Desigual crecimiento en UE y su impacto en empleo y vivienda en España - Prof. de Lucas, Apuntes de Trabajo Social

¡Descarga Desigual crecimiento en UE y su impacto en empleo y vivienda en España - Prof. de Lucas y más Apuntes en PDF de Trabajo Social solo en Docsity! 1 TEMA 5. POLÌTICAS SECTORIALES EN ESPAÑA. 5.1. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL, UE Y ESPAÑA. 2010 fue un año de repunte de la economía a nivel mundial. Pero, al igual que en 2009, este se ha producido más en unas áreas y no tanto en otras. En el primer lugar se encuentran las economías emergentes (China, Brasil, India). En cambio, en los países desarrollados, la cuestión ha sido más tímida, con subidas en EE.UU. de dos décimas, comprometidas en 2011 por la incapacidad de las familias de incrementar el consumo en un escenario de alto paro. La UE mostró un mejor comportamiento, de hasta casi dos puntos pero, de nuevo, de forma muy descompasada entre sus miembros (Francia y Alemania frente a Italia, España, Portugal e Irlanda). Incluso la supuesta recuperación para 2011 también ha quedado comprometida por la alta volatilidad e inseguridad de los mercados. La recuperación sigue estando en tela de juicio debido a las tensiones inflacionistas, por la situación de las materias primas (petróleo) y la volatilidad de los mercados financieros. Este último aspecto, fuente de la crisis actual, sigue sin ser resuelto. Las medidas anticrisis tampoco han ayudado especialmente a la recuperación. Tras las estrategia de impulso presupuestario, que incrementaron los déficits, ahora se ha tomado un camino opuesto que estrangula el movimiento del mercado (más ahorro menos consumo) y la creación de empleo. Sobre todo en los países cuyos mercados han sido más afectados (arco mediterráneo). En el marco de estas medidas y del G20, las voces contra las agencias de calificación y su impacto negativo en el inicio y desarrollo actual de la crisis ha estado presente más en la agenda de la opinión pública que en la política. En cambio, las medidas de saneamiento financiero impulsadas por el G201 y llevadas al extremo en casos en la UE (Alemania), han puesto de manifiesto este cambio radical del impulso presupuestario a los recortes. Unión Europea. La crisis de la deuda soberana fue un tópico durante 2010 y también en 2011, lo que ha llevado a la UE a tomar medidas que quizás sean contradictorias con sus objetivos primeros. El resultado han sido las intervenciones en Grecia, Irlanda y Portugal, además del cambio de gobierno en Italia. 1 Creación de un mecanismo de supervisión de los desequilibrios macroeconómicos basado en los siguientes indicadores: deuda y déficit públicos; tasa de ahorro y endeudamiento privado; desequilibrios exteriores en función de la balanza comercial. 2 El fin de la estrategia de Lisboa 2010 abrió paso a la de 2020, centrada en el crecimiento del empleo y la sostenibilidad financiera, argumentos muchas veces contradictorios. Así, el Pacto por la Estabilidad y el Empleo parece vigilar más los incumplimientos del mismo que la salida de la crisis, por lo que parecía anticipar sus objetivos a las decisiones soberanas de los parlamentos nacionales. Después de dos años de puesta en marcha del Tratado de Lisboa (2009), su evaluación dista de sus objetivos gracias a la crisis económica y ha puesto de manifiesto su falta de fuerza, poniendo en entredicho su capacidad para gestionar la crisis financiera y su representatividad internacional y fuerza institucional como UE (pesan mucho más los Estados nacionales en el G20). Como hemos indicado antes, la UE disfrutó de cierto crecimiento en el último año y medio, pero muy desigual, en la que unos, abiertos a las exportaciones y con unas finanzas más saneadas crecen (Europa central) y otros siguen estancados (mediterráneo). Esta desigualdad mostró la desconfianza hacia los segundos, planteando rescates condicionados (sujetos a su vez por las tensiones políticas nacionales, como en Alemania) a una serie de recortes o reformas especialmente duros. Las propuestas de vigilancia financiera y el pacto por el euro-plus2 suponen una serie de obligaciones que reiteran en la convergencia económica a costa de la desconvergencia social, es decir, una contradicción que compromete los objetivos sociales de Lisboa 2020. En el aspecto financiero el BCE ha seguido tomando decisiones no ortodoxas, pero lejos de las tomadas en EE.UU. o GB y más acomodaticias que interventoras. Esto es debido a la propia legislación –Tratado de Lisboa- que no permite una intervención al estilo de la Reserva Federal o el Banco Central británico. Ha procurado limitar la inflación pero, al mismo tiempo, ha tenido que intervenir y rebajar los tipos de interés, con lo que se observa que las medidas son a posteriori y sin una directriz clara. Economía Española. Como bien sabemos, a pesar de los tímidos incrementos del PIB en 2010, el crecimiento de la economía española sigue comprometido, incluso a la vista de una nueva recesión para 2012. El comercio exterior mantuvo la misma, así como una tímida recuperación de la demanda interna, principal motor durante los años de crecimiento. 