensión territorial mucho más marcada que la mortalidad, con concentraciones de importantes magnitudes en el este salteño (departamentos Rivadavia y San Martín). Finalmente, el bajo peso se destaca por su persistencia extendida en gran parte del noroeste argentino, coincidiendo en muchos casos con las áreas destacadas en los casos anteriores. Un corolario sobre posibles políticas públicas y problemas nutricionales La desnutrición infantil conforma el principal núcleo duro de privación y exclusión que debería ser prioritario en las políticas públicas. Sin ser una expresión erradicada dentro de los problemas nutricionales de la niñez argentina, se articula con la creciente proporción que revelan los datos de sobrepeso y obesidad -en conjunto, denominada malnutrición infantil- lo cual constituye una nueva problemática que distingue a los actuales problemas nutricionales en nuestro país. El derecho a una alimentación adecuada se ha reconocido en diferentes tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Las distintas esferas gubernamentales de los países del mundo prestan una especial atención a estos derechos, sin embargo, en muchos países, la insuficiencia de los resultados ha sido la característica distintiva. A nivel nacional se advierte hasta el 2019 la existencia de tres políticas públicas focalizadas en el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía: el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, la Asignación Universal por Hijo y el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación. Se destacan además distintas normativas a nivel provincial -algunas reglamentadas y otras no- que buscan atender distintos problemas nutricionales. Cabe preguntarnos entonces ¿Qué características tuvieron? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En líneas generales, la experiencia destaca la necesidad de realizar evaluaciones periódicas en diferentes instancias de las políticas públicas. Son muy escasos los ejemplos que evaluaron la ejecución -y los resultados- obtenidos, siendo un aspecto fundamental para que, sobre la base del diagnóstico, sea posible reformular en el 56 Políticas Sociales - Volumen II caso que sea necesario. Otro aspecto de relevancia es la consolidación de bases de datos de distintos órganos que permitan el monitoreo del problema y propenda a la evaluación mencionada. Como ejemplo de esto último cabe mencionar la existencia de bases de datos antropométricos generadas por distintos órganos educativos o de salud, las cuales reúnen información clave sobre el estado nutricional, sin embargo el acceso a las mismas es dificultoso cuando no imposible. Con este ejemplo queda clara no sólo la ausencia de información, sino la segmentación e inaccesibilidad en formatos abiertos de las mismas. Se agrega a este ejemplo la ausencia de información sobre instituciones de oferta alimentaria extra-hogar (llámese comedores y merenderos) de gestión comunitaria. En tal sentido, el Registro Nacional de Comedores Comunitarios de reciente aparición pretende rellenar este vacío. Es preciso también el diseño de propuestas focalizadas según las características de la población (por ejemplo, población aborigen, niños lactantes, escolares con obesidad, etc.) así como evaluaciones de los usos y destinos que las familias otorgan a determinados bienes entregados por el Estado en el marco de estas políticas alimentarias. Lejos de ser una cuestión del pasado, el flagelo de la desnutrición en la infancia -con sus diferentes expresiones- constituye uno de los problemas de mayor relevancia en la actualidad, lo cual influye en gran medida en las altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil, así como en la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas, difíciles de cuantificar. Se suman costos económicos y sociales de la enfermedad (gastos hospitalarios, productividad, gastos en educación, menor capacidad laboral, etc.) y el condicionamiento en el desarrollo cerebral que genera, también complejo de cuantificar, aunque con profundas connotaciones éticas y morales. Hoy la desnutrición infantil no es sólo un problema -ni siquiera una ignominia-, constituye el hecho más vergonzoso que limita en cada ser las posibilidades de alcanzar el grado más alto de evolución y el mayor potencial genético; y que como sociedad nos interpela a luchar, incesantemente, en pos de su erradicación. 57 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Bibliografía Bolsi, A. El mito de la opulencia argentina: territorio y pobreza en el Norte Grande. Revista Actas latinoamericanas de Varsovia N° 30, PP. 189-206. Buenos Aires, Argentina, 2007. Demonte, F. La construcción de la malnutrición infantil en la prensa escrita argentina durante la crisis de 2001. Revista Salud colectiva N° 7, pp. 53-71. Buenos Aires, Argentina, 2011. Longhi, F.; Gómez, A.; Zapata, M.; Paolasso, P.; Olmos, F. y Ramos Margarido, S. La desnutrición en la niñez argentina en los primeros años del siglo XXI: un abordaje cuantitativo. Revista Salud colectiva N° 14, pp. 33-50. Buenos Aires, Argentina, 2018. Palacios, A. Informe en Diario de la Cámara de Senadores de la Nación, 4ª a 7ª reunión, 3ª sesión ordinaria, pp. 11-287. Buenos Aires, Argentina, 1937. Rodríguez Marquina, P. La mortalidad infantil en Tucumán. Edición histórica a cargo de Fernando Longhi. Buenos Aires: Imago Mundi, ISES - CONICET – UTN. Buenos Aires, Argentina, 2012. 60 Políticas Sociales - Volumen II Por otra parte, Brugue y Goma (1998) ponen en relieve la necesidad de realizar una lectura de articulación territorial de los procesos sociales, dando cuenta de la división social del espacio involucrando a la vivienda, consumos colectivos y la estratificación urbana. El ámbito de la política urbana queda enmarcado en la toma de decisiones públicas sobre los procesos de consumos colectivos, en la esfera de la reproducción de la vida (donde tienen lugar consumos de servicios y mercancías) servicios regulados y gestionados como: vivienda, transporte, infraestructura vial, sanidad, educación y servicios sociales. La política social urbana actúa en la distribución secundaria del ingreso de la sociedad, e incide directamente en la distribución social del espacio. Afirmamos aquí que mejorar las condiciones de hábitat orientadas a la integración socio-urbana de la población, impacta positivamente en la reconstrucción de la economía y genera condiciones favorables para el desarrollo de las actividades económicas productivas y reproductivas. El acceso al hábitat digno garantiza el cuidado de la vida y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Proponemos, en esta mirada, recuperar la producción social del hábitat, en tanto proceso social que desde la lógica de la necesidad persigue el ejercicio de la actividad económica, de organización social, de abordaje integral, apoyado con recursos públicos. La huella de la lucha por el hábitat digno Hábitat digno es una bandera de luchas sociales, que en la Argentina lleva décadas enarbolándose. La construcción de hábitat adecuado para un gran sector de la población constituye una fuerte deuda interna que dificulta la producción y reproducción de la vida de muchos compatriotas. En el periodo 2005-2015 se llevaron adelante políticas públicas territoriales con la firme intención de planificar e invertir recursos en el territorio. Particularmente, la política habitacional fue muy activa y masiva. Entonces, los Planes Federales de Construcción de Vivienda (PFCV) fueron una respuesta a la falta de vivienda (o de espacios adecuados para habitar) y a la necesidad de generar empleo rápidamente. Esta fuerte inversión no registró en aquel momento la finitud del suelo