reflexiones sobre la guerra, Tesis de Historia

¡Descarga reflexiones sobre la guerra y más Tesis en PDF de Historia solo en Docsity! REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA VIOLENCIA Y LA PAZ EN COLOMBIA Por Fernán E. González* Detrás de las opciones violentas para resolver los conflictos y de la creciente autonomía y difusión de las formas de violencia en el seno de nuestras sociedades urbanas y rurales, locales y regionales, se encuentran como telón de fondo una serie de condiciones históricamente creadas, las cuales tienen que ver con la construcción del Estado colombiano, la colo- nización urbana y rural, la dificultad para integrar los distintos «micropoderes» con la «sociedad mayor» y el Estado y finalmente, con la presencia del narcotráfico. 1. Científico político e Historiador. Universidad de California, Berkeley. Investigador del CINEP. Profesor Universitario. Asesor externo del proyecto «Modernización, Identidad Nacional y Cultura Política», coordinado por el DIUC y cofinanciado por COLCIENCIAS. as presentes reflexiones son fru- to de la investigación interdisciplinar realizada por el equipo Conflicto So- cial y Violencia del CINEP, que trata- ba de combinar los enfoques estruc- turales y coyunturales de las violen- cias colombianas, en una mirada his- tórica de larga duración. Esta mirada pretendía enmarcar esos enfoques dentro del proceso de configuración del Estado y de la sociedad, a partir de los procesos de poblamiento, de con- figuración de las distintos tipos de co- hesión social y política, relacionadas siempre con los procesos de construc- ción de las instituciones nacionales y expresadas en los imaginarios políti- cos, desde los cuales se perciben, juz- gan y valoran los acontecimientos de la vida política. A partir de estos pro- cesos, nuestra mirada trataba de acer- carse a las violencias colombianas de la manera menos ideológica y polarizante posibles, buscando supe- rar las lecturas hechas desde los polos del conflicto, para entenderlos desde una lógica que pudiera abarcarlos y entenderlos a todos, casi a la manera de un extraterrestre. Esta mirada supone la supera- ción de los enfoques maniqueos y complotistas, de uno u otro lado, que tienen previamente identificados a los malos y a los buenos dentro de una interpretación estática y moralista de los sucesos, que lee los hechos violentos de manera totalizante e indiferenciada. Estos enfoques con- ciben la violencia como producto in- tencionado de un plan maligno, pen- sado y llevado a cabo por agentes casi demoníacos, a veces obedeciendo a consignas de una oscura conjura de origen internacional. Y omiten toda consideración sobre el contexto social, económico, cultural y político donde se enmarcan los fenómenos violentos, lo mismo que cualquier acercamiento a la lógica interna y subjetiva de los sujetos implicados en ellos. Además, se niegan a una lectura desagregada y diferenciada de los hechos violentos, que se opone a su percepción apocalíptica de la Violencia omnipre- sente como producto del caos total de la sociedad, que solo puede remediarse con salidas autoritarias. Para superar esta lectura complotista y apocalíptica, la mirada de extraterrestre busca identificar las condiciones sociales, políticas, econó- micas y culturales que hacen posible el recurso a la violencia en Colombia, lo mismo que los factores coyuntura- les de los mismos órdenes que desen- cadenan la opción concreta de acto- res políticos por la solución violenta de sus diversos conflictos. Estas con- diciones estructurales e históricas de posibilidad y estos factores coyuntu- rales desencadenantes deben analizar- se en los niveles macro, medio y micro de la sociedad y del Estado. Lo mis- mo, las propuestas de solución deben apuntar a estos diversos niveles, lo mismo que a elementos tanto estruc- turales como coyunturales. Este marco general debe permi- tir la comprensión de las diversas ló- gicas de los polos opuestos para supe- rar la contraposición de imágenes y contraimágenes, que producen la ex- clusión y demonización del otro. Cada uno de los contrincantes en una lucha violenta tienen razones subjetivas y objetivas, que, a su modo de ver, jus- tifican su opción, desde una utopía de orden soñado, a partir de una concep- ción totalizante de la realidad, como ha señalado varias veces Estanislao Zuleta1 . I. Los trasfondos de las Violencias En esta línea, las líneas centra- les de coincidencia del proceso de nuestra investigación interdisciplinar