2 Moderación salarial, liberalización, flexiseguridad, ajustes de las pensiones, limitación de la jubilación, rebajas fiscales y algunos controles financieros que no han surtido efecto. 5 servicios sociales, defensa y seguridad social obligatoria siguen mostrando crecimientos en empleo, así como otras relacionadas con el consumo (eléctrico, gas, etc.). El empleo, en definitiva, se sigue destruyendo en ramas relativas a la construcción y próximas a ella (de la industria, manufactureras y servicios como inmobiliaria), hostelería y no cualificación, así como tiene menos pujanza entre trabajadores por cuenta propia que asalariados, en el sector privado que el público y, especialmente, en el trabajo temporal. Este tipo de trabajo desciende, pero sigue siendo de los más altos de la UE, con diferencia. Se acompaña en nuestro país con el trabajo a tiempo parcial, que aumenta en el sector público, pero es mayoritariamente propio del sector privado. Aunque incorpora hombres, sigue siendo femenino (sobre todo por el trabajo como empleadas del hogar) y de personas jóvenes. Esta mayor presencia masculina tiene que ver con la crisis. Esto es así porque es un tipo de contrato más desdeñado en tiempos de bonanza económica, mientras que puede ser una opción en tiempos de crisis (algunas empresas convierten empleos a tiempo completo en tiempo parcial, con el fin de evitar la destrucción completa del empleo). Esto nos lleva a las vías de entrada y salida del mercado de trabajo. Es decir la forma de acceder al empleo, debido al importantísimo peso del trabajo temporal es un contrato de este tipo. Así como la salida del empleo es la finalización de dicho contrato y no así del despido (aunque este se haya duplicado en el último año). El problema es que, no sólo hay demasiado empleo temporal, sino que, al mismo tiempo, dicha temporalidad se caracteriza por ser contratos de muy corta duración, es decir, de altísimas rotaciones, que llevan a que el 80% de las altas por prestaciones de desempleo vengan de este tipo de contratos. A su vez, como resultado de la crisis, también observamos cómo aumenta el número de trabajadores que suspenden temporalmente su contrato y reducen el tiempo de trabajo por ERE. Respecto a las políticas de empleo, como es sabido, no han tenido impacto suficiente para poder siquiera amortiguar parte de los efectos de la crisis en cuanto a destrucción del empleo. No obstante, las medidas han ido dirigidas a los sectores más desfavorecidos o personas con discapacidad, mujeres, desempleados mayores de 45 años y jóvenes entre 16 y 30 años. En este sentido, los programas de formación dirigidos a personas desempleadas se ha concentrado en el rango de edad entre 25 y 45 años, con un 51% con niveles de estudios bajos o muy bajos. Es decir, un importante peso de personas de escasa o 6 nula cualificación. Seis de cada una de ellas encontró empleo y un 73% en el sector servicios. El escaso impacto de estas políticas se acompaña del importantísimo gasto en las mismas, el más elevado de la UE después de Bélgica. Lo que confirma nuestras tesis sobre dicho gasto en relación con las elevadas tasas de desempleo españolas, el doble de la media europea. El problema es que los dos tercios de este gasto corresponden al Estado y, vistos los actuales problemas y necesidades de ajustar el déficit, nos podemos encontrar con un panorama de difícil mantenimiento de dicho gasto ante un paro estructural en alza. Más aún cuando los problemas de déficit de las CC. AA. son mucho más importantes que los del Estado. Por lo que, aunque éstas complementen a la acción estatal, se verán aún más limitadas. 