público y la necesidad imperiosa de pensar en él como un principal insumo para la construcción de hábitat, como ya dijimos, emergente de la relación de propiedad que condiciona fuertemente el acceso al suelo urbano a gran parte de la población. El colapso de disponibilidad de suelo coincidió con la última fase de inversión del PFCV, la inaccesibilidad al suelo urbano, el empeoramiento del déficit habitacional, el agravamiento por el conflicto por la tierra, la aparición de financiamiento público para sectores medios-medios pobres, integrados al mercado laboral formal, la definición 61 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro del PROCREAR. Coincidentemente con este momento, emerge una respuesta que se venía construyendo desde un colectivo de actores sociales diverso, compuesto por universidades nacionales, organizaciones sociales y políticas, representantes políticos y legislativos, desde la militancia nutrida del campo del hábitat popular4. Se logró la sanción de la ley 14.449/12 de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos Aires. Esta ley es un instrumento de gestión pensado para la integración socio-urbana, que orienta la política urbana y establece pilares políticos para la gestión urbana, en busca de la integración socio-espacial y la justicia espacial: el derecho a la ciudad y a la vivienda; la función social de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos de desarrollo urbano. El Consejo Provincial de Hábitat y los Consejos Locales de Hábitat se desprendieron de la puesta en marcha de esta ley. Por otro lado, la Ley 341/00 de Producción Social del Hábitat, en CABA, también con un derrotero complejo de implementación, financiación y desfinanciación, ha permitido que muchas familias accedan al hábitat de calidad. Aún con dificultades para la implementación de estos dos instrumentos de gestión, no es poco contar con ellos. En el último Encuentro Nacional de Mujeres realizado en octubre de 2019 en la Ciudad de La Plata, en los numerosos grupos de trabajo de la Comisión de Hábitat se solicitó la nacionalización de ambos instrumentos. Los llamados “barrios populares”, espacios de segregación socio espacial muchas veces localizados en áreas ambientalmente frágiles, luchaban por hacerse visibles. El Registro Nacional de Barrios Populares RENABAP (D358/17) registra, visibiliza, localiza a los barrios populares. Entrar en el registro es el primer paso para un posible proyecto de urbanización, mejoras en las viviendas, en la urbanización, en la materialización de algún espacio social o público o en la dotación de infraestructuras. A junio de 2020, se registraron en nivel nacional 4416 barrios, aproximadamente 4.000.000 de personas. Nos permitimos relativizar aquí el alcance de la regularización dominial como política activa5 de mejoramiento del hábitat. Estas medidas tienden a convertir al usuario de la vivienda en propietario, y no apuntan centralmente a revertir las deficiencias del hábitat. Preferimos en esta instancia pensar en intervenciones integradas, en el espacio público y privado del espacio habitado, que se incorporen de forma relevante el juego de actores y las fuerzas sociales organizadas. Específicamente, proponemos recuperar la experiencia transitada por la política pública (2004-2011) a partir de la implementación del Programa Techo y Trabajo, posteriormente de Integración Socio Comunitaria, en tanto estrategia válida e integral de intervención 4 Originalmente, el colectivo Habitar Argentina respondía al nombe Argentina Urbana. 5 La ley 27.453, sancionada en 2017, constituye el régimen de regularización dominial para la integración social urbana. El D 184/20 integra partidas presupuestarias para constituir el Fondo de Integración Socio Urbana; y la Res. 52/20 genera el Programa Argentina Unidad por la Integración de los Barrios Populares. 62 Políticas Sociales - Volumen II socio espacial. Con financiamiento estatal y articulación de los gobiernos locales con las organizaciones sociales, se constituyeron en cooperativas para construir viviendas o equipamiento social, o mejoramiento de las condiciones urbanas, se desarrolló un proceso que en algunos casos se reconoció como “virtuoso” en tanto fortaleció a la sociedad y su inserción económica y las condiciones espaciales (Marichelar, 2011). Proponemos el desarrollo de una política pública que cualifique al espacio en tanto articulador de las relaciones sociales, de producción y con perspectiva de género. Invertir en el espacio, público y privado, brindar accesibilidad y equipamiento social a los barrios para promover la producción (textil, de alimentos, de manufacturas) o la economía de cuidado, estimamos, será la mejor forma de salir de este laberinto de precariedad espacial y social. Concluyendo Estamos en un punto nodal. Se ha registrado el problema urbano, de dificultades de acceso al hábitat digno. Ha sido problematizado y está presente la definición política de intervenir e invertir en el territorio. La organización social y las luchas sociales transitadas hicieron huella y cimentaron también una modalidad de participación y de definición de las políticas públicas, articuladas con actores institucionales. La implementación de políticas públicas de integración social orientadas a garantizar el derecho a la ciudad, que permitan ejercer el cuidado, individual y colectivo en espacios adecuados, es una forma de implementar la política con perspectivas de género. Son las mujeres las que cuidan, las que llevan adelante hogares pobres con niñes a cargo y las que necesitan del “urbanismo de cercanía”, que el espacio habitado, el hábitat, dé respuesta a las necesidades para la producción y reproducción de la vida. Con ánimos optimistas, Boaventura De Sousa Santos (2020) culmina su ensayo afirmando que “solo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y civilizadores será posible comenzar a pensar en una sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta en el que habita”. La cruel pedagogía del virus nos obliga a aprender del camino transitado. Por una ciudad para todes, donde el cuidado de la vida sea posible. 65 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Matriz de protección social: instrumentos, dispositivos y el perfil asistencial actual La protección social en la Argentina quedó -desde mediados del siglo XX- fuertemente ligada al trabajo asalariado formal y a la constitución de regímenes contributivos como principal mecanismo para el establecimiento de derechos, complementándose con las esferas denominadas universales -educación y salud-, ya consolidadas en el país. Avanzadas las dos últimas décadas del siglo XX, los estados de raíz neoliberal procuraron -en el marco de la ruptura de la sociedad salarial- la efectivización de medidas de protección ampliadas que no dependieran de las coberturas colectivas del seguro social. Y ante una masa poblacional inmensa en condiciones de ingresar al mercado de trabajo sin tener posibilidades de hacerlo, las respuestas estatales que se instrumentaron provinieron desde el campo de la asistencia- aunque en un principio en su versión más focalizada y residual-. Así, la implementación de programas sociales de transferencias monetarias que contribuyeran al alivio de las necesidades económicas más acuciantes fue una medida tomada, en ese contexto, en diferentes países de América Latina. En el caso de la Argentina, una de las respuestas más efectivas fue la implementación de diversas políticas que viabilizaron una esmerada combinación de los sistemas contributivos y no contributivos, con el objetivo de garantizar la extensión de las transferencias sociales. Resulta indudable que la Asignación Universal por Hijo (AUH) constituyó una importante fuente de transferencia de ingresos hacia los sectores más pobres y con un impacto considerable sobre el presupuesto de sus hogares, al igual que lo fue en su momento la ampliación del acceso al sistema previsional que permitió en el ingreso de personas que nunca habían aportado al mismo o lo habían hecho de manera parcial la incorporación de la jubilación para amas de casa, sobresalió en este marco, pues reconoció el trabajo no remunerado llevado adelante durante décadas por estas mujeres. El incremento notorio del presupuesto para programas sociales asistenciales basados en el trabajo y la inclusión social, conformó el otro eje de esta nueva matriz de la política social. 