Política Social en Trabajo Social: Pobreza, Exclusión, Igualdad, Autonomía y Dependencia, Apuntes de Politica Social

¡Descarga Política Social en Trabajo Social: Pobreza, Exclusión, Igualdad, Autonomía y Dependencia y más Apuntes en PDF de Politica Social solo en Docsity! Resumen ECV 2016 AROPE Baja indicador Pobreza Working Poor TEMA 4. POLÍTICA SOCIAL APLICADA AL TRABAJO SOCIAL: POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL, IGUALDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA. 1. POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL. Resumiendo el panorama reciente y, según datos de la ECV (Encuesta sobre la calidad de la Vivienda) 2016, los hogares españoles han mejorado su situación. Pero esta no es buena y dista mucho del contexto de 2007. Más del 22% de la población española está por debajo del umbral de pobreza (más que antes de la crisis) y se concentra entre personas extracomunitarias (más de la mitad de ellas), desempleadas (casi la mitad de ellas) y los hogares monoparentales (más de un 40% de ellos). Son los chicos y chicas menores de 16 años quien más lo sufren (casi el 30%), lo que muestra que nuestros problemas, como puede verse en AROPE (indicador de riesgo, pobreza y exclusión de la Comunidad Europea), van más allá de la pobreza monetaria. La pobreza sigue siendo una realidad en el seno de la UE y en España, lo que conlleva a un serio riesgo de cronificación. Hablamos de AROPE, este indicador se implantó en la UE en 2010. Permite medir la pobreza en Europa de forma conjunta y continuada (mide el riesgo de pobreza y exclusión social sumando, además del nivel de ingresos, la situación laboral de los integrantes de los hogares y su escasez de recursos materiales). Si bien es cierto que este indicador ha crecido en el seno de la UE, no lo hace de forma homogenea, existiendo una gran dispersión entre países (Serbia 41,3%, Rumanía 37.3%, Grecia 35,7% frente a Chequia con un 15% y Suecia con un 16%). Siguiendo con España, reproducimos la tónica europea de pobreza monetaria, pero es cierto que baja el indicador de riesgo de pobreza. ¿A qué se debe?, a un descenso de las rentas que añade a más personas en edad activa por debajo de dicho umbral. Sólo los ingresos estables -y entre ellos los pensionistas-, quedan al margen. Esto no significa que estén mejor. Sino que siguen igual o empeoran menos que la población en edad activa. A su vez, se ha producido un incremento preocupante de hogares con baja intensidad de trabajo unido a un fuerte incremento del riesgo de pobreza entre desempleados (13% más, hasta 58,3%). Lo que es tanto como hablar de paro de larga duración y la debilidad de nuestro sistema de protección social para atender estas situaciones (imposibilidad de recolocación y fin de la prestación). Por ello, el incremento alarmante de hogares en el que todos sus miembros activos están en paro (14%) es especialmente grave. (31,3% hogares con la mitad de sus activos en paro, 20% más que en 2007). Pero también ha aumentado el riesgo de pobreza entre población empleada (algo que en los países próximos no ha ocurrido). Esto representa el número de trabajos de baja La sobrepresión, por lo tanto, se produce en un panorama de debilidad congénita del propio sistema de SSS que arranca directamente en la falta de información y de datos realmente fiables, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo a través del SIUSS (Sistema de información unificada de Servicios Sociales). Para ello ha sido creado el SEIS (Servicio Especializado en Información Social), agrupando fuentes disponibles y que podría abrir paso a un nuevo sistema de información que hasta ahora provenía de la memoria del Plan Concertado y el SIUSS (aunque los enfoques metodológicos son diferentes, con lo que se hace difícil comparar) y que sumara también otros datos de las RMI y los SSS especializados. Por otro lado, observamos una caída de la financiación de este sistema desde 2012 con un pequeño repunte en 2015, lo que no contradice la situación insostenible del sistema al verse incrementadas de forma muy evidente las demandas y destinarse el grueso del presupuesto al sistema de atención a la dependencia (a partir de ahora SAAD). Recordemos que la base del nivel primario, el Plan Concertado, sufrió su primer recorte (inversiones y personal, en el año 2013). La mayor parte del gasto total se dirigió hacia ayuda a domicilio (82% de todas las prestaciones), aunque no suma esta prestación un número tan alto de personas usuarias para tan alto porcentaje. En cambio, en cuanto a las ayudas económicas individualizadas, observamos un crecimiento de las mismas, pero el gasto fue el mismo que en el año anterior. Es decir, se repartió lo mismo entre más personas. También se recortaron las actuaciones de fomento de solidaridad y cooperación social, tanto las ONG como las actividades de voluntariado dentro de los Centros de Servicios Sociales recibieron menos cuantías o se produjeron menos. El uso del sistema, con los datos disponibles, nos indica un retroceso de usuarios, en relación con el descenso de los recursos y la falta de atención por parte del propio sistema. Las demandas se centran en pobreza y exclusión social (más del 50% de las solicitudes, subiendo un 10% en sólo dos años), que desplazan a las de atención a la dependencia de mayores (estaba en un 41% y llega al 26%). En lo que respecta a infancia y juventud, baja hasta el 6%, mujeres 2% y otras causas el 7%. Al mismo tiempo se observa un cambio en los perfiles de las personas demandantes, acercándose personas que antes eran de clase media que quedan sin recursos económicos y personas más jóvenes. Las RMI deberían ser la máxima expresión de respuesta ante situaciones crecientes de vulnerabilidad económica. Pues bien, la tendencia de incremento de demandas desde el inicio de la crisis se corta en 2014 al caer el número de miembros dependientes, no los titulares. De hecho, parece ser que este tipo de ayudas habría dejado fuera a un porcentaje elevado de población en situación de pobreza monetaria. 3 Esta tendencia parece solventarse en 2015, con un incremento notable de perceptores (28%). Y en este caso sí, no solamente hay más perceptores, aumenta también el número de miembros dependientes de los titulares de la prestación. Este incremento tuvo también reflejo en la evolución del gasto total ejecutado anual en RMI que crece, pero descendente en gasto medio por beneficiario (está al nivel de 2013). Por lo tanto, no es de extrañar que, ante la falta de respuesta por parte de las administraciones autonómicas, sean las ONG dedicadas a la intervención social quienes reciban parte de esta demanda insatisfecha. De hecho, dicen estar desbordadas. Por ejemplo, Cáritas atendía a unas 370.000 personas en 2007 y 1.015.276 en 2011 (174% más). Es decir, las transferencias sociales en España tienen una limitada capacidad de reducir la pobreza monetaria (estamos entre los últimos de la UE). El empeoramiento es evidente ante el recorte y las obligaciones de ajuste de las CC.AA. Si a ello añadimos que las instituciones y recursos existentes no se coordinan pertinentemente, entendemos que el problema será mayor. Más aún cuando la tendencia previa a la crisis era convertir esta prestación, al amparo de las leyes de servicios sociales, en derecho subjetivo. Este proyecto se ha visto truncado (sólo País Vasco lo asegura), aunque sí se haya visto un incremento de las prestaciones de garantía de mínimos. La incapacidad de los SSS para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis ha hecho que muchas personas se dirijan al tercer sector. Según las estimaciones de la plataforma de ONG de acción social, entre 2010 y 2013 crecieron un 11%, alcanzando cerca de 53 millones de intervenciones directas. Parte de las mismas se han visto acompañadas del trabajo voluntario que, al amparo de la nueva ley, incrementa su peso, así como la dependencia de las ONG del mismo. Sabemos que los datos de pobreza y pobreza extrema se centran en población extranjera extracomunitaria. Pero en el último tiempo se ha unido a ello la crisis humanitaria que encuentra en la guerra en Siria su máxima expresión. No hay datos ni información relevante al respecto desde los SSS aún, aunque sí un aumento de solicitudes de asilo y refugio (incrementos de más del 70%) que supondrán un incremento de demanda de SSS que no tienen recursos para ello. De hecho, España sólo atendió en 2015-16 a un 0,95% de las 625.000 personas que solicitaron asilo en la UE. En el caso concreto de la pobreza infantil, seguimos ante unas cifras preocupantes, pues el 35,8% de los niños y niñas sufren este riesgo. Los SSS no pueden afrontar en soledad este gravísimo problema y menos sólo a través del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y el Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017 que suponen, junto con modificaciones legales, menor. Pero estos son planes pendientes de aplicar totalmente o poner en marcha y, por supuesto, evaluar. Esta tarea queda en mano de los SSS especializados, carentes de suficiente organización. 3. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Si hablamos de atención a la dependencia debemos empezar por servicios sociales, pues forma parte de los mismos. Así, pues, el insuficiente desarrollo de la estructura de los servicios sociales, unido al arranque de la crisis coincidente con la implantación del SAAD, llevan a que su implantación sea desigual e, incluso, haya retrocedido en estos años. Las listas de espera son su síntoma más evidente pero son resultado de la baja capacidad protectora del sistema. De hecho, aunque la mejora económica hace suponer sobre una recuperación del SAAD, no contradice que España esté en los últimos lugares de la UE15 en gasto público para atender a estas personas. Según los datos oficiales, en España hay más de 1.180.000 personas en situación de dependencia (el 2,5% de la población). Si bien la dependencia no se produce sólo en edades avanzadas, estos datos concuerdan con el proceso de envejecimiento y cronificación de enfermedades en la pirámide poblacional española poniendo en entredicho la sostenibilidad del sistema de protección tal como está ahora pensado. Ciertamente es necesario que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se vea acompañado de medidas de prevención y salud pública para lograr reducir las situaciones de dependencia, pero también necesita una implementación evidente, más aún cuando se ha visto claramente afectado con la crisis. En el panorama general, observamos que la tendencia de reducción de solicitudes de los últimos años se revierte con un incremento de un 1%. Eso parece explicarse por las expectativas generadas por la apertura del SAAD a los casos de dependencia más moderada (Grado I), una vez valoradas las más graves. Pero sigue habiendo lista de espera en las valoraciones. Aunque las administraciones tienen 6 meses de plazo para hacerlo, quedan muchas pendientes (más de 100.000) con la subsiguiente disparidad autonómica (Valencia y Canarias son quienes más tienen). Si bien es cierto que el SAAD ha atendido en 2016 a un 9% más de personas sobre 2015, esto puede tener más que ver con la entrada de los casos menos graves que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales. Fuera del grado I, observamos que el 23% tienen reconocido el grado III, el de más afectación, pero ha reducido su volumen de manera significativa perdiendo casi un 19% desde 2011. La explicación no sólo se basa en las muertes (bajas) de estas personas, sino también en el endurecimiento de los criterios para acceder a este grado. De una u Evolución y PIA Presta- ciones € Lista de espera Financiación otra forma, la distribución de los grados va pareciéndose cada vez más a la estructura lógica de la dependencia, con un menor peso de los cuadros de mayor afectación y una preponderancia de los menos graves (al contrario que al principio del SAAD, donde era el grado III el que más peso tenía, en relación con el calendario de incorporación). En todo caso, la evolución del SAAD se mide a partir del número de personas a las que se les ha asignado prestación y su PIA1, donde se determinan servicios y prestaciones que corresponden a la persona valorada como dependiente. El año pasado (2017) se produjo un incremento de un 7% sobre el anterior, rompiendo los descensos previos. Aunque es muy posible que esto se deba más a la incorporación de personas que ya lo estaban en los servicios sociales y quienes no tenían asignadas prestaciones nuevas. Es decir, no tanto de nuevos ingresos. Es el caso antes mencionado del grado I, que empezó a incorporarse en julio de 2015. Este aumento no puede evitar la importante falta de respuesta por parte del SAAD a muchas personas que tienen reconocida su situación. Al punto que la lista de espera entre ellas es de más de 384.000 personas (1/3 de toda la población dependiente española). Hablamos de la incapacidad del SAAD para dar cobertura efectiva a la población dependiente, algo que está íntimamente relacionado con la debilidad del sistema sobre el que se funda, los SSS. Se trata de una lista de espera estructural que procura solventarse con las prestaciones