5.3 SISTEMA EDUCATIVO. La estrategia Lisboa 2020 en la educación se plantea desde la idea de la competitividad, aunque también de la igualdad. Sea de una u otra forma, los objetivos para 2020 en educación se encuentran lejos de nuestros indicadores. Estos hacen referencia a las altas tasas de abandono y fracaso escolar (y por lo tanto bajas tasas en estudios post-obligatorios), así como las malas evaluaciones en rendimientos mínimos (sobre todo en capacidad lectora). Sabemos que buena parte del fracaso y abandono escolar son resultado del anterior modelo productivo (construcción y hostelería) que no requería de cualificación. Cosa que ha concluido y deja una cuantía de jóvenes sin formación y otros aún en estudios obligatorios en tal situación. Bien, en la UE se han establecido una serie de medidas para luchar contra el abandono y fracaso escolar. Para ello es necesario primero saber por qué y cómo ocurre. Se trata de una intervención temprana (las medidas para quién ya abandonó los estudios no muestran suficiente efectividad) que procura apoyar a los centros mejorando el ambiente y a creando entornos de aprendizaje que sirvan de apoyo, mientras que las orientadas a los estudiantes se centran en la tutoría individual y de grupo, en unos enfoques de aprendizaje personalizados, en una mejor orientación y en alguna ayuda financiera, como pueden ser las asignaciones por escolaridad. Por ello, la reducción de plazas docentes en España es incongruente con nuestra situación y puede comprometer aún más los objetivos 2020. Por otra parte, la UE sigue empeñada en el desarrollo de la educación y formación profesional, posibilitando y flexibilizando los cambios de carrera y adaptación a nuevos estudios. 7 Ya entrando en concreto en la educación en España, si revisamos la población en las aulas en las enseñanzas no universitarias, debemos regresar a la presencia de población inmigrante y su distribución geográfica y por titularidad de los centros. Esta distribución refiere a los subsistemas migratorios así como a una abrumadora presencia de la misma en centros públicos en detrimento del resto. Lo que explica la presión en estas aulas que, por otro lado, deben afrontar no sólo la gestión de la diversidad, sino también de necesidades educativas especiales en un contexto de reducción real de sus capacidades educativas. Así se explica la continua división y separación entre centros públicos y privados, especialmente en las CC. AA. con mayor presencia de alumnado inmigrante. Respecto a la inversión en educación, tenemos un gasto por alumno similar a países con muy buenos resultados educativos (Finlandia o Francia) y la inversión en educación se ha incrementado desde el año 2000, aunque se observa una peor posición en educación secundaria, como un descenso general en 2011, debido en buena medida al descenso del sueldo de los docentes. La educación primaria, si bien es elevada, no garantiza en su primer nivel el acceso a toda la población. Respecto a las becas y ayudas al estudio, cabe decir que siguen aumentando en número y en cuantía (aunque con un descenso en 2008-9) pero, como sabemos, aún no es suficiente. Educación infantil. La tasa de escolarización a los cuatro años es universal, y a los tres es muy elevada (por encima incluso de Francia). Pero, y relacionado con lo que hemos comentado sobre financiación en educación primaria, la tasa neta de escolarización a los dos años, aunque sube, es muy baja, de un 24,6%, lejos del 30% que requiere la UE. Y es más preocupante si vemos las diferencias por CC. AA. (País Vasco 51,4% frente a Castilla-La Mancha, Extremadura o la Rioja con un 7,2%). Educación primaria y secundaria. Los rendimientos en educación primaria y secundaria siguen siendo bajos y lejos de la media europea. Estos problemas de rendimiento comienzan en la educación primaria y muestran grandes diferencias según CC.AA. (ver. p. 503). Estos resultados tienen que ver, sobre todo, con los contextos sociales y educativos de cada CC.AA. En esta etapa se manifiestan ya varios problemas relacionados con el fracaso escolar (repetición de cursos). De hecho, casi el 16% de los retrasos educativos de jóvenes de 15 años se inician en primaria. Lamentablemente, desde 2002, se incrementa el alumnado repetidor en el último curso de cada ciclo de esta etapa, y en todos los cursos es superior en los centros públicos que en los privados. Siguen siendo las niñas quienes mejores resultados ofrecen. 