2020 se inició en la Argentina con una gestión de Gobierno que estableció, entre sus primeras medidas, una política de complemento integral alimentario a la AUH, vinculada en principio a la pobreza infantil que luego, en función de las condiciones de confinamiento impuestas por la pandemia, se amplificó, extendiendo su cobertura a otros sectores y estableciendo criterios de distribución diversos. La política pública adquirió un nivel de centralidad tal que por ejemplo posibilitó destinar hasta el 3% del PBI en la redistribución, tanto monetaria como material, de la renta social, produciéndose así un versátil y urgente redireccionamiento en el que se acentuó la cara asistencial del Estado. 66 Políticas Sociales - Volumen II Complementariamente a los programas alimentarios, se implementaron una serie de dispositivos y estrategias entre las cuales cabe destacar las destinadas al fortalecimiento del sistema de salud, infraestructura, insumos, recursos humanos, entre otros; a la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para la población trabajadora de la economía informal y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para la población asalariada; créditos bancarios a tasa cero para la pequeña y mediana empresa (PYME); el programa Potenciar Trabajo -reorganización programática y administrativa del anterior Hacemos Futuro y unificación con Salario Social Complementario (SSC)-; asistencia alimentaria descentralizada en diferentes vías -el reparto de bolsones desde instituciones escolares, municipios, organizaciones territoriales y de la sociedad civil sin anclaje territorial, a los fines de garantizar la mejor distribución en la población, entre otras. Trabajo: la informalidad como característica estructural en el capitalismo tardío ¿Qué características asume el trabajo en esta fase de acumulación? La pregunta tiene respuestas más que fundamentadas ya, de modo que intentaré exponer aquellos aspectos que, tras una precarización acelerada del empleo, consolidaron acceso y condiciones desiguales a la estructura laboral y modificaron sustancialmente las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, particularmente los más pobres. Sobre la idea construida respecto de la pérdida de relevancia del trabajo como organizador de la vida social, Ricardo Antunes (2013) dice que está asociada únicamente a la disminución de la estructura formal del empleo, por cuanto la capacidad productiva de las personas no se ha reducido, sino todo lo contrario. El trabajo no registrado, las actividades informales, el trabajo no remunerado, los proyectos familiares de autogestión y/o autoconsumo, incrementaron su presencia como estructurantes de la vida social, conformándose una “nueva morfología del trabajo” que, como la define el autor, está caracterizada por la informalidad, por la precariedad, por el avance exponencial del sector servicios, sector no industrial del mundo del trabajo actual, que en escritos posteriores denominará “precariado” (2019:185), atendiendo a la conformación y legitimación de formas laborales desprovistas totalmente de derechos y por la intangibilidad del trabajo que trae atada, a su vez, la intangibilidad del valor de ese trabajo. Los soportes simbólicos de esta “nueva” fisonomía pueden encontrarse, por un lado, en la desocialización producida por la expulsión de los circuitos tradicionales laborales; y por el otro, en la ampliación del trabajo invisibilizado que potencia nuevos mecanismos de valor, aunque bajo la apariencia del no valor y de la autoexplotación (Antunes 2013: 251). En la labor material, explica el autor, la relación mercancía-tiempo insumido 67 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro para producirla se combinaban y producían un valor. Sin embargo, en el trabajo inmaterial ello se vuelve imposible, puesto que no se puede medir ni el producto ni la actividad que representa su elaboración. La perspectiva de Antunes supone comprender -en congruencia con varios referentes del campo académico, político y de organizaciones territoriales- que las modificaciones producidas en torno de la estructura formal del empleo han impactado en el mundo del trabajo corriendo las fronteras de su mediación. Esta categoría convoca hoy a un amplio abanico de actividades no siempre remuneradas -diversas y heterogéneas- realizadas con los atributos de precariedad recién señalados y, en muchos casos, con una notable extensión de la jornada laboral, así como de la carga de tareas -algunos autores hablan de la doble jornada laboral que recae especialmente sobre las mujeres con tareas de cuidado-. En la consideración de estos aspectos, radica la importancia de la presencia del Estado en el acompañamiento de procesos sociales de importantes contingentes de la población, estructural y sistémicamente sobrecargados de trabajo “invisible” y no remunerado, que desarrolla su existencia con déficits de todo orden. Transferencias monetarias y renta básica: el antecedente del Piso de Protección Social (PPS) y algunas experiencias europeas En 2009, Naciones Unidas y los distintos organismos que reúne6 establecieron la noción de “piso de protección social” (PPS) como una iniciativa para enfrentar -en vinculación conjunta con los Estados parte- la grave situación socio-económica en que vivían amplias capas de la población, como consecuencia de la implementación del modelo neoliberal de crecimiento. Dos años después, la OIT, en una propuesta redactada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que plantea la definición del PPS como: “el conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo de la vida” (OIT, 2011:45), la adopta como herramienta de medición, especialmente en los países sin coberturas sociales mínimas garantizadas. La propuesta planteaba una participación estatal activa que se enfocara en el mejoramiento de los ingresos básicos de los tres grupos poblacionales definidos como prioritarios: niñez, el que conforman personas en edad avanzada y personas con discapacidad; y por último, el integrado por quienes, formando parte de lo que se conoce como población económicamente activa, no pueden generar ingresos suficientes para la subsistencia por sus propios medios -con una condicionalidad laboral como contraprestación-. 6 Organización Mundial del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. 