señalan que el conjunto de violencias en Colombia tiene que ver con: 1. El proceso de colonización campesina permanente, desde la se- gunda mitad del siglo XVIII hasta hoy, donde no se da ninguna regulación ni acompañamiento por parte de la so- ciedad mayor ni del Estado, sino que la organización de la convivencia so- cial y ciudadana queda abandonada al arbitrio y libre juego de la iniciativa de personas y grupos2 . Esta coloniza- ción permanente es producto de ten- siones estructurales de carácter secu- lar en el agro colombiano, que están continuamente expulsando población campesina hacia la periferia del país, donde pronto se reproduce la misma estructura de concentración de la pro- piedad rural que forzó a la migración campesina, que coexiste con la colo- nización de terratenientes,de carácter tradicional o empresarial. Esta coexis- tencia y competencia por la tierra y la mano de obra será frecuentemente conflictiva3 . Además, esta colonización per- manente evidencia que no es tan om- nipotente el control que las haciendas, las estructuras de poder de los pueblos rurales y del clero católico ejercen so- bre la población rural4 . Muestra tam- bién que, desde la segunda mitad del siglo XVIII, se han roto los vínculos de control y de solidaridad internas de las comunidades rurales, campesinas o indígenas, como lo evidencian los informes de Moreno y Escandón5 , lo mismo que otros informes de la épo- ca6 . Esta contraposición entre coloni- L rural o urbana, y para las bandas ar- madas del narcotráfico9 . O, para for- mas de delincuencia común, pequeña o mediana, y, de manera correspon- diente, para grupos de vigilantes o milicianos populares, que responden, desde la sociedad civil en formación, a los grupos anteriores. O, más sim- plemente, las nuevas formas sociales y culturales de estos grupos pueden resultar incomprendidas para las ge- neraciones más viejas. Por todo esto, los grupos juveniles son fácilmente criminalizados y señalados como los otros, distintos y ajenos a la sociedad mayor, lo que los hace las víctimas principales de formas de «limpieza social», por parte de la poli- cía o de grupos privados de autodefensa barrial, muchas veces con la complicidad o apoyo de los grupos dominantes de los mismos barrios. También son frecuentemente víctimas de los enfrentamientos entre grupos de delincuencia común y de éstos con la policía10 . Estos problemas se agra- van en el caso de la migración de cam- pesinos y pobladores desplazados por las actuales violencias: estos poblado- res se refugian en ciudades interme- dias, cuyas condiciones no les permi- tan asimilarlos en términos de oportu- nidades de trabajo ni de prestación de servicios. 3. La manera como se construyó el Estado colombiano y como se arti- cularon estos grupos migrantes con la sociedad mayor: desde los tiempos coloniales, las ciudades, haciendas, encomiendas y resguardos, integradas a la sociedad mayor y al Estado colo- nial, coexistieron con espacios vacíos, de tierras insalubres y aisladas, donde el imperio español y el clero católico tenían una escasa presencia. Algunas de estas zonas, como las selvas del Darién o los desiertos de la Guajira, estaban pobladas por indígenas bas- tante reacios a la soberanía española y poco dispuestos a integrarse en la eco- nomía colonial. Otros territorios, en zonas selváticas y montañosas, sobre todo en las zonas de vertiente y en los valles interandinos, eran de difícil ac- ceso y de condiciones poco saludables: se convirtieron en zonas de refugio de indios indómitos, de mestizos reacios al control de la sociedad mayor, de blancos pobres, sin acceso a la propie- dad de la tierra, de negros mulatos y cimarrones, fugados de las minas y haciendas. Pero, además de esas regiones y sociedades donde el Estado hacía es- casa presencia, en las áreas y socieda- des más integradas, la presencia del Estado español se caracterizaba por ser de dominio indirecto. A diferencia de los Estados plenamente consolidados, en la terminología de Charles Tilly11 el Estado español controlaba las so- ciedades coloniales a través de la es- tructura de poder local y regional: ca- bildos de notables locales, de hacen- dados, mineros y comerciantes, ejer- cían el poder local y administraban la justicia en primera instancia. A mi modo de ver, esta situación fue here- dada por la república neogranadina y colombiana, cuyo sistema político bipartidista le permitió articular a los poderes locales y regionales con la nación, al ir vinculando