económicas que, por ley, deberían ser excepcionales. La falta de una estructura sólida de servicios provoca el predominio de estas prestaciones que se consolida a partir de las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis. Es muy sencillo, es mucho más barata la prestación económica que crear el servicio. Y si este se ofrece está relacionado con prevención, promoción de la autonomía y teleasistencia, servicios de coste muy inferior a otros. En cuanto a la financiación, el SAAD se apoya en los mismos brazos que su estructura: presupuestos generales del Estado, CCAA y Corporaciones Locales (a acordar) y aportaciones de usuarios (copago). Si bien la parte del Estado remite al nivel mínimo de protección, el acordado entre Estado y CCAA se establece por convenio. Como tal, las diferencias entre CCAA son grandes, además de no garantizarse en caso de incumplimientos. De hecho, en 2012 se suspendió el mismo. Tampoco se ha activado en todas las CCAA y Corporaciones 1 Se trata por un lado de prestaciones económicas para cuidados familiares vinculadas a servicios concretos, así como disponer de un asistente personal. Por otro lado, servicios de residencia, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia, servicio de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. 6 quedan retos pendientes. Por ejemplo, relativos al fomento del deporte entre las mujeres, sociedad de la información, presencia activa y liderazgo en la sociedad de la información. La violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo un problema pese al despliegue de los instrumentos establecidos a partir de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Según datos del Ministerio (como puede verse en la siguiente figura) el número total de víctimas mortales por violencia de género a noviembre de 2017 es de 44 que, tras el repunte de 2015, pareciera que mantuviera el descenso iniciado tras las cifras de 2010. h�p://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/bole�nes/bole�nAnual/docs/ BE_Anual_2016.pdf). Víctimas mortales por violencia de género. Fuente: MSSSI, 2017 Esta ley fue apoyada por la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que reciben cada vez mayor número de procedimientos civiles y penales. Pero no tienen suficientes recursos. También acompañan a la ley los programas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. Estas medidas incluyen el diseño de un itinerario de inserción laboral personalizado, un programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral, incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, incentivos también para las empresas para contratar a víctimas de violencia de género, facilitar la movilidad geográfica, incentivos para compensar 8 diferencias salariales y convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica. Por último, tras el anterior Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el gobierno aprobó en 2015, el Plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (h�p://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/18092015- enlacetrata.aspx). Trata combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación con los países de origen y mediante medidas preventivas en países de origen, tránsito y destino, así como desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración con participación de las ONG. Se procura, por otro lado, asegurar, como eje central, la asistencia y protección a las víctimas de la trata, garantizando la protección de sus derechos e intereses y luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas. Las medidas en que se concretan estos objetivos incluyen un periodo de reflexión, previo a la denuncia, de al menos treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir su colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. Se perfeccionan los mecanismos legales existentes para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica gratuita inmediata y la disponibilidad de intérprete. Se incluyen unidades móviles para la atención de las víctimas y centros de acogida con programas de atención integral específica. Asimismo, el Gobierno ha establecido medidas para la lucha contra las mafias y la sensibilización y prevención mediante campañas de concienciación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de la trata, que estarán asistidas, asimismo, por Estatuto de la Víctima y la Ley de Infancia. 9