70 Políticas Sociales - Volumen II suponía que la gente iba a encontrar trabajos estables y durables, lo que no sucedió en la realidad y hoy todavía sigue habiendo una negación de los poderes públicos sobre el hecho de que no hay trabajo para todos“. Retomando el trabajo del jurista español y respecto de su país de origen, comenta que el principal objetivo al que atiende el ingreso mínimo vital es “la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema; y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de la Seguridad Social promoverá la igualdad efectiva de todos los españoles” (2020: 405). Explica que se trata de una prestación económica mensual que cubre la diferencia entre los ingresos percibidos por la unidad de convivencia el año anterior y la renta garantizada para cada hogar. Por otra parte, se prevé el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral. Agrega a su vez que distintos estamentos ministeriales se ocuparán de promover la incorporación a la economía formal de personas que vienen trabajando fuera de ese ámbito, como modo de frenar el constante pasaje hacia las esferas informales. Ambas experiencias tienden a garantizar un ingreso para los crecientes sectores de la población desplazados del mercado de trabajo formal -aunque compatibles con la percepción de ingresos laborales propios- y atender a las dificultades que encuentran hoy las poblaciones jóvenes para asegurarse una inserción laboral, en el marco de una concepción de acceso a la inserción social, a la participación ciudadana y la continuidad en el mercado laboral, perspectiva que si bien con restricciones en su implementación, se mantiene alejada de la visión meritocrática de la pobreza que aún persiste -en Latinoamérica en general y en la Argentina en particular-, en torno de la provisión económica a los hogares realizada por el Estado. Las disputas presentes hoy en la Argentina, respecto de una transferencia monetaria estatal garantizada, están planteadas en torno a dos de los tres atributos principales que esta política condensa: universalidad e incondicionalidad. Respecto de la primera, se plantea la polaridad entre renta básica universal o renta básica a la niñez y si es a la niñez, si debería estar o no ligada a la condición laboral de los padres. Acerca de la segunda, las dudas rondan en la exigencia o no de las contraprestaciones; y si las mismas debieran basarse en una condicionalidad laboral. Respecto del tercer aspecto, el de la individualidad, no se han presentado aún mayores debates -tal vez porque esta característica es contributiva de los programas sociales vigentes-, pero sobre el mismo pueden tomarse como ejemplo las rentas básicas de Francia o España, tal como se desarrolló precedentemente. En ambas se estipulan transferencias mensuales que complementan los ingresos familiares del grupo conviviente -en la primera medidos trimestralmente y, en la segunda, de forma anual-, lo que podría constituirse en una opción en vistas a su implementación en la Argentina. 71 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Ingreso ciudadano: consideraciones acerca de su implementación en la Argentina Trataré de reunir en este apartado aquellas consideraciones que brinden elementos de análisis en torno a la implementación de un ingreso ciudadano en la Argentina, nominación que también trataré de argumentar en el recorrido de este último tramo de la presentación. Dentro del sistema de protección social argentina, la AUH puede considerarse como una renta básica hacia la niñez, dado que se trata de un programa masivo de transferencias monetarias condicionadas -si bien ligado a la situación de inserción laboral de los padres-, sobre el que ya hay consensos establecidos y su implementación data de manera ininterrumpida desde 2009. Hay quienes, desde diferentes ámbitos, convalidan la noción de que este plan es en efecto un acercamiento concreto a la universalización de la asistencia a la niñez y hay quienes postulan que se requeriría de otro marco de institucionalidad que garantice un ingreso a la niñez con carácter universal, incondicional -no vinculado a la situación laboral de los padres- e individual. Podría pensarse que, sobre la base de la plataforma institucional creada para la implementación de la AUH, puede asentarse a su vez una política de ingresos familiares que albergue en su interior el compromiso de atender otras situaciones familiares, como son las vinculadas a la feminización de la pobreza. La sobrerrepresentación de familias monoparentales femeninas que subsisten en hogares con ingresos inferiores a los establecidos para la medición de la línea de pobreza, constituye un dato más que elocuente sobre el cual insistir para diagramar su abordaje. En este sentido, la implementación del IFE anidada en una percepción anterior, la AUH, se considera hoy un punto de partida para pensar la distribución secundaria del ingreso destinada a las familias. Otro eje fructífero para el análisis del ingreso ciudadano es el de la política de asistencia monetaria desplegada en la coyuntura impuesta por la pandemia del COVID-19. Si bien en la emergencia, la implementación del Programa de Ingreso Familiar de Emergencia y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción -9.000.000 de personas el primero y cerca de 2.000.000 el segundo-, ha alcanzado la cobertura de una amplia franja de la población que sufrió importantes reducciones económicas en sus hogares. Esta política, que hoy constituye una de las fortalezas para afrontar la contingencia, se erigiría como una política compensatoria de ingresos si se prolongara en tiempo. ¿Por qué? En primer término, el número de personas a los que ha llegado el IFE, denota la masividad del sector informal de la economía en la estructura laboral actual. En segundo lugar, los datos brindados por Naciones Unidas (Natanson, 2020: 4) -organismo que estimó para el segundo semestre de 2020 un 40% de pobreza, 10% de pobreza extrema y 15% de desempleo en la Argentina- que revelan la emergencia de la cuestión social y las serias dificultades para amplias franjas de la población para subsistir sin la asistencia estatal. En tercer 72 Políticas Sociales - Volumen II lugar, las referencias teóricas explicitadas en el punto 2 de este artículo, sobre la distopía de la implementación de políticas sociales atadas al seguro social y a la asistencia focalizada, las que serán no sólo insuficientes sino replicadoras de otras muchas vulnerabilidades que derivarán en más asimetrías y desigualdad. Ahora bien, pareciera que el consenso sobre la aplicación de políticas redistributivas caduca junto con la finalización del confinamiento. Considero en contrario que, en el contexto post-pandemia, el Estado estará igualmente obligado a desarrollar estrategias de compensación y una de ellas podría ser el establecimiento de un ingreso sistemático y mensual complementario los ingresos familiares. Podría perfilarse entonces una acción estatal que considere la combinación de recursos monetarios a los que las familias pueden acceder y entre los que el trabajo se constituya en una fuente de ingresos, pero no la única. Rubén Lo Vuolo (2020) -si bien más amplia y fundamentada que lo que aquí se extrae-, sostiene que es posible la implementación, de manera sostenida, de una política de ingresos aplicada de forma gradual, que si bien se inicie en los grupos de edad con requerimientos prioritarios, continúe posteriormente con otros colectivos hasta garantizar la cobertura de necesidades humanas básicas y que, para su implementación, se desarrolle complementariamente una reforma del sistema tributario en su conjunto, que permita la factibilidad de su presupuesto económico. A su vez, la garantía de suficiencia económica está acompañada, tanto en las propuestas argentinas como en las de los países centrales analizados, de la garantía en el acceso de otros bienes colectivos. Podría pensarse así que, en un contexto de importantes desafíos, una política de ampliación extendida de prestaciones monetarias sería parte no sólo de un piso de protección social sino de la construcción de una política social integral, que cumpla con el objetivo de incluir y que atienda fundamentalmente la multimensionalidad en la que la pobreza se expresa. En este