las solidari- dades y rupturas de la sociedad con la pertenencia a una u otra de estas es- pecies de subculturas políticas, que se constituyeron en dos federaciones de grupos de poderes, respaldados por sus respectivas clientelas12 . En ese sentido, los partidos políticos tradicionales se construyeron sobre la base social de las jerarquías y cohe- sión social previamente existentes en las sociedades locales y regionales. Esto produjo un reforzamiento de las identidades locales y regionalaes des- de el nivel de las identidades políticas nacionales: así, la identificación bási- ca de la población con sus grupos pri- marios de referencia (parentesco nu- clear o extenso, vecindario, paisanaje) se hizo más fuerte por la adscripción a las dos subculturas políticas del li- beralismo y conservatismo. El hecho de haberse tomado la relación con la institución eclesiástica como frontera divisoria entre los partidos reforzó el elemento pasional que ya tenían las identidades previas de carácter local. Además, estas identidades se fortale- cen más con las experiencias de luchas compartidas en las guerras civiles, con la vida común de campamentos y ba- tallas, junto con los correspondientes odios heredados» y «las venganzas de sangre, pendientes de generación en generación. Todo esto confluye en sociali- zaciones políticas maniqueas y excluyentes, que definen un nos- otros, los que están adentro de nues- tro grupo de referencia, frente a los otros, que están afuera de nuestro marco. En estas configuraciones se juntan identidades y solidaridades pri- marias de tipo local y regional, fruto de los procesos de colonización antes descritos, con adhesiones más abstrac- tas y solidaridades secundarias. Pero el resultado es siempre la exclusión del otro, del diferente: el habitante del barrio vecino, de la vereda de enfren- te, del pueblo cercano, de la región vecina, queda por fuera de mi univer- so simbólico, porque no pertenece a mi comunidad homogénea. Pero la exclusión del otro en el nivel prima- rio se refuerza con la exclusión del otro en el nivel nacional. Todo lo cual ex- plica el carácter maniqueo y sectario de nuestras luchas políticas: matar li- berales no era pecado para los curas conservadores, porque el liberal «comecuras» era el otro, por fuera de la comunidad de fieles católicos. Y viceversa, los curas «godos» («españolizantes», no-patriotas) eran enemigos del progreso y de las ideas democráticas. Pero, estas contraposi- ciones permitían articular la sociedad nacional con las solidaridades locales y regionales. Esta articulación de la sociedad nacional, desde arriba hacia abajo, fun- cionó, aunque con problemas, duran- te todo el siglo XIX y la primera mi- tad del siglo XX13 . Por eso, donde per- siste la cohesión social interna de los poderes locales y regionales y su con- trol sobre la sociedad, no se producen altos niveles de violencia en los años cincuenta, porque estos poderes su- plen al Estado. Esta presencia indirecta permi- tía que este Estado fuera relativamen- te barato, y que respondiera bastante bien a la escasez de recursos fiscales del país, que nunca tuvo una gran ar- ticulación al mercado mundial, ni grandes booms de exportaciones, que pudieran configurarlo como un Esta- do rentista: nunca hubo demasiado oro ni plata, ni guano, cobre, petróleo, tri- go o carne de exportación, así que la debilidad del Estado respondía a su po- breza fiscal. Por otra parte, el Estado colombiano tampoco tuvo que afron- tar las grandes movilizaciones de cor- te populista, ni grandes migraciones europeas, ni poderosos movimientos sindicales de corte anarquista, ni la ampliación de las capas medias, que caracterizaron a otros países. Por ello, no se produce una masiva ampliación de la ciudadanía, ni grandes presiones de las masas po- pulares y de las clases medias sobre el gasto público, lo que permite un ma- nejo bastante ortodoxo de la econo- mía, sin grandes presiones inflacionarias. Además, la falta de un movimiento populista de carácter inclusionario hizo innecesarias las in- tervenciones militares en la vida polí- tica: la vida política colombiana se caracteriza por la casi total ausencia de dictaduras militares (excepto un corto período en el siglo XIX y la dic- tadura del general Rojas Pinilla (1953- 1957), que fue, durante la mayor par- te de su período, instrumentalizada por sectores de los partidos tradicionales). Consiguientemente, tampoco se configura un Estado intervencionista e industrializador, ni tampoco un