10 Cambiando las tendencias previas, aumenta el número de alumnado en todas las titulaciones. Y con mayores incrementos en masteres oficiales y un mantenimiento en el doctorado, aunque este es más fluctuante. La presencia de las mujeres es mayoritaria en todos los niveles de formación universitaria gracias a sus mejores resultados académicos, pero continúa la diferenciación en el tipo de estudios elegidos. También sigue aumentando la edad media del alumnado matriculado en la universidad (actualmente el 16,6% tienen más de 30 años). Sin embargo, por efecto de la crisis, sigue aumentando el número de universitarios que no compaginan estudios y trabajo.Sigue aumentando también el número de estudiantes universitarios extranjeros, pero sigue por debajo de la media europea, cosa que también ocurre en alumnado español matriculado en el extranjero. Es decir, tenemos más estudiantes extranjeros en nuestro país que fuera. Se mantiene la necesidad de redimensionar los centros presenciales, reducir la tasa de abandono y mejorar los tiempos medios de graduación. Los mecanismos de financiación, es decir, la distribución entre fondos públicos y precios pagados es uno de los debates más sensibles en la Universidad española. En la UE se ha pasado mayoritariamente a un sistema mixto en el que se amplían las aportaciones privadas combinadas con sistemas de ayuda. El problema es que para que este sistema fuera viable en España, sería necesario que nuestro gasto público en ayudas y becas se alineara con la media de gasto de la OCDE. No obstante, las becas siguen aumentando y de forma sensible, pero están por debajo y a distancia de la media europea. Aunque también es cierto que los precios de los estudios son mucho más bajos que dicha media. Aprendizaje permanente. Según Eurostat, España está cercana al promedio UE27 en actividades formativas, pero muy lejos de los países nórdicos y GB. Es cierto que en la UE hay un número muy significativo de personas que no ha realizado ningún tipo de formación en el último año, pero es que 6 de cada diez españoles no sólo no participa, sino que no quiere hacerlo. Las razones son la falta de tiempo por motivos familiares, problemas de edad o salud, o que dicen no necesitarlo. Los que sí quieren pero no pueden formarse, aluden problemas similares y añaden la incompatiblidad con su trabajo. Las actividades más utilizadas son las de educación y formación no formal, muy relacionadas con la actividad profesional. Mujeres, jóvenes, ocupados y personas con mayor nivel educativo son quienes más participan en el aprendizaje permanente. 11 Hay un número significativo de adultos participando en aprendizaje informal (26,3%) y se aproxima mucho al formal y no formal. Son las personas más jóvenes, empleados y universitarios (utilizan material impreso, ordenador, familiares o amigos, medios audiovisuales) El e-learning se incrementa, pero sigue sin despertar mucho interés. A medida que avanzan las edades, avanzan también las diferencias entre género. Esto tiene relación directa con un bajo uso del ordenador en España (7%) respecto a la UE (11-25%). Su escasa presencia en las aulas, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. 5.4. VIVIENDA. Uno de los rasgos de los países familistas es su débil política de vivienda y escaso peso en el conjunto del gasto en protección social. Al mismo tiempo, se observa en todos estos países una política de mayor concentración en prestaciones monetarias que en servicios de vivienda, una clara apuesta por la propiedad como régimen de tenencia (en vivienda libre y protegida) y una residual intervención pública respecto al fomento del alquiler. Todo ello ha generado un parque residencial caracterizado por una preponderancia clara de la propiedad, escaso mercado libre de alquiler, oferta de vivienda social en propiedad pequeña, y en alquiler casi inexistente. La vivienda se ha convertido en España en la principal oportunidad de ahorro e inversión, de ahí la importante proporción de viviendas no principales en el total del parque, y la elevada ratio de viviendas familiares por hogar. La propiedad de la vivienda como forma de tenencia está tan arraigada en la población española, que, a pesar de la crisis, la proporción de propietarios sigue siendo alta entre los hogares y personas con peores condiciones socioeconómicas. Vivienda en propiedad. En España, a pesar de los problemas derivados de la crisis económica, seguimos sufriendo de un exceso de oferta. Por ello, bajan más las ventas que los precios, siendo el descenso del precio mucho menor que los fuertes incrementos del precio de la vivienda de los ciclos expansivos previos. De hecho, la tímida recuperación de las ventas en 2010 tuvo que ver con el fin de las ventajas fiscales, cuestión puntual que no reduce la tendencia negativa en los últimos cuatro años. Las razones del descenso en ventas son conocidas: falta de empleo, disminución de la renta disponible de los hogares, restricción del crédito o endurecimiento de los criterios por parte de las entidades financieras. 