sentido, el desarrollo de infraestructura básica y el mejoramiento de hábitat, aparecen como alternativas aliadas a lo ya instituido. La incertidumbre radica en este punto, en los atributos que el trabajo, como categoría social, desplegará al interior de la política social: ¿será considerado complementario de la transferencia monetaria o quedará ligado, en calidad de constraprestación, a la implementación de programas socio-laborales? En sintonía con el planteo de Lo Voulo, el autor español citado precedentemente, dice al respecto: “La respuesta jurídica y social no puede ser la vuelta a la caridad, la compasión, la indiferencia o a una postura reaccionaria según la cual el derecho a la protección contra la pobreza consistiría en el derecho a protegerse contra los pobres (“aporofobia”); muy al contrario, debe prevalecer una posición de articulación jurídica que muestre que tal derecho no tiene alergia alguna a su efectividad y justiciabilidad.” (2020: 420). También apela al criterio de progresividad, señalando que sería una 75 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Natanson, J. La redistribución del virus. Editorial de Le Monde diplomatique N° 254, pp. 2-3. Editorial Capital Intelectual. Buenos Aires, Argentina, agosto de 2020. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe grupo consultivo presidido por Michele Bachellet, convocado por OIT con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ginebra, Suiza, 2011. Disponible en: www.ilo.org/ publns. Recuperado el 24 de julio de 2013. Roca, E. Asignación Universal por hijo (AUH): extensión de las asignaciones familiares. Revista Debate Público, reflexión de Trabajo Social pp. 29-43. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 2011. Disponible en: http://www.trabajosocial.fsoc.uba.ar/web_revista/ PDF/6_roca.pdf. Recuperada el 22 de julio de 2013. 76 Políticas Sociales - Volumen II Propuesta en relación con la pandemia y el trabajo infantil María del Rosario Varela Universidad de Buenos Aires El escenario actual, vinculado a la emergencia del COVID-19, impone múltiples desafíos a la política en general y particularmente a la política social. En relación con ello, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) ha realizado una serie de intercambios con diversos sectores, lo que incluye una invitación específica al mundo académico para hacer llegar aportes y propuestas que puedan volcarse en futuras acciones en el ámbito de su incumbencia. En respuesta a esa convocatoria, este documento se centra en el previsible incremento del trabajo infantil y en las posibles intervenciones para reducir dicha posibilidad. A partir de 1996, en que la Argentina firma el Memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el cual el país se compromete a llevar adelante una política destinada a erradicar el trabajo infantil, el tema ingresa en la agenda pública. Se inicia entonces un proceso de avances institucionales y normativos que cobra mayor impulso desde 2003 en adelante. La ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, sancionada en el 2008; y la Ley 26.847 que penaliza el aprovechamiento de mano de obra infantil, sancionada en el 2013, son los dos instrumentos fundamentales que integran el marco legal específico. A los fines de este artículo, interesa recordar que, según la Ley 26.390, el trabajo de los menores de 16 años de edad está prohibido y el de los adolescentes entre 16 y 18 años se permite con limitaciones relativas a los horarios en que se lleva a cabo, las horas diarias o semanales de dedicación y los tipos de actividad a desarrollar. El artículo 8º de dicha Ley establece como excepción que las niñas y los niños de entre 14 y 16 años pueden ser autorizados por el área laboral de la jurisdicción para 77 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro trabajar en empresas de familia en horarios acotados, no más de 3 horas diarias o 15 semanales, siempre que no se trate de actividades penosas, peligrosas o insalubres, que cumplan con la escolaridad y que la empresa no esté subordinada económicamente o sea contratista de otra empresa. Esta última condición reviste particular interés para evitar que empresas de cierta envergadura comercialicen productos que hayan sido realizados con mano de obra infantil en algún tramo de la cadena de valor (Varela, 2019). A pesar de los avances mencionados, cuando las condiciones sociales se agravan, existe el riesgo de que aumente la participación laboral de niñas y niños en el grupo familiar, a la vez que se tolere considerándola como el “mal menor”, incluso por agentes de los organismos públicos (Cardarelli et al., 2007). Ello implica desconocer los riesgos que supone para la salud y la educación infantil, pero, fundamentalmente, naturalizar el hecho de que sean esas niñas y niños quienes deban hacerse cargo, aunque sea parcialmente, del sostén económico del hogar. No obstante, las posibles soluciones deben orientarse a ofrecer alternativas más que apuntar a un cumplimiento estricto de la ley, desacoplado de las condiciones del contexto. Ese es el sentido de esta propuesta. Complejidades y desafíos actuales Según declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la política social de la post-pandemia se llevará adelante a partir de tres ejes: trabajo, ingreso universal, urbanización de villas. El objetivo a mediano plazo es ir reduciendo el presupuesto destinado a cubrir necesidades alimentarias e incrementar lo destinado a promover el trabajo8. Para ello, el apoyo público se va a enfocar en la construcción, la producción de alimentos, el textil, el reciclado y el cuidado de personas9. Las cuatro primeras son actividades proclives a la participación familiar y, por tanto, sensibles al trabajo infantil. En el caso de la construcción, también debe considerarse la fabricación de ladrillos por estar íntimamente relacionada y donde suelen participar menores de edad. Lo mismo sucede en la producción de alimentos, cuando su comercialización se realiza en la misma empresa familiar o mediante venta callejera, al igual que en el caso de la industria textil y de la fabricación de indumentaria, que también suelen ser producciones familiares, con frecuencia realizadas en el ámbito doméstico. Es decir que las políticas de apoyo a los sectores mencionados pueden tener como contracara el aumento del trabajo infantil. Se hace necesario, entonces, considerar alternativas que permitan reducir ese riesgo. 8 Potenciar trabajo: quiénes serán beneficiarios del bono extraordinario de $3.000. En Filo.news. Buenos Aires, Argentina, 2 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.filo.news/actualidad/Potenciar-trabajo-quienes-seran-beneficiarios-del-bono- extraordinario-de-3.000-20200802-0023.html. Consultado el 7 de agosto de 2020. 9 Arroyo en Crónica HD: “Subió mucho la gente que asiste a comedores”. En Crónica digital. Buenos Aires, Argentina, 19 de julio de 2020. Disponible en: https://www.cronica.com.ar/politica/Arroyo-en-Cronica-HD-Subio-mucho-la-gente-que-asiste-a- comedores-20200719-0068.html. Consultado el 27 de julio de 2020. 80 Políticas Sociales - Volumen II Bibliografía Cardarelli et al. La dinámica institucional del trabajo infantil y adolescente. Entre las percepciones y las prácticas, en Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT): El trabajo Infantil en Argentina. Análisis y desafíos para la política pública, pp. 129-176. Buenos Aires, Argentina, 2007. Copreti. Guía Protocolo de Articulación para el abordaje del Trabajo Infantil en la Provincia de Buenos Aires. UNICEF. Buenos Aires, Argentina, 2010. Disponible en: http://white.lim.ilo.org/ ipec/documentos/protocolo_ti__copreti_unicef.pdf. Consultado el 7 de octubre de 2020. Faur, E. El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina, 2014. 