Estado de bienestar de amplia cobertura: por lo tanto, tampo- co hay una gran ampliación de una burocracia estatal que produjera un aumento de las capas medias. Además, la fragmentación existente del poder y de la riqueza, la no aparición de un mercado nacional que integrara las diversas economías regionales y la escasez de recursos fiscales se refleja en la inexistencia de un Ejército Na- cional que vehicule la unidad nacio- nal y sirva de elemento cohesionador de la sociedad nacional. Esto incide en el no monopolio de la fuerza en ma- nos del Estado nacional, que coexis- te, durante el siglo XIX, con cuerpos de milicias regionales y grupos arma- dos de carácter privado, al servicio de hacendados y personajes importantes en la vida local. Tampoco se produce la apari- ción de una administración pública por encima de los intereses particulares y partidistas, ni un aparato de justicia, objetivo e impersonal, por encima de los grupos de poderes privados y grupales. El resultado de este proceso se expresa en la imposibilidad de se- parar claramente los ámbitos público y privado, y en la dificultad para es- tructurar instituciones estatales de ca- rácter moderno, lo mismo que para realizar las reformas necesarias para responder adecuadamente a los cam- bios de la sociedad colombiana. Todo este proceso caracteriza la formación del Estado colombiano, que no se distancia suficientemente de la sociedad ni logra penetrarla por me- dio de una administración directa y autónoma, sino que se hace presente en el territorio de manera indirecta, a través de los mecanismos de poder ya existentes en la sociedad, dejando por fuera a las regiones y grupos periféricos de la sociedad. Este domi- nio indirecto del Estado sobre la so- ciedad explica el papel que los parti- dos tradicionales, el liberalismo y el conservatismo, han venido jugando en la historia política y social de Colom- bia. Estos dos partidos, como dos fe- deraciones de grupos locales y regio- nales de poder, sirvieron de articuladores de localidades y regiones con la nación, lo mismo que de canalizadores de las tensiones y rup- turas que se daban en esos niveles: la pertenencia a uno u otro de los parti- dos pasaba así por la identidad local y regional, las contradicciones entre re- giones y localidades, los conflictos étnicos, las luchas entre generaciones, los enfrentamientos intra e interfamiliares, los conflictos entre grupos de interés, etc. Así se articula- ban los vínculos de solidaridad prima- ria y tradicional, basados en el paren- tesco, vecindario, compadrazgo, etc, con los vínculos más abstractos de la ciudadanía y la nación. El problema de este tipo de pre- sencia es que se basa, esencialmente, en la no distinción entre los ámbitos privado y público, que se refleja en la proclividad de la sociedad colombia- na a la búsqueda de soluciones priva- das a los conflictos. La resistencia a reconocer el espacio público se ve tam- bién en las dimensiones de la vida co- tidiana, desde la invasión de los ande- nes de las calles y el irrespeto sistemá- tico a los semáforos y señales de tráfi- co hasta la proliferación de conjuntos cerrados de viviendas y de agencias privadas de seguridad. exguerrilleros liberales de los años cin- cuenta, que habían sido liderados por Julio Guerra. Estos exguerrilleros no habían logrado insertarse plenamente en el sistema bipartidista y seguían motivados por el sentimiento de retaliación producido por la violencia anterior: venían huyendo de la repre- sión de los gobiernos conservadores de entonces y llegaron a colonizar las selvas limítrofes entre los departamen- tos de Córdoba y Antioquia21 . Otros guerrilleros de este grupo provenían de una movilización social más recien- te, pues habían sido líderes de las lu- chas campesinas de esas regiones, en los primeros años de la ANUC, entre 1969 y 1973. La existencia de estas bases so- ciales de la guerrilla, tanto en estas zonas como en las de colonización campesina donde las FARC tienen pre- sencia, hace que la violencia guerri- llera no pueda reducirse a una dimen- sión exclusivamente militar. Y, mucho menos, a formas de delicuencia orga- nizada, así muchas de sus actividades de financiamiento (secuestros, apoyo a narcocultivos, robo de ganado) ma- nifiesten tendencias hacia ella. En mu- chas zonas, los grupos guerrilleros suplen la ausencia manifiesta de las autoridades estatales, delimitando lin- deros, protegiendo la posesión preca- ria de los colonos campesinos, dirimiendo los conflictos familiares y vecinales, e imponiendo normas de convivencia social. Por ello, tienen cierto grado de poder en el ámbito lo- cal, que compite con los gamonales y caciques locales, pero el hecho de que su presencia sea tan dispersa y periférica limita mucho su capacidad de expresarse políticamente. 