12 Al mismo tiempo, el fin de las expectativas de aumento de los precios de la vivienda o incluso la perspectiva de una reducción mayor, dado el todavía importante stock de viviendas sin vender, han disminuido de forma importante su atractivo como inversión y han postergado las decisiones de compra. No obstante, en otros países que han sufrido también un fuerte desplome inmobiliario, como EE.UU., la población se ha beneficiado de muchas más posibilidades de acceso (por reducción de tipos hipotecarios) que en España. Por lo tanto, para reactivar la demanda, sería necesario que el precio de la vivienda siguiera reduciéndose, que los créditos se ampliaran, mejorara el empleo y que las bajadas del Euribor se hubieran trasladado a los contratos hipotecarios. Curiosamente, el endurecimiento de los créditos no sólo ha llevado a que la bajada de los tipos de interés no se haya notado especialmente, sino que aparece un nuevo perfil de demandantes de créditos, es decir, población más solvente. El impago de los créditos es otro problema, pues ha aumentado claramente, reflejado en crecimientos de ejecuciones hipotecarias de hasta el 50%. Las medidas tomadas por el gobierno, en vías de apoyar a familias hipotecadas (incluídas medidas de protección al consumidor, regulando la actuación de empresas que conceden créditos sin ser entidades de crédito y que se han multiplicado en los últimos años) carecen de visibilidad. No se tienen datos fiables sobre las mismas. Otro problema importante son los datos detallados del parque de viviendas, lo que limita sobremanera las posibilidades de establecer medidas o actuaciones sobre el mismo. No sabemos cuántas viviendas necesitamos para satisfacer las actuales necesidades, cuántas serán demandadas por motivos residenciales o no, de primera o segunda residencia e, incluso, cuántas quedarán vacías y nunca serán hogares. Vivienda en alquiler. Los problemas antes aludidos, junto con los escasos recursos patrimoniales previos y las mayores dificultades laborales de la población joven y de origen extranjero, pueden contribuir a una mayor demanda de vivienda en alquiler. Este parque es mucho más pequeño que el de propiedad, de menos calidad, más antiguo y más dirigido a sectores poblacionales menos favorecidos. La Sociedad Pública de Alquiler indica que precio medio de la vivienda en alquiler ha descendido de forma generalizada. Además, si los precios de alquiler han descendido menos que los de venta, y que es más difícil vender que alquilar, es posible que los propietarios hayan incluído en el mercado viviendas que antes pensaban vender. Sin embargo, es difícil que aumente mucho más este mercado cuando las cuotas mensuales de alquiler sigan estando más altas que los préstamos hipotecarios (algo 15 de baño) es mayor entre la población con riesgo de pobreza. A pesar de ello, sólo el 10 y 17% de la población española por encima y por debajo de dicho umbral se declara insatisfecha con su alojamiento. En cambio, en España no se sufre del hacinamiento como en otros países. La suma de hacinamiento con problemas de habitabilidad manifiesta situaciones de exclusión que, al menos en España es mucho menor que en los países mediterráneos, incluso que Francia. La calidad del entorno en el que se ubican las viviendas forma parte del grado de calidad del alojamiento. Aunque la realidad de nuestras ciudades parece mostrar una distribución espacial de la población desigual socialmente a este respecto, la cuantificación de estos problemas no muestra estas diferencias, ni en España ni en la Unión Europea. A este respecto hay que señalar que estos problemas están medidos en función de la percepción de los propios residentes y, por tanto, esta realidad parece mostrar una mayor tolerancia de los más pobres con esta clase de problemas, más que una clara falta de relación entre ambos factores. El mayor grado de descontento de los ciudadanos europeos se refiere al ruido y la polución, mientras que en España, los problemas relacionados con el ruido y la seguridad son más frecuentes. En nuestro país las diferencias en la percepción de estos problemas entre la población por encima y por debajo del umbral de pobreza son menores que en los países mediterráneos, incluida Francia. Respecto al acceso a servicios básicos, observamos que en la mayor parte de Europa, este acceso es claramente más difícil para aquellos con menos ingresos y que viven en zonas escasamente pobladas. Pero en España esta realidad sólo se produce en el acceso a los servicios de salud de atención primaria, al transporte, y a los servicios educativos. Es curioso, pero hay más población por encima del umbral de pobreza con dificultades de acceso a determinados servicios básicos cotidianos (tiendas de alimentación o servicios bancarios) que quienes se sitúan en la pobreza. La forma de urbanización en España en lo que viene denominándose ciudad difusa y la localización de los que tienen más ingresos en las zonas periurbanas, en las que la mezcla de usos del espacio urbano es inferior, tiene que ver sin duda con esta realidad. 