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En nuestra experiencia, desde el acompañamiento realizado a los y las titulares, hemos promovido la compra de motos como un recurso necesario para fortalecer proyectos de autoempleo y/o incorporación de los y las titulares en el mercado laboral formal o informal. Lo relacional y simbólico debe ser considerado un terreno de disputa para que exista una real apropiación del sentido de las políticas y estas se conviertan en derechos cuyos y cuyas titulares estén dispuestos y dispuestas a defender. 2. Uso de tecnologías y sitios web como herramientas obligatorias para el acceso/ permanencia a programas: En cuanto a la accesibilidad, y teniendo en cuenta la experiencia del Programa Hacemos Futuro, creemos importante remarcar que el uso de tecnologías en los circuitos administrativos y procedimientos que deben operar los y las titulares, debería ser optativa y no único medio de comunicación y gestión. Si los diseños de política pública proponen la utilización de tecnologías y sitios web teniendo en cuenta la potencia de los mismos para la trasparencia, agilidad y acceso remoto, se propone trabajar en una estrategia paralela que tome como contenido de la política en términos de tiempos, capacitación y acompañamiento o referencia a esquemas tutoriales que partan de la realidad de las personas bajo programa. Los grupos de mujeres migrantes, que en innumerables situaciones no han accedido a dispositivos tecnológicos, con excepción de los celulares y/o los grupos de hombres cercanos a la edad jubilatoria en general vinculados a sectores productivos como la construcción o producción agrícola, que muestran serias dificultades de lectoescritura para estar en condiciones de ubicar, comprender y operar sistemas de turnos, formularios a identificar y/o completar. Un punto aparte es la impresión de planillas, ya que no se cuenta con lugares accesibles para hacerlo, teniendo en cuenta el proceso de acompañamiento necesario. Recuperar el anclaje territorial en la gestión es clave para la accesibilidad. En este sentido, consideramos importante señalar que sostener la continuidad en el tiempo de las unidades administrativas, capacitadores y ejecutoras, debido a su referencia para los sujetos es parte de esa clave. 3. Perspectiva de género: Adherimos a la importancia que tiene la transversalización de la política pública en clave de género, creemos que es necesario entenderla como dimensión transversal al proceso de gestión de los programas, incluyendo el trabajo con agentes estatales involucrados. Sin embargo, la experiencia indica que la perspectiva de género definida en los diseños, en ocasiones desconoce o subestima los procesos culturales de las y los titulares de los programas. De 86 Políticas Sociales - Volumen II esta forma, equiparaciones buscadas en programas que de manera obligatoria proponen roles vinculados al sector de la construcción, en algunos casos logran interpelar las funciones asignadas por el patriarcado, pero en otros se presentan como una obligación no comprendida por las mujeres y los hombres a que las primeras realicen tareas que consideran masculinas o se expongan a la realización de fuerzas o actividades que no creen adecuadas para realizar. En este sentido, los diseños provocan involuntariamente subregistros de situaciones en las que estas cuestiones se juegan. Por ejemplo, quien/quienes/ cómo se bajan las bolsas de cemento de 50 kg del camión cuando llegan. O cuales son las tareas que una mujer sana embarazada puede realizar. Del mismo modo, podemos preguntarnos cómo diseñar políticas que no refuercen en el largo plazo los roles estereotipados de las mujeres vinculados al cuidado de personas propias o ajenas o la realización de tareas domésticas, pero que partan del reconocimiento que ese sector precarizado de actividad es un empleador importante de mujeres pobres. Es decir, desconocer esta situación o no partir de la misma, significa no reconocer de qué viven y cuáles son las estrategias históricas y actuales de sobrevivencia de las mujeres. Este punto constituye sin dudas un nudo crítico para el diseño de políticas con perspectiva de género. Proponemos aquí manejar estrategias en dos tiempos: la profesionalización mediante capacitaciones de las tareas domésticas y de cuidado en el corto plazo; y la incorporación de nuevos saberes para que en el mediano y largo plazo las mujeres tengan mayores herramientas de autonomía y diversidad laboral. En este sentido, cada proceso de implementación y gestión lo comprendemos en el alcance que Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio le dan al concepto de gestión como un espacio donde se constituye la demanda (Chiara, Di Virgilio 2008). Así, cada proceso de gestión es una oportunidad inmejorable para ajustar diseños que promuevan la perspectiva de género respetuosos de las culturas y características de las poblaciones sujeto de la política que implementamos. En este caso, el punto aparte lo constituye una situación negada en la mayoría de los diseños de políticas sociales de los últimos años: la presencia de niños y niñas con las mujeres bajo programa. Si bien se reconoce como una característica central de la vida de las mujeres, por ejemplo para la definición de criterios de accesibilidad a la política, entendiendo la injusta distribución de tareas vinculada a los cuidados que recae sobre ellas, el diseño operativo de la política no los y las incluye, generándose situaciones de presencia de niños y niñas en lugares no preparados para que puedan estar. El diseño de las políticas debe no sólo contemplar dicha realidad, para no reforzarla de forma indirecta, sino que debe orientarse a generar mayores niveles de independencia económica, autonomía y equidad. Facilitar el 87 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro acceso de los programas por parte de las titulares; así como el abordaje de situaciones emergentes de violencia contra las mujeres es necesario, pero no suficiente. Sobre todo, considerando que la violencia de género es una problemática que no es posible resolver sin independencia económica y sin trabajo sobre la dimensión subjetiva que las propias mujeres tienen que transitar. Nuevamente, la perspectiva de género puede ser una propuesta emancipadora o un diseño que no reconoce la situación de los grupos con los que trabaja, proponiendo desde una concepción normativa cambios en los posicionamientos y acciones que no llegan de un día para otro. 4. Flexibilidad en los diseños: Partimos de la propuesta de Carlos Matus de entender que el Plan se completa en la acción (Matus, 1997). Esta perspectiva nos aligera la pesada herencia de la planificación de tipo normativa, que concibe al diseño como un esquema a cumplir a rajatabla y entiende los sucesos que no se adecuan, como desvíos en los procesos de implementación que deben ser corregidos. Adscribimos a una concepción desde la cual se planifican las políticas que incluya como lo hemos planteado en párrafos anteriores, una mirada situacional, flexible e integral. Situacional para poder contener los aspectos locales y comunitarios de la implementación, sosteniendo la tensión entre lo universal y lo particular implícita en la relación entre lineamientos generales del diseño de una política con las particularidades territoriales. Para ello es fundamental fortalecer la participación de las organizaciones y actores territoriales no sólo en la implementación sino en las actividades de evaluación y diseño. No podemos reducirlos a ejecutores de diseños que