5. Estos factores y tendencias a la vio- lencia se profundizan recientemente con la presencia del narcotráfico: la precariedad del Estado y la crisis de los marcos institucionales que suplían a éste, evidencian una fragmentación y difusión del poder en la sociedad, cuyo tejido social es un amasijo con- tradictorio de poderes privados. Estas fragmentación del poder y precariedad de la presencia estatal van a facilitar la inserción social y política de pode- res privados de nuevo cuño, como los carteles de la droga y los paramilitares de derecha, que distan mucho de ser grupos internamente homogéneos, pero que se mueven en la misma di- námica de poderes privados fragmen- tarios. La competencia por el poder local en zonas periféricas explica mu- chos enfrentamientos de estos grupos con las guerrillas, lo mismo que la guerra sucia contra las supuestas o reales bases sociales de la guerrilla. En estos enfrentamientos intervienen también autoridades del orden local, formales o informales, lo mismo que algunos de los mandos de la fuerzas de seguridad del mismo ámbito. En este espacio de poder local, aparece también la acción de las guerrillas so- bre las autoridades locales de sus zo- nas de influencia, donde tratan de ejer- cer una especie de veeduría sobre la administración pública y el gasto so- cial. Una situación semejante se pre- senta en los barrios periféricos de las ciudades, donde el narcotráfico reclutaba sicarios y agentes, lo que producía un auge de la delincuencia común, la consiguiente formación de grupos de autodefensa barrial y la co- rrupción de los cuerpos policiales, que eran percibidos como otro grupo involucrado en esos conflictos, nunca como una fuerza legítima por encima de ellos. El resultado de esta combina- ción de conflictos de tan diversa ín- dole, donde se combinan nuevos y vie- jos actores, es la creciente autono- mía y difusión de las formas violen- tas: la guerra pierde la racionalidad de medio político para convertirse en una mezcla inextricable de protagonistas declarados y ejecutantes oficiosos, que combinan objetivos políticos y milita- res con fines económicos y sociales, lo mismo que iniciativas individuales con acciones colectivas y luchas en el ámbito nacional con enfrentamientos de carácter regional y local. Además, en una etapa ulterior, estas apelacio- nes a la violencia por motivos políti- cos, económicos y sociales se difun- den por todo el tejido de la sociedad colombiana: la violencia se convierte así en el mecanismo de solución de conflictos privados y grupales. Proble- mas de notas escolares, enfrentamientos en el tráfico vehicular, problemas entre vecinos, peleas entre borrachos, tienden a re- solverse por la vía armada, porque no existe la referencia común al Estado como espacio público de resolución de los conflictos. II. Hacia la búsqueda de salidas En esa línea, en el ámbito de las relaciones entre Estado y Sociedad civil, la búsqueda de paz pasa necesa- riamente por la construcción y la con- solidación del Estado como espacio público de resolución de conflictos y de la sociedad civil como arena donde se expresan y dirimen las tensiones de los diferentes sectores de la población. Esto se concreta en el fortalecimiento del aparato de justicia en lo civil, lo penal y lo laboral, que supere la ten- dencia a la solución privada, frecuen- temente violenta, de los conflictos. Este fortalecimiento de la justicia su- pone cierta distancia de los adminis- tradores de la justicia frente a las es- tructuras de poder regional y local: este aparato impersonal de justicia, que obedece a normas objetivas e igual- mente impersonales, debe estar por encima de los poderes e intereses que de hecho prevalecen en regiones y localidades. Además, este fortalecimiento del Estado pasa por la construcción de una administración pública, eficaz e impersonal, independiente de los gru- pos privados de poder, especialmente de las maquinarias de los partidos po- líticos tanto en el nivel regional como en los ámbitos locales y regionales, donde normalmente coinciden con las estructuras de poder que se dan, tam- bién de hecho, en esos mismos nive- les. También supone una consolida- ción del monopolio