5.5 SALUD. Este es uno de los subsistemas, con seguridad social, pensiones y educación más sensibles para la ciudadanía. Entre 2010 y 2011 se produjeron cambios (inclusión de la igualdad en el ministerio responsable del sistema sanitario) y medidas de gran 16 calado en la opinión pública (nueva regulación sobre el consumo de tabaco y ampliación de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo). Al mismo tiempo, la crisis promovió al consenso entre las fuerzas políticas aprobando medidas para garantizar calidad, equidad y cohesión. Es necesario afrontar gasto, infraestructuras, tecnología y recursos humanos ante las nuevas necesidades sanitarias y de envejecimiento poblacional. Respecto a la relación entre crisis y salud, aunque se carecen de datos fiables, parece ser que, entre otros problemas de salud, parece haberse incrementado el riesgo vascular. Equidad en salud y en acceso a los servicios sanitarios. La calidad de la salud viene determinada por factores internos y externos al sistema de salud. Los primeros hacen referencia a los servicios sanitarios, que tratan de evitar las muertes prematuras y la aparición de discapacidades. Pero los segundos no son menos importantes, y apelan a factores relacionados con el nivel y estilos de vida. También deben añadirse otros factores ambientales que determinan la exposición a agentes nocivos y a circunstancias condicionantes de la calidad de la salud. Esto significa que debe mejorar el sistema sanitario pero también deben implementarse las políticas de salud pública, sobre todo lo relativo a prevención, educación y, de forma más general, reducción de desigualdades sociales y económicas. Un indicador muy relevante de la salud de un país es el referido a la esperanza de vida. Según el Ministerio de Sanidad y Política Social, hemos mejorado en este indicador, llegando en una esperanza media de vida de 81 años en 2007 frente a los 79 de 2001. Pero con algunas diferencias entre CC. AA significativas (Madrid tiene 82,5 frente a Andalucía con 79,8 años). Al igual que la esperanza de vida libre de discapacidad y la expectativa de incapacidad (8,5 años), que dista entre La Rioja (5,8 años) y Murcia (10,2). A pesar de que valoramos positivamente nuestra salud, hemos incrementado el número de enfermos crónicos. Este es un mal dato, que también refleja diferencias según CC.AA. Pero debe recordarse que el aumento de la esperanza de vida, asociado a pautas de vida más saludables y cuidados médicos, cronifica patologías que antes desencadenaban la muerte. Lo que explica que Galicia se sitúe en una mala posición respecto a salud, aunque también sabemos que la tasa de envejecimiento de esta CA es la mayor de España. Por otra parte, no ha habido un crecimiento significativo en la frecuentación media por habitante de los servicios sanitarios (8 consultas por habitante, las mismas que 17 desde los 90), pero sí ha aumentado considerablemente la actividad de todo el sistema. Las razones son demográficas, es decir, de envejecimiento de la población. La utilización de los servicios hospitalarios, tampoco ha crecido apenas, pero sí se ha observado un aumento notable de la actividad en los servicios de urgencias (se ha duplicado desde 1993, llegando al 31%). Este es un gran problema del SNS, ligado a las listas de espera. El indicador de inaccesibilidad a la asistencia médica aporta información sobre la proporción de personas que, habiendo necesitado atención no la han recibido por circunstancias tales como no poder ausentarse de su puesto de trabajo, no haber conseguido cita médica, no disponer de transporte, etc. Pues bien, existen grandes diferencias por CC. AA. También en este caso. Respecto a la evolución de los modelos de cobertura sanitaria, observamos un crecimiento de la sanidad privada. Esto es debido a: 1) Saturación de los servicios públicos (el problema de las listas de espera es lo que más empeora la valoración del SNS, aunque se sigue puntuando más que la privada); 2) Incremento de la renta media de los hogares y; 