Violencia Armada en Colombia: De López a Guerra contra Guerrillas, Resúmenes de Derecho

¡Descarga Violencia Armada en Colombia: De López a Guerra contra Guerrillas y más Resúmenes en PDF de Derecho solo en Docsity! 1. EL PARO CÍVICO DE 1977: UN PEQUEÑO 9 DE ABRIL. Colombia en los años setenta era un país urbano; siendo esto un factor decisivo en el costo de vida elevado, además la inflación contribuyo al malestar social tendiente a un ascenso vertiginoso, lo cual genero manifestaciones; de resaltar principalmente la movilización campesina de 1971 siendo esta el inicio de importantes picos de concentraciones de población en razón al inconformismo por la situación que se estaba viviendo para esos días, además la radicalización se sentía en el ambiente social debido a que el Frente Nacional no había cumplido su promesa de crear un Estado para todos,las primeras elecciones presidenciales por fuera de este pacto las ganó Alfonso López Michelsen, opositor y fundador del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). En este contexto cuando aparece la candidatura y la posterior elección del doctor Alfonso López, se creoaron esperanzas en la población de que ese gobierno depronto iba a ser un gobierno realmente liberal, como aspectos importantes; este Gobierno restableció las relaciones con Cuba y reemplazó los contratos de concesión por contratos de asociación en la explotación petrolera; además implementó una reforma tributaria progresiva, lo cual conllevo a una La emergencia económica que fue decretada por el Gobierno, lo que genero un inconformismo social que explotó el 14 de septiembre de 1977 con el paro cívico nacional; mencionado paro fue catalogado por el Presidente López como un pequeño 9 de abril en donde Bogotá y otras ciudades se paralizaron; se presentaron resultados catastróficos en cuanto al número de víctimas, se ha planteado un promedio de entre 19 y 35 muertos en Bogotá, sin registrar los posibles muertos en otros lugares del país y 3.500 detenidos. 2. UNA DEMOCRACIA REPRESIVA. El 12 de septiembre de 1978, la Autodefensa Obrera (ADO) asesinó al exministro de gobierno de López Doctor Rafael Pardo Buelvas; con esta acción, la ADO se cobraba los muertos y heridos del paro cívico del año anterior, en un acto de venganza al que usualmente las guerrillas le pusieron el eufemismo de “justicia revolucionaria”; efectivamente, el paro cívico de septiembre de 1977 había generado una doble lectura, de un lado, las Fuerzas Militares y el Gobierno percibieron los hechos como la inminencia de una insurrección alentada por las diversas guerrillas existentes en el país. El M-19 dijo que lo que había que hacer era conseguir armas, porque el pueblo estaba listo para hacerse matar en las calles y las FARC dijo más o menos lo mismo y el Ejército igual; por ende en enero de 1978, las FARC llevaron a cabo su Sexta Conferencia, en la cual adoptaron un plan estratégico para la toma del poder; el 13 de septiembre de 1978 el presidente Julio César Turbay Ayala expidió el Decreto 1923 a través del cual se adoptó el Estatuto de Seguridad, que fue implementado hasta 1982 y sus medidas no fueron las más apropiadas; restricción de las libertades fundamentales como derecho de reunión, libre expresión, autorización despidos masivos en casos de paros, el Estatuto se convirtió en potencial enemigo interno a los disidentes políticos, intelectuales críticos, líderes sociales, sindicales, campesinos e integrantes de los nuevos movimientos urbanos; de igual forma los organismos de inteligencia persiguieron y relacionaron con la insurgencia a quienes eran críticos del sistema, las prácticas y restricciones del Estatuto de Seguridad permitieron la violacion a los derechos humanos; entre las más frecuentes se pueden mencionar la desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y juicios arbitrarios, persecución y hostigamiento a las personas, en octubre de 1978 se dio el caso más sonado de la época; en medio de violentos allanamientos y despliegues militares, cerca de 150 estudiantes de la Universidad Nacional fueron capturados y llevados al Batallón BANCI y mientras en las instalaciones militares seguían las torturas, el 30 de octubre de 1978 la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el