le son ajenos, sino profundizar experiencias donde las organizaciones sociales o bien incorporaran mujeres y hombres en roles de responsabilidad de la política pública en las dependencias gubernamentales, o participan en dispositivos espacialmente dispuestos por cada estructura programática para evaluar y tomar decisiones sobre el diseño de la política. La fragmentación del proceso de producción de la política pública en etapas no vinculadas ha sido un problema serio en nuestro país. ¿La propuesta? Nuevamente, el concepto de momentos proporcionado por Matus aporta la necesidad de la retroalimentación de las fases del proceso, sintetizadas en la construcción de la agenda, formulación, implementación y evaluación (Meny y Thoening, 2002). Entonces tendremos diseños flexibles para que estén en dialogo con los ajustes informados en y por los procesos de implementación/gestión (Sotelo). Habilitar diseños flexibles y situados en función de la unidad ejecutora y las características específicas de la población destinataria en un territorio en particular, sería un salto cualitativo de envergadura respecto de experiencias pasadas. En cuanto a su integralidad, nos referimos a implicar la cogestión multiactoral, transversalidad y coordinación interministerial de tal modo de resolver realmente las dificultades 90 Políticas Sociales - Volumen II impositivas indeseadas para los y las titulares de programa. Tasas municipales, presentaciones periódicas de ingresos brutos, mantención de cuentas en bancos por parte de la cooperativa entre otros ejemplos. En este sentido nos hacemos la siguiente pregunta ¿No podrían pensarse otras alternativas elegidas por los titulares en función de sus posibilidades reales de sostenimiento? En todo caso, si la apuesta decantara nuevamente por la figura de cooperativa, evaluar las experiencias transitadas pareciera ser una clave en relación a los aprendizajes de los últimos años. Otro interrogante que nos plantean las experiencias pasadas es si el monotributo social es útil para las cooperativas u otras figuras asociativas en las que puedan derivar los nucleamientos promovidos por programas sociales centrados en el trabajo y la producción. Nuevamente, aparece un tratamiento que puede tener como riesgo reforzar las condiciones de pobreza de los y las titulares de este tipo de políticas. Proponemos revisar los montos máximos de facturación, ya que han representado limites muy estrechos al desarrollo del potencial de muchas iniciativas y el incremento de los ingresos de una familia que se encuentra aún muy lejos de llegar a los estándares de calidad de vida vinculados al monto mínimo de ingreso. En los y las titulares, esta situación genera un sentimiento fuerte que no puede ser pasado por alto: estar un poco mejor de ingresos te saca automáticamente del lugar de titular de derecho de un programa estatal, por lo que esta situación enfrenta a las personas a si podrán sobrevivir por su cuenta, mostrando procesos de retroceso en el logro de su autonomía como consecuencia del sentimiento de perder su lugar de titularidad del derecho. Aquí entendemos que las estrategias vinculadas a permanencias temporales y/o posibilidades de regreso sin pérdida de su pertenencia al programa, sumado a la revisión de los montos en los límites de facturación pueden constituir una opción viable. En este sentido la temporalidad en el logro de objetivos parciales es una clave de diseño que consideramos central. Que una persona o conjunto de personas estén en condiciones de facturar, manejar una cuenta en el banco con ingresos y egresos vinculados a acciones productivas, que se encuentre en condiciones de solicitar asesoramiento contable y sea capaz de solicitar créditos, no se logra en meses. Son objetivos de política de largo plazo que funciona de manera directamente proporcional a la cantidad de años que esa o esas personas estuvieron al margen de este tipo de actividades. Si bien entendemos la tensión a la cual se enfrentan los funcionarios y las funcionarias de lograr resultados en el periodo de gobierno en el cual son elegidos y/o propuestos; y el logro efectivo de los cambios en las subjetividades y realidades de los titulares de programa, apostamos a una política pública capaz de encontrar vínculos entre ambas necesidades y establecer modos de avanzar acumulando positivamente la experiencia ya transitada. 91 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro 3. Rol del Estado como demandante de la producción de la EPSyS: Si bien nuestro país cuenta con innumerables experiencias en las que el Estado compra los productos y/o servicios de la EPSyS, consideramos fundamental que el mismo tenga mayor participación, no sólo con transferencias, sino en la garantía y construcción de la demanda a las unidades asociativas y en las estrategias de mejoramiento de la productividad y de productos que generen valor agregado. Si las políticas sociales se centran en la EPSyS, se deben generar una serie de estrategias que las aborden de manera integral y tengan en cuenta los procedimientos, restricciones, condicionalidades de los procesos de compras y contrataciones regulados en los organismos gubernamentales. El diseño que permite la compra de los productos de la EPSyS sin tener en consideración los plazos, las condiciones de calidad y precio de las producciones realizadas en unidades productivas vinculadas a programas sociales, en ocasiones mostradas por la experiencia transitada, generan falsas expectativas en los grupos sociales responsables que terminan presentándose a licitaciones que aun con la normativa que permite priorizar estos emprendimientos bajo igualdad de condiciones de precio, plazo y calidad, no son posibles de ser elegidas por encontrarse lejos de los parámetros explicitados por el sistema de compras y contrataciones del Estado. 4. Servicios de cuidado de personas: Es necesario priorizar algunos sectores productivos ligados a la EPSyS (alimentación, textil, tareas de cuidado, reciclado y oficios, entre otras), para luego generar condiciones que dinamicen y fortalezcan este sector socio-productivo: financiamiento, soluciones tecnológicas apropiadas, construcción de tramas de valor, modalidades de comercialización alternativa, fortalecimiento organizacional, compras institucionales y complementación de las políticas en sus diferentes niveles: local, provincial y nacional. La generación de mesas o espacios de trabajo locales, regionales o provinciales, favorecen la planificación entre las organizaciones y el estado, construyendo los diagnósticos y las líneas de acción necesarias en la inclusión laboral y productiva. En relación a la dimensión de capacitación, para que este esfuerzo sea efectivo debe encontrarse en vinculación con la demanda del mercado de trabajo de forma situada. Esto es, pensada para puestos de trabajo específicos y/o nichos sin cobertura. Por otra parte, generar espacios de capacitación en el marco de la EPSyS que mejoren las capacidades de los sujetos y las sujetas en la producción de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades colectivas de los barrios y comunidades urbanas y rurales. Teniendo en cuenta el aumento en la demanda en el cuidado de niños, niñas y adultos mayores, consideramos que ambos grupos etarios requieren de formaciones que profesionalicen este sector de actividad, entendiendo que 92 Políticas Sociales - Volumen II la oferta formativa tiene que ser por complejidad creciente, articulando las propuestas de formación profesional con los esquemas terciarios y universitarios. El cuidado de personas requiere un abordaje de este tipo para proponerle a la persona que lo transita como formación, un