3) Aumento de la oferta (han crecido mucho los servicios sanitarios vinculados a las sociedades médicas en los últimos 20 años). En cambio, hay una fuerte demanda de medicina privada en atención especializada. Sobre todo odontología, seguida de la ginecología y la oftalmología. Otras razones de este incremento de demanda se encuentran en los problemas de coordinación entre los distintos niveles asistenciales de la sanidad pública (otra vez tiempos de espera) o escasa cobertura (atención bucodental). Respecto a los estilos de vida, estrechamente relacionados con los niveles de salud, encontramos de nuevo una relación directa con el estatus socioeconómico y cultural. Así, los indicadores utilizados en esta dimensión se encuentran los hábitos saludables/no saludables, y las conductas preventivas. Entre los primeros es muy significativo el consumo de tabaco y alcohol. Entre las segundas, se encuentran las revisiones ginecológicas (previenen el avance de enfermedades que detectadas precozmente muestran pronósticos favorables). Calidad y sostenibilidad del SNS. La tendencia al aumento del gasto sanitario en España, más aún que en otras políticas, es un rasgo común en la UE, aunque seguimos varia décimas por debajo de la media UE15. Las CC.AA. tienen transferida la sanidad desde 2002, por lo que más del 90% de este gasto en España lo realizan ellas y, por una vez, las diferencias del gasto en cada una no son muy significativas (en torno al 35%). 20 menos acusada. Esta disminución tiene que ver con los procedimientos menos agresivos y con menor requerimiento de hospitalización. Así, pues, habría que cotejar estos datos con la oferta de hospitales de día, atención domiciliaria y la utilización de tecnologías poco agresivas en los tratamientos. De nuevo, encontramos diferencias entre CC. AA. Andalucía es quien menos camas tiene en la pública, frente a Extremadura y Aragón, que están por encima de la media nacional (lo mismo respecto a las camas en hospitales de día, donde Cantabria, Asturias y Cataluña tienen más, frente a Extremadura y La Rioja, aunque las diferencias pueden responder al modelo de atención por el que se ha optado). El número medio de médicos en el nivel de atención especializada en 2007 era de 154 por 100.000, con importantes diferencias por CC.AA., al igual que personal de enfermería. Otra cuestión que afecta mucho a la calidad, como hemos visto, es la relativa al tiempo de espera, en este caso para atención especializada (consultas, diagnósticos, tratamientos y cirugía). La realidad es que los tiempos de espera son un problema en todos los países desarrollados, lo que no siempre significa una ineficiencia real de los sistemas de salud. Pero es cierto que en España este es uno de los mayores problemas y que afecta sensiblemente a la valoración ciudadana al que debe sumarse la falta de claridad en la información (que provocó la creación del sistema de información de listas de espera en 2003 que aún no ha solucionado dicho problema). Según los datos disponibles, casi la mitad de los ciudadanos que acudieron a consulta de especialista, tuvo que aguardar entre uno y tres meses para ser atendido. Aunque esto no es igual según CC. AA (en Andalucía, Aragón y Murcia esperaron entre uno y tres meses más que el resto. Pero en Galicia, Canarias y Extremadura, llegaron a seis meses). Continuando con datos generales, encontramos una mejora en la última década y media (salvo en personal de enfermería), pero no es suficiente. Necesitamos importar médicos extranjeros, lo que tiene que ver con la falta de plazas MIR, necesitándose más de 3.000 profesionales. En cuanto investigación y desarrollo, hemos crecido, y más que la media UE, pero no de forma suficiente. Además, este gasto supone multiplicar por tres lo público y por cuatro lo privado. A fuer de ser reiterativos, seguimos lejos de países como Alemania, Francia o GB, así como de la media OCDE. 5. 6. SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES. 21 El sistema de protección social en España ha vivido una importante expansión en los últimos treinta años y ha sido especialmente efectivo en contribuir a la reducción del riesgo de pobreza entre las personas mayores, a raíz de la universalización de las pensiones y la política de mejora de sus cuantías mínimas. En los años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis económica también se produjeron avances en el Estado de Bienestar en España, que en adaptación a los cambios sociales amplió su cobertura acogiendo un nuevo pilar de la protección social, la atención a la dependencia. A medio plazo, el probable escenario de elevadas tasas de desempleo durante largo tiempo plantea un desafío sin precedentes en los sistemas de bienestar europeos, en cuyos fundamentos está fuertemente imbricada la centralidad del trabajo. Si la escasez de empleo se prolongara durante varios años se debilitará la base de la financiación de las principales prestaciones, por la preponderancia de las prestaciones sociales, por un lado, y, por otro, se reducirán las expectativas de pensión en las mejores condiciones, que requieren largos periodos de contributividad que, cada vez, menos gente estará en condiciones de reunir. Esto pretende amortiguarse con la puesta en marcha del Libro Verde de Pensiones, en consonancia con la Estrategia Lisboa 2020 en un marco de crecimiento de gasto que, como vimos en el aula, está relacionado con la propia crisis (con importantes incrementos en jubilación y enfermedad). Por otro lado, el riesgo de exclusión social de los parados de larga duración no puede ser combatido exclusivamente a través de las prestaciones del sistema de protección social. El refuerzo de la conexión entre los mecanismos de protección social y las políticas de educación, recapacitación, formación acompañamiento social y reinserción laboral de los desempleados, atendiendo a sus muy diversas características, es uno de los principales desafíos para la eficiencia y eficacia de la protección social en los próximos años. Aún así, los datos en España, como es bien sabido, son realmente malos, atisbándose los límites de las prestaciones por desempleo que comienzan a ser sustituidas por prestaciones asistenciales. Principales magnitudes del sistema de seguridad social. La Seguridad Social, que en 2009 fue la única administración que registró superávit en sus cuentas públicas y, aunque aún mantiene un 0,11% más, se incorpora al déficit (por primera vez desde finales de los 90) en 2010 debido fundamentalmente a las prestaciones por desempleo. 22 Estas prestaciones por prestaciones por desempleo funcionan como un estabilizador automático anticíclico, que contrarresta, en cierta medida, los efectos de la crisis sobre los ingresos familiares y, en consecuencia, sobre la demanda. Esas medidas, así como otras relativas a la creación o mantenimiento de empleo, bonificaciones a las cuotas empresariales, retraso de dotaciones al Fondo de Reserva, ayudan a financiar el elevado nivel de déficit público alcanzado por la economía española. Por tanto, se podría afirmar que la Seguridad Social está contribuyendo a paliar los efectos de la crisis económica. Sin embargo, la prolongación en el tiempo de la adversa situación que atraviesa el mercado laboral supone un riesgo para el mantenimiento, en condiciones favorables, del Sistema. No olvidemos, además, que el proceso de envejecimiento de la sociedad española supondrá un crecimiento del gasto en pensiones contributivas. Cuestión central del Pacto de Toledo. En cualquier caso, la crisis ha puesto de manifiesto una mayor solidez de los sistemas públicos de pensiones frente a los privados, que han sufrido una fuerte contracción. Los ingresos de la seguridad social, como hemos dicho, se reducen debido al decremento de las cotizaciones sociales. Todos los regímenes sufrieron bajadas, salvo el de empleados del hogar (pero con escaso impacto). Al mismo tiempo aumentaron los ingresos procedentes de prestaciones por desempleo, como es obvio. Las caídas en las afiliaciones a la seguridad social se han concentrado más entre los varones, y en grupos de edad, sobre todo entre los 16 y 24 años, aunque se atenúan con respecto a 2009. Por sectores de actividad, como sabemos, la caída más importante fue en la construcción, seguida de la industria y los servicios. En cambio, la afiliación a la agricultura crece. El impacto de la crisis económica sobre la afiliación extranjera se hizo especialmente patente a partir del último trimestre de 2008, intensificándose a lo largo de 2009, con caídas muy por encima de los descensos alcanzados por la afiliación de trabajadores españoles En 2010 esta caída se ha suavizado, pero sigue siendo superior a la de los españoles. El deterioro se concentró fundamentalmente en los varones, hasta el 91%, relacionado directamente con la construcción y en la edad entre 25 y 54 años Fundamentalmente trabajadores no comunitarios procedentes de América del Sur y de África. De nuevo el régimen especial agrario mantiene el mejor comportamiento, también entre personas inmigrantes (es la segunda actividad con más extranjeros tras servicios).