de la fuerza le- gítima en manos del Estado, que no coincide con la simple militarización del manejo del orden público, que siempre debe permanecer bajo el con- trol civil. Pero sí supone un aumento de la eficacia militar, que debe siem- pre tener en cuenta las dimensiones no militares del conflicto. Por eso, debe construirse una política civil del orden público, con participación de la sociedad civil22 : de lo contrario, la fuerza pública puede ser percibida como fuerza de ocupación en un te- rritorio, urbano o rural, que puede re- chazarla por no considerarla garante del orden ni representante del ámbito público de resolución de conflictos sino como uno de los actores parcializado de ellos. Para lograrlo, la fuerza pública debe actuar por enci- ma de los grupos contrapuestos de poder local o regional. Esta contrapo- sición de poderes fragmentados hace que no baste que el control de la polí- tica esté en manos de civiles, sino que es necesario que éstos funcionen como representantes del ámbito públi- co y no como parte del conflicto local. Esto supone la superación de la tradi- cional dificultad que tiene el Estado colombiano para controlar a sus pro- pios funcionarios, civiles o militares, sobre todo en el orden regional y lo- cal. Esta dificultad está reforzada por la tendencia generalizada del Estado colombiano a delegar -de modo siem- pre informal- el manejo de los asun- tos regionales y locales en los poderes políticos de ese mismo orden, tenden- cia que puede profundizarse aún más con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Para que esto pueda darse, hay que procurar ir creando una cultura política, que insista en el fortaleci- miento de la sociedad civil y del Esta- do como espacios públicos para la solución de los conflictos, que funcio- ne tanto en la vida local y regional como en el ámbito de la nación. Por eso, es importante la consolidación de una identidad nacional por encima de las diferencias regionales, locales, étnicas, ideológicas, económicas, so- ciales y políticas, que permita ir arti- culando esas identidades microlocales para construir una patria común para todos. Pero esa identidad no puede quedarse sólo en el imaginario políti- co sino que debe corresponder a una base real de integración y participación en la vida ciudadana: para que la gen- te se identifique con la nación abstrac- ta tiene que sentir que su vida cotidia- na, sus intereses y necesidades, son ex- presados en la sociedad mayor y en el Estado. Para la configuración de esta identidad nacional por encima de las tensiones y conflictos entre esas iden- tidades microlocales, es muy impor- tante una intelección no polarizante de la historia pasada, sobre todo de la historia de las pasadas violencias, que generalmente ha conducido a la exacerbación de los conflictos. Hay que ir creando una cultura política que no se base en la exclusión de los con- flictos sino que procure entender los puntos de vista del contrario y supere la tendencia a la criminalización y se- ñalamiento del diferente. La construc- ción de espacio público, estatal y no estatal, pasa por la construcción de este imaginario político capaz de procesar las diferencias por medio del diálogo civilizado, que no niega la naturaleza conflictiva de la sociedad sino que parte de esa conflictividad para la cons- trucción de una sociedad verdadera- mente nacional. Pero este trabajo de fortaleci- miento del Estado como espacio pú- blico de solución de conflictos y de creación de este espacio dialógico pasa también por la acción directa sobre los nichos o caldos de cultivo de las op- ciones violentas, los escenarios proclives a la violencia, que permiten la persistencia y reproducción de los grupos guerrilleros, paramilitares de derecha, de autodefensa rural o barrial, y de «limpieza social». Por eso, la ac- ción del Estado y de la sociedad ma- yor debe hacerse presente de manera eficaz en las zonas de colonización campesina reciente, en las zonas de narcocultivo y en los barrios periféricos de las ciudades, sobre todo en aquellos que son receptáculos de olas de migración aluvional. Mucho más, en las ciudades pequeñas e in- termedias que están continuamente recibiendo desplazados de la violen- cia rural. Para ello, deberían constituirse dos tipos de organizaciones estatales: una especie de instituto nacional de co- lonización y algo semejante a un ins- tituto de desarrollo social urbano, para acompañar los procesos sociales que se generan en las zonas rurales de co-