Estatuto de Seguridad. El 1 de enero de 1979 un comando del M-19 asaltó el depósito de armas más grande e importante del Ejército, ubicado en el Cantón Norte de Bogotá en donde sustrajeron más de 5.000 armas, días después, el Ejército recuperó la totalidad de las armas y logró capturar a importantes cabecillas del M-19, valiéndose del Estatuto de Seguridad, a finales del mes de enero de 1979, la Revista Alternativa calculó que más de 300 personas habían sido detenidas en unidades militares, sin dar a conocer su paradero durante su detención, y más de 1.000 habrían pasado por calabozos militares, venda- das y sometidas a interrogatorios y torturas. Las personas detenidas fueron juzgadas por la Justicia Penal Militar en Consejos Verbales de Guerra; tras la visita a Colombia del 15 al 31 de enero de 1980 Amnistía Internacional publicó un informe en el que respaldó la versión de las víctimas; por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo su primera visita a Colombia, del 21 al 28 de abril de 1980; tanto Amnistía como la CIDH recomendaron levantar el estado de sitio y derogar el Estatuto de Seguridad, el M-19 tomo como represalia ante las detenciones y los consejos verbales de guerra tomarce la Embajada de República Dominicana, entre el 27 de febrero y el 27 de abril de 1980, mantuvieron como rehenes a dieciséis embajadores; los insurgentes exigían la liberación de cerca de 300 detenidos y 50 millones de dólares, el presidente Turbay Ayala accedió final a darles tres millones de dólares y un avión en el que viajaron rehenes y secuestradores hasta Cuba. Allí fueron liberados los rehenes. El 23 de marzo de 1981 se promulgó la Ley 37 que otorgaba amnistía a los rebeldes; esta fue rechazada por las guerrillas dado que se restringía a los delitos de rebelión, sedición y asonada y no a otros como secuestro, homicidios o extorsión. En diciembre de 1981, el presidente Turbay convocó a la primera comisión de paz, encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que recomendó ampliar la amnistía a los delitos excluidos; Como el Gobierno no aceptó la propuesta, la comisión se desintegró. En febrero de 1982, Turbay les ofreció a las guerrillas la suspensión de la acción penal si entregaban las armas, algo que tampoco fue aceptado. Posterior a esto el 9 de junio de 1982 fue restablecido el orden público y se levantó el estado de sitio. Para entonces ya había sido elegido como presidente Belisario Betancur, de quien la CIDH destaca su intención de buscar la paz. Al final del gobierno de Turbay los militares consideraron que se había asestado un triunfo porque en las cárceles estaba gran parte de las dirigencias de las organizacio- nes guerrilleras, aunque los métodos para lograr esto y su propia legitimidad estaban ampliamente cuestionados como acción siguiente el 14 de julio de 1982; el M-19 lanzó un ataque contra la Casa de Nariño con morteros acusando a Turbay de complicidad con los funcionarios corruptos y las «bárbaras acciones» del Ejército. armada y la revolución socialista, y otros por abrir la democracia a través de acuerdos de paz y reformas. Se puede decir que en este periodo hubo un enfrentamiento entre quienes querían abrir la democracia por vías institucionales o a través de las armas, y quienes preferían mantener el statu quo y se opusieron a la entrada de nuevos jugadores en la arena política; seguido a esto las guerrillas adoptaron en este momento coyuntural, tácticas más ofensivas, mientras las Fuerzas Armadas optaron por formas móviles de combate; propiciando un enfrentamiento bélico intenso, predominando la guerra sucia; en referencia a la expansión de la guerra estuvo localizada en regiones de histórica presencia guerrillera. 