horizonte de mejora en su calificación y esquema de ingresos por un lado y la apuesta a mejorar los niveles de calidad a quienes requieren del servicio. Cuidadores formados en cursos de 300 horas, pero también trayectos formativos que le ofrezcan articular con terminalidad educativa y propuestas universitarias como acompañantes terapéuticos, enfermeros y enfermeras, universitarios etc. 5. Figuras de formación con acreditación académica: En los últimos años ha proliferado la figura de diplomaturas como propuestas académicas diseñadas para titulares de programas sociales. Sin embargo, son figuras que no se encuentran claramente reguladas. Son acreditadas pero no incluyen campos de incumbencias. No tienen la habilitación de los certificados de formación profesional ni de los títulos terciarios ni universitarios. Proponemos un análisis y el establecimiento de reconocimientos de campos específicos, teniendo en cuenta que un nicho de saberes no reconocidos son aquellos roles que proponen algunas legislaciones que no son retomadas luego por ningún centro académico para el desarrollo de contenidos. Entendemos que, en caso de avanzar en este sentido, hay que garantizar un reconocimiento como actividad formalizada en el marco de los programas sociales. Acompañamiento a víctimas de violencia, acompañamiento en procesos de producción de hábitat, acompañamiento de procesos de organización comunitaria y/o promoción de la salud y del cuidado de las infancias entre otros. 95 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Dirección de Gestión de Políticas Públicas. Implementación del Programa de Formación para el Trabajo y los Oficios - Unidad ejecutora UNLP del PRIST Argentina Trabaja. Buenos Aires, Argentina, 2017. Recuperado de https://unlp.edu.ar/frontend/ media/56/25356/76b15c28428e0fe8a0e76ba1959efebc.pdf Dirección de Gestión de Políticas Públicas. Informe de sistematización del Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja, La Plata, 2010 - 2015. Buenos Aires, Argentina, 2015. Recuperado de https://unlp.edu.ar/frontend/ media/85/25185/3b4e2e61d64b7cf150d63a22722cb1ee.pdf Dirección de Gestión de Políticas Públicas. Evaluación integral del Programa Ellas Hacen, aplicación en La Plata 2014. Buenos Aires, Argentina, 2014. Recuperado de https://unlp.edu.ar/frontend/ media/86/25186/7987e7de5fc94ccc8589a3ac310c368e.pdf Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Documento de Resolución de creación del Programa Ingreso Social con Trabajo n° 3182/09. Disponible en: http://www.desarrollosocial. gob.ar/ingresosocialcontrabajo. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Documento de Resolución de creación del Programa Hacemos Futuro. Disponible en www.desarrollosocial.gob.ar Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Documento de Resolución de creación del Programa Potenciar Trabajo. Disponible en: www.desarrollosocial.gob.ar 96 Políticas Sociales - Volumen II Salud en tiempos de COVID-19 Redes barriales en acción María Daniela Abraham Glenda Henze Dolores Verón Mariana Butinof Universidad Nacional de Córdoba Ricardo Chanquia Ana Gomez Centro de Salud 90 – Municipalidad de Córdoba Para dar inicio a este escrito es preciso mencionar que el mismo parte de la articulación entre la comunidad de Barrio Ituzaingó Anexo, el Centro de Salud Nº90 perteneciente a la municipalidad de Córdoba, organizaciones barriales y la Universidad Nacional de Córdoba (Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Sociales), en el marco de una crisis socio-sanitaria, implicando el estar aquí y ahora como sujetos activos. Este trabajo recupera, en primer lugar, la historia de lucha del Barrio Ituzaingó Anexo, para luego anclar este relato en el hoy, pandemia COVID-19. Esta experiencia situada, es decir realidad explicada por un actor que vive en ella en función de sus acciones e interacciones, invita a un debate sobre las políticas de cuidado que nos atraviesan actualmente, reflexionando con actores sociales, definido por Matus (1987)11 “como una personalidad, una organización o una agrupación humana que en forma estable o transitoria tiene capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en situación”, sobre qué políticas sociales y de salud necesitamos y cómo deberían ser puestas en marcha. Dicho de otro modo, ensayar cómo podría ser el modo más efectivo de articulación entre desarrollo social, salud, ambiente, educación, trabajo, en términos de políticas sociales, sanitarias, ambientales, para el cuidado integral de las personas y las comunidades. 11 Matus C. Política, planificación y gobierno. Organización Panamericana de la Salud. Washington, EE.UU., 1987. 97 Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro Historia del barrio: habitar el territorio El Barrio Ituzaingó Anexo se encuentra situado al sureste de la Ciudad de Córdoba, por fuera de la Avenida de Circunvalación, entre la ruta nacional 9 y la autopista Córdoba- Pilar. Cuenta con aproximadamente 5000 personas, que habitan en 1200 viviendas en 30 manzanas, según datos intercensales de 2010. La zona está atravesada por problemáticas de tipo ambiental que marcaron los procesos organizativos de los últimos diez años. Ituzaingó Anexo limita con campos utilizados desde los años ’40 para la producción agrícola. A partir de la incorporación de agrotóxicos en la producción, este territorio y los vecinos y las vecinas fueron sometidos a fumigaciones que se utilizaban para el monocultivo de soja. A partir de 2001, un grupo de madres comienza a notar mayor presencia de niños y niñas, vecinos y vecinas con barbijo, vinculando estas situaciones con las fumigaciones. Desde ese momento, la hoy organización Grupo de Madres comienza un camino de lucha exigiendo la acción del Estado respecto a la situación de salud de los vecinos y las vecinas; y el freno de las fumigaciones. Fruto de la presión vecinal y de las organizaciones barriales, en mayo de 2002 Ituzaingó Anexo es declarado Zona de Emergencia Sanitaria a partir de la ordenanza Municipal Nº10505 (actualmente vigente) y se instala una Unidad Primaria de Atención a la Salud (UPAS), hoy reconvertido en el Centro de Salud nº 90. Consecutivamente se implementaron algunas medidas reparatorias como: cambio del sistema de provisión de agua (de pozo a la instalación de la red de agua potable), cambio de transformadores de luz que contenían PBC a red de cableado eléctrico, tapado de los tanques de agua de las familias y asfaltado de las calles. A partir de 2014, en las tierras inutilizadas por las fumigaciones, comienza a desarrollarse una nueva organización habitacional precarizada, producto del crecimiento poblacional de la zona debido a migraciones del campo a la ciudad. Complementariamente, datos locales obtenidos del diagnóstico socio-sanitario ambiental realizado en 2010 por el Centro de Salud Nº 90, revelan como principal causa de muerte los tumores, destacando como grupo a los y las jóvenes; una alta exposición e incidencia de personas adultas mayores con enfermedades no transmisibles, con elevadas complicaciones por escasa capacidad de atención y seguimiento luego del diagnóstico, sumado a la presencia de hábitos reconocidos como factores de riesgo: falta de información para el autocuidado, alto consumo de alimentos procesados, concentrados en grasas e hidratos de carbono; y escasa o nula actividad física. Estos antecedentes fueron el fundamento para que, desde 2009, la comunidad, el centro de salud y la Universidad trabajaran sistemáticamente y de manera articulada con el fin de poder atender las determinaciones sociales del territorio; condicionantes que influyen en la resolución cotidiana de las necesidades de la comunidad.