5. NI UNA GOTA MÁS DE SANGRE. Betancur ganó las elecciones para el periodo presidencial (1982-1986) con la propuesta de un gobierno suprapartidista, en el que participaron las dos corrientes del liberalismo derrotadas; la oficial y la del Nuevo Liberalismo, que emergía en cabeza de Luis Carlos Galán, en noviembre de 1982 el Congreso aprobó con votos de todos los partidos una admistia la cual fue el primer paso de Betancur para avanzar en una eventual negociación con las guerrillas, esta excluía los delitos atroces, lo cual no convencía a los guerrilleros, además requería el desarme para acceder al beneficio de la excarcelación y el cese de la pena, la cual; fue rotundamente rechazada por los insurgentes, en este entendido Betancur enviaba un mensaje; las guerrillas tendrían un tratamiento político; en Colombia sí había delito político y presos políticos, y los guerrilleros serían tratados como adversarios y no como criminales. En 1982 las FARC realizaron su Séptima Conferencia, en la que agregaron a su nombre el término Ejército del Pueblo (EP), en este encuentro trazaron el plan estratégico para la toma del poder, la construcción de un ejército y la acción junto a las masas, la estrategia del Gobierno consistía en crear un espacio de confianza y legitimidad para el diálogo; para adelantar el diálogo con las guerrillas Betancur creó una Comisión de Paz cuyo primer presidente fue Otto Morales Benítez, y posteriormente una Comisión de Negociación y Diálogo (17 de julio de 1984), así como una Comisión de Verificación (29 de mayo de 1984); un aspecto de especial importancia es que la primera guerrilla en acudir al llamado de paz fue las FARC-EP, quienes el 30 de enero de 1983 entregaron al gobierno un memorando base de discusión para un potencial acuerdo. Un exdirigente de las FARC-EP en una conversación con la Comisión de la Verdad explicó que el plan acordado en dicha conferencia señalaba cómo acceder al poder a partir de un proyecto militar; pero también definía la posibilidad de la salida política, trazaba los dos caminos; casi al mismo tiempo, el M-19 organizó su Octava Conferencia en Putumayo, El PCC-ML, en el Undécimo Congreso realizado en 1980, rompió con la tesis de Mao Zedong y llamó a una “proletarización” del movimiento armado, el EPL para entonces estableció una línea no de guerra popular prolongada sino insurreccional, el ELN no solo estaba en pie de guerra, sino que no se había acogido el llamado a la paz; a principios de los años ochenta este grupo resurgió de sus cenizas, conducido por el sacerdote español Manuel Pérez, en 1983, durante la Reunión Nacional Héroes y Mártires de Anorí, se estableció su línea de crecimiento y una dirección unificada, seguido a esto; el ELN hizo unidad de acción con dos guerrillas pequeñas de tradición maoísta; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Patria Libre), ambas con significativa presencia en Antioquia. El requisito para lograr los objetivos que se habían trazado las guerrillas era conseguir dinero, las cuales no eran financiadas por los países socialistas o los gobiernos que las apoyaban estos solo les ofrecían cursos o entrenamiento militar por consiguiente los grupos insurgentes encontraron otras formas de sostener la guerra mediante el secuestro, las extorsiones y el narcotráfico; en este contexto manejaban la premisa que se debían realizar pocos secuestros pero rendidores por ende las élites colombianas debían pagar su guerra concepto que develo el actuar delictivo predicado por BATEMAN del M-19 y acogido por todos los actores armados insurgentes; en el caso del EPL el secuestro tuvo que ver más con la noción del enemigo de clase, conllevando a los departamentos de Córdoba y Antioquia ser de los más golpeados por este flagelo siendo una práctica degradante e inhumana llevada a cabo a nombre de la revolución con 410 víctimas de secuestro registradas por parte del EPL entre 1977 y 1991, concentrando así un (61%) en referencia a este delito, por su parte el ELN, mantuvo el secuestro como un crimen asociado principalmente a mantener su economía, recurriendo al secuestro de extranjeros y funcionarios de empresas multinacionales; el primer caso ocurrió cuando la firma alemana Mannesmann construía el oleoducto Caño Limón /Coveñas. El 23 de junio de 2020, en un encuentro público realizado en el marco de la Comisión de la Verdad, el ganadero Roberto Lacouture recordó su secuestro, ocurrido el 6 de octubre de 1989 a manos de las FARC-EP; el secuestro se convirtió en un búmeran para las guerrillas y en una herida profunda para Colombia; muchos años después, el fin de esta práctica se convirtió en el único requisito para que el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se sentara a negociar el Acuerdo de Paz con las FARC-EP.